En 2010 y en 2011 varias granadas de mano explotaron en los ayuntamientos de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, cuatro localidades fronterizas mexicanas en el estado de Tamaulipas. Se señaló al crimen organizado como autor de las explosiones, concretamente a miembros de los Zetas o del Cártel del Golfo. Visité la zona a […]
En 2010 y en 2011 varias granadas de mano explotaron en los ayuntamientos de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, cuatro localidades fronterizas mexicanas en el estado de Tamaulipas.
Se señaló al crimen organizado como autor de las explosiones, concretamente a miembros de los Zetas o del Cártel del Golfo. Visité la zona a comienzos de 2011, intentando averiguar qué podría estar conduciendo a grupos de delincuentes a enfrentarse a los gobiernos locales que, a efectos, están bajo su control.
Las piezas no comenzaron a encajar hasta que conocí a Francisco Chavira Martínez en 2011. La primera vez que quedamos propuso que fuéramos a comer a un restaurante de Reynosa conocido por sus huéspedes de altos vuelos. Camareros con esmoquin a lo pingüino iban y venían con bandejas mientras las demás mesas estaban, en su mayoría, ocupadas por hombres mayores. Chavira hablaba en voz alta y sin miedo. Entrevisté al menos a doce personas más, pero Chavira fue el único de todos los entrevistados que permitió que su nombre real fuera utilizado.
Los gobiernos locales «utilizan lo que es los roba-carros para todo aquel que esta en contra de ellos, les mandan a robar su carro, los ladrones de casa, los ladrones domiciliarios que le llaman, entran a robar tu casa para espantarte, los narcotraficantes, que los utilizan ellos como una forma de que la gente tenga miedo, para que no participes, para que no alces la voz, para que no estés en contra del gobierno, incluso se mandan ellos mismos a tirar granadas a las presidencias municipales», relató Chavira.[1]
Quizá vio mi incredulidad reflejada en el rostro. Todavía no había captado la mecánica del terror y los intereses a los que sirve. «¿Por qué?» Se preguntó a sí mismo, para hacer una pausa acto seguido. «Para que la gente se asuste y no vaya a exigir a la presidencia, ni exijas transparencia de las cuentas publicas, en qué se gastan el dinero, por que si no, si lo hago, me van a matar, me van a meter una granada.» Meses después de nuestra entrevista, Chavira, candidato del Partido Revolucionario Democrático (RPD), presuntamente de carácter izquierdista, fue arrestado bajo falsas acusaciones y encarcelado hasta que pasaron las elecciones, un episodio que él describió como un «secuestro legalizado» por parte del Estado.
La segunda vez que me reuní con Chavira fue dos años después, en 2013. Nos encontramos casualmente frente a la puerta de la embajada estadounidense en México D. F. en una manifestación organizada por familiares y amigos de migrantes que trabajan en los Estados Unidos sin papeles. Nos dirigimos a una cafetería cercana y le hice una pequeña entrevista. Mientras íbamos de camino se maravillaba de poder caminar tranquilamente por la calle sin miedo, algo impensable en su ciudad de origen.
Las palabras que Chavira me brindó en aquel encuentro requieren una pequeña introducción. La versión oficial de la guerra del narco o guerra contra las drogas, la cual, los gobiernos y los medios de comunicación no paran de repetir una y otra vez, es que la guerra que hay en México es entre los malos (los traficantes de drogas) y los buenos (la policía y el ejército, que cuentan con el apoyo de Estados Unidos, Canadá y países de la Unión Europea). Según esta versión de los hechos, los «malos» siguen la siguiente estructura jerárquica: en lo alto de la pirámide están los capos o señores de la droga, luego vienen los generales o jefes de seguridad, los cuales protegen al jefe y sus zonas; después vienen los jefes de plaza, jefes locales que se encargan de una zona fronteriza en particular o de una zona de distribución concreta.
Esta versión (que es la principal) es lo que yo llamo el discurso sobre la guerra entre cárteles. Este discurso posee unos rasgos reseñables: confianza casi exclusiva en las fuentes de información gubernamentales y/o estatales, creencia en que todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario y que hay víctimas que se ven envueltas en tráfico de drogas y una amplia percepción de que los policías implicados en actividades delictivas son la excepción y no la norma, y que más presencia policial aumenta la seguridad.[2]
Hace algo más de dos años que comencé a informar e investigar sobre las diferentes facetas de la transformación que vive México, que en mi opinión es una especie de contrarrevolución y una prolongación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se lleva a cabo mediante un intenso proceso de militarización. Una vez que uno analiza las consecuencias sociales y económicas de la «guerra del narco», las versiones oficiales de lo que sucede dejan de tener sentido casi por completo. Dichas versiones tratan de oscurecer la dinámica real en lugar de arrojar luz. Lo que aprendo de gente como Chavira es lo que me permite conocer lo que realmente sucede en este México en guerra.
Lejos de posibles miradas, en el balcón del patio trasero de un café-librería en la zona de la manifestación en México D. F. (justo frente a la embajada de los Estados Unidos), Chavira era de nuevo como aquel hombre al que eliminaron de la escena y enviaron a prisión. De hecho, se las arregló para vivir buenos momentos los ocho meses que estuvo encerrado, trabajando con otros convictos para mejorar su situación y colaborando para que los niños que viven en prisión con sus padres puedan tener una infancia lo más normal posible. Pregunté a Chavira si podía explicar cómo la guerra del narco interactúa con el Estado mexicano. «En mi punto de vista, yo opino que el verdadero delincuente, el verdadero capo en México es el Presidente de la República, y los gobernadores lo son en sus respectivo estados, y los jefes de plaza vienen siendo los alcaldes», me dijo Chavira. «Por que todos llegaron con financiamiento de su campaña, con dinero de procedencia ilícita».
Hablamos durante un rato más sobre toda la situación en general: migración, víctimas (él considera que el número oficial de víctimas derivadas de la guerra del narco desde 2006, el cual oscila entre 60.000 y 70.000, representa tan sólo una fracción de las víctimas totales), y sobre nuestras propias vidas. Tal y como la primera vez, la conversación acabó y yo tenía todavía más preguntas sobre la guerra, pero también tenía la férrea convicción de dar lugar a otras perspectivas y voces de la guerra en México era una tarea urgente e importante.
Terror y el plan hemisférico
Lo que está sucediendo en México en la actualidad encuentra un precedente importante en otro lugar del hemisferio: Colombia. Hay motivos para afirmar que lo acontecido en Colombia es un precedente de la «guerra del narco» que existe hoy en México. Para entender el México actual hay que comprender el papel de Colombia a partir del año 2000 tras el Plan Colombia y las inversiones multimillonarias que el gobierno estadounidense realizó en el país con el telón de fondo de la guerra contra las drogas en aquel país. El Plan Colombia concluyó oficialmente en 2006, al año siguiente la Iniciativa Mérida, también conocida como Plan México, se puso en marcha. En 2008, los Estados Unidos dieron paso a la Iniciativa Regional de Seguridad Para América Central (Plan América Central) y en 2010 a la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (Plan Caribe). Estas iniciativas tienen como punto en común la militarización de la policía local, estatal y federal, así como un mayor despliegue de efectivos policiales y del ejército para combatir (en teoría) a los productores de drogas, traficantes y vendedores.
La historia nos muestra que los índices de tráfico de drogas con destino a Estados Unidos no descendieron significativamente tras la aplicación del Plan Colombia.
En mi ensayo de 2012, «El capitalismo narco», mencionaba que la aplicación del modelo del Plan Colombia en México y otros lugares no tiene tanto que ver con luchar contra las drogas sino con una mejora de condiciones para las inversiones de capital extranjero y favorecer la expansión del capitalismo.[3]
Pero cuando se trata de utilizar la represión y el terror como herramienta en México, las tácticas empleadas por el aparato represivo del Estado van mucho más allá de la experiencia colombiana, pues se abastecen de generaciones de soldados estadounidenses y de otras potencias mundiales. [4] En este contexto, considero que las situaciones previas de contrainsurgencia vividas en Centroamérica en general y en Guatemala en particular, donde Estados Unidos prestó apoyo, son de máxima importancia para entender los acontecimientos en México y en la región actualmente. Aunque no haya conexión aparente con la situación actual de México, estos conflictos deben ser considerados como parte de la memoria represiva puesta en marcha para lanzar la llamada «guerra del narco» en México, Centroamérica y otros lugares.
Tal y como expresa Laleh Khalili en su obra sobre Palestina y la contrainsurgencia, «oficiales y solados rasos, tecnologías de control y recursos no solo viajan a través de colonias y metrópolis sino que, además, lo hacen entre diferentes colonias bajo el mismo poder colonial y entre diferentes metrópolis coloniales mediante las cuales burócratas y élites militares estudian e intercambian técnicas y se informan sobre los métodos de control más efectivos».[5]
Hay algunos visos de continuidad entre las guerras (incluidos genocidios) perpetradas en Centroamérica en los años 70, 80 y 90 que pueden observarse en el México actual. Por ejemplo, se ha identificado que las granadas utilizadas por los Zetas en sus ataques en México datan de los años 80, cuando los Estados Unidos las vendieron al ejército de El Salvador. [6] Otro indicador que conecta la guerra que azotó durante 36 años a Guatemala con la situación actual son los kaibiles, las fuerzas de élite del país, cuyos miembros fueron responsables de masacres atroces en su momento y que en la actualidad continúan activos como fuerzas especiales del gobierno y como miembros de grupos criminales. [7]
Además de estos ejemplos concretos, muchas de las prácticas para infundir terror utilizadas por ejércitos como el de Guatemala han resurgido en México y Centroamérica a manos de grupos criminales. En la guerra actual, la «guerra del narco», la violencia desplegada contra civiles, especialmente los más pobres y los migrantes, viene de tropas oficiales y uniformadas, así como de otro tipo de grupos no oficiales como cárteles u otros grupos paramilitares.
La primera acepción de terror del New Oxford American Dictionary define esta palabra como «miedo extremo: la utilización de dicho miedo para intimidar a personas, especialmente por motivos políticos; terrorismo». Los asesinatos en masa y la exposición pública de cadáveres es un ejemplo de técnica de terror, practicada durante siglos, por parte del gobierno y otros grupos no oficiales, a menudo escudados por la imposición de un régimen económico y político. El terror desempeña un papel específico para asegurar el control sobre el pueblo.
«En todas sus formas, el terror está diseñado para destruir el espíritu humano. Ya sea en Londres con el nacimiento del capitalismo o en el Haití actual, el terror infecta el imaginario colectivo, propiciando un surtido de demonios y monstruos». [8] Tanto si se trata de cadáveres expuestos al público o cortados en piezas y apilados en una autopista o de explosiones y masacres que dejan docenas de víctimas civiles, México ha vivido una serie de episodios escalofriantes desde que el antiguo presidente Felipe Calderón iniciara la guerra del narco en diciembre de 2006.[9]
La desaparición es otra de las técnicas utilizadas contra civiles y activistas en México, donde al menos 26.000 personas (según datos de marzo de 2013, desde entonces esta cifra puede muy probablemente haber aumentado) han desaparecido desde el año 2006. [10] Es una práctica extendida en Centroamérica (la desaparición de activistas políticos se inventó presuntamente en Guatemala), Colombia y otros lugares. La desaparición es una táctica de terror selectiva perfeccionada por los ejércitos de Centroamérica, los cuales raptan y torturan a sus víctimas antes de ejecutarlas y enterrar sus cadáveres en fosas clandestinas.
Las espantosas acciones que perpetran los grupos criminales contra la población civil en el marco de la «guerra del narco» aparece a menudo en televisión, en las redes sociales o en los periódicos. Son pocos los medios de comunicación que explican y contextualizan la puesta en práctica del terror. En su lugar, hablan de violencia gratuita aleatoria y sin sentido. La policía y el ejército son a menudo referidas como las únicas instituciones capaces de responder a estos ataques, los cuales caen rápidamente en el olvido, y cuyos autores quedan habitualmente absueltos con total impunidad, obra del aparato represivo del Estado e institucionalizada por éste. La difusión de esta información a través de pantallas, iPhones y tabloides de toda la región aterra a la sociedad en su conjunto.
Parte de esta transformación es la transformación de los modos de vida y la socialización como parte de un cambio general hacia una sociedad más represiva. La movilidad, entendida como la capacidad de las personas para moverse libremente por su propia voluntad, se ve restringida con el aumento de la vigilancia fronteriza y los puntos de control de policía y militares, así como mediante el miedo generado a través de los asesinatos en masa de pasajeros de autobús, tiroteos en autovías principales y desapariciones que suceden cuando la víctima está trabajando. La movilidad reducida es uno de los primeros impactos que tiene el terror sobre la población afectada. Mientras tanto, las migraciones forzadas y los desplazamientos involuntarios aumentan como parte de la transición hacia una sociedad más represiva que exige víctimas y amenaza a los sobrevivientes.
En palabras de los escritores guatemaltecos Gomis, Romillo y Rodríguez a comienzos de los ochenta, «la dominación mediante el terror, además de eliminar físicamente a aquellos contrarios a los intereses del régimen, también incluye la persecución para ‘hacerse con el control de un universo social construido gracias a la intimidación perpetrada mediante actos de destrucción… (y con) actos de terror siempre se produce un impacto general en todo el universo social, a un nivel generalizado, de una serie de presiones psicosociológicas que suponen un obstáculo frente a cualquier posible acción política».[11]
Las nociones de oposición y acción política descritas en la cita anterior no tienen por qué aplicarse a guerrillas o a grupos demasiado organizados. El objetivo final del terror puede ser tan simple como evitar que los ciudadanos exijan incluso los mínimos niveles de transparencia a las instituciones estatales, tal y como indicaba Chavira al comienzo de este artículo.
¿Quiénes son los insurgentes?
El New Oxford American Dictionary define insurgente como «rebelde o revolucionario». En 2010, Hillary Clinton, antigua secretaria de Estado de los Estados Unidos, comparó la situación en México a una situación de insurgencia. «Cada vez se parece más a la Colombia de hace veinte años» dijo a los delegados en un acto del Council on Foreign Relations. Clinton afirmó que los cárteles de la droga «muestran cada vez más rasgos de insurgencia». [12] En 2009, el responsable de las fuerzas armadas de los Estados Unidos declaró que apoyaría el uso de la contrainsurgencia en México.[13]
Al leer información del gobierno estadounidense y de la prensa actual, una se da cuenta de la insistencia en remarcar que la guerra en México no es política. «Las bandas mexicanas se mueven por el dinero y no poseen una agenda ideológica aparente. Su único objetivo político es debilitar el cumplimiento de la ley» reza un artículo de 2011 de Insight Crime, centro de estudios financiado por George Soros. [14] Como ya detallé en «El capitalismo narco», los grupos criminales o narcos (y especialmente Los Zetas) desempeñan un papel más propio de grupos paramilitares que de grupos insurgentes.
«Los Zetas son una fuerza paramilitar», me dijo el doctor William Robinson, autor de «Una teoría sobre el capitalismo global», cuando lo entrevisté en el año 2011. «Se trata, fundamentalmente, de la creación de un paramilitarismo junto con una militarización formal, siguiendo el modelo colombiano». [15]
Colombia vivió dos olas de paramilitarización. La primera cuando se constituyeron grupos estatales y apoyados por las élites en los sesenta y los setenta y cuando dichos grupos actuaron en las décadas de los ochenta y los noventa. [16] La segunda ola de paramilitarización en Colombia tuvo lugar cuando la industria de la cocaína comenzó a generar nuevos beneficios para los narcotraficantes locales, convirtiéndose éstos en un nuevo grupo de la élite cuyas fuerzas irregulares recibían el respaldo del Estado. En esta última ola es cuando paralelamente tuvo lugar el proceso de militarización y paramilitarización mencionado por Robinson. Naturalmente, los que más notaron el impacto de estos procesos fueron los más pobres en las zonas urbanas y rurales de Colombia, donde habitan más de cuatro millones de desplazados internos. Según un artículo publicado en World Development, «los grupos paramilitares no sólo son los principales responsables, sino que también son más efectivos a la hora de instigar los desplazamientos».[17]
Un ejemplo de cómo los Zetas tienen rasgos más propios de un grupo paramilitar que de un grupo insurgente queda patente en sucesos como el asesinato de 72 inmigrantes en San Fernando, en el estado de Tamaulipas, en el verano de 2010. Este tipo de acciones cumplen con el objetivo estadounidense de desalentar la inmigración proveniente de Centroamérica. Las masacres, los secuestros masivos y la extorsión siempre son actos políticos vinculados a la obtención del control de cierta comunidad o a su eliminación que, por extensión, pretenden culminar con el control del territorio que ocupan.
Si interpretamos el papel de grupos como Los Zetas como algo más propio de un grupo paramilitar que de un grupo insurgente y recibimos la noticia de que Estados Unidos apoya una estrategia de contrainsurgencia en México, entonces debemos preguntarnos: ¿Quiénes son los insurgentes en esta guerra? Ante esta situación, es de utilidad reflexionar sobre la historia reciente de Guatemala.
Durante los 36 años de conflicto armado, 200.000 personas fueron asesinadas, principalmente a manos del Estado, y otras 50.000 desaparecieron. La guerra en Guatemala tuvo tres grandes fases. La primera, de 1960 a 1980, consistió en estrategias clandestinas y discriminatorias, principalmente dirigidas contra oponentes políticos y de carácter izquierdista. La segunda, una fase transicional que tan sólo duró un año, en 1981, la cual incluía, además de las estrategias clandestinas discriminatorias, terrorismo de Estado masivo a cara descubierta. Desde 1982 en adelante, el país vivió la generalización del terror y de operaciones psicológicas diseñadas para controlar a la población al completo, especialmente las comunidades mayas, algunas de las cuales se organizaron políticamente. Las víctimas del conflicto fueron principalmente hombres, pero también hubo mujeres y niños. Muchas de las víctimas fueron ejecutadas únicamente por pertenecer a un grupo social o étnico determinado, no porque apoyaran ninguna ideología. Aunque había movimientos guerrilleros en Guatemala por aquel entonces, las poblaciones rurales e indígenas en su totalidad eran consideradas como grupos insurgentes en la guerra.
En Guatemala, «el desarrollo del terror y las políticas de terror tienen su origen en la incapacidad del Estado para hacer frente a los conflictos sociales mediante métodos consensuales. Su objetivo era disuadir cualquier intento de oposición que surgiese de la sociedad civil en su conjunto o de grupos específicos dentro de ésta». [18] Esta opinión la respalda Kristian Williams en su próximo ensayo, donde declara que «desde una perspectiva de contrainsurgencia, la resistencia no es únicamente que el pueblo (o parte de éste) rechace cooperar con el Estado; la resistencia es consecuencia de un Estado que fracasa a la hora de satisfacer las necesidades de su pueblo».[19]
En el México actual, los insurgentes podrían considerarse miembros de tejidos sociales ajenos a los dictados de la hegemonía del mercado internacional. Los terratenientes de las comunidades y los vendedores ambulantes, gente que pertenece a la economía sumergida, podrían ser tildados de insurgentes junto con inmigrantes e indígenas. Estos grupos tienen un punto en común, al igual que aquellos que habitan las fosas comunes y quienes son víctimas del yugo del terror.
Una de las principales diferencias entre las guerras actuales y las que azotaron Centroamérica en los ochenta es que los autores de muchas de las masacres y acciones más crueles (aunque no todas) perpetradas durante la guerra del narco son los llamados «cárteles de la droga». Esto demuestra cómo, además de las experiencias anteriores en los conflictos armados en Centroamérica, las técnicas represivas utilizadas en Colombia en la década de los noventa y de dos mil están influenciando el proceso bélico de México. Si aplicamos un enfoque más general de la «guerra del narco» en México y observamos quiénes son las víctimas de la violencia, es fundamental considerar cómo las fuerzas del estado Guatemalteco utilizaban la palabra insurgencia cuando, realmente, el objetivo era toda la población en su conjunto. Primero con el apoyo reconocido de Estados Unidos, que más tarde pasó a ser tácito. Semejante actitud y atrocidades pueden trasladarse a la situación de este mismo tipo de guerra en México, Centroamérica y otros lugares, de modo que no debemos perder la perspectiva histórica de la región, a menudo ignorada en el contexto de la «guerra del narco».
Nuestra interpretación de la llamada insurgencia no política en México y la respuesta del Estado nos ayuda a comprender el proyecto de la guerra contra las drogas por completo, así como posibles estrategias represivas en el futuro en otras partes del mundo. Pensemos, por ejemplo, en la reciente ofensiva del Departamento de Estado estadounidense para promover un marco ideológico en el que trasladar la guerra contra las drogas a África occidental, asegurando que «el crimen organizado internacional, incluyendo el tráfico de drogas, es una gran amenaza para la seguridad y los gobiernos de África occidental». [20] Al fomentar estas ideas en África y en otros lugares se abren nuevas posibilidades para que las agencias estadounidenses justifiquen su necesidad de intervención, tal y como sucede en México.
Una de las ideas erróneas más extendidas acerca de la guerra en México, y sobre la «guerra del narco» de manera más general, es que se trata de un hecho post político o no político. Resulta ingenuo atribuir un estatus «político» a una guerra únicamente cuando hay un movimiento nacional de liberación o un conflicto guerrillero. La guerra en México es política: es una contrarrevolución, cien años después. Está diezmando a las comunidades y destruyendo algunos de los logros de la revolución mexicana que perduraron tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994.
Para gente como Francisco Chavira, hablar en contra de la clase política y de sus vínculos con grupos criminales continuará siendo una actividad peligrosa. Para los cientos de miles que han perdido a seres queridos no cesará el sufrimiento generado por esta guerra, una guerra que va más allá de las drogas. En México, según Robinson, las autoridades están teniendo problemas para lidiar con las contradicciones producidas por las desigualdades masivas y el capitalismo global. Las atrocidades, el pánico y el terror de la guerra del narco representan la respuesta del Estado del siglo XXI frente a estas condiciones.
Notas:
1 Paley, Dawn. «Off the Map in Mexico». 4 de mayo de 2011. The Nation. Información consultada el 12 de diciembre de 2012 de: http://www.thenation.com/article/160436/map-mexico
2 Paley, Dawn. «Insight Crime y la mexicanización del discurso sobre la guerra entre cárteles». 11 de marzo de 2013. Información consultada el 14 de marzo de 2013 de: http://dawnpaley.tumblr.com/post/45119662682/insight-crime-the-mexicanization-of-cartel-war
3 Paley, Dawn. «El capitalismo narco». Julio/ agosto de 2012. Solidarity. Información consultada el 12 de febrero de 2013 en: http://www.solidarity-us.org/node/3652
4 «State Repressive Apparatus», tras «Sangre y capital: La paramilitarización de Colombia», de Jasmin Hristov. Between the Lines, 2009: Toronto.
5 Khalili, L. «The Location of Palestine in Global Counterinsurgencies». Int. J. Middle East Stud. 42 (2010), 413-414.
6 Consulado de Monterrey. «Mexico: Tracking Narco-grenades». 3 de marzo de 2009. Información consultada el 20 de diciembre de 2012 en: http://cablegatesearch.net/cable.php?id=09MONTERREY100#para-3961-4
7 «Era un antiguo kaibil (miembro de las fuerzas especiales guatemaltecasa) el acusado de ordenar la acción más violenta jamás vivida en Guatemala vinculada al tráfico de drogas. Hugo Gómez Vásquez fue acusado de supervisar la masacre en la Finca Los Cocos, en el departamento de Petén, en mayo de 2011, donde 27 trabajadores fueron asesinados, presuntamente como parte de un conflicto por tierras entre Otto Salguero, un terrateniente local, y los Zetas». Consultar: Paley, Dawn. «Estrategias de una nueva guerra fría». Towards Freedom. Publicación consultada el 14 de febrero de 2013 de: http://www.towardfreedom.com/home/americas/3073-strategies-of-a-new-cold-war-us-marines-and-the-drug-war-in-guatemala
8 Linebaugh, P., Rediker, M. «The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic.» Beacon Press, Boston, 2000. Pp. 53.
9 El periódico LA Times publicó un buen resumen de algunos de los actos más crueles de los seis años de Calderón en el poder. Hernández, D. «Calderon’s war on drug cartels: A legacy of blood and tragedy». 1 de diciembre de 2012. LA Times. Información consultada el 20 de diciembre de 2012 de: http://www.latimes.com/news/world/worldnow/la-fg-wn-mexico-calderon-cartels-20121130,0,1538375,full.story
10 Editors. «Mexico’s disappeared.» 5 de marzo de 2013. LA Times. Información consultada el 14 de marzo de 2013 de: http://articles.latimes.com/2013/mar/05/opinion/la-ed-disappeared-mexico-human-rights-watch-20130305
11 Gomis, R. Romillo, M., Rodríguez, I. «Reflexiones sobre la política del terror: El caso de Guatemala.» Cuadernos de Nuestra América. Vol 1. 1983. La Habana. Citado en: Equipo de Antropologia Forense de Guatemala. Las Masacres en Rabinal: Estudio Histórico Antropológico de las masacres de Plan de Sánchez, Chichipate y Río Negro, 1997. 2ª edición. 1997. Guatemala. P. 154.
12 BBC News. «Clinton says Mexico drug crime like an insurgency.» 9 de septiembre 2010. Información consultada el 14 de febrero de 2012 de: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11234058
13 Morgan, David. «US military chief backs counter-insurgency for Mexico.» 6 de marzo de 2009. Información consultada el 14 de febrero de 2013 de http://www.reuters.com/article/2009/03/07/idUSN06397194
14 Corcoran, P. «Counterinsurgency is not the Answer for Mexico.» 26 de septiembre de 2011. Información consultada el 14 de febrero de 2013 de: http://www.insightcrime.org/news-analysis/counterinsurgency-is-not-the-answer-for-mexico
15 Paley, Dawn. «El capitalismo narco» julio/agosto de 2012. Solidarity. Información consultada el 12 de febrero de 2013 de: http://www.solidarity-us.org/node/3652
16 Hristov, J. Blood and Capital: The Paramilitarization of Colombia. Between the Lines, 2009: Toronto.
17 Ibáñez, A., Vélez, C. «Civil Conflict and Forced Migration: The Micro Determinants and Welfare Losses of Displacement in Colombia.» World Development, Vol. 36, No. 4, 2008. pp. 661.
18 Equipo de Antropología Forense de Guatemala. Las Masacres en Rabinal: Estudio Historico Antropológico de las masacres de Plan de Sánchez, Chichipate y Rio Negro, 1997. 2ª edición. 1997. Guatemala. P. 335.
19 Williams, K. «Introduction: Insurgency, Counterinsurgency, and Whatever Comes Next.» En Williams, K., Munger, W., Messersmith-Glavin, L. Eds. Life During Wartime: Resisting Counterinsurgency. p. 12. AK Press, 2013.
20 Office of the Spokesperson. «The Bureau of International Narcotics and Law Enforcement and the Woodrow Wilson Center Host a Panel Discussion on «Combating Narcotics Trafficking in West Africa.» 25 de octubre de 2012. Información consultada el 15 de marzo de 2013 de: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/10/199730.htm
Dawn Marie Paley es periodista de Vancouver (Territorios Coast Salish), Canadá. Esta terminando su primer libro, que trata de los enlaces entre la expansión capitalista y la política anti-narco, y que saldrá con AK Press en otoño 2014. Puedes visitar su página aquí: dawnpaley.ca o seguirla en Twitter @dawn_.
Traducido por Nicolás Olucha Sánchez (SubVersiones: http://subversiones.org/archivos/18421). Originalmente publicado por Occupied London, octubre de 2013.