Las opiniones acerca de una posible nacionalización en este país están cruzadas. La Ley de Hidrocarburos, aún vigente, faculta al Estado a intervenir en el mercado de petróleo y de gas. El comienzo de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia produjo una fuerte reacción en la región, sobretodo en Brasil y Argentina. En el […]
Las opiniones acerca de una posible nacionalización en este país están cruzadas. La Ley de Hidrocarburos, aún vigente, faculta al Estado a intervenir en el mercado de petróleo y de gas.
El comienzo de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia produjo una fuerte reacción en la región, sobretodo en Brasil y Argentina. En el primer caso, desató una resistencia basada en tres argumentos: primero, que este país importa más del 50 por ciento de su mercado interno desde Bolivia; segundo, que la empresa brasileña Petrobrás tomó con cierta antipatía la decisión del presidente boliviano, Evo Morales; y tercero, que al presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva, no le pareció para nada «amistoso» no haber sido advertido acerca de esta medida, según manifestaron medios brasileños.
La posición de Argentina, sin embargo, es muy diferente. La decisión del presidente boliviano ¿debe ser criticada o evaluada como una opción a seguir por el presidente argentino Néstor Kirchner?
Durante la campaña electoral, el actual presidente de Bolivia advirtió que él consideraba muy bajos los precios en los que se estaba comercializando el gas con Argentina. Actualmente este país importa el gas a 3,18 dólares el millón de BTU (unidad térmica para el comercio internacional), mientras que Morales dejó trascender que pretende llevarlo a 5,5 dólares.
Por eso, la sorpresa que manifestó Néstor Kirchner es llamativa, dado que el aumento en el precio de los hidrocarburos en las negociaciones con Argentina, había sido un punto ya explicitado por el presidente de Bolivia meses atrás. Si bien Morales no había advertido recientemente sobre esta medida, fue sólo el cumplimiento de lo que había prometido meses atrás.
Por otra parte, según distintos informes Argentina importa desde Bolivia sólo el 5 por ciento de su volumen total del consumo interno de gas. Por lo tanto, no le sería trascendente un aumento de uno o dos dólares por millón de BTU. De hecho, en la Casa Rosada sostienen que ese incremento no tendrá impacto en las facturas de los usuarios residenciales, y por este motivo, al Gobierno argentino le importa más acordar un flujo estable que soportar un aumento de precios.
En ese sentido, cabe tener en cuenta que el Estado argentino, basándose en la Ley de Hidrocarburos (17.319), tiene la facultad de intervenir en el mercado del petróleo y del gas, con el propósito de garantizar las condiciones de abastecimiento de la población y las necesidades de generaciones futuras.
Sin embargo, dado que actualmente el país no cuenta con reservas, debido al último pago de su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), quizá no sería el momento apropiado para nacionalizar las empresas petrolíferas, pero sí para acordar que el Estado pueda fijar los precios en todas las etapas (en boca de pozo, en transporte, refinación y venta al público de combustibles y derivados).
Además, en la Ley de Hidrocarburos, se señala que ninguna empresa puede poseer más de cinco concesiones, en forma directa o indirecta. Este punto también se podría hacer cumplir, en pos de que una sola empresa no posea la totalidad de las explotaciones. Según la Secretaría Energética de la Nación, en 2003 sólo siete empresas eran propietarias del 82,7 por ciento de las reservas de gas natural. Cabe señalar que Repsol YPF es titular de 85 concesiones y Petrobrás de 32 en este país.
Algunos estudios afirman que en Argentina la participación estatal en la renta petrolera es del 38 por ciento, que surgen de retenciones a la exportación, regalías e impuestos que pagan las petroleras. Hoy en día, las concesionarias eligen a quién venderle y a qué precio; pero cabe la posibilidad de volver al régimen mediante el cual los productores deben entregar una determinada proporción de su producción a una empresa estatal, a un precio establecido.
En ese marco, cabe señalar que en América Latina ningún país está en las condiciones en que se encuentra Argentina. México retiene el 100 por ciento de la renta; Brasil, a través de Petrobrás, también; Ecuador, con la reciente Ley de Hidrocarburos, aumentó su captura del 18 por ciento al adicionarle el compartir el 50 por ciento de las ganancias extraordinarias de las petroleras; en Venezuela, según el viceministro de hidrocarburos, Bernard Mommer, el Estado percibe el 87 por ciento de las ganancias de las empresas mixtas, además de la totalidad de la estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.); y ahora Bolivia, con la nacionalización, estableció un mecanismo de distribución de 82 por ciento para el Estado y 18 por ciento para las empresas.
A raíz de la nacionalización en Bolivia, se difundieron rumores en Argentina que sostienen que el presidente Kirchner estaría evaluando la posibilidad de recuperar parte de la petrolera ex estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Eso podría tener lugar a fin de año, ya que se llegaría a tener las mismas reservas que antes del pago al FMI.
Gustavo Calleja, presidente del Grupo Moreno (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora), sostiene que como el país no tiene una empresa estatal en condiciones de asumir el control de las áreas petroleras, «habría que transformar los contratos de concesión en contratos de locación de servicios». Esto es, pagarles a las empresas por sacar el petróleo y que el Estado defina cuánto se extrae, a quién se le vende y a qué precio.
Calleja opina en una entrevista publicada en el diario argentino Página 12, que es posible que las empresas privadas reaccionarían de la misma manera que lo hacen en Bolivia: apelando a la seguridad jurídica, la suspensión de inversiones, «las apretadas políticas de los gobiernos cuyas empresas se vean afectadas», como España, Brasil, Inglaterra y Francia.
Sin embargo, especialistas en el tema, consideran que las empresas privadas que tenían concesiones en Bolivia no abandonarían las concesiones y perderían las grandes inversiones que han hecho en infraestructura. Y las pocas que lo hagan serán reemplazadas por otras que se quieren insertar en este mercado.
De hecho, pese a las primeras declaraciones que hizo la empresa brasileña Petrobrás acerca de las medidas que tomaría en caso de que Morales continúe con su proyecto, el presidente Lula Da Silva, luego de la cumbre en Puerto Iguazú, declaró que todo lo dicho hasta ese momento había quedado «borrado». Esa declaración se puede tomar como un primer signo de los pasos que van a seguir la mayoría de las empresas privadas afectadas por la nacionalización en el país del altiplano.
Por otro lado, el Director de la revista «ABC Economía y Finanzas», Alberto Bonadoja, dijo que no cree que las empresas se embarquen en juicios contra el Estado de Bolivia, sino que «van a intentar entablar una negociación que incorpore a sus gobiernos para la firma de nuevos contratos».
Por estos motivos, sería conveniente que el presidente argentino evalúe la posibilidad de recuperar parte de lo perdido en materia de hidrocarburos durante la nefasta década de los ’90. El Estado tiene todas las condiciones como para intervenir en los precios y en las ventas de los hidrocarburos si lo desea, pero decididamente hay mucho todavía para balancear.
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(*) El autora de esta nota es alumna del Seminario «Periodismo en Escenarios Políticos Latinoamericanos» que actualmente dicta la Agencia Periodística del Mercosur (APM) en la Facultad de Periodismo y comunicción Social de la UNLP.