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Reforma judicial, por la fuerza o por consenso (II)

Fuentes: Rebelión

Mencionamos hace unos días, en una primera aportación de tres sobre la propuesta de Reforma Judicial en México, https://rebelion.org/la-reforma-judicial-en-mexico-escenarios-y-retos-i/ que son cuatro los objetivos que busca; Elección por voto popular de Ministros, Magistrados, Jueces Federales y por ende sus pares en los estados; sustitución del Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina Judicial con su Órgano de Administración; desaparición de Fideicomisos judiciales cuyo dinero será ingresado al Fondo de Pensiones para el Bienestar y; prohibición de otorgar suspensiones (provisionales y definitivas) contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Sin dejar de mencionar que un transitorio habla de respetar los derechos laborales de los trabajadores sin especificar si serán de base, de confianza o ambos, porque hablamos de 53 mil empleados federales, sin contar los de los estados del país, que sigue generando zozobra y malestar ante la nula información al respecto.

El día de hoy y mañana se prevé por parte de la mayoría de Morena y aliados, que se concrete la reforma ya aprobada en Comisiones, sin tomar en cuenta –cara a cara- las propias voces de los actores todos del PJF, académicos, universidades, barras, colegios y frentes jurídicos y hoy estudiantes, que han tomado literalmente la Cámara de diputados, para suspender la sesión de aprobación, aunque se habla de sedes alternas para consumar una reforma que muy lejos –así como se pretende llevar acabo- tendrá la suficiente fuerza legal y legítima que se requiere, sobre todo al término de un sexenio en 20 días y el inicio de otro, por lo que seguramente se está de manera errónea heredando un grave problema de constitucionalidad a la administración de Claudia Sheinbaum, lo que estratégicamente es craso error. Pareciera que los expertos en Derecho del oficialismo, no lo son tanto como se dicen ser. Al tiempo.

Como si fuera un acto de gracia y bondad de portavoces legislativos de la reforma, se ha determinado no proceder en contra de jueces de distrito que otorgaron suspensiones provisionales para que la reforma no avance, hasta no se resuelva de fondo el acto reclamado de los quejosos. Pero se advierte la Reforma VA, sin respeto a las suspensiones provisionales decretadas, que genera zozobra técnica, jurídica, financiera y social. Ello no calmará los ánimos encontrados en los inconformes generados por la cerrazón y el autoritarismo, de concretar algo, sin un verdadero consenso nacional. Reforma judicial sí, necesaria para el país e interesante incluso por sus objetivos, pero no así, sin escuchar a todos y con acuerdos nacionales. Mucho menos amenazando a los manifestantes.

Me parece que si solo se busca modificar la forma de cómo deben ser electos y ya no nombrados los jueces que impartirán justicia es debatible, lo que implicaría que no trastoca el fondo de impartirla a los justiciables, pero de eso no habló la iniciativa y nadie habla. De allí muchas dudas y malestares.

Nadie conoce públicamente los resultados o relatorías de los Foros Nacionales organizados por el poder legislativo, ni tampoco los organizados por la SCJN, lo que es una afrenta considero al pueblo de México, por eso las manifestaciones en pro y en contra de la reforma al poder judicial nacional. Si por supuesto hay propuestas de reforma por parte de universidades y académicos, que advierte riesgos, pero no cerrados a una verdadera reforma judicial. Por ejemplo, nadie sabe de las propuestas de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), que habla de gradualidad en los cambios, reducción de aspirantes, preferencia a cargos a quienes ya tienen y que los electos con paridad de género, sean capacitados. https://conatrib.org.mx/home/

Estamos a tiempo de que la madurez en todos los actores se impondrá. La polarización no nace de la nada y puede traer como consecuencia graves escenarios para la república. Cada quien que asuma su responsabilidad histórica y que sea con pleno respeto a la legalidad, la constitución y el irrestricto respeto al Estado de Derecho.

Rafael Marín Marín es Secretario General del Frente Nacional Jurídico en Defensa de la Constitución

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