El paro de 24 horas anunciado por la oposición para el martes 28 de agosto próximo, enfrenta un creciente rechazo en la sociedad boliviana, afirman hoy fuentes gubernamentales. Acusan a oposición en Bolivia por desestabilizar al país La medida es estimada como política por el ejecutivo, pero podría ser acatada en seis departamentos (Pando, Beni, […]
El paro de 24 horas anunciado por la oposición para el martes 28 de agosto próximo, enfrenta un creciente rechazo en la sociedad boliviana, afirman hoy fuentes gubernamentales.
Acusan a oposición en Bolivia por desestabilizar al país La medida es estimada como política por el ejecutivo, pero podría ser acatada en seis departamentos (Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba).
La norma fue adoptada la víspera por la llamada Asamblea de la Cruceñidad, en demanda del traslado a Sucre de la sede del gobierno y el parlamento.
De acuerdo con el vocero presidencial, Alex Contreras, el paro está destinado al fracaso pues se trata una acción político-partidaria y no una demanda de reivindicación cívica.
Detrás de falsos argumentos -subrayó- se esconden intereses de grupos de poder que quieren desestabilizar al país, «pero no lo lograrán porque el proceso de cambio en beneficio de todos los bolivianos es indeclinable».
En Santa Cruz, bastión de los grupos opuestos al ejecutivo, Félix Martínez, uno de las autoridades municipales, aclaró que no acatarán la medida, por considerarla un nuevo pretexto para enfrentar a los bolivianos.
Sentimos todo lo contrario y por eso queremos que nada pueda frenar las sesiones de la Asamblea Constituyente, detenida ahora, pero único espacio democrático donde deberá fundarse la nueva Bolivia, subrayó.
También Ramiro Galindo, de la Central de Pueblos Originarios del Oriente, manifestó que el debate sobre la capital está lejos de resolver los inmensos problemas de pobreza que tiene el país.
Galindo anunció que los indígenas se declararán en estado de emergencia y vigilia hasta tanto la Asamblea no concluya sus sesiones con la entrega antes del 14 de diciembre próximo del proyecto de nueva carta Magna.
En el sureño territorio de Tarija también la medida de protesta es cuestionada por dirigentes de organizaciones sociales.
Según Jorge Blacud, de la directiva de esas agrupaciones, la determinación asumida en Santa cruz fue totalmente unilateral.
Hay personas en Tarija, explicó, como los campesinos, pobladores de la localidad de Bermejo o los maestros rurales que se oponen al paro y abogan por la unidad nacional.
«Espero que las autoridades departamentales no utilicen métodos sucios para obligar a la población a sumarse a la medida de presión», alertó.
Por otra parte, se conoció que el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, inició en la ciudad de Sucre negociaciones con las partes en conflicto, en especial el Comité Interinstitucional.
Albarracín enfatizó en que de ninguna manera se deben seguir permitiendo enfrentamientos violentos entre bolivianos, de ahí el espíritu de fomentar el diálogo como vía de solución al diferendo.