‘Llegó la hora de recuperar los recursos naturales. Hoy nacionalizamos los hidrocarburos’, fueron dos frases, o más bien, conceptos históricos de gran alcance, que subrayó el presidente de Bolivia, Evo Morales, al anunciar la nacionalización del sector energético en su país el 1 de mayo de 2006. El mandatario dijo que ello constituía ‘un regalo’ […]
‘Llegó la hora de recuperar los recursos naturales. Hoy nacionalizamos los hidrocarburos’, fueron dos frases, o más bien, conceptos históricos de gran alcance, que subrayó el presidente de Bolivia, Evo Morales, al anunciar la nacionalización del sector energético en su país el 1 de mayo de 2006. El mandatario dijo que ello constituía ‘un regalo’ al pueblo boliviano cuando se estaba celebrando el Día Internacional de los Trabajadores.
La medida fue anunciada por el primer presidente indígena en la historia de Bolivia en el sureño campo petrolero de San Alberto, cercano a la población de Yacuiba, en la zona fronteriza con Argentina. El mandatario llegó en un avión militar hasta allí, en un viaje de mil 200 kilómetros acompañado de varios de sus ministros. En ese sector, el mayor de su perfil en Bolivia, Evo Morales presenció personalmente la colocación de la bandera nacional en ese campo. ‘Esta medida marca el comienzo de la reversión del proceso privatizador lanzado en 1996’, expuso esa misma noche frente a la sede del gobierno en La Paz después de recorrer en total 2 mil 500 kilómetros en un viaje que lo llevó a Yacuiba, la región central y tropical de Carrasco (Cochabamba) y finalmente a La Paz, en actos simbólicos de toma de posesión de los campos de producción.
‘Llegó la hora de acabar con los subastadores y llegó la hora de recuperar los recursos naturales. Hoy nacionalizamos los hidrocarburos, 10 años después de la capitalización (privatización)’, dijo.
Para una buena parte de los bolivianos la Ley de Nacionalización fue mucho más allá de los letreros de ‘Nacionalizada’ que pudieron observar el mismo 1 de mayo en instalaciones petroleras de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Las gasolineras tuvieron ese día una inscripción: ‘propiedad de los bolivianos’.
En contraste con el respaldo de la medida entre la mayoría de los bolivianos, en el exterior se escucharon dudas y advertencias.
Al salir en defensa de Petrobras, entidad estatal del Brasil que invirtió mil 500 millones de dólares en el sector y con fuerte participación en toda la llamada cadena productiva de petróleo y gas natural desde la exploración a la refinación, el transporte y la comercialización, con 64 gasolineras en las principales ciudades, un portavoz del Ministerio de Minas y Energía de Brasil calificó de ‘gesto no amistoso, que puede ser entendido como una ruptura de los entendimientos que venían siendo mantenidos con Bolivia’.
Del otro lado del océano un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en defensa de la firma Repsol-YPF, inversora junto a las británicas British Gas y British Petroleum y la francesa Total en el sector de hidrocarburos boliviano, expuso de inmediato ‘la más profunda preocupación de la administración del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y expresa la esperanza de que el gobierno boliviano abra un proceso de auténtica negociación y diálogo donde se respeten los intereses de unos y otros’.
Las aspereza con Brasil se ha limado con paciencia, diplomacia y objetivos más amplios de hermandad. Con Europa y especialmente con Estados Unidos, la desconfianza ha aumentado y se ha transformado -según denuncias- en oscuras conspiraciones contra el popular gobierno de Morales, que lucha por transformaciones sociales sin precedentes.
El primer artículo del decreto 28701 de nacionalización dejó establecido el objetivo de este de recuperación del petróleo, gas natural y derivados para el Estado boliviano y planteó un proceso de conversión de las firmas transnacionales en operadoras transitorias de los procesos de producción, transportes, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de este sector energético. El texto de la legislación subrayó que YPFB recibiría la producción de hidrocarburos, dirigiría la comercialización y fijaría volúmenes de industrialización y los precios para el mercado interno y la exportación.
Ello significa riquezas para el estado boliviano y su pueblo. Bolivia posee la segunda mayor reserva de gas natural de América del Sur, después de Venezuela, con 53 trillones de pies cúbicos, cuyo valor estimado es de 100 mil millones de dólares. Sus ingresos anuales por impuestos fueron en la gestión 2005 de 250 millones de dólares y sin ley de nacionalización.
Pese a tal recurso natural, las antiguas estructuras sociales y económicas que aún rigen en el país causaron que la economía nacional fuera en 2006 deficitaria en unos 400 millones de dólares y que la nación debiera recibir donaciones y créditos externos. En aquel momento el Instituto Nacional de Estadísticas reflejó que la pobreza alcanzaba a 67.3 por ciento de los 9.2 millones de bolivianos pese a la aplicación de los primeros programas de beneficio por parte del gobierno de Evo Morales.
La nacionalización que se inició el 1 de mayo fue la tercera que se adopta en Bolivia. La primera fue dictada en 1937 por el gobierno nacionalista del general David Toro, quien anuló las concesiones petroleras y ordenó la entrega de los bienes de la firma estadounidense Standard Oil al Estado a cambio de una indemnización de 1,7 millones de dólares. El general Alfredo Ovando Candia (1969-1970) nacionalizó los bienes y concesiones de la estadounidense Gulf Oil Company, en un programa encabezado por el entonces ministro de hidrocarburos, Marcelo Quiroga Santa Cruz, socialista, quien fue asesinado el 17 de julio de 1980 bajo el régimen de Luis García Meza. Pese a ello, globalmente, el sector energético boliviano permaneció subordinado al capital extranjero.
De 1993 a 1997 ocurrió en el país andino una llamada reestructuración del sector energético cuya piedra angular fue la promoción del sector privado. El gobierno de entonces promulgó una ley llamada de Capitalización diseñada para abrir de par en par las puertas al ingreso de capitales privados en las empresas estatales. Nacieron así sociedades anónimas mixtas. Para completar el perfil neoliberal del programa se promulgaron las leyes de Electricidad, de Hidrocarburos. El efecto fue la capitalización privada de las empresas estatales. En 1997 fue privatizada la distribución del gas natural y la electricidad. Durante aquel año el sector privado se apoderó del 90 por ciento de la red eléctrica nacional en todas sus variantes. El proceso neoliberal siguió en el lapso 1999 y 2000 cuando se privatizaron las 3 refinerías existentes en el país.
La nacionalización decretada por el gobierno de Morales significó una crucial reversión de esos programas de privatización, en beneficio de los mayoritarios sectores poblacionales empobrecidos. Se calcula que el estado incrementó sus recaudaciones anuales de los 460 millones de dólares antes de la medida, hasta 780 millones en 2007.
Solidaridad
Analistas latinoamericanos sostienen que el hecho de que la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia no sea un hecho aislado, indica que está en marcha una importante transformación en la región. En Venezuela, la Ley Orgánica de Hidrocarburos bajo el gobierno de Hugo Chávez, dio prioridad al Estado en el control de la gestión industrial petrolera, creó herramientas fiscales para recolectar los ingresos, aumentó el pago de regalías en vez de impuestos a la renta y redujo el porciento de participación privada en esa industria.
Se responsabilizó al estado en el caso venezolano, en cuanto a garantizar el abastecimiento del crudo y controlar los precios. Y fortaleció, como en el caso de Bolivia, la soberanía sobre todos los hidrocarburos. Quedó así asegurado un flujo de fondos para los amplios programas sociales en el caso de cualquiera de los dos países.
Surge además, quizá por vez primera en la historia del subcontinente, la oportunidad de desarrollar y extender un proceso integracionista sobre bases, más que todo, cooperativas y solidarias.
El Acuerdo Para la Aplicación de la Alternativa Bolivariana Para Los Pueblos de América (ALBA) establecido en La Habana por los presidentes de Venezuela, Chávez, Fidel Castro, de Cuba y Evo Morales en abril de 2006 y el Tratado de Cooperación de los Pueblos (TCP), propuesto por Morales, reflejan un ejemplo de lo que puede esperar a América Latina a partir de leyes como la boliviana de nacionalización de los hidrocarburos.
En ese documento Cuba se comprometió a desarrollar programas diversos, especialmente en campos como el de salud pública y educación, de ayuda a Bolivia.
Venezuela, una de las potencias petroleras y energéticas del mundo, anunció en ese acuerdo acciones a desarrollar con respecto también a Bolivia. El documento expuso que el gobierno venezolano promovería ‘una amplia colaboración en el sector energético y minero que incluirá: el fortalecimiento institucional del Ministerio de Hidrocarburos y Energía y del Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia, a través de la asistencia técnico-jurídica; ampliación del suministro de crudos, productos refinados, GLP y asfalto, contemplados en el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, hasta los volúmenes requeridos para satisfacer la demanda interna de Bolivia, estableciendo mecanismos de compensación con productos bolivianos para la total cancelación de la factura por estos conceptos; asistencia técnica a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y COMIBOL; desarrollo de proyectos de adecuación y ampliación de infraestructuras y petroquímicos, siderúrgicos, químico – industriales, así como otras formas de cooperación que las partes acuerden’.
Como integrante del ALBA la cooperación boliviana con el resto de los miembros de ese programa integracionista -Cuba, Venezuela y Nicaragua- se ve facilitada con el proceso de nacionalización de hidrocarburos boliviano. Debe recordarse que el gobierno de Rafael Correa, de Ecuador, país no miembro del ALBA, sancionó también normas que aumentaron la participación del Estado en las copiosas ganancias petroleras.
En tal contexto, no han sido rechazadas en ninguno de los países mencionados las participaciones de empresas extranjeras en la rama.
En el caso de Bolivia, el 31 de octubre pasado el presidente boliviano subrayó en La Paz que saludaba las nuevas inversiones extranjeras en el sector energético, aunque dejó claro que su país ‘es dueño soberano de sus hidrocarburos’. ‘Es importante tener socios para los nuevos campos de exploración e industrialización, pero el pueblo boliviano es el único dueño de los recursos energéticos nacionales’, advirtió.
Al inaugurar la tercera ampliación del gasoducto al altiplano, que aumentará en cinco millones de pies cúbicos diarios el suministro de gas natural al occidente del país, Morales recordó en un discurso que la soberanía energética boliviana es parte de una refundación nacional que busca impulsar su gobierno.
Expuso así, como muestra del regalo que recibió de esa manera el pueblo boliviano, que la nacionalización de los hidrocarburos y la austeridad y honestidad en el manejo financiero, han sido y serán sus signos distintivos.