La reciente negativa del Gobierno nacional de otorgarle personería jurídica a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), cuestión ésta por la que la central y sus principales dirigentes vienen batallando desde hace años y bajo distintos gobiernos, abre la oportunidad para poner en discusión, una vez más, la cuestión de la democracia al interior de […]
La reciente negativa del Gobierno nacional de otorgarle personería jurídica a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), cuestión ésta por la que la central y sus principales dirigentes vienen batallando desde hace años y bajo distintos gobiernos, abre la oportunidad para poner en discusión, una vez más, la cuestión de la democracia al interior de las filas del movimiento obrero.
Digamos previamente que el reclamo es absolutamente justo, no hay argumentación jurídica fundada en la que el gobierno pueda apoyarse para negar este derecho(1). El problema es político y debe analizarse en el marco de la reorientación de la política del gobierno, en cuanto a las relaciones con el Partido Justicialista (PJ) y con la Confederación General del Trabajo (CGT).
Es claro que la llamada «transversalidad», proyecto impulsado desde arriba destinado a socavar las estructuras tradicionales del PJ, ha encontrado mucho más rápido de lo previsible sus propios límites y el Gobierno ha reorientado sus alianzas hacia los sectores más tradicionales del aparato peronista (entre otros los acuerdos con Reutemann, De la Sota y Duhalde, a pesar de los chisporroteos en Prov. de Bs.As.).
El soltarle la mano a la CTA, cuando era el interlocutor privilegiado del Gobierno en los papeles y en los primeros momentos de la gestión Kirchner(2), virando hacia la CGT debe analizarse en este cuadro y particularmente en el rumbo definido de la política económica.(3)
Pero este es sólo un marco referencial, lo que quiero tratar aquí sintéticamente es el uso que en esta coyuntura hace la CTA de la cuestión de la democracia sindical.
Porque ¿de qué se habla cuando se habla de democracia sindical? ¿A que se hace concretamente referencia? ¿Cuáles los alcances que se le da? ¿Cuáles las practicas concretas?
En la disputa por el reconocimiento jurídico de su existencia la CTA ha lanzado una semana de movilización bajo el lema «Sin personería gremial de la CTA no hay democracia sindical». Esto mismo fue repetido reiteradas veces por su máximo dirigente -por quien tengo respeto y estima personal- en cuanta entrevista se le hiciera por estos días.
Sin embargo en esta consigna hay -consciente o inconscientemente- una clara confusión entre democracia sindical y libertad de agremiación.
Esta última no otra cosa es que el derecho ciudadano de todo trabajad@r a elegir la organización madre en la cual quiere referenciarse socialmente. Puede concederse que esta forma parte de la democracia sindical, pero no es su valor constitutivo. Por el contrario la democracia sindical se constituye a través de un conjunto de normas y criterios que el propio movimiento obrero se da para regir sus actividades cotidianas, y en las que nada tiene que hacer el Estado.
Y este es el punto, porque en la campaña la CTA pareciera restringir la democracia sindical a la libertad de agremiación y al hecho, obviamente progresivo y diferenciador, de la afiliación directa y que sus dirigentes son elegidos por el voto directo de sus afiliados.
No debe entenderse en lo que sigue un cuestionamiento a los más que honestos luchadores que pueblan las bases de la CTA, a los miles y miles de hombres y mujeres que cotidianamente luchan por la defensa de sus derechos frente a la voracidad del capital y de su Estado.
No está eso en discusión aquí, lo que cuestiono son concepciones. Cuestionamientos que obviamente alcanzan al conjunto de las organizaciones sindicales y sus prácticas.
Solo intento aprovechar la coyuntura para contribuir a elevar la comprensión y los contenidos de un debate por demás postergado.
Porque:
¿Que hay respecto de la representación de las minorías? Que garantice la participación en las decisiones de los que piensan diferente a las conducciones.
¿Qué de la rotación de los dirigentes? Para evitar que se eternicen en sus cargos y lograr la menor burocratización posible, generalizando al mismo tiempo el conocimiento de las experiencias y las practicas.
¿Qué de la revocatoria de los mandatos? Para que la actuación de los dirigentes no sea juzgada una vez cada cuatro años, como lo es en la democracia burguesa.
¿Qué del carácter imperativo de los mandatos asamblearios? Para que los mandatos de asamblea no resulten tergiversados en los pasillos ministeriales.
¿Qué de la elección directa de las Comisiones Internas? Y no como sucede en muchos gremios, no en todos, que lo resuelve el Cuerpo de Delegados.
¿Qué de la libre expresión de las diferentes corrientes internas? Que garantice el libre juego democrático de las diferencias y la pluralidad política.
Estos aspectos, constitutivos de cualquier régimen de democracia sindical que se precie de tal, están ausentes en la gran mayoría de nuestras organizaciones sindicales. Resulten inscriptas en una u otra central.
Porque ¿Cuantas de las 57 organizaciones con personería que integran la CTA tienen algunas de estas condiciones en sus estatutos, o las llevan a la práctica sin necesidad de recurrir a fórmulas estatutarias?
El funcionamiento de las mismas, salvo excepciones, es demasiado parecida al sindicalismo peronista clásico: verticalista, autoritario y burocrático hasta el tuétano, que se nuclea en la descompuesta CGT. Por más que resulte un infantilismo -que practican muchas corrientes antiburocráticas- poner un signo igual entre ambas ya que expresan políticas muy distintas.
Reconocimiento jurídico -derecho innegable en este caso- no es sinónimo de democracia sindical. A lo sumo su negación habla de un Estado que cercena ese derecho a un conjunto importante de trabajador@s. Pero no mucho más.
El verdadero ejercicio y existencia de la democracia sindical se verifica en el devenir diario de las organizaciones sindicales, en sus métodos y en sus prácticas concretas. Es una cuestión más de contenido que de forma, aunque las formas tengan también su significación.
Y esto es válido para cualquiera de las centrales, pero también para aquellas organizaciones con influencia de la izquierda, que muchas veces reproducen concepciones burocráticas al interior de las filas obreras.
Es claro que quienes nos ubicamos en otra perspectiva ideológica recurrimos siempre a la asamblea como órgano máximo de deliberación, pero la mayoría de las veces desde nuestro propio campo hay corrientes que reivindican la asamblea pero para explicitar sus propuestas y llamar a que las voten. En el fondo no hay en esto grandes diferencias, porque poca gente participa en la elaboración.
Tal vez resulten más significativo y socializador las deliberaciones preparatorias de las asambleas, donde la gente puede participar y aportar sus propias ideas a las propuestas, que la asamblea misma.
Esto es que la gente no solo se apropie de su derecho a votar las proposiciones sino de su derecho a participar en la elaboración de esas proposiciones.
Es cierto que este no es un procedimiento sencillo, y la más de las veces resulta lento y moroso, pero es una garantía de profundización de la democracia en las filas obreras, y de que las resoluciones que finalmente se adopten tengan la fuerza social necesaria para ser ejecutadas.
Porque de lo que se trata es de lograr que las bases tengan peso propio en las decisiones. De alcanzar la mayor participación posible de las bases, con la menor delegación posible en los dirigentes. Sean quienes sean estos, y cualquiera fuera su ideología y posición política.
Se trata de hacer valer esa conquista surgida de las jornadas del 19 y 20D: «Nada ni nadie puede reemplazar la capacidad de pensar, de decidir y de hacer de l@s trabajador@s y las clases populares por su propia cuenta y acción».
Este y no otro es el verdadero alcance de la democracia sindical. Que la gente hable por su propia vos y actúe por su propia decisión. Con plena autonomía e independencia de los poderes constituídos. Que los dirigentes se sometan a estas decisiones. Con o sin reconocimiento jurídico.
En los tiempos de esa formidable experiencia que fue la CGT de los argentinos, cuando el Estado -representante general de los intereses del capital- intervenía una vez más a favor de la burocracia histórica, solíamos ganar las calles al grito de «Honra sin sindicatos, que sindicatos sin honra».
Parece muy lejano, pero vale la pena intentar recuperar una tradición que viene desde lejos, desde mucho más lejos que aquellos años.
Que así sea.
Buenos Aires, abril 12 de 2005
*Economistas de Izquierda -EDI.
Notas:
1. No pongo aquí en discusión el viejo debate sobre CGT única o pluralidad de centrales. Parto del hecho consumado de que hay dos centrales, y que también hay una gran cantidad de trabajador@s no afiliad@s a ninguna.
2. Incluso el rumor señala que el reconocimiento jurídico estaba acordado entre la CTA y el Gobierno (o al menos su «mesa chica») desde el inicio de la gestión. Sin embargo la realpolitik se impuso una vez más sobre los compromisos políticos previos.
3. Desde el inicio estaba claro que se trataba de afianzar el modelo exportador, sin embargo tanto el ministro Lavagna como su equipo son de extracción heterodoxa y esto se nota en sus declaraciones acerca de una industrialización «adaptada a los nuevos tiempos» o la instrumentación de «medidas de política económica diferenciadas para salir de la crisis» «dinamizar el mercado interno vía mejoras en el poder adquisitivo» etc.
Pero a dos años vista se ha acentuado el carácter exportador-primarizador de la economía, la industrialización adaptada no ve políticas específicas del Estado y sólo se beneficia de los resultados de la macrodevaluación: sustitución forzada de importaciones y algunos nichos en el mercado mundial. Frente a la inflación las medidas en debate en el ministerio son cada vez más monetaristas -enfriamiento de la economía, suba de tasas, reducción de la inversión pública. Y los salarios ahora solo se deben incrementar por productividad en el sector privado y en el público bajo ningún concepto. Pesan aquí los compromisos derivados de la negociación «más exitosa de la historia» de la deuda pública nacional.