Quizás la pregunta tenga que ser más bien ¿tiene porvenir el proceso? No es lo mismo qué si tiene futuro el proceso, pues esta pregunta es más filosófica, inquiere sobre un futuro ideal o, si se quiere general. La otra pregunta, sobre el porvenir, se la hace sobre la cuestión de los que viene después. […]
Quizás la pregunta tenga que ser más bien ¿tiene porvenir el proceso? No es lo mismo qué si tiene futuro el proceso, pues esta pregunta es más filosófica, inquiere sobre un futuro ideal o, si se quiere general. La otra pregunta, sobre el porvenir, se la hace sobre la cuestión de los que viene después. Si se quiere se pregunta sobre un problema. ¿El proceso continúa? ¿Ha muerto el proceso? ¿Bajo qué condiciones puede continuar? Para responder estas preguntas no vamos a sostener la búsqueda de una respuesta en la pretensión oficial de que el gobierno es el proceso y de que el proceso se encuentra en la sexta fase ascendente. Pretensión no solo reduccionista, a la vez exacerbadamente optimista, sino que no se puede sostenerse empíricamente. La búsqueda de una respuesta o de una hipótesis interpretativa la exploraremos no tanto en las contradicciones del proceso, de las que hemos escrito con insistencia, sino sobre todo en una lectura de la estructura del tiempo político del proceso. ¿Qué queremos decir con esto de estructura del tiempo político? Sabemos que el tiempo es una representación, pero también es una construcción subjetiva, una diferenciación del sujeto entre pasado vivido, presente viviente y futuro esperado. Lo que importa es la estructura que ha construido el sujeto, no tanto como representación, sino como experiencia, interpretación de esta experiencia y expectativa.
Ahora bien, ¿de qué sujeto hablamos cuando nos referimos a sujetos sociales y a subjetividades colectivas? No hablamos del sujeto gubernamental, que mas bien parece ser un sujeto burocrático, un sujeto que usa los instrumentos y discursos del poder para interpretar lo que experimenta como cuerpo burocrático en relación al acontecimiento político. Lo que interesa es comprender qué pasa con los otros sujetos sociales, los que estuvieron involucrados en la apertura del proceso y en apoyo a la primera gestión de gobierno. Lo que importa es comprender lo que pasa con los sujetos que votaron consecutivamente por el MAS en las distintas elecciones habidas desde el 2005 hasta la fecha. Sobre todo interesa entender la estructura del tiempo político que construyen. Esta estructura no es tanto un producto consciente como afectivo, interviene un pensamiento en tanto saber colectivo, interpretando la experiencia social del proceso. Se trata de un modo de relacionarse con el acontecimiento político, en tanto multiplicidad de singularidades, a partir de la pluralidad de los actores sociales.
Con el propósito definido, vamos a lanzar algunas hipótesis interpretativas sobre esta estructura del tiempo político construida por los sujetos sociales.
1. En relación a la estructura del tiempo político anterior, construida por los sujetos sociales durante las movilizaciones sociales de 2000 al 2005, incluso en relación a las expectativas de la primera gestión de gobierno, que era una estructura que interpretaba el cambio a partir de la decisión de una ruptura, una estructura que interpretaba la crisis del Estado como anuncio de su derrumbamiento y el anuncio de un nuevo tiempo y la construcción de un nuevo Estado, la estructura del tiempo político actual, de la coyuntura y del periodo de la segunda gestión de gobierno es otra, ya no de cambio, sino de asombro ante la repetición de algo ya conocido.
2. Los distintos sectores componentes de lo que fue el bloque popular que aperturó y sostuvo el proceso no sienten de la misma manera, manifiestan sentimientos diferentes y expectativas distintas. Empero casi todos comparten la certeza de que el cambio y la transformación es mucho más difícil y complicada de lo que se había imaginado. De esta certeza se deriva en una especie de desaliento, aunque también de conformismo, dependiendo de los sectores involucrados, así como de insistencia en otros sectores sociales.
3. Los sectores campesinos, sobre todo sus organizaciones – distinguiendo ambos cuerpos afectivos y ambas formaciones discursivas, pues los dirigentes tienden a expresar un discurso de representación, en tanto que las comunidades, que todavía discuten en sus asambleas comunales, expresan el reclamo y la demanda -, tienden a sostener al gobierno y sus argumentaciones, entonces justifican la posición oficial, como si se estuviera en el periodo de la primera gestión de gobierno, cuando había que enfrentar la conspiración de la derecha contra el proceso constituyente y contra el proceso. No ven que en la segunda gestión de gobierno se vive otras coyunturas y otro periodo distinto, signado por el «gasolinazo» y el conflicto del TIPNIS, cuando el gobierno aparece como problema, en un contexto donde ha sido derrotada la derecha tradicional. De todas maneras, la estructura del tiempo político construida por las organizaciones campesinas no es de ruptura, como cuando se dieron las luchas sociales y durante el proceso constituyente, sino de orden continuo y sucesivo. De lo que se trata es de reivindicaciones gremiales, sectoriales, vinculadas a la ampliación de la frontera agrícola, renunciando notoriamente a la reforma agraria. Se trata de una estructura del tiempo político conservadora y a la vez extractivista, en la medida que la apuesta a una agricultura expansiva, refuerza y complementa el extractivismo minero e hidrocarburífero, reforzando con esto la dependencia del capitalismo periférico, a costa de los territorios indígenas y áreas protegidas.
4. Los cooperativistas mineros, que estuvieron involucrados conjuntamente con los trabajadores mineros, en las heroicas acciones de mayo y junio de 2005, también construyen una estructura del tiempo político cuya lectura es la continuidad y la sucesión, ya no la ruptura. Optan también por los intereses gremiales, reclamando más concesiones a costa de las reservas fiscales de COMIBOL, ocupando sectores colindantes a la minería estatal, reclamando vetas ya conocidas, sin haber invertido nada en su descubrimiento. Todo a costa de la empresa estatal. Los cooperativistas mineros, que son, en realidad propietarios privados, sostenidos por contrataciones y subcontrataciones, dignas del capitalismo salvaje, ejercen la presión de la cantidad de afiliados, familias y trabajadores subcontratados, para obtener concesiones que les permita su expansión. Como toda la minería están vinculados a la economía extractivista, contaminadora y depredadora. En un país donde no hay fuentes de trabajo su reclamo parece justo desde un punto de vista gremial, empero también renunciaron a la ruptura y al cambio.
5. Las organizaciones obreras y de trabajadores urbanos también redujeron sus expectativas de cambio, optando por un pragmatismo economicista, que reivindica niveles salariales y otras demandas sectoriales. También en este caso se pasó de una estructura del tiempo político de cambio a una de continuidad y sucesión.
6. Las juntas de vecinos, que fueron un baluarte de las movilizaciones en el ciclo de luchas de 2000 al 2005, redujeron sus expectativas de cambio a las tareas de control de los gobiernos municipales. También la estructura del tiempo político resulta conservadora, en la medida que se renunció a la autogestión.
7. El grueso de los votantes por el MAS viven con asombro y desaliento la experiencia de la repetición, del circulo vicioso de la política, que parece repetir las mismas prácticas y relaciones con otros personajes. En esta masa de votantes, mayormente urbanos, se plantean más directamente las dudas y los problemas. También aparece una estructura de continuidad y de sucesión, empero interpretándolo como una condena, como si no se pudiera escapar del dominio de las estructuras de poder, que emergen nuevamente, a pesar de la crisis múltiple del Estado-nación.
8. Solo las organizaciones indígenas, que representan a las naciones y pueblos indígenas originarios, han mantenido la construcción de la estructura del tiempo político de ruptura y cambio. Se han lanzado en defensa de la Constitución, de las autonomías indígenas, del autogobierno y libre determinación, de los territorios indígenas, apuntando a la re-conducción del proceso. Esta posición contrasta con las anteriores. ¿A qué se debe? El destino del proceso, la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, la perspectiva del vivir bien, está íntimamente ligado a la emancipación y descolonización de las naciones y pueblos indígenas. No hay posibilidad para reducciones de la expectativa política a reivindicaciones gremiales.
Nuevamente la pregunta, ¿en estas condiciones tiene porvenir el proceso? Todo depende de la rearticulación del bloque popular, quebrado durante la crisis del «gasolinazo» y el conflicto del TIPNIS. Empero, ¿se puede re-articular el bloque popular cuando el gobierno está enfrascado en llevar adelante la carretera depredadora y extractivista que atravesaría el núcleo del TIPNIS? ¿Es posible esta re-articulación cuando el gobierno ve como opción nuevamente el imaginario de «desarrollo» y de «progreso», mantenido por la élites liberales, sobre todo cuando su principal apuesta es por el modelo extractivista del capitalismo dependiente? Obviamente que no. Es en este contexto en el que hay que analizar la pretensión del presidente de gobernar hasta el 2025, con el objetivo de erradicar la pobreza, basándose en el mismo proyecto de «desarrollo», soñado por los gobiernos nacionalistas del Estado-nación.
La pretensión de gobernar hasta el 2025
¿Qué valor tiene el reducir un proyecto de descolonización, un proceso emancipador y de liberación, que apuntó a destruir el Estado-nación y construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, a compulsivas campañas electorales, que confunden las tareas de transformación con montajes teatrales y de simulación? Se realice o no se realice esta pretensión, que va depender de la decisión del pueblo y no del deseo del caudillo, el hecho que se haya contraído el proceso a dimensiones tan limitadas ya anuncia la muerte del proceso. Sobre todo cuando la nueva promesa electoral vuelve a reiterar la promesa de todos los gobernantes, reducir la pobreza o extirparla, en función del añorado proyecto desarrollista de los gobiernos nacionalistas. Estos objetivos electorales muestran claramente la enorme distancia del gobierno respecto de la Constitución y de los objetivos inherentes del proceso, que son las transformaciones estructurales e institucionales, la construcción del Estado plurinacional. Sobre todo se remarca la distancia entre la concepción desarrollista y el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del vivir bien.
Por otra parte, parece que esta pretensión pretende emular la hazaña electoral de Hugo Chávez en Venezuela. Para comenzar, no son realidades similares, tampoco sus contextos y coyunturas políticas son semejantes. En Venezuela la batalla es por consolidar el Estado-nación bolivariano, frente a una oligarquía entreguista, que gobernó el país por décadas, despojando al país de sus recursos petroleros, entregados a las empresas trasnacionales. La intervención de los Estados Unidos de Norte América ha sido directa, sobre todo en el golpe contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez el 2002. Los movimientos sociales se crearon desde el Estado, dada su ausencia y el dominio casi absoluto de las oligarquías, en condiciones de desigualdades abismales y miserias extendidas. La organización de las comunidades autogestionarias y la formación en masa de líderes, sobre todo de los que se presentan en la espontaneidad de las iniciativas organizativas, da lugar a un empoderamiento de proyectos comunales, en un ambiente donde la burguesía venezolana y las oligarquías siguen siendo fuertes, como para disputar espacios de representación. La lucha contra esta derecha oligárquica continúa; las elecciones son un mecanismo importante de combate contra esta dominación de la burguesía y oligarquía. Las expectativas populares en las elecciones siguen siendo grandes. Contando con estas diferencias, ciertamente hay que decir que hay una analogía, que comparten los procesos políticos en Venezuela y en Bolivia, así como otros procesos en Sud América; no pueden salir del modelo extractivista y de la economía rentista, más bien los extienden.
En comparación con el proceso político en Venezuela, no ocurre lo mismo en Bolivia, donde se venció a las oligarquías regionales, sobre todo a su influencia política, durante los conflictos desatados en el lapso del 2008-2009. Después de esta victoria sobre la oligarquías regionales, la tarea no es tanto aquí vencer a una derecha tradicional derrotada, sino efectuar las trasformaciones estructurales e institucionales que demanda la Constitución y requiere la construcción del Estado plurinacional. En un país de larga tradición de luchas sociales, donde los movimientos sociales se generaron por auto-convocatoria y auto-organización, los movimientos sociales requerían del ejercicio de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria, y no espectar la centralización y el monopolio del poder en la burocracia de funcionarios. En Bolivia la victoria sobre la derecha tradicional, su desaparición efectiva – salvo su exigua presencia en el menos de 1/3 del Congreso y una gobernación departamental -, por lo menos en el periodo presente, ha hecho visibles las contradicciones profundas del proceso y la línea restauradora de conducción del gobierno. Esto es lo que ha generado múltiples conflictos en el campo popular con el gobierno, sobre todo dos crisis desgarradoras, la del «gasolinazo» y la del TIPNIS. Por otra parte, las elecciones nunca fueron el objetivo principal de las masas insurreccionadas y movilizadas, al contrario, el primer objetivo fue el proceso constituyente y, en esta perspectiva, las transformaciones pluralistas. La expectativa electoral fue del MAS y ahora es la constante compulsiva del gobierno. Pero, se trata de elecciones que no están asociadas a transformaciones sino a la prolongación de las nuevas élites en el poder. Esto no se hace atractivo para las masas votantes.
En las condiciones de un bloque popular quebrado, de la construcción de una estructura del tiempo político de continuidad y sucesión, no de ruptura y cambio, preponderante en la mayoría de los sectores sociales, con un manifiesto desaliento en los sectores populares de las ciudades, no parece tener ningún impacto la pretensión del presidente de gobernar hasta el 2025, aunque lo logre. Mas bien, la atmósfera se parece más a la indiferencia, muy lejos del entusiasmo, salvo en los entornos de aduladores. Esta no es la forma de encarar la crisis del proceso. Es indispensable una reconducción del proceso, para que ocurra esto, es menester una rearticulación del bloque popular sobre la base del único programa aprobado por el pueblo boliviano, la Constitución. Con este objetivo no se pueden seguir sosteniendo los conflictos en el seno del pueblo y contra el pueblo y las naciones y pueblos indígenas originarios. Deben suspenderse todos los conflictos, incluyendo, claro está el conflicto mayor, el del TIPNIS; promover un diálogo abierto con todos los sectores, de manera transparente y participativa, con la asistencia de las organizaciones representativas y legitimas, no con los invitados afines a la línea del gobierno. Se tienen que formar consensos sobre las transformaciones pluralistas y la transición hacia un modelo no extractivista. Esto significa volver a posesionar las expectativas de cambio y transformación sobre la base de la movilización general del bloque popular. Sólo así readquiere sentido el proceso y tiene porvenir.