¿Que todo quede como está -y Clarín quede intacto- o que el Estado intervenga para garantizar una redistribución mediática más «equitativa»? La discusión se polariza de cara al 7D, sobre el cual hay más incertidumbres que certezas. Esta semana el gobierno logró desplazar a los jueces Farrell y Kiernan, que actuaban en la Cámara Civil […]
¿Que todo quede como está -y Clarín quede intacto- o que el Estado intervenga para garantizar una redistribución mediática más «equitativa»? La discusión se polariza de cara al 7D, sobre el cual hay más incertidumbres que certezas. Esta semana el gobierno logró desplazar a los jueces Farrell y Kiernan, que actuaban en la Cámara Civil y Comercial Federal donde se tramita la causa de Clarín contra la Ley de Medios. Sigue el show obsceno en la Justicia, demostrando una vez más que su independencia es una falacia.
Mientras el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, asegura que no se va «a expropiar ni estatizar» sino que se concursarán las licencias que cada grupo tenga de más según la ley; el gerente de Comunicaciones del Grupo Clarín, Martín Etchevers, adelantó que ellos no presentarán ningún «plan de adecuación» (Reuters 30/10/12).
Los contendientes hacen su juego en nombre de la «democratización», la «libertad de expresión» y la «pluralidad de voces». Pero como lo dijimos desde el principio mismo de la discusión del proyecto de Ley de Medios, la disputa entre el gobierno y Clarín es una pelea entre capitalistas, ajena a los intereses del pueblo trabajador. Para comprobarlo, qué mejor que echar una (nueva) mirada sobre la realidad de ambos «bandos».
La Corpo
Nunca está demás recordar que Clarín es uno de los grupos económicos más importantes del país y de Latinoamérica. No sólo en materia de medios (distribución de cable, canales de TV, radios, diarios, portales web, imprentas, editoriales, distribución de libros, etc.) sino que participa comercial y financieramente en otros rubros. Un verdadero exponente de la «burguesía nacional» con la que alguna vez se entusiasmó Néstor Kirchner.
Algunas veces mediante pactos y otras con extorsiones, ya conocemos que La Corpo logró incalculables concesiones del Estado: desde los clasificados que Perón en los ’40 le transfirió desde La Prensa, hasta la fusión de Cablevisión-Multicanal firmada por Kirchner en 2007, pasando por el «regalo» de Papel Prensa de Videla, la entrega de Radio Mitre por Alfonsín, de Canal 13 por Menem y la pesificación de deudas y la «Ley Clarín» de Duhalde (redactada por el hoy senador k Pichetto).
El cinismo y la hipocresía parecen no tener límites en el siniestro Grupo de Noble-Magnetto que defiende su poder en nombre del «periodismo independiente» y «todas las voces». Pero no es menos cínico e hipócrita decir que Clarín hoy es la mayor «amenaza a la democracia» ocultando que fue esta misma democracia para ricos la que le dio su poder a estos magnates derechistas de la censura y la desinformación.
La Korpo
Por su parte, el gobierno nacional disfraza su «cruzada» contra Clarín con ropajes de épica democrática. Sin embargo, el kirchnerismo no puede presentar un solo ejemplo, a lo largo de esta década de gobierno, que muestre su «voluntad democrática» en términos comunicacionales. Ni hablar si recordamos su noviazgo con Clarín entre 2003 y 2008. Pero tampoco en los últimos cuatro años, en los que impulsó la formación de un conglomerado mediático con empresarios amigos (ver mapa de medios K). La ausencia de una real libertad de expresión en los medios sobre los que influye directa o indirectamente el gobierno es una característica del «modelo». Buscando construir un relato alternativo a Clarín, los medios estatales y los privados sostenidos con grandes porciones de la pauta oficial, montan una maquinaria de propaganda en la que no hay lugar para la crítica, el debate y mucho menos el cuestionamiento a las políticas oficiales. El mayor ejemplo es Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA). Canal 7, Radio Nacional y Télam carecen de todo espacio dedicado a la «multiplicidad de voces» y al debate político e ideológico. No hay un solo programa ni espacio otorgado a alguna organización política, gremial o cultural que no esté alineada incondicionalmente con la Casa Rosada. El kirchnerismo, al cuidar los intereses del conjunto de su clase social, no cambió la lógica histórica y respetó siempre esa «ley» por la cual los medios estatales son propiedad del «ganador» y cumplen el papel de voceros oficiales.
Sólo reconociendo esta marca a fuego del «proyecto nacional y popular» se puede entender la paradoja de que muchas veces se escuchen «otras voces» (por ejemplo de la izquierda y el sindicalismo combativo) a través de los medios opositores. Esos medios claramente aceptan difundir a sectores críticos (¡y hasta anticapitalistas!) por su interés oportunista de pegarle al gobierno como sea o porque se lo impone la lucha de clases. Pero es inocultable el interés mayor del propio gobierno de que esas voces ni siquiera asomen por las pantallas y micrófonos dirigidos desde los despachos oficiales.
¿Por qué creer, entonces, que todo sería distinto si el gobierno avanzara sobre algunos multimedios con cierto intervencionismo estatal o repartiendo más frecuencias entre empresarios y organizaciones afines?
Todos patrones
¿Clarín o el Gobierno? Esa es la cuestión, creen muchos intelectuales, periodistas, compañeros de medios comunitarios y alternativos y hasta cierta izquierda. Sin embargo esa falsa disyuntiva queda en evidencia, todos los días, al interior de los propios medios. Y quienes la comprueban son sus propios trabajadores.
En este punto hay que aclarar que no incluimos en la categoría «trabajadores» a las grandes figuras periodísticas que actúan de voceros de cada bando. Ellos no son proletarios de la comunicación sino verdaderos gerentes (o directamente socios) con abultados contratos que nada tienen que ver con los devaluados salarios que perciben por convenio miles de trabajadores de prensa, fotógrafos, gráficos, técnicos, operadores, camarógrafos, locutores, etc.
Los altos niveles de flexibilización laboral, prepotencia patronal y pérdida de conquistas históricas de los últimos años convirtieron al sector de los medios (compuesto por varios sindicatos) en uno de los más precarizados y atomizados. Miles de trabajadores en todo el país (muchos egresados de facultades y escuelas de periodismo) llevan años de inestabilidad laboral.
En el diario Clarín hace más de diez años que no hay Comisión Interna. Diez años de atropellos constantes, estableciéndose una verdadera dictadura patronal. El gobierno desde 2008 denuncia la situación, pero no tomó una sola medida seria para obligar a Magnetto a respetar los derechos de los trabajadores. Y la conducción de la UTPBA, el gremio de prensa de Buenos Aires, se borró olímpicamente dejando a cientos de laburantes a la deriva soportando en soledad la saña de la Corpo.
Otro ejemplo: en Radio Nacional hace tiempo se repiten conflictos donde la patronal, o sea el Estado, persigue a los trabajadores que pelean por sus reivindicaciones. Cuando los empleados de la emisora decidieron formar un sindicato propio, ATRANA (que acaba de lograr con su lucha un fallo favorable para obtener su personería), la respuesta de los funcionarios fue más persecución y hasta el intento de despido de quienes encabezaban la nueva organización.
Estos ejemplos se repiten en infinidad de empresas (privadas y estatales), desde los grandes multimedios a las «pymes» regionales que tienen decenas de empleados contratados, con sueldos por debajo del convenio y sin cobertura social.
Las excepcionales conquistas de los últimos años (como la reincorporación de delegados despedidos en Canal 13/TN, las mejoras del régimen de pasantías en Página/12, etc.) les fueron arrancadas a las patronales, sorteando también múltiples trabas impuestas por el Estado. Las muchas derrotas (despidos masivos en Crónica y AGR, cierre de Crítica, censura en medios k como a Tomás Eliaschev en Veintitrés y a Darío Aranda en Página/12, etc.) contaron con el aval oficial y con la garantía de «no luchar» por parte de las direcciones gremiales. Otros ataques patronales fueron respondidos con una amplia solidaridad por parte de muchos compañeros y delegados de base. Así se frenó hace pocos días el despido de 21 trabajadores de Perfil con un contundente paro y la solidaridad extendida que obligó al Ministerio de Trabajo a dictar la conciliación obligatoria. Sin embargo, la norma de todos estos años fue la derrota y pérdida de conquistas con el rol nefasto de las conducciones sindicales.
Democratizar los medios de verdad
Plantear hoy la cuestión en términos de «o se está con Clarín o se está con el Gobierno» es caer en una trampa. Si colocarse del lado de Clarín es defender un esquema mediático monopólico y reaccionario, entusiasmarse con una hipotética intervención estatal o con una redistribución k sobre los medios es depositar expectativas en el garante último de la más absoluta falta de libertad de expresión: el Estado capitalista.
Los medios de difusión e información no son análogos a cualquier sector de «servicios públicos». Dentro de todas las actividades sociales, la difusión de ideas, el debate e intercambio de opiniones y la puesta en común de la producción artística y cultural son las que deben tener garantizada la mayor libertad de acción por parte de los individuos y sus organizaciones. Los medios de comunicación masiva son instrumentos centrales para la producción ideológica. De allí que cualquier intervención dirigida desde las oficinas gubernamentales sobre lo que se difunde y expresa no es otra cosa que una amenaza directa a la más elemental libertad de expresión. Cualquier ataque a la libertad de prensa y expresión, así sea hoy contra medios u organizaciones de la derecha, sienta un peligroso precedente que seguramente será usado mañana por la burguesía para avanzar contra los trabajadores y la izquierda en momentos de radicalización de la lucha de clases. Como afirmaba León Trotsky en su trabajo La libertad de prensa y la clase obrera, «tanto la experiencia histórica como teórica prueban que cualquier restricción de la democracia en la sociedad burguesa, es, en último análisis, invariablemente dirigida contra el proletariado (…) En último análisis, la agudización de la lucha de clases obligará a las burguesías de cualquier tipo a llegar a un arreglo entre ellas mismas; aprobarán entonces leyes especiales, toda clase de medidas restrictivas, y toda clase de censuras ‘democráticas’ contra la clase obrera».
Frente a la discusión del 7D, no podemos intervenir optando por el supuesto «mal menor». Lejos de cualquier expectativa en que este Estado pueda devolver una supuesta democracia arrebatada por las corporaciones, hay que denunciar sin ambigüedades que entre Clarín y el Gobierno la disputa no tiene nada que ver con una ampliación de las libertades democráticas.
Ni oligopolios mediáticos, ni medios regulados por el Estado
Nuestra lucha es porque todos los medios de comunicación masiva sean gestionados directamente por sus propios trabajadores, con la participación de amplios comités de lectores, audiencias y públicos. Sin injerencia del Estado ni de las empresas, es decir sin funcionarios ni gerentes en sus oficinas pero también sin condicionamientos por medio de la pauta publicitaria, estatal o privada.
El Estado sí debe garantizar las condiciones materiales y técnicas para que todos los medios funcionen en igualdad de condiciones. Gestionados por quienes los hacen funcionar, los medios deben abrirse a absolutamente todas las expresiones políticas, culturales y artísticas, incluyendo por supuesto a aquellas que no coincidan con la orientación mayoritaria, entregando espacios gratuitos a las organizaciones de la sociedad para que difundan sus ideas sin restricciones.
La comunicación y la información serán «servicios públicos» cuando, despojadas de la reglamentación capitalista, toda la población acceda a ellas mediante un sistema público nacional de distribución de televisión, radio e Internet, con acceso libre y gratuito para los trabajadores y el pueblo pobre y con tarifas progresivas para empresas y sectores ricos. En estos tres años el gobierno permitió a muchas corporaciones actuar «fuera de la ley», mientras se negó sistemáticamente a entregar el 33% del espectro radioeléctrico que supuestamente se reservaba a organizaciones «sin fines de lucro». Por un lado reparte jugosos recursos a «ONG’s» amigas; por otro, cientos de organizaciones populares y «alternativas» quedan atrapadas en una maraña de trámites sin más resultado que la comprobación de la negativa oficial a entregar nada. Hay que dar un paso adelante y exigir la inmediata entrega de licencias y financiamiento (en base a impuestos específicos a los grandes grupos) a las organizaciones obreras y populares para que desarrollen sus propios medios, en igualdad de condiciones técnicas, operativas y de alcance de los grandes medios privados.
Para luchar por esta perspectiva es necesaria la más amplia movilización y autoorganización de los propios trabajadores de los medios, asociados al resto de la clase trabajadora, junto a los públicos y las audiencias. Es indispensable la plena libertad de organización y elección de delegados al interior de las empresas de comunicación, imponiéndole a las direcciones de los sindicatos que se pongan a la cabeza de esa pelea o barriendo con ellas y eligiendo a nuevas conducciones que representen y defiendan los verdaderos intereses de los trabajadores de los medios. Esas organizaciones democráticas, uniendo lo que las conducciones dividieron durante años, debe contar con espacios gratuitos en los propios medios donde trabajan, para expresar sus posiciones, sobre todo si éstas son contrarias a las líneas editoriales de las patronales, sin censura ni restricciones. Hay que defender el Estatuto del Periodista, esa conquista histórica del gremio de prensa que, irónicamente, ni siquiera es mencionada en la Ley de Medios.
Queda demostrado que una pelea por la verdadera libertad de expresión para las mayorías populares, tanto en Argentina como en el mundo, excede ampliamente a una disputa por intereses mezquinos entre bandos capitalistas como la expresada hoy entre el Grupo Clarín y el gobierno de Cristina Fernández asociado a un puñado de «corporaciones» amigas.
* Publicada en La Verdad Obrera nº499