Con una canasta básica de pobreza que ronda los 914 pesos, de acuerdo a los mañosos índices del increíble e intervenido INDEC, el gobierno nacional salió con bombos y platillos a anunciar un incremento en los salarios docentes que llevarían el sueldo mínimo, para quien recién se inicia, a 1040 pesos. El anuncio en cuestión […]
Con una canasta básica de pobreza que ronda los 914 pesos, de acuerdo a los mañosos índices del increíble e intervenido INDEC, el gobierno nacional salió con bombos y platillos a anunciar un incremento en los salarios docentes que llevarían el sueldo mínimo, para quien recién se inicia, a 1040 pesos.
El anuncio en cuestión se realizó por intermedio del ministro de la cartera educativa, Daniel Filmus, a quien acompañaba, entre otros dirigentes del magisterio, Hugo Yasky, el que, aun no poseyendo cartera ministerial, se desempeña como funcionario de carrera en el gobierno kirchnerista.
La mayor parte de los medios nacionales tomaron esta noticia en dos sentidos. El primero fue anunciarla como si se tratara del famoso salariazo educativo que, de acuerdo a las palabras de la tándem Filmus-Yasky «…viene a terminar con la inequidad y la abismal diferencia salarial que existen entre las diversas provincias de nuestro territorio», constituyéndose, para Yasky, «en un episodio histórico» en la lucha por las reivindicaciones salariales de los maestros.
El segundo, que se trata de un anuncio electoral, donde Filmus, candidato a disputar la dirección del mayor negociado inmobiliario argentino, intenta con esto reacomodar sus fichas en relación al adelantamiento en las elecciones porteñas.
Todo esto es una media verdad.
Desde hace un largo tiempo hablar del salario docente es una cosa borrosa e indefinida. Tanto la burocracia gremial, como la ministerial educativa han hecho del concepto salarial un eufemismo, o mejor, un engaña pichanga destinada a generar confusión tanto entre la sociedad como entre los mismos educadores. Se habla de: salario inicial, salario mínimo y salario básico en forma indistinta como si se tratara de la misma cosa. Una transfugueada más, de la que nos tienen acostumbrados los avivados.
El salario docente está compuesto, aproximadamente, por más de un 50 por ciento de montos en negro, es decir, no remunerativos: garantías salariales, incentivos, bonificaciones, etc. integran el salario conformado que, ni siquiera se pagan en todos los casos; por ejemplo: si un docente trabaja 3 cargos (cosa que es más común de lo que se piensa) se le bonifican sólo 2, entendiendo al tercero como no bonificable porque supera un cierto máximo salarial. El salario docente, entonces no sólo tiene un mínimo, curiosamente también tiene un máximo. El estado no sólo es el mayor explotador de trabajadores en negro con básicos intolerables, sino que obliga a sus empleados, condenados por sueldos miserables, a trabajar más… cobrando menos.
Nunca como entre los maestros se cumple la ley marxista del salario: la magnitud del salario docente está determinada por el valor de los medios de subsistencia de este y de su familia, vale decir, por el precio de aquellos bienes que el estado considera que el docente y su familia deben consumir para subsistir.
Veamos: Hoy por hoy el sueldo básico de un trabajador de la educación es de 414 pesos, es decir de acuerdo a los índices truchos del INDEC (intervenido para adaptar la realidad a los índices, ya que los índices no se adaptan a la realidad) por debajo de la línea de la indigencia. Este índice trucho es el que marca lo que el gobierno considera subsistencia para un maestro, 13 pesos por día!!!
El salario mínimo tan aplaudido por la burocracia de los gremios docentes, en definitiva, coloca en debate la propia existencia salarial. Filmus anuncia un incremento de lo que llama «salario inicial»; el cual se formaría, en su mayor parte, con montos en negro y que alcanzaría a docentes nacionales recién ingresados al sistema, no a todos, con el objeto de descomprimir la tensión que viene recorriendo las escuelas y que puede concluir en un no inicio de clases el 5 de marzo; de hecho más de diez gremios provinciales ya se han pronunciado en este sentido si no hay un aumento salarial.
En provincia de Buenos Aires la situación es similar. La primera propuesta que el gobierno de Solá acercó a la mesa paritaria de un aumento de 30 pesos en marzo y 30 en setiembre despertó la indignación de la mayoría de los educadores y todo tipo de ironías. «Nos dan la alpargata izquierda en abril y la derecha en octubre». Antes de los anuncios de Nación, el ministro de Economía, Gerardo Otero y otros funcionarios de Felipe Solá intentaban un acuerdo para lograr la financiación de esa medida o bajar el piso a $ 960. «Pero, una vez confirmada la novedad, a los bonaerenses sólo les quedaba un camino: lograr el financiamiento de Nación que permita hacer frente a una erogación del orden de los 4 mil millones de pesos anuales. De hecho, pasadas las 17.30, los referentes de los gremios docentes del ámbito nacional estaban listos para suscribir el acuerdo con Filmus, pero aguardaban la respuesta de los funcionarios de Solá que deliberaban en La Plata sobre cuál era la alternativa para garantizar el sueldo mínimo de $ 1.040. Buenos Aires tiene un importancia estratégica: en suelo bonaerense hay 250 mil docentes y 4,5 millones de alumnos» (diario Hoy)
En Buenos Aires la situación es explosiva y eso es lo que ha trabado la reuniones paritarias entre el gobierno y los gremios, que van de cuarto intermedio en cuarto intermedio desde hace semanas. Parece extraño considerando el grado de colaboracionismo, conseguido por el gobierno provincial, durante todos estos años de parte de las burocracias sindicales de los gremios de docentes y estatales (que como se recordará arreglaban la cantidad de paros anuales con Solá). Pero, en este caso, la situación parece tener un desenlace incierto.
Es que la disposición para aumentar salarios en la provincia más rica del país está reglada por un feroz ajuste y el gobierno felipista no está dispuesto a abrir la mano ahora; todo lo contrario, el Felipe Solá está impulsando una ley que regimente las manifestaciones de sindicatos y movimientos populares, los que, a partir de dicha reglamentación tendrían que solicitar permiso a las autoridades para realizar manifestaciones, hacerse cargo de la seguridad y pagar los costos de destrozos, si los hubiera, además de verse obligados a pagar un seguro de responsabilidad civil. El gobernador Solá no aumenta los sueldos, sacrifica la salud y la educación de los bonaerenses, contamina la provincia con la basura del CEAMSE y encima quiere cobrarles un seguro a quienes se manifiestan en contra de su política.
La crisis es mayúscula y las salidas son pocas. La experiencia realizada durante estos años por los trabajadores del magisterio en relación a las políticas salariales del gobierno nacional y provincial abren un cuadro de desconfianza. La conciencia que se ha logrado sobre la necesidad de que los incrementos salariales vayan al básico hacen que toda política destinada a engañar con sumas en negro sea repudiada; es esto lo que hace que los burócratas de SUTEBA y FEB «les advirtieran al ministro de Economía y a la titular de la cartera educativa provincial, Adriana Puiggrós, que rechazarían cualquier propuesta salarial que no incluya un aumento del básico. Es decir que, aun si Solá logra asegurar el nuevo mínimo, no habría acuerdo y el inicio de las clases estará en riesgo, sin la incorporación de los $ 225 al básico» (ídem)
Es que, en realidad detrás de la fachada del «histórico incremento del salario mínimo» se esconde un fuerte mazazo a una reivindicación verdaderamente histórica en un gremio en el cual no existe escalafón. Los salarios mínimos y/o iniciales achatan en forma nefasta la pirámide salarial, en un gremio que sólo se rige por el aumento de la antigüedad.
Las «históricas» garantías salariales de Filmus-Yasky-Baradel no sólo mantienen a maestros y profesores bajo la línea de la pobreza, sino que, vienen siendo financiadas por los docentes más antiguos, que al recibir sumas en negro caen de la pirámide ampliando la masa salarial. Los campeones de la «distribución de la riqueza» se han vuelto expertos en la distribución de la pobreza.
Por último, la perfidia de Secretario General de Ctera y de la CTA debe llamar la atención del conjunto de los trabajadores estatales. Hugo Yasky pretende que el incremento anunciado de un mínimo de 1040 pesos coloca a los docentes en el mejor de los mundos y asunto arreglado por el 2007. Pero, no podemos dejar de desconocer que nos encontramos inmersos en el medio de una escalada inflacionaria que afecta fundamentalmente a los productos de la canasta básica y que nuestro salario en un 100% se usa para el consumo de esos productos.
La canasta básica está cerca de los 2400 pesos; los 1040 pesos apenas superan un 40 % de la misma. Yasky, como todo buen funcionario del gobierno, se desvela para buscarle la vuelta a esta situación de miseria salarial y la justifica como desde hace años la vienen justificando todos y cada uno de los funcionarios de turno. El secretario general de CTERA descubrió la «jornada simple», en lugar de la jornada de trabajo docente, para argumentar a favor de un sueldo que apenas cubre un poco más de un tercio de la canasta básica. ¿A que se refiere Yasky con «jornada simple»? Simplemente a lo mismo que afirmó el gobernador Solá-Romero-Sobich etc. cuando argumentan a favor de la miseria salarial a la que nos someten: «que más quieren los maestros, por 4 horas de trabajo». Hugo Yasky debe saber que la jornada de trabajo docente no es simple ni de 4 horas. Con este tipo de declaraciones no hace más que despreciar el trabajo del maestro, de la misma forma que desde hace años los burgueses de todo tipo y pelaje lo han despreciado. Yasky se ha sumado a los corifeos antieducativos. Defendió las leyes de destrucción de la educación pública, defiende el pago en negro a los docentes, ahora discute sobre nuestra jornada de trabajo… ya muchos, antes que él, hicieron lo mismo y así les fue.
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Daniel Cadabón es Delegado de base- Suteba La Plata