Está abierta la interna del frente en el gobierno, nada menos que en el área de la economía. Se discute al ministro, pero especialmente la política económica, el qué hacer, con las tarifas, con la deuda y las reservas, con la inflación, la pobreza y la desigualdad. Incluso, el problema está en cómo seguir y si privilegiar la disputa del consenso de los sectores populares o acordar con el poder, en especial con el FMI.
De hecho, la oposición mayoritaria, de derecha (macrista), también cuestiona la orientación, del mismo modo y en el mismo sentido que los sectores más concentrados del poder económico. Estos protestaron oportunamente por el impuesto a las grandes fortunas y obvio, pusieron el grito en el cielo y opusieron resistencia en las calles cuando reaparecieron las retenciones al comercio exterior o cuando se habló de expropiar a Vicentin.
También comienza a subir la voz de la crítica social por el impacto regresivo del ajuste sobre los ingresos populares (salarios, jubilaciones, planes sociales) en un marco de suba de precios muy alejado de la contención ilusoria del presupuesto oficial. Lo real es que el consenso popular tambalea ante expectativas no satisfechas, más aún con organizaciones sindicales y sociales que contienen la conflictividad. Es el caso de la insuficiente actualización del salario mínimo vital y móvil, muy alejado de las necesidades de ingresos adecuados, y avalado por las centrales sindicales asociadas al proyecto gobernante. Pero también en la inducción a no movilizarse a organizaciones populares que demandan alimentos o ingresos, con el argumento de la pandemia. Hay una importante presión por incrementar el “gasto covid” ante la continuidad de la emergencia sanitaria y económica.
Se trata de un debate interesante que remite a la continuidad estructural del orden económico social o a su transformación, que no solo alude a la distribución del ingreso o de la riqueza, sino a la reestructuración de las relaciones sociales de producción, afectando el régimen de propiedad de los medios de producción y del poder. La discusión trasciende las motivaciones al interior del gobierno y las oposiciones diversas, y aparece como una necesidad política social en tiempos de emergencia sanitaria, económica, incluso civilizatoria que afecta a la humanidad. Nuestro tiempo convoca a recrear expectativas por soluciones de la vida social y natural, amenazadas por el régimen de explotación y saqueo con eje en la ganancia y la acumulación para la dominación de pocas/os sobre muchas/os. Al mismo tiempo, la perspectiva debe trascender lo inmediato reivindicativo y convoca a pensar sobre lo estructural del orden económico y social.
La palabra ministerial al comienzo de la gestión era “tranquilizar la economía”, lo que suponía “arreglar” en principio el problema de la deuda pública y la concentración de vencimientos hacia el 2023. De ningún modo resolverlo, sino negociarlo, o sea, postergar los vencimientos hasta después del mandato. Un tema dificultado ahora, especialmente con el FMI, indispuesto a resignar condicionamientos y plazos de recupero de su “odioso” préstamo del 2018, nada menos que por 45.000 millones de dólares. La negociación se imaginaba para generar condiciones que contuvieran la inflación elevada y retomar la senda del crecimiento económico. Claro que no se trataba de modificar estructuralmente el modelo productivo y de desarrollo históricamente construido en las últimas décadas. Ni la inflación ni el crecimiento está resuelto, menos la satisfacción de necesidades postergadas de sectores vulnerables, que involucra a la mitad de la población.
No solo por efecto de la pandemia, la “tranquilidad” no solo se esfumó, sino que desapareció del léxico ministerial, que ahora recibe fuego de la propia trinchera oficial. Hay rebote de la economía, sí, pero insuficiente para recuperar la caída económica del 2020 y lo acumulado en tres de los cuatro años del gobierno Macri. Además, la perspectiva a futuro supone una ralentización de la evolución económica, en rigor, un diagnóstico de los organismos internacionales para la economía local, regional y mundial. Por eso preocupa la situación de pobreza que sufre la mitad de la población, agravada para los menores. No llama la atención y resulta lógico ese resultado luego de caída de los ingresos populares, la precariedad laboral incentivada por el “trabajo remoto” o “a distancia”, lo que agrava la condición laboral de pobres y especialmente de las mujeres.
Alimentos y empleo como prioridad
Es grave la evolución de los precios, especialmente sobre alimentos, motorizado por la suba de los precios internacionales de exportación, ahora del maíz, pero muy especialmente por la disputa de poder y apropiación de riqueza socialmente generada de las transnacionales que dominan el modelo productivo del agro negocio de exportación. Toda la estructura de poder es base sustancial del aumento de precios en el país. No se logra contener la voracidad del poder económico en tanto no se modifica una política que consolida un modelo de producción que inserta de manera subordinada a la Argentina en la lógica de la transnacionalización y la extranjerización. Los grandes perdedores se consolidan entre la mayoría de la población empobrecida, la que transfiere de manera recurrente ingresos a la cúpula concentrada del empresariado privado.
La necesidad política apunta a una orientación a contramano de la lógica estructural construida desde 1975/76, que explica el orden económico actual de la sociedad argentina. La deuda pública es un eje condicionante en ese sentido, por lo que, sin denunciar el carácter ilegal, ilegitimo y odioso, especialmente de aquella contraída con el FMI, será imposible superar las trabas existentes que impiden soluciones sociales extendidas. Por eso debe impulsarse la suspensión de los pagos de la deuda al tiempo que se organiza una auditoria con participación popular para dictaminar sobre la legitimidad o no de la deuda. Es una asignatura pendiente del tiempo constitucional, que nunca abordó a fondo el problema y solo atinó a postergar soluciones, y con ello, sostener una continuidad en la cancelación de intereses y capitales, restando capacidad de atender la necesidad social.
Ese es el punto de partida, y en simultáneo, se debe encarar una solución al problema del hambre, con fuentes de empleo y mecanismos autogestionarios de producción y circulación, con acceso a la tierra y a la necesaria asistencia tecnológica y financiera para modificar sustancialmente el modelo productivo. Se requieren propuestas de fondo, a contramano de una lógica económica que profundiza la desigualdad y por ello, desandar lo construido por décadas y levantar una propuesta de soberanía, alimentaria, energética, financiera, con privilegio a resolver las insatisfacciones sociales. En ese camino se debió aprovechar el vencimiento de la licitación del río Paraná, mal llamado “hidrovía”, como punta de partida de una reestructuración productiva que ponga fin a las privatizaciones de los noventa del siglo pasado y repiense el modo de producción en el país.
Se trata de revertir una lógica productiva construida en el último cuarto del siglo XX, Consenso de Washington mediante en los noventa, y recreado en parte importante de la conciencia social como “sentido común”, desarrollado desde los medios de comunicación. Hay que atender el fenómeno que explica en todo el ámbito mundial el crecimiento de la propuesta política de la derecha.
La polémica de estas horas atraviesa al frente en el gobierno y más allá, en el marco de pandemia, de la crisis ambiental y una sensación que “algo debe cambiarse” para no agotar la vida social y natural, con el eje en resolver las más amplias necesidades sociales de la población. Hace falta un debate sobre el rumbo, con precisión de objetivos socioeconómicos para frenar el retroceso social construido por décadas. En definitiva, un proceso de construcción de política y subjetividad de carácter alternativo.
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.