Reactivan paramilitares en Chiapas

En Chiapas se reactivan grupos paramilitares que -en complicidad con funcionarios federales- reclaman tierras en posesión del EZLN. Entre las acciones de contrainsurgencia destacan cinco incursiones armadas a la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro, el secuestro de tres zapatistas y amenazas y actos intimidatorios en contra de defensores de derechos humanos.

Bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), defensores de derechos humanos e indígenas, luchadores sociales e institutos de investigación asentados en Chiapas, son amenazados e intimidados por grupos de corte paramilitar, como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) y la Unión Regional Campesina Indígena (URCI), antes llamada Paz y Justicia.

Entre las acciones de contrainsurgencia -como califican el general José Francisco Gallardo y el doctor Gilberto López y Rivas a los operativos paramilitares- destacan cinco intrusiones de miembros armados de la URCI, ocurridas entre abril de 2006 y marzo de este año en el poblado Emiliano Zapata, del municipio autónomo Ricardo Flores Magón. Desalojo violento, robos, disparos al aire, golpes y destrucción de sembradíos, son los saldos hasta ahora.

También sobresalen los actos de provocación en contra de bases de apoyo zapatistas, como las detenciones ilegales cometidas por la Opddic en contra de Mariano Silvano Girón, autoridad autónoma del municipio Olga Isabel, y de Jorge García Gómez y Alfredo Cruz Gómez de la comunidad Mojha’, el 22 y 23 de febrero, respectivamente.

Y es justamente la Opddic -organización acusada de perpetrar el desalojo de la comunidad indígena Viejo Velasco Suárez, que el pasado 13 de noviembre cobró la vida de cuatro indígenas y la desaparición de cuatro más- la que también ha intimidado a defensores de derechos humanos y activistas sociales, quienes advierten que los gobiernos de Felipe Calderón y de Juan Sabines mantienen un silencio cómplice.

De diciembre a la fecha, Maderas del Pueblo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Defensa de la Libertad Indígena Xinich y el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, han recibido amenazas escritas; además, sus integrantes han sufrido diversos acosos.

«Entre 2006 y lo que va de 2007 [en Maderas del Pueblo] hemos documentado alrededor de 18 acciones de hostigamiento y amenazas, incluso de allanamientos a organizaciones defensoras de los derechos humanos», expone Miguel Ángel García.

Conflicto agrario, el pretexto

Ernesto Ledesma, coordinador del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), señala que en Chiapas se vive la reactivación de grupos con rasgos paramilitares. «Hay un recrudecimiento del hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas y es una clara disputa por el despojo del territorio y el control del mismo, con todos sus recursos naturales».

Con base en los resultados de cinco investigaciones hechas por académicos del CAPISE, Ledesma advierte que «la Opddic es la parte operativa, pero hay un estrecho vínculo con la Procuraduría Agraria, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y el Ejército Mexicano».

Para los activistas sociales, la relación entre dicha organización y la SRA ha quedado evidenciada: Beltrán Ruiz Chacón, trabajador con licencia y líder local del sindicato de esa dependencia es abogado particular del grupo paramilitar.

Información del CAPISE revela que dicha organización ha despojado mil 600 hectáreas a los zapatistas en el municipio autónomo Olga Isabel, de nombre oficial Chilón, y que mantiene en trámite la supuesta posesión de mil 300 hectáreas más. También pretende adjudicarse 2 mil 200 hectáreas en el municipio Altamirano y aproximadamente mil hectáreas en Ocosingo. «Es un descaro, un despojo pleno y abierto que están haciendo las autoridades federales a través de la Opddic», dice Ledesma.

A pesar de que fue calificado por el gobierno de Vicente Fox como uno de los focos rojos más sensibles en términos de conflictividad agraria, la administración de Felipe Calderón considera que Chiapas es un asunto cerrado.

Alberto Pérez Gasca, director jurídico de la SRA, asegura que la administración pasada atendió y dio por concluido el problema agrario en la zona de Montes Azules, donde se identificaban 54 conflictos.

«En febrero se publicaron los decretos expropiatorios que faltaban para cerrar el paquete de conflictos de la comunidad. Para el gobierno este punto está cerrado. Sí hemos sabido de algunos problemas, que algunos grupos volvieron a invadir, pero desde el proceso de negociación quedó claro que eso sería competencia del gobierno del estado, ellos son los que deben aplicar el estado de derecho.»

Añade que desde el punto de vista agrario el asunto se resolvió por medio de acuerdos conciliatorios y que se aportaron recursos a los grupos para finiquitar las controversias.

Entonces -se le insiste al funcionario- todo Chiapas, incluyendo las zonas zapatistas, es asunto cerrado para la federación. «No en estricto todo lo que significa Chiapas. El problema de la zona zapatista es que deriva en cuestiones de otra índole», reconoce.

Pérez Gasca dice que se ha intentado mantener negociaciones con los zapatistas para regularizar la tierra (indemnizada por la SRA a los dueños originales) a su favor. «Ese punto se sigue atendiendo, pero se requiere que vayan dándose los espacios de negociación y que los propios afiliados a esta organización [EZLN] decidan acogerse a la regularización que el gobierno federal pueda darle a esa tierra».

Enfrentamiento, el riesgo

Aunque con poca actividad, durante la pasada administración de Pablo Salazar las redes de influencia de la Opddic se extendieron a los municipios de Tila y Palenque. «El gancho que está utilizando la Opddic son los títulos de propiedad. Llega con los habitantes de las comunidades, les dice que si quieren tener más tierras se sumen a ellos, pero cuidado si no quieren porque les quitan la tierra en la que están viviendo», explica Ernesto Ledesma.

Para Miguel Ángel García, coordinador de Maderas del Pueblo, más allá de la conflictividad agraria, las acciones de provocación buscan generar un enfrentamiento armado y acabar con el EZLN y los defensores de derechos humanos.

«Sólo así -advierte- quedaría el campo libre para la inversión extranjera. Ellos (los dueños del capital) son quienes han exigido que haya paz social y eso no es más que el aniquilamiento de la oposición.» Para el ambientalista, los recursos naturales estratégicos ubicados en las zonas zapatistas son el principal botín.

De darse la confrontación, agrega, las consecuencias serían muy lamentables. «El EZLN tendría que contestar de manera armada. La diferencia es que la Opddic está disfrazada de organización no gubernamental y el EZLN no: es un grupo armado que tiene firmada una tregua [con el gobierno federal] a través de la Ley de Concordia y Pacificación».

Explica que «si el Ejército Zapatista contesta como grupo armado frente a un grupo de la ‘sociedad civil’, que no se asume como paramilitar, el gobierno va a hacer creer que se trata de un enfrentamiento intercomunitario pero contra un ejército: un grupo civil, la Opddic, va a ser agredido por un ejército armado, el EZLN».

Con un escenario así, es altamente probable que las Fuerzas Armadas apoyen a la «sociedad civil» agredida, dice Miguel Ángel García. «Van a arrasar a un ejército, el EZLN, que violó la tregua. Eso sería muy grave».

En los primeros meses del gobierno de Calderón, de diciembre a marzo, han ocurrido tres de las cinco intrusiones de la URCI al nuevo poblado Emiliano Zapata. El asunto no es menor: los comandos armados de más de 15 hombres se mueven con facilidad por zonas donde abundan retenes militares.

El general brigadier del Ejército Mexicano, con 43 años de servicio, José Francisco Gallardo explica que la guerra de baja intensidad en Chiapas, que incluye la creación de grupos paramilitares, es el resultado de las severas críticas que recibió el Ejército después del levantamiento zapatista, en 1994.

El también candidato a doctor en Administración Pública por la UNAM expone que los grupos paramilitares «es gente civil, armada, adiestrada, equipada y financiada por el Ejército, por los gobiernos federal y estatal. Tienen la misión de provocar un rompimiento de la estructura social; de generar desplazamientos para desarraigarlos de su territorio; prostituir a la base de transmisión de la cultura y la lengua que es la mujer».

SRA y Sabines, cómplices

Además de la venia de los militares, dependencias como la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno de Juan Sabines podrían estar apoyando las actividades paramilitares, denuncian defensores de derechos humanos.

«El hecho de tener el respaldo de dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria nos dice todo. Para nosotros es muy claro: van a intentar darle legalidad a los despojos [de tierra]. La disputa es por el territorio y por los recursos naturales que hay ahí, donde están la comandancia del EZLN y las bases de apoyo», dice Ernesto Ledesma.

«Estábamos sorprendidos de la celeridad con que se resolvían los amparos de la Opddic. En este intento de despojo de las 2 mil hectáreas le dan una celeridad impresionante, pero cómo no se la van a dar si el abogado trabaja en la Secretaría de la Reforma Agraria y es el secretario local del Sindicato de Trabajadores.»

Aunque deslinda a la dependencia, el director jurídico Pérez Gasca confirma la relación entre Beltrán Ruiz Chacón y el grupo de corte paramilitar.

«En efecto, en los Tribunales Agrarios hay constancias formales de que él estuvo actuando como abogado privado de un grupo de personas presuntamente afiliadas a la Opddic, que de suyo viola la ley: él, como funcionario, está impedido para ejercer el derecho para causa propia, y eso es lo que se hizo del conocimiento de la autoridad, porque es un asunto indebido y que esto tiene que ser sancionado justamente.»

El director jurídico de la SRA asegura que «con la organización en particular y a raíz de las actividades de Ruiz Chacón, que violan flagrantemente la ley, la Secretaría se deslinda completamente. Incluso hemos actuado como nos lo marca la norma, hemos denunciado estos hechos ante el Órgano Interno de Control, para que en términos de lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas el servidor público sea sancionado».

Pérez Gasca dice que, para evitar conflictos de intereses y tráfico de influencias similares al de Ruiz Chacón, el secretario Abelardo Escobar Prieto ha aplicado algunos mecanismos de vigilancia exhaustiva a la actividad de los servidores, como hacer del conocimiento de manera inmediata a la Secretaría de la Función Pública o incluso al Ministerio Público federal.

Acepta que, a pesar de tener 64 expedientes de la Opddic identificados con la firma de su trabajador, en este caso no acudieron la ministerio porque lo que marca la ley es que a partir de la investigación que realice el Órgano Interno de Control se derivarán situaciones en las que probablemente se haya cometido algún delito.

Sobre una destitución inmediata tras conocer su actividad como abogado de la Opddic, el director jurídico dice que «la investigación de la Función Pública es la que debe determinar si ha lugar a destituirlo e inhabilitarlo para ejercer cualquier cargo en la administración pública. Nosotros no podíamos en este momento separarlo del cargo porque perdería el carácter de servidor público y la autoridad estaría impedida para actuar».

Al respecto Ernesto Ledesma comenta que el respaldo de la SRA se observa en la expansión que tiene en lugares estratégicos. «Cuando tienes el respaldo de las secretarías de la Defensa y Reforma Agraria, así como de la Procuraduría Agraria, pues tienes tierras y tienes armas».

El investigador indica que «todo aquel que no sea de la Opddic se va a tener que salir, eso es lo que están intentando hacer en el territorio indígena de Chiapas, sobre todo en los municipios de Altamirano, Chilón y Ocosingo. Esos tres municipios son controlados por la Opddic, por el ex gobernador Roberto Albores Guillén, con la venia de Juan Sabines».

EZLN responde

Los riesgos del enfrentamiento entre paramilitares y zapatistas aumentan. En febrero pasado el EZLN reaccionó a las amenazas y hechos intimidatorios: «A la Opddic, al señor Pedro Chulín [líder] y a las autoridades gubernamentales les decimos que estamos preparados y dispuestos a defender a nuestros pueblos y a hacer que se cumplan leyes indígenas que protegen los árboles y la naturaleza de la Selva Lacandona, prohibiendo la tala y el tráfico de maderas preciosas, así como la siembra, el tráfico y el consumo de narcóticos.

«Les decimos que si están dispuestos a reiniciar la guerra con esos medios, aunque disfrazándola de ‘enfrentamiento entre indígenas’, y amparados en las poses militaristas del señor Calderón, nosotros también estamos dispuestos y listos […]

«Con nuestra sangre recuperamos la vida para nuestra madre la tierra, con nuestra sangre la defenderemos. No importa cuántos soldados, policías o paramilitares vengan, cuidaremos la tierra que guarda a nuestros muertos aún a costa de nuestra libertad o de nuestra vida», advirtió entonces el subcomandante Marcos.

Ernesto Ledesma dice que el riesgo es que vaya a haber enfrentamientos, muertos y desaparecidos. «Algo que lo miramos con un alto grado de posibilidad es los desplazados de guerra. No hay que olvidar que en Chiapas hay más de 10 mil desplazados de guerra que hasta la fecha no han podido regresar a sus comunidades».