Sobre el final del año el Gobierno busca recuperar la iniciativa política ante una conflictividad extendida, pero disgregada, condicionada por la contención burocrática y el 2019. En un año cargado de protestas contra cierres y despidos, con huelgas recurrentes de docentes, estatales y trabajadores de la salud, y teñido de verde por el movimiento de […]
Sobre el final del año el Gobierno busca recuperar la iniciativa política ante una conflictividad extendida, pero disgregada, condicionada por la contención burocrática y el 2019. En un año cargado de protestas contra cierres y despidos, con huelgas recurrentes de docentes, estatales y trabajadores de la salud, y teñido de verde por el movimiento de mujeres, sin embargo, la mayoría de los actores gremiales, sociales y políticos trabajaron para evitar un nuevo diciembre caliente.
No obstante, los niveles de crisis y descomposición del tejido social no alcanzan aún los niveles que precedieron al estallido del 2001.Los sectores más bajos de la clase trabajadora están más organizados pero al mismo tiempo más institucionalizados y contenidos por lo que Luisina Perelmiter denomina una «burocracia plebeya». De todos modos, la responsabilidad principal es la de la CGT. Aunque ambas apuestan al objetivo electoral futuro sacrificando la acción del presente.
El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dejó claro esta semana que Macri quiere avanzar con la flexibilización laboral.
«Vamos a impulsar la reforma laboral. Continuaremos con el diálogo con la CGT y con los sectores empresariales para bajar los costos extra salariales que nos quitan competitividad», dijo Sica. Como si estuviera repitiendo un guión redactado por la UIA, dijo que «hay un exceso de regulaciones y de penalizaciones que terminan impidiendo las nuevas formas de contratación». Pero además sorprendió al plantear que la reforma «es más importante para los trabajadores que para los empresarios».
También Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre y uno de los empresarios favoritos de Mauricio Macri, salió a respaldar la iniciativa de Cambiemos de relanzar la reforma laboral que se explicitó en las últimas horas.
Además señaló que «los países vecinos y socios comerciales, tienen un marco laboral absolutamente moderno. Cuando un inversor decide dónde poner su fábrica, en Brasil, Argentina o Chile, y compara esos marcos, tenemos muy pocas posibilidades de ganar esa competencia».
En un reciente informe de Orlando Ferreres & Asociados elogia la reforma laboral brasileña basada en la «libertad de contratación» (acuerdos entre empleador y trabajador, en desmedro de los convenios colectivos), la reducción en la «indemnización por despido en un 30%», y «la incorporación de autónomos que no impliquen una relación de dependencia», entre otros puntos.
Como toda flexibilización, el objetivo final no es mejorar la situación laboral sino ejercer presión para la baja de los salarios (amenaza de desempleo mediante) y de otros costos como el de despido.
Para las empresas basadas en el mercado interno, cualquier mejora coyuntural de la rentabilidad, derivada de la flexibilización asociada a menores salarios, sería revertida, más temprano que tarde, por un nuevo achicamiento del consumo. Desde este plano, sólo le cierra a unos pocos sectores que están en condiciones de exportar y que, al igual que pasa con la devaluación, ven en la baja del salario una manera de mejorar su competitividad en dólares.
Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo de la Nación durante 12 años, rechazó la intención del Gobierno de reflotar la reforma laboral como una potencial solución a los problemas económicos y de empleo que empiezan a arreciar en el mercado de trabajo argentino.
«Hoy ninguna reforma laboral del tipo de las presentadas por el macrismo resuelve los problemas del trabajo», señaló Tomada, actual legislador porteño. «No pasa por una reforma laboral resolver los problemas de inflación, de desocupación, ni de precarización. En ese último terreno es peor, estaría cerca de generar más precarización que de frenarla», agregó.
Además el ex ministro citó experiencias internacionales que refutan la idea de que una reforma genera puestos de trabajo: «La reforma laboral para generar empleo se hizo en 103 países, según un informe de Naciones Unidas, y eso no pasó en ningún caso», sentenció.
«En nuestro país las reformas laborales de los años noventa terminaron con la crisis del 2001», recordó.
Mientras tanto, se llevó a cabo en la ciudad de Rosario el encuentro del sindicalismo radical, el brazo oficial que tiene la UCR en el sector del trabajo. Allí también se reafirmó el rechazo a la Reforma Laboral, ya que en la forma que está planteada no sirve para generar empleo, solo generaría flexibilización laboral y una vuelta a las recetas de los 90, afirmó el nucleamiento de casi nula representatividad.
El Gobierno tomará $ 86.000 millones de la Anses
El Gobierno oficializó la emisión de Letras del Tesoro por hasta 86.000 millones de pesos, a un año de plazo, que serán suscriptas de manera directa por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
La decisión se tomó a partir de una resolución conjunta de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda. La deuda tomada así con los jubilados, sin consulta con ninguno de ellos más que con el jefe de la Anses, Emilio Basavilbaso, viene a mitigar el impedimento que acordó el gobierno con el FMI de financiar al Tesoro mediante deuda con el Banco Central.
De esta forma, mientras el gobierno y el FMI insisten con que no hay dinero para los jubilados, programan recortes y preparan la reforma previsional para extender la edad jubilatoria y obtienen recursos de su Caja para financiar el pago de intereses de deuda a los especuladores, en el marco de un plan de «déficit primario cero».
Al respecto, el FMI sostuvo que «más esfuerzos son necesarios para que la consolidación fiscal sea sustentable y favorable al crecimiento. Reformas en el sistema impositivo y de pensiones reforzarán la confianza en el proceso […] Dada la complejidad de esas reformas, y la necesidad de establecer un consenso social amplio alrededor de ellas, será importante comenzar pronto con el trabajo técnico y preparatorio, con la mirada puesta en enviar las normas al Congreso a fines de 2019». Y sigue: «La agenda de reformas estructurales continúa […] Las prioridades incluyen un sistema tributario menos distorsivo, un sistema de regulaciones del mercado laboral más balanceado […], menos barreras al comercio y a la inversión extranjera».
Es decir, el FMI brinda oxígeno durante 2019 para que el Gobierno intente generar un consenso que le permita ganar las elecciones y después ir a fondo con las reformas estructurales pendientes de acuerdo a los ajustadores.
La Corte obliga a cambiar el índice de ajuste de las jubilaciones
Mientras tanto, la Corte Suprema dictó el fallo que reivindica el índice de ajuste de haberes para jubilados y pensionados tomando como base los salarios de la industria y la construcción, en lugar del que pretendía el gobierno, medido sobre los sueldos de los estatales.
La medida, que beneficia casi automáticamente en una mejora del orden del 30 % los salarios de un grupo de jubilados, fue aprobada por cuatro votos contra uno. El único que votó en sintonía con las pretensiones del gobierno fue el flamante presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz.
El fallo confirma la aplicación de un índice que se viene aplicando desde 2009. El gobierno, al calor de la proclamada «reparación histórica» que anunció en 2016, pretendía modificarlo. Pero ese cálculo significaba, según la demanda de unos 11.000 jubilados, un recorte en sus haberes.
Si bien el gobierno dejó trascender que una decisión de esta naturaleza afectaría las metas fiscales comprometidas ante el FMI, lo cierto es que esa cuenta es más potencial que real. En los hechos, según el abogado previsional Miguel Fernández Pastor, el efecto será nulo pues los primeros juicios derivados de este fallo se comenzarán a pagar a fines de 2019, en 2020 y en 2021. Es decir, después del actual gobierno y por fuera del acuerdo con el FMI.
No obstante, el fallo no cierra la posibilidad de un cambio de índice en el futuro: los jueces resolvieron notificar el fallo al Congreso de la Nación «a fin de que, en un plazo razonable, fije el indicador para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial». Es decir que, en el futuro y por ley, el gobierno podría imponer el RIPTE como base de cálculo para el reajuste de haberes.
De las cuestiones previsionales que debe resolver la Corte, la de este martes no es, por cierto, la más preocupante para el gobierno. Todavía quedan pendientes la reforma previsional, de la que por estos días se cumplirá un año de sanción, que fijó un nuevo índice de cálculo de los reajustes que se producen dos veces por año sobre los haberes de la clase pasiva. Y, también, la aplicación con efecto retroactivo de ese índice. Sobre esos dos asuntos, la Corte aún no anunció cuándo los abordará.
Hasta el 2008 ANSeS calculaba los beneficios previsionales sin aplicar ninguna actualización a los salarios posteriores a 1991 que entraban en el promedio para el cálculo del primer haber (últimas 120 remuneraciones). Esto motivó el inicio de cientos de miles de juicios de reajuste que llevaron a colapsar el Fuero de la Seguridad Social.
Frente a los reclamos de los jubilados y pensionados, la Corte en 2009 brindó una solución al problema planteado, ordenando en el precedente «Elliff» un método de actualizar los salarios a la fecha de solicitud del beneficio.
Sin embargo, desde que creó el Programa de Reparación Histórica en julio de 2016, ANSeS se propuso cambiar el criterio de la Justicia respecto al índice que ordena para el reajuste de los haberes previsionales.
Los beneficios acordados desde agosto de 2016 son calculados con el llamado RIPTE, es decir, el cálculo que hace el Ministerio de Producción y Trabajo de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, conforme a lo establecido en el Decreto 807/16 en lugar del Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción o ISBIC, que venía aplicando la Justicia.
El conflicto surge porque los haberes calculados con RIPTE resultan notoriamente inferiores a los calculados con ISBIC. Para la gran mayoría de los casos en juicio, el cambio de índice implicaría que los haberes se calculen en montos inferiores, respecto de lo que puede obtener hoy por sentencia judicial, en proporciones que van del 20 al 60% .
Por ejemplo, para un haber jubilatorio que hacia julio de 2007 era de $ 1.855, a octubre pasado resulta que esa jubilación debería ser de $ 40.525, si el reajuste se efectúa con el RIPTE, y de $ 55.913 si se aplica el ISBIC, es decir una diferencia superior a $ 15.000 .
La mayoría de las Cámaras Federales coinciden en no aplicar el RIPTE en los casos en los que los jubilados no adhirieron al Sistema de Reparación Histórica anteriores a Agosto de 2016 .
Al respecto recuerdan algunos argumentos que aparecen en algunos fallos como que la aplicación de este índice «constituye una argucia que muestra el uso indebido y distorsionado de las facultades reglamentarias» y también los jueces sostienen que «se vulnera la garantía constitucional del derecho adquirido».
Todos las Cámaras Federales que aplican ISBIC coinciden en que en materia de Jubilación rige la ley vigente al momento que se adquiere el beneficio y las normas no se aplican nunca retroactivamente. Por cuanto aplicar el índice RIPTE a quienes se jubilaron antes de agosto de 2016 es un exceso reglamentario de ANSES.
Se conformó el primer sindicato de pasivos
En un acto que se realizó el 28 de diciembre, se presentó en sociedad el Sindicato de Trabajadores Pasivos (STP) que buscará lanzarse a la representación en toda la Argentina de los intereses legales, sociales y gremiales de todos los adultos mayores, jubilados, pensionados, retirados o rentados en forma vitalicia.
El gremio, que tuvo su primera acción pública el 18 de diciembre cuando movilizó para rechazar la reforma previsional y reclamarle a la Corte Suprema que falle en favor de los jubilados en el diferendo por el índice de actualización de jubilaciones, será comandado por Delicia Sensión, como secretaria General.
Detrás de la organización aparece el abogado previsional Christian D ìAlessandro, que será el apoderado del gremio, y el paraguas gremial del Frente Sindical para el Modelo Nacional que se referencia en el triunvirato de Pablo Moyano, Sergio Palazzo y Ricardo Pignanelli.
Se trata de una organización de nuevo tipo que podría llegar a representar a 6,8 millones de trabajadores pasivos en paritarias ante el Gobierno.
Y que además apunta a ejercer su derecho al voto en la dirección del PAMI, que aún sigue intervenido, así como en la Anses y el Consejo del Salario Mínimo, el órgano tripartito que todos los años fija indirectamente la jubilación mínima, la cual representa el 82% de ese piso salarial.
Tarifazo
En medio de un fin de año mucho más tranquilo en términos sociales de lo que preveía Cambiemos (antes de acordar con intendentes bonaerenses y movimientos sociales), la Casa Rosada se consideró habilitada a ajustar aún más el torniquete de las tarifas.
Si bien días atrás el gobierno nacional dejó trascender que los incrementos en el gas y la luz iban a ser del 30 % en los primeros meses de 2019, las cifras que anunció este jueves el Poder Ejecutivo registran un fuerte reajuste.
En lo que se considera apenas una aproximación a lo que finalmente se concretará (como sucede con las tarifas desde diciembre de 2015), el Gobierno puntualizó que durante 2019 la energía eléctrica aumentará un 55 % promedio para Capital Federal y Gran Buenos Aires. En tanto, el gas lo hará en no menos del 35 %, aunque desde Balcarce 50 se asegura off the record que el número no bajará del 50%
El agua aumentará un 48% en dos tramos: un 17% en enero y un 27% en mayo. El sábado trascendió que la Superintendencia de Servicios de Salud ya autorizó un alza del 5% en febrero próximo. La medida afecta a 6.000.000 de beneficiarios.
Asimismo, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció una suba escalonada de la tarifa de transportes del Área Metropolitana de Buenos Aires desde el 12 de enero de 2019, con subas que llegan casi al 40% en colectivos para los primeros tres meses del año.
Después de que el gobierno de Mauricio Macri anunciara dos nuevos tarifazos para comienzos de 2019, en la luz y en el transporte, miles de ciudadanos se convocaron para protestar en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano y mostrar su descontento con las políticas de Cambiemos.
En todos los casos, los incrementos de tarifas están muy por debajo de las subas salariales, ya que elevan la inflación al 30% mientras que se comenzaron a cerrar paritarias en el 23%. Son los casos de Utedyc (entidades deportivas y civiles) y Suterh (porteros de edificios).
El porcentaje del 23% tiene como origen la inflación prevista para 2019 por la Ley de Presupuesto. Aunque, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, y que se conoció a principios de este mes, antes del tarifazo anunciado, estimaba una inflación del 27,5% para 2019.
En caída libre
En este contexto, de acuerdo al sondeo nacional que elabora la consultora Management & Fit (M&F) para Clarín, la mirada sobre la Gestión del Gobierno Nacional que tenía 46,1 puntos a principios de enero, quedó en 21,8 a fines de diciembre.
La mirada sobre la actualidad y las expectativas de la gestión económica del Presidente mide un poco mejor. Descendió del 37,9 a 30,6.
Según la estadística oficial, la industria lleva 5 meses en picada -10,8% en setiembre. El comercio 4 y un setiembre muy negativo del 12,8%. La construcción en julio frenó 19 meses de crecimiento. El consumo de asfalto, clave en rutas y autopistas, que en octubre de 2017 trepaba al 89% ahora cae 48%, o sea, una diferencia de 137 puntos porcentuales de un año al otro.
Solo el sector financiero acumula 21 meses consecutivos de crecimiento, cinco de ellos por encima del 8%.
Conflictos obreros
Después de 24 días de huelga y 23 de ocupación de la planta Interpack en rechazo al despido de once trabajadores, la Secretaría de Trabajo dictó una resolución de «conciliación obligatoria».
El dictamen, firmado por la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mercedes Gadea, tiene un clarísimo carácter político contra las luchas obreras ya que establece la legitimidad de los despidos injustificados e ilegales del Grupo Zupan e intima al sindicato, y por su intermedio a los trabajadores, a deponer las medida de acción directa y a prestar tareas con normalidad, bajo apercibimiento de aplicar todo tipo de sanciones.
La Comisión Interna de Interpack y la Federación Gráfica Bonaerense rechazaron formalmente la resolución y, en una importante asamblea realizada en la planta, el conjunto de los trabajadores resolvieron, por unanimidad, acompañar esta posición, manteniendo la ocupación y todas las medidas de lucha.
El mismo jueves 27 por la mañana, una delegación de diputados nacionales, provinciales y organismos de Derechos Humanos, se entrevistaron con la fiscal a cargo de UFI 6, para rechazar la pretensión de la empresa de transformar un conflicto laboral en una cuestión penal, mediante una denuncia por «usurpación», absolutamente falaz.
A pocos días de retomar sus actividades laborales luego de haber cobrado parte de la deuda salarial que reclamaban, los trabajadores de Industrias Agrícolas Rosario SA (Iarsa) de Casilda (Santa Fe) iniciaron una nueva medida de fuerza al no percibir todavía el resto de las remuneraciones atrasadas.
La situación es similar en la fábrica Marani aunque, por ahora, no está paralizada como sucedió recientemente a causa de atrasos salariales de los cuales un importante porcentaje aún se mantiene.
El panorama no es menos preocupante en la industria casildense de sembradoras y herramientas manuales de ferretería, Gherardi SA, donde si bien los obreros están trabajando con jornadas reducidas, siguen con dificultades para percibir sus haberes.
La problemática de este establecimiento metalúrgico es la que mayor intranquilidad genera en la comunidad ya que se trata de la principal empleadora de la ciudad en el sector privado.
«La situación de las empresas metalúrgicas de Casilda es similar a lo que sucede con la Pymes de Firmat», dijo Morinigo, dirigente de la UOM local, y apuntó fundamentalmente contra «las políticas económicas del gobierno nacional que no ayudan a la industria nacional ni al empleo».
Trabajadores de Coca-Cola Femsa iniciaron un paro de actividades, con el objetivo de reclamar que la multinacional devuelva «las tareas perdidas en manos de la reventa y de cadenas de hipermercados que operan como centros de distribución».
La medida busca que «de una vez por todas los afiliados recuperen parte del salario perdido», según un comunicado que dio a conocer el secretario Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano.
Miguel Herrera, titular de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita), manifestó su preocupación por las más de 30 empresas de Córdoba, que desde el 1º de enero quedarán sin el subsidio de la Nación, por lo que peligran 1.500 puestos de trabajo.
Desde la Federación de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) sostienen que es «arbitrario y discriminatorio» el trato de la Provincia para con las empresas de más de 60 kilómetros, que ya no tendrán subsidios nacionales, e indican que 300 localidades quedarán sin servicio.
En las últimas horas del jueves 27, se conoció que nuevos despidos afectarían a trabajadores de Fabricaciones Militares en las distintas plantas del país. La noticia fue confirmada por los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado Villa María, en una conferencia de prensa. Suman 60 cesanteados que se conocieron a través de una comunicación interna del interventor del organismo.
La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que conduce Juan Carlos Schmid, firmó con la Administración General de Puertos (AGP) que preside Gonzalo Mórtola, una cláusula anti despidos, que garantiza los puestos de trabajo durante 20 meses ante la licitación del Puerto de Buenos Aires.
Un fantasma en el Ministerio de Transporte
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas acusa al ministro de Transporte de tener como mano derecha a un empresario del área «sin designación oficial», que comparte negocios con importantes operadores aeronáuticos y turísticos.
El hombre participa de reuniones con el ministro Guillermo Dietrich y también con otros integrantes del gabinete en nombre de la repartición e incluso brinda declaraciones a los diferentes medios de comunicación en representación del Ministerio. El fantasma, que responde al nombre de Pedro Sorop, motivó la presentación de una denuncia penal por parte de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que lidera Pablo Biró.
El gremio denunció a Sorop por usurpación de autoridad y, de forma subsidiaria, al funcionario del Ministerio que facilita que Sorop trabaje «sin designación oficial» y «cumpla funciones como si fuera una suerte de Jefe de Gabinete o Coordinador General» de dicha cartera.
De acuerdo a la denuncia, que recayó en el juzgado de Sebastián Ramos, el fantasma se mueve sin inconveniente entre los dos lados del mostrador porque además mantiene fluidas relaciones comerciales con hombres que integran las empresas aerocomerciales. Por caso, la presentación judicial sostiene que Sorop es socio en una compañía off shore, radicada en Panamá, con el CEO de Despegar SA, empresa que vende pasajes aéreos de Aerolíneas Argentinas por los que cobra comisiones. Según entiende APLA, la falta de designación de Sorop lo exime de presentar declaraciones juradas y hasta de ser investigado por la Oficina Anticorrupción.
Para Biró, el sistema aerocomercial nacional y sobre todo la línea de bandera «están bajo el ataque más agresivo y mas impensado, el de los empresarios que desembarcaron en el gobierno y lo utilizan para sus propios intereses».
La existencia de Sorop en las oficinas del Ministerio se da de bruces con el discurso de la transparencia e integridad que predomina entre los funcionarios de Cambiemos y para el gremio esta «tremenda ironía» se ve reflejada en «las acciones de personajes oscuros, con inconfesables intenciones que, día a día, entregan la soberanía del espacio aéreo y traicionan los intereses de la patria».
Con respaldo de la CATT, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y la CTA Autónoma, los aeronavegantes movilizaron al Ministerio de Transporte para expresar su rechazo a la política aerocomercial del Gobierno.
La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) exigió resolver conflictos paritarios en Aerolíneas Argentinas y Austral, en medio de la conciliación obligatoria que sigue rigiendo y evitó un paro de 24 horas convocado para el jueves.
«El Gobierno apoya a las empresas de capitales extranjeros y las subsidia, que si bien es cierto que crean puestos de trabajo, son puestos precarizados, donde no hay convenios y no cumplen con la ley», se quejó el secretario general Juan Pablo Brey sobre la política oficial para el sector.
Y agregó: «Lo que no cuentan es lo que pasa con Andes, Aerolíneas, Austral, Avianca y otras, que nos prometieron que iban a crecer y ahora están devolviendo aviones».
«Nosotros ya expusimos los problemas que vivimos en las asambleas que llevamos a cabo en Aeroparque el 2, 16 y 27 de noviembre, pero no tuvimos respuestas. Acá no están en juego los privilegios de los sindicatos, sino la soberanía de nuestros cielos ante un Gobierno que viene a entregarlo todo», completó.
El Bauen al borde de una nueva orden de desalojo
El Consejo de Administración de la Cooperativa Hotel Bauen comunicó que este viernes 28 de diciembre, último día hábil del año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso extraordinario que presentaron hace un año y medio. Esto implica que, notificación mediante a la Cámara de Apelaciones y al Juzgado Comercial que lleva la causa, podría volver a dictarse una nueva orden de desalojo.
La cooperativa había presentado había presentado el recurso ante el Máximo Tribunal sosteniendo que la Constitución Nacional no prevé un plazo para que el Congreso pueda insistir con una norma aprobada por el Parlamento y después vetada por el Presidente.
En diciembre de 2016 el Senado votaba la expropiación del Hotel Bauen tras más de 15 años de lucha ininterrumpida, pero Mauricio Macri decidía vetarla por decreto. Así, abría la posibilidad de que en marzo de 2017 la jueza María Paula Hualde ordenara la «restitución» del edificio a sus antiguos dueños de la empresa Mercoteles (quienes en plena crisis de 2001 se fueron dejando a cientos de familias en la calle) estableciendo como fecha límite el día 19 de abril. La misma llegó a solicitar al jefe de Gabinete «el apoyo de las fuerzas de seguridad» para realizar el desalojo, que finalmente fue suspendido tras una gran campaña de solidaridad y apoyo hacia la gestión de sus trabajadores que incluyó a cientos de personalidades políticas, organizaciones de Derechos Humanos y sociales.
Por eso, el argumento de los trabajadores del Bauen era que la posibilidad de la insistencia debía mantener estado parlamentario durante dos años. La Corte esperó que se cumplieran y declaró abstracto el recurso, aunque no objetó la argumentación.
«Por ahora tenemos que esperar que termine la feria y ver qué pasos da el juzgado de primera instancia», dijo Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa. «No descartamos ir a la Corte Interamericana», agregó.
«Nosotros consideramos que el Bauen es del Estado por las deudas que había dejado la gestión empresarial. Sobre esa base, el Congreso declaró de utilidad pública el edificio. Eso vetó Macri. En el edificio además de nosotros, funcionan varias cooperativas, como la de trabajo Dignidad y El Descubridor, que preside el actor Manuel Callau. Con ellos firmamos un convenio para utilizar y relanzar el auditorio del edificio», explicó Tonarelli, para ejemplificar que el criterio de utilidad pública del Proyecto de ley aprobado por el Congreso, que fue vetado por Macri, se cumple.
Tonarelli agradeció las muestras de solidaridad de distintas organizaciones y personalidades que ya se han puesto en contacto y anticipó que irán informando los pasos a seguir para enfrentar este nuevo ataque judicial.
Científicos
Integrantes del Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) expresaron su «enorme preocupación por la situación presupuestaria y salarial» que atraviesa el organismo, a poco de «finalizar un nuevo año de serias dificultades para el sistema científico-tecnológico nacional, que quedará signado por la incomprensible decisión de suprimir el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación». Denuncian que «en estos tres años el CONICET ha sufrido un profundo y sostenido deterioro de los salarios de sus trabajadoras y trabajadores y de los estipendios de sus becarias y becarios, muchos de los cuales viven con remuneraciones que se sitúan por debajo de la línea de pobreza».
«El presupuesto 2019 aprobado por el Congreso de la Nación contempla para el CONICET un aumento aproximado del 23% con respecto a lo que se habrá ejecutado este año al 31 de diciembre, mientras que la inflación en el mismo período habrá sido superior al 46%. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en los últimos años, este presupuesto incluye los futuros acuerdos paritarios y prevé una seria disminución, incluso nominal, de los fondos para funcionamiento, inversión y financiación de proyectos. En definitiva, de no mediar una ampliación presupuestaria, es de esperar que continúe mermando la capacidad de investigación científica y tecnológica, la razón del ser del CONICET», sostienen los científicos en la declaración.
«Por todas estas razones nos sumamos a los reclamos, colectivos e individuales que comparten con nosotros la extrema preocupación por la situación de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva en nuestro país, sin distinción de simpatías partidarias. Al mismo tiempo nos permitimos apelar a la comprensión del Sr. Presidente de la Nación para que dé solución rápida a estos problemas presupuestarios», finalizan Dora Barrancos, Francisco Tamarit, Miguel Laborde, Roberto Rivarola y Tulio Del Bono, integrantes del Directorio del Conicet.
La privatización del INTI
Todo el sector científico y tecnológico argentino entró en una gran crisis presupuestaria. Recordemos que el sector de Ciencia y Técnica pasó de ocupar el 1.52% del total del Presupuesto nacional en 2015 a un magro 1.22% en 2018.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que es un organismo descentralizado (incluido en el presupuesto de CyT), que resulta clave en la promoción del desarrollo industrial de nuestro país, sufrió una fuerte disminución presupuestaria. Su capacidad y experiencia en el asesoramiento a PyMEs nacionales, en el mantenimiento de patrones de medición y estandarización, en la implementación de ensayos y el desarrollo de métodos de control de calidad a escala industrial son reconocidas en nuestro país y en el mundo.
Por primera vez la «implementación de un sistema de gestión de la innovación» de los Centros de Investigación y Desarrollo del Instituto quedó a cargo de una empresa privada.
A través de la disposición, firmada por Javier Ibáñez, presidente del INTI el pasado 3 de septiembre, Quara Argentina S.A., propiedad del ingeniero Leopoldo Colombo, un ex CEO de la empresa de certificación de calidad IRAM, se hará cargo de la «implementación de un sistema de gestión de la innovación en INTI» a pedido de la Gerencia de Desarrollo, a cargo de Marina Pérez Zelaschi.
Según consta en la disposición, el Gerente General, Mariano Zlatanoff, autorizó a pagarle a esta empresa 4.358.117 pesos por el procedimiento de «Contratación Directa por Adjudicación Simple por Especialidad», es decir, sin concurso ni licitación, por realizar una tarea que históricamente se llevó a cabo desde el Instituto.
Según expertos capacitados en los cursos de Colombo, «el INTI podría haber llevado adelante esta tarea». Además, aseguró que el pago de más de cuatro millones de pesos es excesivo y que «jamás podría haberle costado esa plata al Estado en cantidad de horas de trabajo de personal del INTI».
«Las normas de gestión se implementan y en una segunda etapa, se certifican. Esas tareas las puede hacer el INTI ya que es una de las instituciones que más maneja las normas ISO en un proceso endógeno, que se autoforma y se auto dirige. Para eso hay más de 3.000 ingenieros e ingenieras del instituto en todo el país», aseguró uno de ellos.
Yamila Mathon, una de las delegadas de ATE INTI sostuvo que «mientras la industria se desploma, se recorta el presupuesto de Ciencia y Tecnología, y la crisis económica se agudiza, las autoridades del INTI llevan adelante el vaciamiento de personal y de recursos, y la privatización del Instituto».
Por su parte, Giselle Santana, secretaria gremial de la Junta interna y trabajadora del área del Departamento de Metrología científica e industrial, sostuvo que «hay sectores que están muy afectados» por los 266 despidos dispuestos por la Institución. «En el área de balanzas quedaron sólo cuatro personas, ¿cómo se hace para certificar las balanzas de los puertos, los supermercados, los aeropuertos? El objetivo es contratar a los privados que van a hacer las tareas nuestras ‘en tiempo y forma'», sentenció Santana.
Javier Ibañez ex gerente de Tenaris-Techint y ex funcionario del Gobierno de la Ciudad encontró su modelo de gestión en el País Vasco con Tecnalia que se define como «el primer Centro privado de Investigación aplicada de España», orientado a «transformar el conocimiento en PIB para mejorar la calidad de vida de las personas, creando oportunidades de negocio en las empresas». La implementación de este modelo define el achicamiento del INTI, la privatización de la ciencia aplicada y crea un alto riesgo para la salud y a la seguridad de los ciudadanos argentinos.
El primer efecto del acuerdo con la consultora Tecnalia fueron los 266 despidos de trabajadores administrativos, técnicos y científicos. Los afectados fueron delegados de sectores, participantes en listas gremiales y en asambleas de trabajadores.
El ex director del INTI, Enrique Martínez, sostiene que: «El plan de reorganización del INTI que hizo Tecnalia, por un lado, persigue achicar el gasto, con un criterio meramente presupuestario. Pero además hay una cuestión ideológica, estructural. Las corporaciones multinacionales, que no hacen desarrollo tecnológico en el país, no tienen ningún interés en que los conocimientos del INTI se difundan entre las pequeñas empresas. O sea, quieren tener al INTI apenas como una fuente de reconocimiento para ellas mismas, porque el INTI tiene representación en la oficina de pesas y medidas a nivel global, por ejemplo, o las instituciones de meteorología. Eso es lo que tiene valor para las multinacionales, no el desarrollo tecnológico industrial. El Gobierno tiene este criterio».
El acuerdo firmado por Ibañez y Tecnalia implica el diseño y asesoramiento para la implementación de laboratorios y capacidades en I+D en las áreas de conocimiento en Alimentación, Energía y Movilidad. El costo total es de U$S 350.000 o sea unos $20.000.000 por un período de 6 meses.
Arsat
En mayo de 2016 la firma estadounidense McKinsey asesoró al gobierno de Cambiemos en el diseño de un nuevo marco regulatorio para las comunicaciones y el plan de negocios de la estatal ARSAT.
El Gobierno de Cambiemos pagó 12,5 millones de pesos a la estadounidense McKinsey por un asesoramiento de 4 meses para el diseño de la política pública de comunicaciones. El resultado está a la vista, la política de cielos abiertos cercenó el desarrollo satelital argentino que al año 2015 logró los hitos tecnológicos del ARSAT-1 Y ARSAT-2.
En los primeros días de febrero de 2018 el Ministerio de Modernización autorizó dos nuevos satélites el Eutelsat 117 West-B perteneciente a Eutelsat Américas, filial en México de la empresa europea Euteo lsat y SES-14, de la empresa SES con sede en Luxemburgo.
Estas dos autorizaciones se suman a las 6 emitidas por Modernización en enero de 2018 y a las 14 que había autorizado en 2016 y 2017 el extinto Ministerio de Comunicaciones.
La creciente oferta de servicio de comunicación satelital en el mercado argentino y regional avanza en detrimento del crecimiento de los intereses nacionales ya que debilita a la empresa de bandera ARSAT cuya flota de satélites a desarrollar se encuentra suspendida desde el año 2015.
Estos hechos, que junto al intento de entrega del patrimonio satelital a la empresa norteamericana Hughes desconociendo la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, configuran la pérdida de soberanía tecnológica alcanzada.
Para reprimir no hay ajuste
El Gobierno amplió en $ 6.426 millones los gastos del Presupuesto Nacional de 2018, más recursos para las fuerzas represivas como gastos de mantenimiento edilicio de distintos pasos fronterizos para la Gendarmería Nacional, jubilaciones, retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval, capacitación y equipamiento.
Del total autorizado, $ 2.389 millones se cubren con mayores ingresos y los $ 4.037 millones restantes, aumentan el déficit fiscal de 2018.
La medida se formalizó a través de una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial este viernes, con las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Las prioridades de Cambiemos están a la vista más recursos para la represión y menos para la investigación científica.
Fuentes: www.ate.org.ar, Tiempo Argentino, Anred, motoreconomico.com.ar, El Sol, Resumen Latinoamericano, Clarín, Red Eco Alternativo, argentina. indymedia, La Izquierda Diario, APU, Canal Abierto
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