Si la política fuera sólo racionalidad, Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) habría respaldado, casi sin excepciones, las políticas de Carlos Mesa, quien, en días previos al 17 de octubre de 2003, abandonó a su amigo, por discrepar de su política genocida, para ocupar la Presidencia de la República. Acto seguido, GSL emprendió una fuga vergonzosa […]
Si la política fuera sólo racionalidad, Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) habría respaldado, casi sin excepciones, las políticas de Carlos Mesa, quien, en días previos al 17 de octubre de 2003, abandonó a su amigo, por discrepar de su política genocida, para ocupar la Presidencia de la República. Acto seguido, GSL emprendió una fuga vergonzosa a Miami. Desde ese momento, no importaba lo que Mesa hiciera o dejara de hacer. Lo fundamental era pagar al «traidor» con la misma moneda y arrebatarle la ilusión de completar el período presidencial, hasta el 2007. De esta manera, el «gonismo» coadyuvó a que Mesa renunciara también en forma precipitada, aunque sin la fuga al país del norte.
Mesa pudo cambiar su destino dirigiendo al país por caminos diferentes al de su predecesor. Pero, en lugar de ello, ratificó, en su primer acto de gobierno, a Alfonso Revollo Thenier como delegado de Bolivia al Banco Mundial, cargo con el que había sido premiado por GSL, por haber sido el ejecutor de la liquidación de las empresas estratégicas del Estado. Inmediatamente después, el Ministro de la Presidencia, José Antonio Galindo, diputado del MNR, apadrinado por el influyente colaborador de GSL, Carlos Sánchez Berzain, envió al parlamento un proyecto de ley que condonaba impuestos a las petroleras por 89 millones de dólares. El proyecto fue encubierto como un «perdón» de deudas al Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).
Ordenó después la venta de dos de los 24 paquetes en que fueron divididas las acciones de la «capitalización», cuyo 50 % debió beneficiar a los bolivianos. La medida era tan cínica que GSL no se atrevió a dictarla. El 19 de mayo de 2004, dictó el Decreto que disponía la reanudación de ventas de gas a la Argentina a precios «solidarios» con Repsol y Pluspetrol. Los contratos con Argentina, respaldados por el MAS de Evo Morales, que, en teoría, forman parte del decreto, permanecen en secreto hasta hoy día. La falta de transparencia de Mesa también se dio en temas pequeños, como la autorización que dio para que la enamorada de su amigo más cercano, Mario Espinoza Osorio (MEO), trabajara en un consulado de Bolivia en EEUU, sin haber pasado por la Academia Diplomática.
La corrupción «gonista» debió ser frenada por la delegada de lucha anticorrupción, Lupe Cajias, a quien le pareció correcto que los hermanos Kreidler, trabajaran juntos en el gobierno, uno de ellos (Alfonso), como Ministro de Desarrollo Económico, y el otro (José) como Vicepresidente de YPFB y encargado de fiscalizar a las petroleras, después de haber tenido estrechos vínculos comerciales con las mismas. Cajías consiguió donativos por 10 millones de dólares para luchar contra la corrupción, procedentes de gobiernos que amparan a empresas corruptas. El 18 de julio de 2004. Mesa convocó a un referéndum por el gas, financiado por el Banco Mundial y la francesa Total, fruto del cual remitió al Parlamento una «ley corta», redactada por el asesor norteamericano J. Sullivan, a quien pagó 123.000 dólares. Remitió al Parlamento sucesivos proyectos de ley respaldados por las petroleras y logró que el Senado aprobara el Tratado de Inmunidad para las tropas norteamericanas. Quedó frustrado al no lograr que el convenio sea ratificado por los Diputados. El 24 de diciembre del mismo año concedió a las compañías, mediante Decreto que se vio obligado a abrogar, el derecho de propiedad sobre la tierra en la que se hallan sus concesiones.
Su relación con los terratenientes del oriente fue servil y tormentosa. Mientas más concesiones les otorgaba más desprecio recibía. No bastó, por ejemplo, que mediante Decreto 28140, de 17/05/05, avanzara en la privatización de los bosques, ni que descentralizará (Decreto 28148) el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a fin de que la oligarquía tenga el control ilimitado de las tierras del oriente boliviano. Otro Decreto, el 28150, del mismo 17/05/05, arrancó a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), su jurisdicción sobre los yacimientos de hierro ubicados en Santa Cruz, al crear la Empresa Siderúrgica del Mutún, bajo control oligárquico. Sin embargo, nada de lo que Mesa hacía satisfacía al «Comité pro Santa Cruz», que apoyaba a GSL, pese a que este siempre frenó sus exigencias autonomistas. GSL, al controlar el Tribunal Constitucional, anuló las designaciones de Mesa relativas a vacancias en el Poder Judicial y determinó que los contratos petroleros sean autorizados por el Parlamento. Todo con la finalidad de desestabilizar a Mesa frente al poder transnacional. Sin embargo, las compañías no son mal agradecidas con quienes sirven sus intereses y facilitan sus negocios. En este sentido, recordará a Mesa cuando este vuelva a la política.