Un dos de octubre de 1968, a las 18.10 de la tarde, en medio de un mitin donde se concentraban 15.000 personas, la casi totalidad estudiantes y profesores universitarios se cometería uno de los crímenes de Estado mas profusamente elaborados del continente. La señal para comenzar la matanza, según los relatos, fue el lanzamiento de […]
Un dos de octubre de 1968, a las 18.10 de la tarde, en medio de un mitin donde se concentraban 15.000 personas, la casi totalidad estudiantes y profesores universitarios se cometería uno de los crímenes de Estado mas profusamente elaborados del continente. La señal para comenzar la matanza, según los relatos, fue el lanzamiento de cuatro bengalas. El ejército apostado estratégicamente cubrió todos los flancos. El uso de ametralladoras y armas de grueso calibre fueron las armas elegidas para acometer la maniobra. El secretario de Defensa, general Gracia Barragán, supervisó, conjuntamente con el Secretario de gobernación, Luis Echeverría las escaramuzas En la acción, participaron un total de cinco mil soldados y su duración se extendió por un tiempo superior a las dos horas. Allí quedaron los cuerpos sin vida de cientos de jóvenes mexicanos.
Otros miles fueron detenidos y evacuados al Campo Militar Número Uno, donde serían vejados y torturados. La cruz Roja no dio abasto. Hasta hoy bailan las cifras de muertos pero del centenar no bajan. Así se reprimía un movimiento universitario que, por primera vez en la historia de México, se enfrentaba a un gobierno cuyo presidente Gustavo Díaz Ordaz había decidido acallar a toda costa. La comunidad universitaria le plantó. Elaboró un pliego de ocho puntos aprobado un 15 de agosto en sesión extraordinaria por el Consejo Universitario.
En medio de una huelga generalizada y con el apoyo masivo de la sociedad civil, aumentaba el respeto hacia los universitarios en huelga. Entre lo demandado sobresalían 1) El respeto irrestricto a la autonomía universitaria. 2) La no intervención del ejército y otras fuerzas de orden público en problemas que son competencia exclusiva de la universidad y los centros de enseñanza superior. 3) El respeto de las garantías sociales e individuales consagradas en la constitución. 4) Libertad de los estudiantes presos y 5) El deslindamiento de responsabilidades y la sanción a las autoridades que hubiesen participado en los actos represivos.
El poder hizo oídos sordos. Desde el sillón presidencial, Díaz Ordaz dio la orden para el exterminio. Así, la plaza de las Tres Culturas quedará unida para siempre a la historia de la infamia. Los nombres de los responsables no deben caer en el olvido. Por eso recordamos y se pide justicia.