El asesinato de Efraín Calderón Lara «El Charras» y el movimiento Obrero-Popular que se desarrolla en Yucatán en 1973-74 han logrado permanecer en la memoria colectiva a pesar de la negación gubernamental y su exclusión en la historia oficial que se enseña y difunde al servicio de los poderosos. Sin embargo, son muchos los capítulos […]
El asesinato de Efraín Calderón Lara «El Charras» y el movimiento Obrero-Popular que se desarrolla en Yucatán en 1973-74 han logrado permanecer en la memoria colectiva a pesar de la negación gubernamental y su exclusión en la historia oficial que se enseña y difunde al servicio de los poderosos.
Sin embargo, son muchos los capítulos de la Guerra Sucia en México que hasta el día de hoy permanecen ocultos. Uno de ellos que se desarrolla paralelo al asesinato de «El Charras», es el concerniente a Raúl Enrique Pérez Gasque (a) «Alonso».
Oriundo de Mérida Yucatán, nació el 8 de noviembre de 1947. Estudio la preparatoria en la Universidad de Yucatán (UDY) junto a Efraín Calderón Lara y otros destacados luchadores sociales e intelectuales yucatecos. Durante su juventud despertó a la participación política, dando sus primeros pasos en la oficialía mayor de la Sociedad de Alumnos de la preparatoria. Posteriormente realizó trabajo comunitario en varias poblaciones cercanas a Mérida y apoyó el movimiento estudiantil de 1968.
Al recrudecerse la represión del gobierno contra el movimiento estudiantil sacrificó su «vida normal» al pasar a la clandestinidad e incorporarse al Ejercito Insurgente Mexicano. Tiempo después fue parte de la fundación de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN). Participó en el núcleo guerrillero Emiliano Zapata, entró en combate con las fuerzas represivas del Estado en varias ocasiones. Realizó trabajo de inteligencia en la cañadas de Chiapas para los insurgentes, fue descubierto por el gobierno durante la Operación Diamante en 1974.
Fue detenido por ejidatarios y entregado al ejército el 21 de marzo de 1974 en Ocosingo Chiapas, inmediatamente fue trasladado al Campo Militar Nº 1 en la capital del país, donde permaneció detenido en manos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) hasta el 9 de abril del mismo año, se conserva como evidencia una declaración que realizó. Desde esa fecha su destino junto al de su esposa Elisa Sáenz Garza (a) «Murcia» (con quien fue detenido) permanece oculto.
La evidencia de las torturas y asesinatos realizados por los gobiernos a innumerables casos de luchadores sociales no permite suponer que su destino fuera diferente. Apenas en el año de 2001 la CNDH reconoció su desaparición forzada, quedando aún muchos aspectos por aclarar. Es una víctima más de la Guerra Sucia que han desarrollado los gobiernos mexicanos desde los años sesenta en contra de todo movimiento o persona que se rebela y organiza para luchar contra cualquier injusticia.
El esclarecimiento de éste y todos los crímenes que se han cometido en la Guerra Sucia es necesario para comenzar a establecer la justicia en el país y recuperar la memoria histórica que los poderosos pretenden robarnos. Transitar de la injusticia y la desigualdad a un orden social igualitario y justo es el deber que nos ocupa en el presente.