La situación de ingobernabilidad en Bolivia se hace cada día más dramática avivada por la actitud de seis de los nueve prefectos del país que, junto a Podemos -partido del expresidente Tuto Quiroga-, encabezan la bandera política del intento de secesión del país, mientras diferentes movimientos cívicos junto a sectores del estudiantado más reaccionario se […]
La situación de ingobernabilidad en Bolivia se hace cada día más dramática avivada por la actitud de seis de los nueve prefectos del país que, junto a Podemos -partido del expresidente Tuto Quiroga-, encabezan la bandera política del intento de secesión del país, mientras diferentes movimientos cívicos junto a sectores del estudiantado más reaccionario se han convertido en las fuerzas de choque de la estrategia de beligerancia a tal fin.
La estrategia de unos y otros, demasiado bien elaborada como para poderle atribuir su autoría a quienes acreditan un historial de tanta torpeza política, parece tener el sello indeleble y oscuro de quien trabajó en la embajada de Estados Unidos en Bosnia durante el periodo más crudo del enfrentamiento civil que asoló la región; que, de ahí, pasó a la embajada de Kosovo y que ahora -¡casualidades de la vida!-, ocupa la titularidad de la embajada estadounidense en Bolivia y es todo un especialista en países escindidos, cuando no en escindirlos, el señor Philip Goldberg. No hace falta tener mucho olfato político ni una intuición muy desarrollada para saber por dónde van los tiros -con perdón de la expresión- de lo que puede ser el futuro inmediato de lo que hasta hoy es Bolivia y que dentro de unos meses quién sabe qué puede ser como no se le ponga un freno decidido a la dinámica explosiva a la que está siendo conducido el país.
Los frentes de conflicto que se encuentran abiertos por la oposición en estos momento son varios y cada cual más peliagudo. En primer lugar, la reivindicación de la capitalidad plena para Sucre que bien pudiera parecer parcialmente solucionada en el recién aprobado texto constitucional pero que ya veremos cuánto tarda en reactivarse si la oposición estima que el conflicto puede seguir dando de sí. En segundo lugar, el recorte en el porcentaje del Impuesto Directo sobre Hidrocarburos (IDH) percibido por los departamentos y que ahora se transfiere hacia el gobierno para que pueda financiar una mejora en las pensiones de jubilación de los bolivianos, la denominada Renta Dignidad. Y, por último, la aprobación definitiva por parte de la Asamblea Constituyente del texto constitucional propuesto por el MAS y consensuado, salvo en un único artículo, con nueve grupos políticos más y superando, tal y como la derecha exigía, una mayoría cualificada de dos tercios de constituyentes.
Entrar al detalle del origen de estos conflictos y los que se juega en cada uno de ellos escapa de la intención de este artículo. En cualquier caso, hay que advertir que los mismos se han ido introduciendo progresivamente en la escena política, con diversos grados de intensidad en el componente de violencia con el que las reivindicaciones eran escenificadas y de una forma acumulativa conforme se acercaba el momento en el que la oposición percibía que la Asamblea Constituyente iba a concluir su trabajo y a presentar al pueblo boliviano una nueva Constitución política del Estado. Y, hasta tal punto eso les ponía nervioso, que el líder de Podemos, Tuto Quiroga, ya ha advertido que no aceptan la nueva Constitución (calificándola, con un mal gusto impropio de su exquisita educación universitaria estadounidense, de «papel higiénico usado») y que bloqueará en el Senado los trámites necesarios para someterla a referendo popular y que pueda ser aprobada por el pueblo.
Y todo ello envuelto en una escenografía que si no fuera por lo que tiene de trágico sería más propio de la mejor de las comedias y que como tal habrá que contemplarla cuando el sosiego y el tiempo permitan una mirada más distante sobre estas últimas semanas de la historia de Bolivia.
Baste pensar en esos prefectos que, al tiempo que acuden ante la OEA para denunciar los presuntos atropellos del gobierno de Evo Morales a la democracia en Bolivia reclaman a las Fuerzas Armadas que den un golpe de Estado y recompongan la normalidad democrática. O que después de ver cómo la Constitución Política del Estado era aprobada por la mayoría cualificada de dos tercios que ellos exigían, ahora dicen que no la aceptan y que aplicarán de hecho la autonomía en sus departamentos. Podían haber empezado diciendo que no iban a aceptar ninguna constitución que saliera de esa Asamblea Constituyente y se hubiera ahorrado mucho tiempo perdido en discusiones sobre cómo aprobar lo que no querían aprobar.
O en esos orondos oligarcas y miembros de «comités cívicos» que han decidido iniciar una huelga de hambre en protesta por esos mismos «atropellos», apropiándose del recurso de protesta tradicional de los pobres, de quienes no tienen otra cosa que ofrecer en sacrificio por la defensa de sus causas que su propia vida, desnaturalizándolo y convirtiéndolo en una pantomima cínica en un país en el que la gente sigue muriendo de hambre porque no tiene qué comer.
O en esas demandas de autonomía que tratan de justificarse en argumentos históricos que se remontan a tiempos de luchas heroicas -como los que han envuelto, por ejemplo, las demandas de la capitalidad para Sucre- y que, ahora, basta con la aparición de un riquísimo yacimiento de gas en el departamento de Chuquisaca para que desvelen su verdadera naturaleza: al día siguiente del anuncio del descubrimiento del campo de gas, el prefecto de turno se lanzaba ávido a solicitar los trámites necesarios para recoger las firmas que le permitan convocar un referendo para demandar autonomía para el departamento cuando la mayor parte de la población votó en contra de la misma en la consulta sobre esa cuestión celebrado en julio de 2006.
Lo cierto es que provocarían auténticas carcajadas si no fuera porque de la confluencia de tanto descerebrado junto no puede esperarse sino el peor de los desenlaces para esta tragicomedia en la que han sumido a la sociedad boliviana.
Por si no eran pocos referendos, uno más
Para intentar escapar de este callejón sin salida, al presidente Morales no se le ha ocurrido mejor solución que tratar de que sea el pueblo el que dirima el conflicto mediante la convocatoria de un referendo revocatorio que no estaba previsto en las leyes bolivianas aunque la nueva Constitución sí lo contempla. A él se someterían tanto su persona como los prefectos y, para el caso de aquellos que obtuvieran en su circunscripción un número de votos inferior al que consiguieron originalmente, cuando fueron elegidos para el cargo, se convocaría a elecciones generales o, en el caso de los departamentos, se nombraría un prefecto interino en tanto se convocan nuevas elecciones.
Se trata, en definitiva, de que el pueblo decida quién es más demócrata, si los prefectos díscolos o el presidente de la República y, de serle renovada a este último la confianza, que se le reconociera su legitimidad para continuar con el proceso de cambio del país que trata de llevar a cabo. A partir de ahí, y en opinión de Morales, debería quedar zanjado un conflicto que, al parecer, es imposible de cerrar por otros medios y que encontraría entonces en el pueblo a su árbitro último.
Sin embargo, la estrategia planteada por Morales no deja de ser tan ingenua como inoportuna.
Inoportuna porque se produce cuando en el horizonte existen ya varias citas electorales previstas a lo largo del próximo año. Ésta sólo viene a perturbar en mayor medida, aún si cabe, la convulsa vida política del país y la dificultosa gestión del gobierno añadiendo un nuevo periodo electoral a la escena inmediata con lo que de alteración de la normalidad política ello supone.
En efecto, con la nueva Constitución Política del Estado recién aprobada en Oruro, deberá celebrarse un «referendo dirimidor» para decidir qué redacción del artículo referido al latifundio debe incorporarse al nuevo texto constitucional. A tal efecto, de aquí a cuatro meses deberá tener lugar el referido referendo.
Una vez celebrado éste y trasladado al texto constitucional la redacción que el pueblo haya considerado más apropiada para ese artículo, deberá celebrarse otro referendo para la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado.
Y, de entrar en vigor la misma, es de esperar que se convoquen seguidamente elecciones para todos los niveles de gobierno, incluido el presidencial, de tal forma que los nuevos cargos electos lo sean a partir de y sometidos a las nuevas reglas que regirán el país en los próximos años y que se contienen en la Constitución recién aprobada.
¿Qué sentido tiene entonces añadir un proceso electoral más a este ya de por sí abigarrado calendario de consultas populares de diferente naturaleza cuando en el horizonte inmediato se avecinan unas elecciones generales para todos y cada uno de los cargos sometidos a elección?
Todo ello tan sólo va en desmedro de la acción de gobierno, de la mínima estabilidad política que exige la actividad de gobernar; añadiendo incertidumbre electoral a la ya de por sí débil estabilidad institucional y a las dificultades cotidianas que debe enfrentar el presidente Morales para tratar de transformar la difícil realidad diaria de la gran mayoría de los bolivianos.
Mucho que perder poco que ganar
Pero, además, la propuesta es muy ingenua políticamente, lo que no deja de sorprender dado el clima de agresividad política y de violencia en el que se está desenvolviendo la campaña de desestabilización del país por parte de la derecha más reaccionaria y el talante demostrado por ésta y que, por lo tanto, exigirían respuestas más contundentes.
De entrada, porque lo primero que hicieron una parte de los prefectos interpelados fue negarse a participar, esto es, la más lógica de las respuestas cuando a estas alturas no tienen que demostrar a nadie su talante democrático porque no sólo carecen completamente de él sino que también muestran una absoluta falta de respeto a la institucionalidad democrática vigente y a sus representantes. Es por ello que la lucha para la aprobación de la ley en el Senado, en donde el MAS no tiene la mayoría necesaria para aprobarla, puede acabar con la retirada de la ley, su desnaturalización o en un híbrido en el que, por ejemplo, no sea obligatorio para los prefectos someterse a dicho referendo y, al final, sólo se someta el presidente y algún prefecto de su cuerda política.
A este hecho se añade el que aunque previsiblemente permitiría recuperar las prefecturas de La Paz y, sobre todo, de Cochabamba de las manos del díscolo Reyes Villa, casi con toda seguridad daría lugar a la pérdida de Chuquisaca, tras los acontecimientos acaecidos en Sucre y el cierre en falso de la cuestión de la capitalidad que volvería a ser utilizada como argumento político en contra del gobierno. Con lo cual, si tan sólo fueran esos los resultados, la lectura que haría la oposición sería de debilitamiento del gobierno y se produciría el alineamiento de una prefectura más con sus intereses.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que las posibilidades de revocar los mandatos de los prefectos en donde radica la resistencia más dura contra Morales son mínimas. De esa forma, el resultado del referendo sería, más que revocatorio, confirmatorio de sus mandatos y la lectura, en este caso, se haría en términos de refuerzo popular de sus posiciones.
Y, finalmente, no debe desestimarse que las posibilidades de que se reduzca el número de votos o el porcentaje de votantes a favor del presidente Morales -simplemente porque la abstención fuera mayor- son muy elevadas y constituyen la consecuencia lógica del desgaste derivado de una no muy exitosa gestión gubernamental durante estos dos años -producto, en gran parte y sería injusto no reconocerlo así, de las cortapisas y frenos impuestos por la oposición. Con lo cual, aun ganando el revocatorio y siendo confirmado en su cargo, la interpretación que haría la oposición sería, nuevamente, de debilitamiento afectando, ahora, a la máxima autoridad del Estado.
La resultante final no es, por lo tanto, muy generosa con la estrategia: en casi todos los escenarios, la oposición lo tendrá muy fácil para capitalizar los resultados del referendo a su favor y éste se habrá convertido en un arma de doble filo contra el gobierno.
Es ese riesgo el que creemos que no se ha ponderado lo suficiente al optar por esta vía para tratar de salir del bucle de ingobernabilidad que domina el país.
Un referendo que, por otra parte, al no estar recogido en la actual Constitución boliviana ni en la legislación no deja de ser una medida excepcional para tiempos excepcionales y que podía haberse resuelto de una forma más convencional como es la que la derecha siempre ha entendido porque es la que siempre ha empleado: la aplicación estricta de la ley en todo el territorio nacional, incluido el recurso a la fuerza o los estados de excepción cuando la situación así lo requiriera.
No puede tolerarse en un Estado de Derecho el permanente llamamiento a la desobediencia civil, el desconocimiento de las leyes del Estado, las manifestaciones violentas, el vandalismo contra las instituciones oficiales, los anuncios por anticipado de que esos asaltos van a producirse y a continuar en el tiempo y tantas tropelías que se vienen cometiendo para generar un clima de ingobernabilidad que gobiernos anteriores nunca toleraron contra quienes ahora tratan de arropar al presidente Morales y su gestión de gobierno.
Aquellas revueltas legítimas contra un orden político manifiestamente injusto y excluyente tuvieron un alto coste en términos de vidas humanas dada la brutalidad de la represión policial que demostró, por ejemplo, quien ahora se autoproclama garante de la democracia, Tuto Quiroga. Las de ahora sólo son el producto de la avaricia, del racismo, de la soberbia y la prepotencia, de la incapacidad para reconocer la diversidad cultural y étnica de Bolivia, de la falta de solidaridad y el desprecio hacia quienes menos tienen por parte de los que siempre lo han tenido todo.
Es por ello que la solución de esta situación no pasa porque el presidente Morales refrende su condición de demócrata en un nuevo plebiscito ni mida la misma con quienes en el ejercicio diario de sus funciones se revelan como profundamente antidemócratas. Entre otras cosas, porque no debe olvidarse que el pueblo boliviano tiene una tradición de lucha y una capacidad para hacer caer gobiernos difícilmente parangonables en el mundo. Si Morales sigue en el cargo es, simplemente, porque el pueblo boliviano así lo quiere.
La solución pasa, entonces, porque se dedique a lo que ese pueblo le encomendó que hiciera hace dos años: gobernar. Ni más ni menos.
Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga.