Dos nuevos departamentos, los más olvidados históricamente por las políticas gubernamentales en Bolivia, realizaron ayer sus referéndums por los estatutos autonómicos: en Beni el Sí ganó con el 80,5 por ciento contra el 19,5 del No, el margen de abstención fue del 34,1 por ciento; en Pando el Sí obtuvo 81,8 por ciento y el […]
Dos nuevos departamentos, los más olvidados históricamente por las políticas gubernamentales en Bolivia, realizaron ayer sus referéndums por los estatutos autonómicos: en Beni el Sí ganó con el 80,5 por ciento contra el 19,5 del No, el margen de abstención fue del 34,1 por ciento; en Pando el Sí obtuvo 81,8 por ciento y el No 18,2 por ciento, el ausentismo llegó hasta el 46,5 por ciento.
Más allá del resultado, «histórico» y «patriótico» para los opositores y «anticonstitucional» e «ilegal» para el oficialismo, lo cierto es que la situación no ha cambiado absolutamente nada en el país, más allá de la profundización y polarización de ambos sectores.
El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, luego de los resultados aseveró: «Los benianos hemos soportado tantos años de olvido, pero hoy hemos roto esas cadenas, hemos roto ese cordón umbilical que nos tenía amarrados al centralismo.
«La situación de miseria y postergación es precisamente gracias a ese centralismo que siempre nos marginó y ha llegado la hora de cambiar el rumbo de nuestra región. Este triunfo nos da una gran ilusión para el futuro y por eso vamos a asumir la responsabilidad de llevar adelante los grandes proyectos para el progreso de la región».
En ciudades de ambos departamentos, diversos sectores sociales salieron a las calles a festejar su autonomía y otros a cuestionar la consulta democrática.
El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a modo de realizar una evaluación afirmó: «Este es el sentimiento de un país que se ha cansado del centralismo, que no ha aportado nada a nadie, ni a La Paz. Por lo tanto, éstos son los verdaderos cambios estructurales que necesita el país, y quienes lo administran deberían tener una lectura generosa para reconocer el pedido del pueblo.
«Ahora, el gobierno quiere insistir que un alto porcentaje de la gente no quiere ir a votar, pero no sé cómo hacen estos caballeros para preguntarles a los difuntos si votarían o no por el estatuto, pero igual suman sus votos. Es hasta irrisorio escucharlos».
Mientras en ambos departamentos se realizaban diversos actos de apoyo o rechazo ciudadano, el gobierno nacional se reunió de emergencia.
Finalizado el acto democrático, el ministro de gobierno, Alfredo Rada, señaló que los datos revelan que en Beni y Pando, la población se expresó abiertamente contra los estatutos autonómicos: ‘El mensaje fue autonomía sí (pero) esos estatutos no. Eso se ha expresado con absoluta claridad en el departamento de Pando, donde podemos decir a estas alturas con toda claridad que ese intento ilegal e inconstitucional de imponer estatutos con características separatistas ha sido firmemente rechazada por el pueblo pandino’.
De acuerdo al gobierno, el dato más importante de la jornada, está referida a que los textos autonómicos fueron rechazados por la mayoría de la población en Beni y Pando.
Inseguridad jurídica y ciudadana
Mientras los protagonistas políticos se enfrascaron en una inútil «guerra mediática»; en las calles de ambos departamentos se produjeron, una vez más, hechos violentos que lamentablemente no fueron, no son, ni serán sancionados por ninguna autoridad.
Los grupos de choque de los sectores de la oligarquía representados por la Unión Juvenil Cruceñista actuaron impunemente: portando palos, piedras y hasta armas de fuego agredieron a cuanto ciudadano exprese su no por el estatuto autonómico y también afectaron la propiedad pública y privada; pero además, estos grupos de jóvenes se trasladan impunemente de un departamento a otro sin que nadie haga nada.
Los sectores afines al gobierno bloquearon algunos caminos, quemaron ánforas y papeletas de sufragio y también golpearon a algunos ciudadanos por considerarlos autonomistas.
A pesar de estar plenamente identificados quienes cometen atropellos a los derechos humanos no son sancionados; varios periodistas también fueron afectados en sus labores de información.
El prefecto del Beni calificó a los actos violentos como hechos aislados que no tienen nada que ver con la actitud y la decisión del pueblo beniano.
«Lamentablemente, la gente pagada por el gobierno salió a provocar, pero hay que minimizarlo porque lo que importa es el gran triunfo del pueblo y esta gran fiesta debe continuar».
El prefecto de Pando dijo que estaban convencidos que el gobierno pretendía empeñar el proceso con gente pagada.
«El gobierno quería ir más allá de una confrontación y quería un muerto para poder embargarnos las voces que le reclaman los asesinatos en la aprobación de la Constitución Política del Estado. Hemos creído que era necesario hacer esfuerzos para no responder a las amenazas».
El ministro de gobierno acusó a miembros de la Unión Juvenil Cruceñista como los causantes de la violencia y lamentó que ni el Ministerio Público ni la Fiscalía actúen contra esos grupos de choque.
Lo cierto es que mientras algunas autoridades se encuentran enfrentadas en una serie de acusaciones sobre el origen de los hechos de violencia, estos actos se están haciendo una costumbre negativa donde los únicos afectados son humildes ciudadanos.
Hoy, en centros médicos del Beni, se encuentran 12 personas atendidas producto de la violencia de la jornada autonómica.
Los actos racistas de Sucre de hace una semana, donde cerca de 50 campesinos quechuas fueron tomados por grupos juveniles como rehenes, obligados a arrodillarse y dar vivas a la capitalidad y la autonomía no fueron ni investigados; tampoco se sancionaron los enfrentamientos de enero en Cochabamba donde fallecieron tres personas y menos la serie de actos violentos en Santa Cruz. Seguro que, en los próximos días, continuarán la serie de actos violentos en Tarija.
Existe una impunidad peligrosa y la inseguridad jurídica y ciudadana se acrecienta cada día que pasa en Bolivia, sin que ninguna autoridad haga cumplir la ley.
Golpe de timón
El calendario de referéndums aún no ha concluido en Bolivia: el 22 de junio, Tarija se prepara para definir sus estatutos autonómicos.
Y, el 10 de agosto se debe llevar adelante el referéndum revocatorio para Presidente y Vicepresidente de la República y también para los nueve prefectos del país.
Es decir, que los bolivianos en esta serie de «referenditis aguda» debemos asistir aún a otros 10 procesos de consulta ciudadana en poco más de dos meses para no encontrar ninguna solución.
De acuerdo a todos los datos, el Presidente Evo Morales Ayma será ratificado porque se requiere el 53.7 por ciento, más uno, para su revocatoria; pero, lo mismo podría ocurrir con la mayoría de los prefectos opositores y sólo uno o tal vez dos podrían ser revocados.
La situación podría ser similar o peor a la actual. Los referéndums no son ninguna solución y lo único que ocasionan es la pérdida de una gran cantidad de recursos que son de todos los ciudadanos, pero también el enfrentamiento creciente entre bolivianos.
El 4 de mayo en Santa Cruz se realizó el primer referéndum sobre los estatutos autonómicos al margen de la Constitución Política del Estado.
Con Tarija ya serán cuatro departamentos que se declaren autonómicos. Los cuatro departamentos representan dos tercios del territorio boliviano, un tercio de la población y 60 por ciento de la producción nacional.
Tanto los sectores del oficialismo y la oposición adelantaron que trabajarán con todo en el referéndum del departamento tarijeño. Es decir, que repetirán el mismo libreto: enfrentamientos, desacreditación del oficialismo y apoyo de la oposición, pero no aportarán con ninguna solución.
Así como el Movimiento al Socialismo (MAS) planteó durante la campaña electoral de diciembre de 2005 la Ley Andrés Ibáñez para las autonomías, es urgente un cambio de timón en la política gubernamental, pero un cambio serio y responsable no como el anuncio de hace cuatro meses atrás de crear un viceministerio de autonomías pero quedó sólo en eso: nada.
El gobierno nacional de la revolución democrática y cultural debe abanderar el proceso de las autonomías del país, debe ser capaz de revertir este proceso donde las logias y grupos de la oligarquía se están beneficiando y definir a través del diálogo -no de la violencia- el país que debemos construir.
Los referéndums no son ninguna solución. El gobierno lo sabe y los prefectos también, la acumulación de fuerzas sólo polariza al país y no resuelven nada y, si se avanza hacia el referéndum revocatorio, en las actuales condiciones, lo único que se cultivará es mayor violencia y división entre bolivianos.
En esta coyuntura, es urgente el golpe de timón porque una aspirina no es cura para el cáncer.