La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «¿Todos los derechos para todas y todos?» (Rede TDT) inició ayer (05) una campaña contra la criminalización de la protesta social que en los últimos años se ha intensificado en México. Hay en el país un «proceso en el cual se equipara y trata como delincuentes […]
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «¿Todos los derechos para todas y todos?» (Rede TDT) inició ayer (05) una campaña contra la criminalización de la protesta social que en los últimos años se ha intensificado en México. Hay en el país un «proceso en el cual se equipara y trata como delincuentes a las personas y organizaciones que realizan protestas sociales», dijo la Red TDT.
La campaña, que tiene la participación de decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos mexicanas, realizará la mayor parte de sus acciones en los estados, regiones y comunidades donde los grupos de la Red TDT actúan cotidianamente. Son 20 estados, que durante todo el mes de febrero realizarán acciones de difusión de la campaña.
Para criminalizar las protestas, el gobierno realiza detenciones arbitrarias, equipara a luchadores sociales con delincuentes, agrava las acusaciones (acusándolos de delitos políticos o contra la seguridad nacional), convierte en ilegal la protesta social y no cumple un proceso legal debido. Además, el gobierno cerró los espacios de diálogo con los movimientos. Cada vez más, se está aplicando la legislación penal para controlar el descontento social.
En nota, sin embargo, la Red TDT sostiene que la «protesta social es la expresión del descontento ciudadano frente a decisiones en las cuales no estuvieron involucrados, les desfavorecen o perjudican». Lo que los movimientos buscan al manifestarse es reclamar del gobierno que se comprometa con los derechos humanos, algo que no viene haciendo. Ellos ven las manifestaciones como el único camino para hacerse oír.
También en la nota, la Red destaca que en México «se aplica un derecho que hace lo que no debe: maltrata a quien debe cuidar, persigue a quien debe proteger, ignora a quien debe prestar mayor atención, y sirve a quien debe controlar. O sea, opera un derecho mafioso, en el cual se aplica la ley en forma discriminatoria, particularmente contra los pobres y contra quienes enfrentan al Estado».
La Red critica el intento de «organizar» las protestas mediante el confinamiento de las marchas en lugares específicos, que no afecten la circulación de vehículos. Así, el propósito principal de las manifestaciones estaría perdido porque «las marchas, el cierre de calles son acciones que desafían a los poderes públicos como formas de llamar la atención de la sociedad sobre la existencia de injusticias profundas».
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la democracia, el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también de participación. En ese sentido, la Red TDT tiene como objetivo plantear el debate sobre el rol de la protesta social y mostrar que es una acción legítima y necesaria en sociedades injustas. La campaña va a discutir además la criminalización de las manifestaciones sociales como una política de los gobiernos actuales.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]