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Rafael Correa y Julian Assange: unidos por el mismo adversario

Fuentes: Rebelión

A pesar de que ciertas voces manifiestan su asombro, nada tiene de sorprendente que el gobierno ecuatoriano le haya concedido asilo político a Julian Assange. Ambos se enfrentan al mismo adversario: los consorcios mediáticos (y sus aliados ideológicos). A partir de la década de los ’80 se inicia en el mundo entero un acelerado proceso […]

A pesar de que ciertas voces manifiestan su asombro, nada tiene de sorprendente que el gobierno ecuatoriano le haya concedido asilo político a Julian Assange. Ambos se enfrentan al mismo adversario: los consorcios mediáticos (y sus aliados ideológicos).

A partir de la década de los ’80 se inicia en el mundo entero un acelerado proceso de concentración de la propiedad de los medios. Fue una tendencia mundial, homogénea, poderosa y vertiginosa que avanzó rápidamente con masivas fusiones y adquisiciones. Afectó tanta a democracias consolidadas, por ejemplo, la de Italia, como a las nacientes, como la chilena. En ese contexto, es interesante constatar que tanto para los países que en los ’80 se liberaban de dictaduras militares en América Latina, como para los que en Europa del Este se liberaban de las dictaduras comunistas, la nueva democracia trajo consigo la concentración de medios, fundamentalmente en forma de oligopolios, y no la diversidad y pluralidad que muchos esperaban.

Esta concentración se consolidó a pesar de las legislaciones antimonopólicas, las que demostraron ser ineficaces y meros adornos frente al poder económico. Sudamérica no escapó a esta tendencia y hoy exhibe una industria mediática altamente concentrada, de lo cual dan cuenta una serie de investigaciones. Ello no sólo afecta la estructura de propiedad al quedar muchos medios en pocas manos. También incide en el contenido y en los menajes de esos medios. Múltiples estudios demuestran que actualmente existe poca diversidad y escasa pluralidad de discursos, por el contrario, lo común suelen ser puntos de vista muy similares en la elaboración de los discursos que los grandes consorcios mediáticos ponen en circulación, es lo que se conoce como «cierre discursivo».

Pero en relación con esta concentración, hay una diferencia entre Sudamérica y lo que ocurre en el resto del mundo: ésta es la única parte del planeta en la que actualmente se están pensando, discutiendo y tomado una serie de medidas para detener y revertir la concentración mediática, iniciativas que provienen tanto de la sociedad civil como de la política. Es ahí donde Julian Assange y Rafael Correa comienzan a encontarse.

Efectivamente, hoy la mayoría de los Estados y congresos de los países del subcontinente se encuentran discutiendo y revisando sus leyes de medios con dos fines: desconcentrar el campo mediático y permitir el ingreso de nuevos actores y nuevas voces al mismo, modificando las barreras de entrada.

Tanto en Venezuela, Argentina, Uruguay y Bolivia ya se aprobaron nuevas leyes de medios que fueron ampliamente discutidas en la sociedad civil y en las instancias legislativas. En Uruguay, por ejemplo, se promulgó el 2008 la Ley de Medios Comunitarios que otorga reconocimiento legal a los medios comunitarios. En Venezuela ocurrió lo mismo con la Ley Orgánica de Telecomunicación (2000) y el Reglamento de Radiodifusión Sonora y TV Abierta Comunitaria (2002) que, como en Uruguay, legaliza la comunicación comunitaria . El año 2009 se votó en el senado argentino la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En agosto de 2011, en tanto, el Presidente Evo Morales promulgó la Ley General de Telecomunicaciones.

En abril de 2011, el presidente Rafael Correa convocó a un referéndum nacional, tres de un total de 14 preguntas se relacionaban directamente con la industria mediática. Una de ellas (que como todas las demás fue aprobada mayoritariamente por la ciudadanía) proponía prohibir que grupos financieros (específicamente la banca) pudieran ser dueños de medios de comunicación. Y en abril de 2012, luego de largos debates y centenares de observaciones realizadas por diferentes actores de la sociedad civil, ingresó a la Asamblea Nacional de Ecuador el Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, para reemplazar a la anterior ley vigente desde 1975. Previamente se llevaron a cabo durante tres años foros sociales a lo largo de Ecuador en los cuales diversos actores sociales participaron activamente; se realizaron en ese período más de 600 observaciones y propuestas ciudadanas que el proyecto de ley recoge. Algo similar ocurrió en Argentina, el año 2004 se creó la Coalición por una Radiodifusión Democrática, organización integrada por movimientos sociales y universidades públicas, ellos plantearon los «21 puntos para una difusión democrática» que fue la base del proyecto de ley que después envió el gobierno de la presidenta Cristina Fernández al Congreso. Al igual que en Ecuador, también en Argentina se realizó un proceso nacional de discusión acerca de la ley durante el cual se recibieron más de mil trescientas propuestas. En Uruguay, en tanto, las bases del proyecto de Ley de Medios Comunitarios fueron elaboradas el 2005 por organizaciones de la sociedad civil y académicas. Éstas redactaron un proyecto sobre radiodifusión comunitaria y lograron que los diputados del gobierno lo presentaran en el parlamento.

Todas estas iniciativas legales reconocen explícitamente tres diferentes tipos de propiedad en relación con los medios de comunicación: medios públicos, medios privados y medios comunitarios. Además, contemplan una distribución equitativa de las frecuencias reservándose en partes iguales un 33.3% del espacio a los medios públicos, a los privados y a los comunitarios. El caso boliviano es ligeramente distinto. Coherente con el carácter plurinacional del Estado con el cual la nueva constitución política define a Bolivia (aprobada el 2009 con el 62% de los votos), la Ley de Telecomunicaciones distribuye las licencias para radio y televisión en hasta un 33% para medios públicos, 33% para medios comerciales, 17% para medios comunitarios y 17% para «pueblos indígenas, originario campesino».

En ese sentido, podemos hablar de un interesante alineamiento en las políticas de comunicación entre varios países del MERCOSUR (con la excepción de Colombia y Chile) que reaccionan explícitamente contra la expansión de los intereses de las corporaciones sobre lo público, involucrando a la ciudadanía en la discusión acerca de la comunicación y los medios, dinámicas que van claramente en un sentido contrario a lo que acontece en el resto del mundo.

Y aquí se encuentran Assange y Rafael Correa porque mientras el presidente ecuatoriano pone límites al poder económico sobre los medios y cuestiona a las corporaciones mediáticas, Julian Assange hace lo que los grandes medios y sus periodistas dejaron de hacer desde que dependen de esas corporaciones: cuestionar y desafiar en serio al poder develando información(que no ha sido desmentida) que es mantenida secreta y respecto de la cual se ha mentido a la opinión pública en reiteradas ocasiones, justamente a través de los medios corporativos.

De este modo, más allá de los slogans ideológicos que se repiten acríticamente, el presidente Rafael Correa (al igual que otros presidentes sudamericanos) está democratizando las comunicaciones, involucrando en ello a amplios sectores de la sociedad civil y política, y Julian Assange ha democratizado las informaciones con Weakyleaks, seduciendo a millones de personas aburridas de escuchar y leer siempre lo mismo de parte de las grandes cadenas informativas.

Ambos tienen otra cosa en común: con sus acciones han involucrado a la ciudadanía en el debate acerca del rol de los medios y de la comunicación en las democracias capitalistas.

* Pedro Santander Molina es Periodista y Académico Univ. Catolica de Valparaiso

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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