Aprobada una nueva reforma de la legislación sobre propiedad intelectual, que endurece los contenidos introducidos por la Ley Sinde. El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley Lasalle, una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que actualiza y endurece la conocida como Ley Sinde, siendo esta una disposición particular de la propia Ley […]
Aprobada una nueva reforma de la legislación sobre propiedad intelectual, que endurece los contenidos introducidos por la Ley Sinde.
El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley Lasalle, una nueva reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que actualiza y endurece la conocida como Ley Sinde, siendo esta una disposición particular de la propia Ley de Economía Sostenible que propuso el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009.
La reforma de hoy supone la continuación de la agenda de modificaciones sobre la legislación en materia de derechos de autor. Esta llega tras la aprobación hace un año del Reglamento de la Ley Sinde, conocido como la Ley Sinde-Wert (que pondría en marcha en junio de 2012 la Comisión de la Propiedad Intelectual, encargada de abrir expedientes a las primeras páginas web que enlazaran, supuestamente, contenidos sujetos a derechos de autor)
A continuación explicamos las claves de esta nueva reforma de la legislación española en materia de propiedad intelectual, en otras palabras, qué es la Ley Lasalle y qué diferencias hay con regulaciones anteriores, como la Ley Sinde. Como curiosidad, añadir que esta reforma no se conoce como «Ley Wert», si no que hace referencia al Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que dirige José Ignacio Wert.
Mayor censura en la red
Con esta nueva Ley Lasalle, cualquier web de enlaces que «haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial a los titulares de derechos de autor» podrá ser retirada. Ello a pesar de que estos sitios web no alojen contenidos, y sí lo hagan en servidores extranjeros. Con la reforma en la mano, será más fácil actuar contra este tipo de páginas.
Sin embargo, se contempla la excepción de buscadores como Google, que enlacen «de manera ocasional» contenidos, contra los que no podrán actuar.
En palabras del ministro Wert en el Consejo de Ministros de hoy, lo que diferencia a esta reforma de la Ley Sinde es que «distingue bien deliberadamente el uso ilícito y lucrativo de la tecnología cuando abusa de los derechos de propiedad intelectual».
Identificación de «infractores» por operadores de telecomunicaciones y empresas de publicidad
Otro de los aspectos controvertidos de esta Ley Lasalle es el que dota a los operadores de telecomunicaciones y empresas de publicidad del papel de vigilantes de la red. El principal objetivo es que cualquier empresa que tenga relación con una «página pirata» deba identificar a los infractores (agilizando su bloqueo).
Cambio en la definición de copia privada
En 2006, se definió la «copia privada» como «la copia que se hace en el ámbito privado, y por lo tanto legal, solo si se hace a partir de obras a las que se haya accedido legalmente». Este último inciso deja fuera claramente a las copias realizadas a partir de las descargas de Internet, aunque jurídicamente sea entendido como un concepto impreciso.
La Ley Lasalle termina con el debate legal existente, también planteado en otros países como Alemania o Austria, favoreciendo explícitamente a la industria de los contenidos. En la nueva reforma, se menciona expresamente qué significa «acceso legal», restringiéndolo a «aquellas copias que se hagan de un soporte original, por lo que la obra ha de estar en un soporte, y siempre que se haya adquirido de forma previa en propiedad».
Así se excluyen del concepto legal de «copias privadas» a aquellas obtenidas a través de Internet, pero también a las copias que puedan realizarse de material alquilado o prestado (en otras palabras, será ilegal copiar una obra que te haya dejado un amigo).
Gravar a las Universidades: la vuelta de tuerca del canon digital
Otra de las grandes polémicas que trae esta reforma es el traslado de una parte del canon digital, que actualmente sale de los Presupuestos, a las Universidades. Con la ley en la mano, se obliga a los centros académicos a que deban pagar a CEDRO (que para más inri, fija libremente los precios) por la reproducción de contenidos (aunque esta se haga con fines educativos y/o divulgativos).
Refuerzo de la Comisión Sinde
La Ley Lasalle además «pone por escrito» algunas de las funciones de la Comisión de la Propiedad Intelectual, que ve reforzado su poder al convertirse en una especie de «tribunal de excepción para los casos de la propiedad intelectual».
No sólo podrá ir contra las famosas «páginas de enlaces», si no contra todas las webs que hayan sido denunciadas por vulneración de derechos de la propiedad intelectual. Esto significa que todas las páginas deberían vigilar también los contenidos aportados por los propios usuarios (por ejemplo en el caso de los foros), para evitar que se introdujeran contenidos o enlaces «ilegales». Esta parte de la Ley es bastante cuestionable ya que existen argumentos que explican que es contraria a la propia Directiva 2000/31/CE de la Unión Europea.
La Comisión no sólo podrá exigir a la web denunciada la retirada del contenido específico (o incluso la posibilidad de cerrar páginas sin autorización judicial), si no que también podrá imponer multas económicas con sanciones de entre 150.001 y 600.000 euros.
Supervisión de las sociedades de gestión de los derechos de autor
Tras los escándalos existentes en entidades como la SGAE, la Ley Lasalle también incluye cláusulas con el objetivo de reforzar la transparencia de dichas sociedades. Estarán obligadas, entre otras cosas, a realizar auditorías de su funcionamiento, y al establecimiento de escalas para las diferentes sanciones económicas en caso de infracción.
Esa nueva reforma de la propiedad intelectual supone un endurecimiento de los planteamientos de la Ley Sinde, no adaptando en ningún caso la LPI a la nueva realidad digital en la que vivimos. La creación de un escenario muy poco competitivo para el sector digital, reduciendo las posibilidades de crecimiento del desarrollo tecnológico y cultural, son sin duda malas noticias para nuestra economía.