Un choque entre el gobierno y el Tribunal Constitucional pone en duda la convocatoria en Bolivia del referendo revocatorio de los mandatos de presidente, vicepresidente y gobernadores, a la vez que complica la institucionalidad en un clima político profundamente dividido. Una jueza suplente, Silvia Salame, reconocida como decana y que es presidenta accidental y única […]
Un choque entre el gobierno y el Tribunal Constitucional pone en duda la convocatoria en Bolivia del referendo revocatorio de los mandatos de presidente, vicepresidente y gobernadores, a la vez que complica la institucionalidad en un clima político profundamente dividido.
Una jueza suplente, Silvia Salame, reconocida como decana y que es presidenta accidental y única integrante del Tribunal Constitucional ante el alejamiento de sus cinco miembros titulares, ordenó suspender la consulta aprobada por el Congreso legislativo cuando sólo faltan 18 días para su realización, lo cual desató la fuerte reacción del gobierno izquierdista de Evo Morales.
Sin embargo, el presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, ratificó el 23 de julio la realización del referendo en la fecha fijada del 10 de agosto y expresó que sólo una ley o una resolución del pleno del Tribunal Constitucional pueden modificar esa decisión del Congreso.
Mientras la oposición organiza la defensa del fallo de Salame en la central ciudad de Cochabamba, la organización Comité Cívico anunció una campaña para confirmar la suspensión del referendo, que, paradójicamente fue reflotado en el Senado por esos sectores contrarios a Morales luego de que durmiera varios meses tras ser aprobado en la Cámara de Diputados a impulso del gobierno.
La decisión de Salame interfiere así en una campaña en la cual encuestas independientes le dan a Morales y a su vicepresidente, Álvaro García Linera, un respaldo muy cercano a 53,7 por ciento de los consultados, porcentaje que los llevó en diciembre de 2005 al gobierno por el lapso de cinco años y que están obligados alcanzar o superar para ser ratificados en sus cargos.
Salame emitió su dictamen al aceptar una demanda interpuesta por Arturo Murillo, legislador de la opositora centroizquierdista Unidad Nacional (UN), sobre la presunta inconstitucionalidad del referendo revocatorio.
Exeni también confirmó el 23 de julio el rechazo al recurso de inconstitucionalidad, que había sido decidido por la CNE en primera instancia. «El organismo electoral prosigue en el ámbito de su competencia con todos los actos necesarios y convenientes para la debida aplicación y ejecución de la ley 3850, de Convocatoria a Referendo Revocatorio», indicó.
La solitaria magistrada argumentó defender el poder jurisdiccional que reconoce la Constitución sobre el resto de las instituciones de gobierno y emitió un decreto que suspende la actuación de la CNE hasta que se reúna la sala plena del Tribunal Constitucional, una vez que tomen posesión sus nuevos cinco integrantes, y emitan un fallo definitivo al respecto.
«No lo digo yo, lo dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que es vinculante para órganos administrativos y mi propia representación», expresó Salame.
El Tribunal Constitucional ha quedado sin quórum desde la renuncia de cinco de sus miembros titulares y la elección de los reemplazantes ha quedado empantanada en el Senado, donde el oficialismo y la oposición mantienen una relación tensa que impide un acuerdo inmediato.
La decisión de Salame ha sido calificada de «cantinflesca» por el ministro de la Defensa, el abogado Walker San Miguel, en alusión al discurso y accionar disparatado del personaje que interpretaba el ya fallecido actor mexicano Mario Moreno «Cantinflas».
El comentario se hace en el marco de una escaramuza donde los dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial jugarán las cartas hasta que alguien ceda posiciones y permita reencaminar a la democracia por la vía de la legalidad.
El fallo de Salame debe orientar a una «reconstitucionalización» de la democracia y la política mediante un pacto nacional con la participación del gobierno, los gobiernos departamentales, los partidos políticos con la presencia de un mediador internacional dispuesto a restablecer un estado de quebrantamiento de la convivencia social, dijo a IPS el presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Franklin Pareja.
En opinión del analista, existe una «vulneración sistemática» de la Constitución Política del Estado y declaró que no sería extraño que el gobierno continúe impulsando el referendo a pesar del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
«Nos estamos acostumbrando a combatir la ilegalidad con otra ilegalidad», expresó Pareja al cuestionar la convocatoria a referendo revocatorio, porque la figura no está prevista en la Constitución y surgió de la iniciativa del presidente Morales, el 5 de diciembre, que posteriormente fue transformada en ley.
Pareja también hace extensiva la observación a los referendos departamentales para la aprobación de estatutos autonómicos que se realizaron entre mayo y junio en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, al margen de la Constitución.
Félix Patzi, ex ministro de Educación del gobierno actual, lamentó el pronunciamiento de Salame y la atribuyó al «carácter colonial de la justicia», según expresó a IPS.
Aunque afirma que es difícil estimar el grado de respaldo popular al presidente Morales, Patzi expresó que los pueblos indígenas, los comerciantes, transportistas y la población urbana todavía representan un sostén para el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). «Sólo la clase media mestiza se desmarca», detalló.
El ministro sin cartera, Héctor Arce, expresó el 23 de julio que el voto de la ciudadanía no puede ser frenado por un acto de prevaricato y anunció un proceso contra Salame por usurpar funciones de un órgano colegiado.
Recordó que el Tribunal Constitucional está conformado por cinco magistrados titulares e igual número de suplentes, y posee una comisión para admitir demandas de tres miembros. «Una sola magistrada no tiene potestad y amparo legal para pronunciarse de manera errónea», declaró.
En respuesta a las opiniones gubernamentales, Salame declaró a una cadena de televisión que nunca recibió un pedido de los partidos de derecha para interrumpir el proceso, y por el contrario denunció que el gobierno le ofreció la titularidad en el Tribunal Constitucional.
Las interpretaciones derivadas de la opinión de Salame, están divididas entre los juristas y promete largas jornadas de debate. Hasta el momento, sólo el prefecto del departamento central de Cochabamba, el oficial retirado del ejército Manfred Reyes Villa, se opone al referendo y realiza gestiones judiciales orientadas a impedirlo.
Reyes Villa debe enfrentar a un electorado conformado en buen porcentaje por campesinos, cultivadores de coca partidarios del presidente Morales y sectores populares resueltos a echarlo del cargo.