Es evidente que el proceso de desarrollo democrático, lento, accidentado y asimétrico que se vive en Bolivia, debe culminar con una reordenación institucional que genéricamente se llama: reforma del Estado, y que tiene como herramienta y escenario la convocatoria a la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución o elaborar una nueva. Rediseñar el papel de […]
Es evidente que el proceso de desarrollo democrático, lento, accidentado y asimétrico que se vive en Bolivia, debe culminar con una reordenación institucional que genéricamente se llama: reforma del Estado, y que tiene como herramienta y escenario la convocatoria a la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución o elaborar una nueva.
Rediseñar el papel de las instituciones y de los actores políticos para reubicar la función y el papel del Estado, que no ha funcionado correctamente, es una tarea de ingeniería constitucional que debería llevar a una distribución de facultades, poderes y atribuciones estatales, porque se han convertido en un verdadero obstáculo para instituir gobernabilidad democrática en Bolivia.
¿Qué tan importantes son las instituciones? Esta es una pregunta presente desde la fundación misma del Estado-nación boliviano. Históricamente, las respuestas han oscilado entre dos extremos: los que piensan que las constituciones son instrumentos mágicos capaces por sí solas de transformar la sociedad, o por el contrario, son artefactos normativos irrelevantes ante las negociaciones sociales imperantes que usualmente acaban por cancelarla en la práctica.
Muchos piensas que para que la paz post-febrero y octubre 2003 y junio 2005 subsista, la Constitución requiere ser enmendada o sustituida del todo. Pero más allá del reconocimiento que algo debe hacerse, no hay avances ni sobre la naturaleza ni sobre los cambios necesarios. Y puesto que la maquinaria institucional requiere ajuste, lo natural es que la atención se fije en uno de sus componentes básicos: el presidencialismo.
Ese cambio, exige revisar a profundidad el funcionamiento del sistema presidencial. Se necesita una reingeniería constitucional que reconfigure las facultades ejecutivas de jure y de facto. No se trata de hacer una presidencia más débil, sino una más eficaz y responsable, donde sus ministros y altos funcionarios sean responsables políticamente ante el Congreso Nacional.
En realidad, el problema no reside tanto en quitar facultades al Ejecutivo, sino en crear un verdadero sistema constitucional de pesos y contrapesos, que le otorgue a cada rama de gobierno una injerencia parcial en los asuntos de las otras, que incentive la responsabilidad y la cooperación entre ellos, y que impida razonablemente la ineficacia. Eso es lo que finalmente mantiene el equilibrio entre poderes.
Un sistema distinto de equilibrio de poderes más cercano al parlamentarismo que al presidencialismo clásico. Esto es una jefatura que sea garante de la unidad del Estado, de la imparcialidad de las instituciones incluyendo el ejército y la diplomacia, y una jefatura de gobierno responsable políticamente frente al Congreso Nacional.
Entre algunos cambios de jure y de facto al actual sistema presidencial, parecen fundamentales: la disminución de la injerencia sobre las decisiones de legisladores y jueces; la reducción al mínimo de su capacidad para repartir y garantizar cargos de elección popular y de libre nombramiento; la pérdida del control sobre los medios de comunicación oficiales y extraoficiales; el acortamiento de los márgenes para determinar las relaciones comerciales y financieras con el exterior; y como consecuencia de esta última, limitaciones muy consistentes para decidir desde afuera (FMI) la política económica del país.
Reformar el presidencialismo y construir gobernabilidad democrática significa reducir las incertidumbres y sus efectos corrosivos sobre la confianza política entre los actores, pero ello requiere de un esquema de transacciones políticas que genere compromisos y expectativas que favorezcan la convivencia y la racionalidad de nuestras comunidades políticas.
Una Constitución que descentralizara el poder hacia órganos autónomos del Estado, que desarrollara legislativamente la independencia de las asociaciones civiles, gremiales y profesionales, que transfiriera, a través de métodos de consulta directa y de participación ciudadana en las decisiones públicas, el poder a los ciudadanos.
Coadyuvaría, en síntesis, a redefinir los derechos y los objetivos de la nación en tiempos de cambio, con nuevas instituciones democráticas eficaces, representativas, claramente responsables frente a los ciudadanos y respetable frente al exterior. Bolivia podría así, cumplir mejor las tareas que requieren el presente siglo.
El problema central, sin embargo, es lograr un clima político adecuado para el procesamiento ordenado de esos cambios. El espíritu de la coyuntura, dominado abrumadoramente por las amenazas y los desacuerdos en casi todo, ha instalado la incertidumbre y el riesgo como parte de los activos fijos del proceso transicional boliviano.
Empero, no hay que olvidar que la democracia como forma de vida y de gobierno no puede instalarse mientras la sociedad en general y la sociedad civil en particular, exhiban características o prácticas no democráticas, como: extrema pobreza, explotación laboral, corrupción, violencia, etc. etc.; por ello es imprescindible también trascender el campo de las instituciones políticas y democratizar también la sociedad civil, ya que es desde la esfera de lo social que surgen las instituciones políticas.
* Freddy Ontiveros es abogado, colaborador de tinku.org, ex dirigente de la central obrera dep. de oruro y ex secretario general de la prefectura en Oruro-Bolivia