«Repudiamos la privatización de las empresas energéticas de nuestros países. Sostenemos que las empresas privadas son ajenas y contrarias a la prestación del servicio público de energía. La búsqueda de ganancias las impulsa a ofrecer un servicio caro, ineficaz y excluyente, a no invertir en el necesario mantenimiento de instalaciones y equipos, en la capacitación […]
«Repudiamos la privatización de las empresas energéticas de nuestros países. Sostenemos que las empresas privadas son ajenas y contrarias a la prestación del servicio público de energía. La búsqueda de ganancias las impulsa a ofrecer un servicio caro, ineficaz y excluyente, a no invertir en el necesario mantenimiento de instalaciones y equipos, en la capacitación de sus trabajadores ni en medidas de seguridad e higiene (…) Sostenemos que las empresas de energía deben ser de carácter público porque garantizan a los países la soberanía sobre los recursos energéticos.» (Declaración Final del Segundo Foro Latinoamericano de Trabajadores de la Energía, México DF, mayo 2006.)
Pasada más de una década del festival de privatizaciones que primó en los años ’90, la conclusión técnica-económica-social es inapelable: no solo ha sido un verdadero saqueo y depredación de nuestros recursos naturales y medio ambiente, así como del capital social acumulado durante generaciones, sino que desde el punto de vista de los servicios y prestaciones a brindar ha concluido en un absoluto fracaso.
Ferrocarriles, Aguas, Correos, Aerolíneas… son ejemplos más que emblemáticos de este saqueo y fracaso, sin embargo por dos aspectos confluentes son los hidrocarburos los que están en el centro del debate por estos días.
Por un lado la nacionalización de sus reservas petroleras y la reformulación de los contratos decidida por el Gobierno de Bolivia el pasado 1º de mayo, que dio nuevo impulso al ritmo de los cambios que se prefiguran en esta región de nuestra América latina, ha impactado fuertemente en el país.
Es que Argentina, que fuera pionera en crear una empresa estatal que tuviera el control de todas las etapas de la actividad hidrocarburífera, ha quedado ahora como unico país en el mundo que mantiene totalmente privatizada la explotación de los hidrocarburos -producción, transporte, distribución- siendo además uno de los países que menor porcentaje se apropia de la renta petrolera. (1)
Por otro lado la anunciada inminencia de una crisis energética en nuestro país. Resultado de la explosiva combinación de incremento de la demanda energética que acompaña al ciclo expansivo de la economía y caída en la extracción de petróleo y estancamiento en la de gas.
No es ajeno a esta situación el incumplimiento contractual de las empresas petroleras que no realizaron las inversiones necesarias en exploración y perforación de nuevos pozos para mantener y ampliar nuestras reservas hidrocarburíferas.
Por el contrario las reservas comprobadas de petróleo y gas han caído en porcentajes del orden del 50 y 40 % respectivamente (2). Todo esto en el contexto de un mercado petrolero mundial cada vez más complejo y militarizado. (3)
Es claro que mirado desde el balance energético global del país es necesario agregar la falta de decisión política para ampliar la represa hidroeléctrica de Yaciretá; el retraso en la adjudicación de las licitaciones de las dos centrales térmicas previstas o la más que demorada finalización de las obras de la central atómica Atucha II, así como la ausencia de obras para ampliar la capacidad de transporte de gas.
Todo funciona pero no hay capacidad de respuesta para superar emergencias. Depende de que no haya sequía y que Yaciretá tenga agua; que Atucha funcione más o menos bien; que no tengamos condiciones climáticas extremas en verano; que no se caiga ninguna torre…
La conclusión es obvia, ha sido señalada por diversos organismos especializados y está en todos los periódicos: la oferta energética no acompaña a la demanda, ergo: el sistema eléctrico funciona al límite de su capacidad y ha perdido el margen técnico del 20% de reserva necesario para afrontar cualquier eventualidad (5).
Para completar el cuadro el gobierno continúa con la más que decabellada política de exportar hidrocarburos, con el agravante que las empresas petroleras están autorizadas a ingresar al país solo el 30% de las divisas generadas por esas exportaciones.
De continuar el actual modelo energético, basado en la desregulación, dejando la iniciativa en manos de las grandes corporaciones petroleras, más la ausencia de planificación estatal, en menos de una década el país se deberá importar combustibles, pero ya no para atender emergencias, como sucedió en el 2005 y como es posible prever para el año en curso (4), sino como una política permanente.
Nuestro país, que durante décadas se autoabasteció de estos recursos estratégicos, habrá perdido definitivamente su soberanía energética.
Acuerdos y controversias
Pasada más de una década del festival de privatizaciones que primó en los años ’90, la conclusión técnica-económica-social es inapelable: no solo ha sido un verdadero saqueo y depredación de nuestros recursos naturales y medio ambiente, así como del capital social acumulado durante generaciones, sino que desde el punto de vista de los servicios y prestaciones a brindar ha concluido en un absoluto fracaso.
Ferrocarriles, Aguas, Correos, Aerolíneas… son ejemplos más que emblemáticos de este saqueo y fracaso, sin embargo por dos aspectos confluentes son los hidrocarburos los que están en el centro del debate por estos días.
Por un lado la nacionalización de sus reservas petroleras y la reformulación de los contratos decidida por el Gobierno de Bolivia el pasado 1º de mayo, que dio nuevo impulso al ritmo de los cambios que se prefiguran en esta región de nuestra América latina, ha impactado fuertemente en el país.
Es que Argentina, que fuera pionera en crear una empresa estatal que tuviera el control de todas las etapas de la actividad hidrocarburífera, ha quedado ahora como unico país en el mundo que mantiene totalmente privatizada la explotación de los hidrocarburos -producción, transporte, distribución- siendo además uno de los países que menor porcentaje se apropia de la renta petrolera. (1)
Por otro lado la anunciada inminencia de una crisis energética en nuestro país. Resultado de la explosiva combinación de incremento de la demanda energética que acompaña al ciclo expansivo de la economía y caída en la extracción de petróleo y estancamiento en la de gas.
No es ajeno a esta situación el incumplimiento contractual de las empresas petroleras que no realizaron las inversiones necesarias en exploración y perforación de nuevos pozos para mantener y ampliar nuestras reservas hidrocarburíferas.
Por el contrario las reservas comprobadas de petróleo y gas han caído en porcentajes del orden del 50 y 40 % respectivamente (2). Todo esto en el contexto de un mercado petrolero mundial cada vez más complejo y militarizado. (3)
Es claro que mirado desde el balance energético global del país es necesario agregar la falta de decisión política para ampliar la represa hidroeléctrica de Yaciretá; el retraso en la adjudicación de las licitaciones de las dos centrales térmicas previstas o la más que demorada finalización de las obras de la central atómica Atucha II, así como la ausencia de obras para ampliar la capacidad de transporte de gas.
Todo funciona pero no hay capacidad de respuesta para superar emergencias. Depende de que no haya sequía y que Yaciretá tenga agua; que Atucha funcione más o menos bien; que no tengamos condiciones climáticas extremas en verano; que no se caiga ninguna torre…
La conclusión es obvia, ha sido señalada por diversos organismos especializados y está en todos los periódicos: la oferta energética no acompaña a la demanda, ergo: el sistema eléctrico funciona al límite de su capacidad y ha perdido el margen técnico del 20% de reserva necesario para afrontar cualquier eventualidad (5).
Para completar el cuadro el gobierno continúa con la más que decabellada política de exportar hidrocarburos, con el agravante que las empresas petroleras están autorizadas a ingresar al país solo el 30% de las divisas generadas por esas exportaciones.
De continuar el actual modelo energético, basado en la desregulación, dejando la iniciativa en manos de las grandes corporaciones petroleras, más la ausencia de planificación estatal, en menos de una década el país se deberá importar combustibles, pero ya no para atender emergencias, como sucedió en el 2005 y como es posible prever para el año en curso (4), sino como una política permanente.
Nuestro país, que durante décadas se autoabasteció de estos recursos estratégicos, habrá perdido definitivamente su soberanía energética.
Acuerdos y controversias
La señalada combinación de un nuevo contexto internacional en la región, donde petróleo y gas están jugando un papel decisivo por estos días, y las dificultades para mantener el autoabastecimiento, han hecho aflorar y extenderse por todo el país las preocupaciones en este campo, cuyas implicancias van mucho más allá de la actividad específica.
Un conjunto de agrupaciones sociales y políticas así como intelectuales y personalidades de la cultura (6) comienzan a manifestar su interés y a enunciar sus propuestas, que en general se orientan por definir un nuevo proyecto energético, diferente al modelo actualmente en vigencia, que responda a las necesidades reales del país sin desvincularse, por el contrario integrándose, al nuevo contexto latinoamericano.
Por supuesto que hay distintas vertientes ideológicas y por lo tanto las propuestas no necesariamente quieren decir lo mismo. Por ejemplo ¿cual es el alcance y contenidos de la nacionalización de los hidrocarburos para cada uno de estos agrupamientos? ¿qué hacer con ENARSA: liquidarla o transformarla en sociedad del Estado? ¿qué con los contratos firmados por ella para la exploración de nuestra plataforma submarina?
¿Que hacer con Repsol-YPF: anular la privatización, o hacer valer «la Acción de Oro» recuperando el Estado poder de decisión en la principal compañía petrolera del país? ¿las concesiones petroleras y gasíferas adjudicadas a distintas empresas deben anularse o renegociarse los contratos? ¿hay que reconstruir la vieja empresa petrolera nacional, o formular un modelo político-jurídico-organizacional que funcione en la órbita estatal pero bajo formas de dominio público, con criterios democráticos de control y gestión por parte de sus técnicos, trabajadores y consumidores y participación comunitaria en las esferas regionales?
Estas son solo algunas de las cuestiones a resolver en el marco de preocupaciones e intereses comunes que tal vez, dada la envergadura de los intereses en juego y la importancia para el futuro de la Nación, puedan superar la fragmentación existente.
De hecho que un número más que importante de organizaciones sociales y políticas y personalidades hayan encontrado las necesarias coincidencias para realizar un acto unitario este 20 de junio bajo el lema «Petróleo y Gas – ¡Nacionalización Ya!» es un dato más que alentador y prometedor.
Hay en que apoyarse: muchas de las acciones privatizadoras tienen vicios jurídicos importantes que hacen factible su impugnación. Por ejemplo:
La Ley 23.696/90 que transformó a YPF en Sociedad Anónima y vulneró las leyes sancionadas a mediados de los ’60 que establecían el dominio nacional y la gestión estatal de los hidrocarburos. Los criterios de valuación de YPF que no acudieron a la tasación de organismos oficiales como exige la legislación vigente y se basaron en la tasación de instituciones extranjeras (6); la extensión de las concesiones otorgadas hasta con más de 15 años de anticipación a su vencimiento original (caso Loma de la Lata y otras). La concentración en pocas compañías de estas concesiones, desconociendo los límites que fija para ello la legislación vigente. La subdivisión del dominio jurisdiccional del subsuelo asignándoselo a las provincias, cuando esto debiera haber sido realizado una vez sancionada la nueva Ley de hidrocarburos tal cual lo estipula la Ley de Privatización de YPF, cuyo plazo de 5 años esta vencido. La venta dolosa a Repsol de las acciones de YPF correspondientes a los trabajadores (causa penal 8568/99).
En suma que hay razones políticas, económicas, jurídicas y sociales que hacen al interés de la Nación para nacionalizar nuestros recursos energéticos, para constituir una Empresa nacional integrada y recuperar la renta petrolera, para anular las concesiones y establecer una auditoría que determine el nivel real de reservas hidrocarburíferas del país, para sancionar los ilícitos y sus responsables.
Son solo algunas medidas, insuficientes pero las primeras para avanzar en la recuperación del dominio soberano sobre nuestros recursos naturales y poder planificar un proyecto energético de mediano y largo plazo, que deberá plasmarse en un necesario Proyecto de Ley, que responda las reales necesidades del país, que no son otras que las necesidades del conjunto de las clases populares, en el marco de una autentica integración latinoamericana.
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* Integrante de EDI-Economistas de Izquierda, miembro del Comité Editor de la Revista Cuadernos del Sur, integra la Autoconvocatoria por la nacionalización del petróleo, el gas y los recursos energéticos.
Notas
Notas
(1) En Argentina el Estado se apropia de solo el 36% de la renta petrolera (12% de regalías a las provincias -que se calcula según declaraciones de las empresas petroleras- más las retenciones a las exportaciones), mientras que Venezuela lo hace del 87%; Ecuador del 50% y ahora Bolivia del 82% en los grandes pozos y del 50% en los menores.
Por otra parte países tan diferentes como Kuwait y Arabia Saudita, o Libia y Nigeria, o Venezuela, Brasil y México mantienen empresas estatales, aun cuando algunas contemplen la incorporación de capitales privados. ( ver el informe de Pablo Vasco en Alternativa Socialista nº 429).
(2) Ver Informes del Grupo MORENO, artículos de Marcelo García del NPEL en ANUARIO EDI publicación de los Economistas de Izquierda, Nº 1 y 2, abril 2005 y 2006. También informes de la consultora MS -Overwiev nº 741 y 752.
(3) ver suplemento Economía & Negocios del diario La Nación del 14.06.06
(4) En el horizonte cercano una nueva y costosa importación de combustibles para suplir la carencia de gas está planteada. ( ver Clarín del 11.06.06).
(5) En el 2005 se importaron 1,2 millones de ton. de fuel oil y 200.000 ton. de gasoil, para este año se estima incrementar estas importaciones en un 20%. ( ver Clarín del 4.06.06).
(6)Al grupo «MORENO», que lleva años batallando por la recuperación del papel del Estado en el campo energético; a «Oro Negro»; a la Co.Ce.Pa; a los llamados muchas veces en soledad de trabajadores y técnicos petroleros, ex ypefianos de las áreas privatizadas como Tartagal y Mosconi, y de colectivos en actividad como los de Caleta Olivia, o la «Federación de Trabajadores de la Energía» (FETERA adherida a la CTA) comienzan a sumarse otros agrupamientos de conformación mas reciente, como el «Nuevo Proyecto Energético Latinoamericano» (NPEL) nacido en Comodoro Rivadavia y con contactos en diversas zonas del país y de Latinoamérica que ha impulsado la «Multisectorial por el Petróleo» en el sur; el «Grupo Petróleo» o la «Autoconvocatoria por la Nacionalización del Petróleo, el Gas y todos los Recursos Energéticos», integrado por un conjunto de organizaciones sociales y políticas y personalidades de diversa procedencia.
(7) Las acciones de YPF fueron vendidas a 19 dólares según la tasación de Merryl Linch y el First Nacional Bank of Boston, cuando el precio real, según todos los estudios locales, era de 36 dólares.