¿Quién se ocupa de nuestra memoria?

Lo que algunos definen como el caso más «escandaloso» de injusticia en el México contemporáneo, representa sólo una muestra que fácilmente define el sistema de impunidad vigente en nuestro país cuyos mecanismos intentan enterrar en el olvido una concatenación de desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, homicidios y actos de corrupción, hasta la fecha sin esclarecer.

A un año de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el caso ha dado la vuelta al mundo en medio de versiones encontradas respecto a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, evidenciando con ello severas irregularidades y omisiones en las investigaciones.

Nos faltan 43 y muchos más. También nos falta memoria. No para cargar a cuestas con el saldo de la impericia del gobierno mexicano, sino para restituir nuestra voluntad y capacidad de exigir que los mecanismos de justicia sean efectivos y fiables. Basta de criminalizar a las víctimas de la violencia, pero sobre todo, basta de querer negar lo evidente sumergiendo nuestras miserias en el olvido.

Carmen Hertz, abogada de derechos humanos apela a esa necesidad cuando expresa que: «la justicia es imperativa y necesaria para modelar nuestro presente y futuro como sociedad, ya que es la principal fuente que fija la memoria de los pueblos y sin memoria colectiva no es posible la reconstrución ética y política de una sociedad que experimenta en su seno el Terrorismo de Estado.»

En su réplica al discurso de Rigoberta Menchú quien fue «invitada» al país para exhortar a los mexicanos al voto, la estudiante Ana Yamileth Gatica fue tajante:»no podemos seguir pidiendo un minuto de silencio por los desaparecidos, porque un minuto de silencio por cada desaparecido y por cada asesinado en nuestro país y en nuestro estado, es quedarnos callados eternamente.» Es por ello que invoco a la memoria histórica y colectiva a través de la recapitulación de algunos hechos que permanecen en la agenda de asuntos pendientes, una larga lista que nos obliga a no conformarnos con la obtusa intención del gobierno de acotarlos a hechos aislados vinculados con el crímen organizado, la ignorancia o la mala fortuna:

Explosiones de Guadalajara (marzo de 1983), a 23 años de la tragedia, se estima que la cifra oficial de muertos que es de 211, ascendería de manera extraoficial a 3 mil o más. Enrique Dau Flores, entonces presidente municipal, estuvo efímeramente preso, pero fue puesto en libertad 200 días después. Ningún otro cargo gubernamental, ni de Pemex fue juzgado y sentenciado por su responsabilidad en los hechos.

Explosión de trailer en Coahuila, con 25 toneladas de explosivos de la empresa de explosivos Orica y que dejó 28 muertos (algunos medios reportaron hasta 100, meses después), 250 lesionados y un cráter de 30 metros de diámetro (septiembre 2007). Tres años después de la tragedia sólo algunos recibieron indemnizaciones por las secuelas, por la pérdida de familiares o por ambas circunstancias.

Guardería ABC (5/Junio/2009). Incendio de la Guardería ABC en Sonora con un saldo de 46 niños muertos y 106 heridos. Los padres de las víctimas aún exigen dirimir responsabilidades. A seis años de la tragedia, las investigaciones coordinadas por los padres de los 46 niños quemados, aseguran que el incendio fue provocado y que los responsables siguen sin ser imputados. Tras las averiguaciones, 25 personas han sido procesadas, pero ninguna se encuentra en prisión.

Derrame en el Golfo de México, el más importante de la historia (20 de abril de 2010), tras el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon, propiedad de British Petroleum. Durante el accidente murieron once operarios y durante las seis semanas posteriores se derramaron unos 76 millones de litros de crudo. El accidente es considerado uno de los más graves de la historia, causando daños a los ecosistemas hasta en 22 kilómetros a la redonda y en unos mil 800 metros de profundidad.

Las fosas de San Fernando Tamaulipas (agosto de 2010). Fueron hallados 72 cadáveres en una fosa ubicada en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, todos ellos inmigrantes. El crimen se atribuyó al cártel de los Zetas. A este hallazgo le sucedieron otros de fosas comunes mucho más numerosas. Se trata de 193 cuerpos encontrados en 47 fosas clandestinas desde entonces. El gobierno mexicano ha mantenido un secretismo casi absoluto acerca de las pruebas de estos asesinatos, además de que se presume la complicidad entre las fuerzas de seguridad locales y el citado cártel.

Fosas de Guerrero (30 de septiembre de 2010). Veinte turistas michoacanos que realizaban un viaje a las costas del sureste mexicano, fueron secuestrados por un grupo armado, quedando a salvo dos de sus compañeros quienes interpusieron la denuncia. El 6 de noviembre de 2010 sus cadáveres fueron encontrados en una fosa clandestina en Tuncingo, Guerrero, donde había 18 cuerpos identificados como los turistas desaparecidos. Las autoridades atribuyeron las circunstancias de su secuestro y asesinato a una venganza relacionada con la delincuencia organizada, ya que supuestamente los turistas fueron confundidos con miembros del cártel La Familia Michoacana. En los últimos siete años no ha sido emitida ninguna sentencia condenatoria por secuestro en el estado de Guerrero, pese a que se trata de un delito que está a la orden del día.

Motín en el Penal de La Pila, en San Luis Potosí, el 27 de abril de 2013 (video recientemente difundido). En aquel entonces se informó que se había tratado de un enfrentamiento entre miembros de distintos cárteles. El saldo fue de 13 reos muertos y al menos 87 heridos, 22 de ellos graves. Durante dos años se había especulado acerca de la actuación de los funcionarios de prisiones hasta la reciente difusión del video en junio de 2015, donde se ve a los guardias impasibles, y posteriormente se ve cómo se van acumulando en una de las salas de la prisión los cuerpos de los muertos y los heridos. Las circunstancias del motín siguen sin esclarecerse. En los últimos años se han registrado por lo menos 10 motines con muertos y heridos, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas para controlar la sobrepoblación, ni para extremar las medidas de seguridad dada la presencia de delincuentes de alta peligrosidad en este penal.

Verano de 2014. Alerta por la aparición de unas 4 toneladas de peces muertos en la laguna de Cajititlán, Jalisco, por acumulación de residuos que reducen el oxigeno. Las imágenes hablan por si solas del daño ecológico en la región.

Agosto de 2014, un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el río Sonora, deja sin suministro de agua a 20 mil personas por un derrame ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México 3, una de las más grandes del mundo. A la fecha se tiene un registro de unas 500 personas con daños a la salud por el agua contaminada. No se ha imputado ninguna responsabilidad penal sobre el hecho.

Zamora, Michoacán (15 de julio de 2014). La PGR interviene en un operativo para cerrar el Albergue «La Gran Familia» tras comprobarse que los 596 niños vivían hacinados, entre plagas, desnutridos y alimentándose de comida podrida, y que algunos de ellos sufrían abusos sexuales, a pesar de los cuantiosos fondos que año con año se canalizaban al mantenimiento del sitio administrado por Rosa Verduzco durante 60 años. Rosa Verduzco fue liberada de los cargos por «demencia senil», mientras que los seis miembros del personal administrativo fueron procesados y llevados a prisión. El cuidado de los niños fue conferido a distintos albergues y orfanatos gestionados por el DIF. Un mes después se difundió la noticia del suicidio de 4 de los menores rescatados.

Tlatlaya, Edomex (30 de junio de 2014). No fue hasta octubre cuando se puso en cuestión la acción del ejército, donde los militares serían responsables de la ejecución de 22 presuntos delincuentes. La escena del ataque fue alterada, y según un informe de la CNDH se comprobó que 12 de las 22 personas que fueron encontradas en la escena del crimen, fueron ejecutadas. Los ocho militares que intervinieron en la masacre, están presos, aunque no hay garantía alguna de que lleguen a ser procesados y condenados por homicidio, o bien que se cumpla su sentencia en prisión. No se sabe si la averiguación quedará a manos de las autoridades civiles o pasará a fuero militar, aunque la ley circunscribe que los delitos de lesa humanidad sean investigados por la justicia civil.

Ayotzinapa, (septiembre de 2014) Tras los hechos violentos en el que perdieron la vida 6 personas, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero fueron desaparecidos tras un «supuesto enfrentamiento» con la policía local. (27 septiembre 2014). El crimen de Iguala trascendió las fronteras internacionales sin que hasta la fecha se haya revelado el paradero de los estudiantes.

Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa (enero 2015). Explosión de una pipa de la compañía Gas Express en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa Edomex con un saldo de 3 muertos y 73 heridos, entre ellos 22 recién nacidos. La misma empresa ha registrado 8 incidentes, y se ha demostrado que incumple las medidas de seguridad, sin embargo, continúa operando. Tres meses después la empresa fue exhonerada, tras llegar a un acuerdo de reparación de daños.

Veracruz, a un día de las elecciones un comando de encapuchados atacó con machetes y bates de béisbol a ocho activistas de la Universidad Veracruzana. Los familiares acusan que un comando paramilitar estuvo detrás del brutal ataque. No se ha esclarecido el ataque, aunque se señala como principal responsable al gobernador de Veracruz, Javier Duarte y su política de represión.

San Quintín (2015) Jornaleros del valle de San Quintín, en Baja California, protestan por las condiciones extremas de explotación laboral. En mayo de este año los jornaleros realizaron un paro de labores y bloqueos en exigencia de su inscripción en el IMSS y recibir 200 pesos de paga al día. Las protestas fueron reprimidas el 9 de mayo, con un saldo de 70 heridos.

Apatzingán, la policía federal ejecuta dos masacres la madrugada y la mañana del 6 de enero de 2015, durante el supuesto desalojo de las fuerzas rurales que ocupaban la sede de la Presidencia Municipal, para exigir el cese de la incursión de los templarios en la región. Transcurridos cuatro meses del ataque, la investigación de la periodista Laura Castellanos apunta a un crimen de lesa humanidad de las fuerzas federales contra civiles desarmados ya que, según demuestran los peritajes y testimonios, las víctimas fueron ejecutadas.

Tanhuato, en un supuesto enfrentamiento con las fuerzas federales, murieron 42 civiles que se encontraban en un predio denominado «Rancho del Sol», en hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015. Se les vinculó con el cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo no se revelaron los nombres, ni las edades de las personas fallecidas, ni los pormenores del «operativo». La fiscalía estatal terminó con las diligencias y el caso fue cerrado.

Crimen de la colonia Narvarte. El 31 de julio de 2015 fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, Alejandra Negrete, la activista Nadia Vera, Yesenia Quiroz, y Mile Virginia Martin, ésta última de origen colombiano. Los cuerpos de las víctimas aparecieron en un apartamento de la colonia Narvarte, en el Distrito Federal con signos de tortura.

Mientras tanto, Raúl Salinas es liberado y exonerado de los cargos de homicidio y lavado de dinero, Elba Esther Gordillo ¿desaparece? del mapa político, los Sahagún permanecen envueltos en casos de corrupción, sale en libertad Caro Quintero, exoneran a ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz por las violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2006, Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila aparece en la lista Forbes de los más corruptos, al lado de nueve políticos y empresarios mexicanos más, en tanto, sigue siendo un secreto a voces los vínculos del ex gobernador de Michoacán Leonel Godoy y su hermano con el narco, sin que se les haya imputado responsabilidad alguna.

Y como era de esperarse, la lista de presos políticos aumenta sin certezas sobre las condiciones de los procesos. Tal es el caso de la comandanta Nestora Salgado en Guerrero o el exlíder de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles.

Ni qué decir de los casos de feminicidios, trata de blancas y robo de menores que ensanchan cada vez más las estadísticas a lo largo y ancho de la geografía mexicana, aunque en apariencia dormitan en el inconsciente colectivo.

Informaciones relacionadas: https://ahuanda.wordpress.com/2014/08/24/quien-se-ocupa-de-nuestra-memoria-i-parte/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.