El sistema de salud y su escudo epidemiológico boliviano está quebrado: el gobierno mediante el ministerio del sector enfrenta dos epidemias al mismo tiempo, dengue en expansión y coronavirus cercando el país, y al parecer no se tiene capacidad para resolver ninguna de ellas bajo las actuales circunstancias. También está pendiente la solución de una tercera enfermedad, regionalizada en el norte de La Paz, llamada arenavirus, una enfermedad que produce fiebre hemorrágica con consecuencias letales si no se diagnostica y trata oportunamente.
El riesgo de ingreso de la mortal enfermedad asiática al país ha crispado al régimen al extremo que la Canciller Karen Longaric planteó cierre de fronteras como una medida radical si fuera necesario para evitar infiltraciones epidémicas en el país sin tomar en cuenta que el coronavirus tiene la mala costumbre de ingresar por los aeropuertos porque viene de muy lejos. Por su parte, el ministro de obras públicas, sustituyendo grotescamente al ministro de salud, se puso públicamente a explicar el uso de un escaner de temperatura corporal con rayos infrarrojos, donado por el gobierno chino, ante la mirada atónita del responsable del sector que quedó tan confundido como el propio auditorio. Por cierto, la usurpación de funciones es ya una costumbre en un régimen que secuestró la voluntad del pueblo boliviano.
Los actuales vendedores de ilusiones creyeron que después del golpe de Estado y en el marco de la mal llamada transición y pacificación vendría la luna de miel que los llevaría finalmente a celebrar la victoria electoral de mayo del 2020. Empero subestimaron el conjunto de problemas que enfrenta el país, en particular aquellos que tienen relación con el sector de la salud pública.
El sistema de la salud pública en general y el escudo epidemiológico en particular fueron trabajosamente construidos a lo largo de más de una década pero fueron abruptamente demolidos y ocupados como botín de guerra por la nueva administración golpista que, además de hacer estallar en mil pedazos la democracia boliviana, devastó la estructura sanitaria nacional.
Once millones de bolivianos están a expensas de la improvisación y la escandalosa ineptitud del ministerio de salud que ha perdido toda capacidad de enfrentar la actual crisis a lo largo y ancho del país. En el caso de la epidemia del dengue la situación no puede ser más atroz. Esta enfermedad está causando estragos en la región oriental del país cuyas estadísticas de mortandad, principalmente en niños, están siendo manipuladas en unos casos por el gobierno nacional y los departamentales y encubierta, en otros, por los medios de comunicación. La investigación del corresponsal boliviano Javier Aliaga para un medio francés (El dengue se ensaña con los niños, France24.com) fue silenciado inmediatamente por el oficialismo debido a la escandalosa estadística de niños enfermos y muertos en la capital oriental.
Se estima que más de 30 personas fallecieron como consecuencia de esta enfermedad, la mayoría niños y personas de la tercera edad. La ciudad de Santa Cruz, la más afectada, a la que siguen Trinidad, capital del Beni y Cobija capital de Pando y que suman dos terceras partes de la geografía nacional, tienen prácticamente sus hospitales colapsados con centenares de enfermos que no acceden a los medicamentes y no cuentan con el suficiente personal profesional ni con el apoyo de los técnicos de salud. El Deber, un periódico conservador, denunció que existen decenas de pacientes tirados en las calles en los hospitales del Plan 3.000 y Villa 1° de mayo esperando durante más de 8 horas atención médica (Pacientes de dengue esperan en las aceras más de 8 horas por atención en salas hacinadas, ED, 16 febrero 2020). El Director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Marcelo Ríos, advirtió que el departamento enfrenta una “epidemia explosiva” y reiteró que estaba claro que la epidemia estaba fuera de control. Tan fuera de control se encuentra la expansión del dengue en el país que el propio ministro de Salud, Anibal Cruz, ratificó la información del funcionario departamental señalando que el dengue sería controlado recién en junio, pero no por la eficiencia de su ministerio sino por la llegada del invierno.
De acuerdo a información de prensa, Santa Cruz registra una epidemia explosiva con más de 3.000 casos confirmados y alrededor de 30.000 afectados, calculándose que en los próximos dos meses la población afectada podría sobrepasar los 60.000 enfermos, una verdadera catástrofe humanitaria. Pero eso no es todo, el sistema nacional de salud en general está virtualmente en crisis profunda debido a la falta de transferencias y pagos, déficits de ítems y falta de medicamentos, factores que están poniendo en riesgo la salud de la población además de la falta de coordinación entre el sistema nacional y los gobiernos regionales y municipales.
Respecto a la epidemia del coronavirus hasta el momento no existe ninguna evidencia de su ingreso a Bolivia a pesar de presentarse un caso que se encuentra en plena observación y que habría dado negativo en los primeros análisis. No obstante, la falta de condiciones adecuadas para enfrentar esta pandemia en el país son ciertamente deplorables. No se cuenta con equipos ni personal adecuado en los puntos críticos, – fronteras, terminales de buses internacionales o aeropuertos -, peor aún, los recursos tecnológicos elementales o un sistema de alerta temprana en la población para contener esta pandemia. El solo anuncio del presunto caso en diagnóstico disparó el miedo y el pánico en la población al punto de agotar todo el stock de barbijos en la red de farmacias privadas.
El problema de fondo no fueron las fallas heredadas del sistema de salud del gobierno anterior, sino la dependencia y sumisión ideológica al extranjero así como las decisiones políticas que arrojó al sistema de salud al precipicio. El ministerio de salud y su titular fueron un botín institucional entregado al Colegio Médico de Bolivia por su papel en las protestas callejeras que finalmente condujeron a la renuncia de Evo Morales. En un trabajo previamente coordinado desde la embajada de los EEUU, en complicidad entre los ministros de salud y comunicación, Anibal Cruz y Roxana Lizárraga, durante más de un mes dedicaron toda su atención, trabajo y recursos a la búsqueda de pruebas o evidencias acerca de presuntas actividades de inteligencia que habría desarrollado la brigada médica cubana, desentendiéndose de sus tareas específicas. Durante un tercio de su gestión recorrieron el país entero denunciado la injerencia política e ideológica cubana en el sistema de salud sin mostrar una sola prueba, denunciaron cobros millonarios por los servicios de la brigada médica y el pago de jugosos sueldos que presuntamente habrían recibido los médicos cubanos así como gastos diarios dispendiosos. Todo un arsenal de mentiras prefabricadas deliberadamente con el ánimo de lastimar la reputación de la solidaridad del pueblo cubano que solo entrega lo poco que tiene y no lo que le sobra.
Las autoridades del régimen actuaron con saña digna del peor de los fascismos desplegando una feroz campaña de mentiras y tergiversaciones contra Cuba, en particular contra la cooperación médica cubana cuyo mandato procede de las entrañas oscuras de USAID. Se llegó incluso a incitar mediante los medios de comunicación a la violencia contra el personal extranjero con acusaciones falsas y detenciones arbitrarias y sin debido proceso.
Por decisión de Palacio de Gobierno, que a su vez obedecía disposiciones del gobierno norteamericano, se dispuso que Cancillería proceda a la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba, se expulse al cuerpo médico cubano, se allane la clínica del colaborador violando flagrantemente la Convención de Viena, se suspenda todas las atenciones médicas a lo largo y ancho del país y que se rompan contratos o convenios de cooperación y servicios médico-científicos. La consecuencia de este aberrante sometimiento al mandato extranjero dejó en la inermidad a millones de bolivianos que hoy han dejado de recibir la atención médica básica en capitales de departamento, ciudades intermedias, pero fundamentalmente en comunidades rurales campesinas e indígenas. Suspender esos servicios médicos para la gente más pobre del país ha significado un verdadero crimen de lesa humanidad.
Ningún gobierno del mundo en los casi 200 años de vida del país fue tan solidario con el pueblo boliviano como el pueblo cubano. Basta recordar, siguiendo los datos oficiales del MINREX, que “la cooperación médica con Bolivia se inició en 1985 con la donación de tres salas de terapia intensiva para hospitales pediátricos. Desde el año 2006 hasta el año 2012, Cuba asumió todos los gastos de la cooperación con Bolivia por valor de más de doscientos millones de dólares anuales, lo que incluyó equipamiento médico, medicamentos, insumos y material gastable, sostenibilidad de la brigada cubana, la transportación aérea de los colaboradores y los gastos en equipos médicos. Desde esa fecha, teniendo en cuenta la favorable situación de la economía boliviana, este país asumió los gastos de la prestación de los servicios médicos pero jamás transfirió un dólar a Cuba ni esta recibió ingreso alguno. Simultáneamente, se graduaron de medicina en nuestro territorio 5 184 jóvenes bolivianos, totalmente a expensas de la parte cubana.
Ninguna de las autoridades de facto ha reconocido que, como resultado de la consagración y la conducta profesional y estrictamente humanitaria del personal de salud cubano, cuyo 54% era femenino, se ofrecieron en ese hermano país 77 millones 330 mil 447 consultas, se realizaron 1 millón 529 mil 301 intervenciones quirúrgicas, se asistieron 60 mil 640 partos, se aplicaron 22 mil 221 vacunas y se hicieron 508 mil 403 cirugías oftalmológicas, servicios de los que ha sido desprovisto el pueblo boliviano desde la salida de nuestros colaboradores de la salud”.
La pregunta que cabe hacerse en este momento en el que Bolivia enfrenta esta doble epidemia, dengue y coronavirus, es saber si el ministerio de salud, satélite político de la embajada americana, será capaz de enfrentar estos riesgos que ponen en jaque la vida de millones de bolivianos. Al parecer, la eficiencia con la que se sometieron a tareas políticas indignas es inversamente proporcional a su capacidad con la que hoy enfrentan la responsabilidad de salvar la vida de nuestros compatriotas. Por cierto, no ha sido suficiente llevar a cabo verdaderas masacres blancas en el ministerio de salud como tampoco condenar a cientos de médicos formados en el extranjero a la informalidad profesional.
El ministerio de salud ha sido muchísimo más eficaz en priorizar una política de venganza por encargo extranjero que dedicarse a cuidar la salud de los propios bolivianos. Por ello, en cada enfermo o en cada muerte que pueda ocurrir como consecuencia del dengue o el contagio que pueda producir el coronavirus solo tendrá un responsable: el régimen golpista que le rinde culto a la muerte y un ministro de salud sometido a tareas indignas.
No hay duda que la política de salud, en manos del Colegio Médico de Bolivia, está más enferma que nunca puesto que hasta sus aliados más cercanos cuestionan el desempeño del gobierno nacional. El Secretario General del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIRMES), Fernando Romero, a tiempo de cuestionar la falta de ítems e insumos médicos, advirtió al régimen que se decidiera a atender las demandas de su sector o a la campaña política y que en caso de incumplimiento retornarían a las calles. Más claro, agua.