Reivindicación de Memoria, Verdad y Justicia

Como en toda transición pactada estamos asistiendo en México al inicio de un proceso que pretende la aplicación de grandes dosis de amnesia social para un pueblo que ha sufrido dos sexenios (2006-2018) de terrorismo de Estado aplicado a fondo en su vertiente policiaco-militar sangrienta ( Más de 30 mil desaparecidos, 329 mil 917 personas desplazadas de 2006 al 2017 – Informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos- en cuanto a los asesinatos vinculados a la falsa guerra contra el narco, las cifras varían entre 170 mil muertos desde 2006, hasta los cerca de 300 mil). Un detalle que nos recuerda la revista Animal Político: desde que Peña Nieto asumió la presidencia (2012) el Ejército no da cifras de los civiles que murieron a manos de militares.

En su vertiente económica la firma en 1994 del Tratado de Libre Comercio devastó la economía campesina , abrió las puertas para la libre importación de alimentos (y el aumento en el tráfico de armas). Datos del Banco Mundial afirman que el campo mexicano perdió una cuarta parte de sus habitantes en una década, esto significa un drama que afectó a 6.2 millones de personas víctimas de migración forzada hacia Estados Unidos, Canadá o los cinturones de miseria de las ciudades mexicanas. Los que resistieron la ofensiva, perdieron un tercio de su poder adquisitivo.

El calendario del terror está repleto de fechas destacadas y entre las más significativas están el 26 de septiembre de 2014: las desapariciones forzadas de 43 estudiantes de la Normal Rural «Isidro Burgos» en Ayotzinapa, Guerrero. La otra fecha es el 31 de julio de 2015: En el departamento 401 del Edificio 1909, calle Luz Saviñón, Colonia Narvarte de la Ciudad de México, son asesinados Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril. Tanto la masacre de Guerrero como el multihomicidio de la colonia Narvarte tienen en común las burdas manipulaciones sobre el terreno de situaciones y pruebas alteradas en el terreno mismo de los hechos, negligencias e irregularidades en el curso de las investigaciones, alteración de las evidencias y criminalización de las víctimas, así como altos niveles de impunidad y frenos a la investigación cuyas líneas principales se van altas, muy altas en la escala jerárquica policial y política. En el departamento de la colonia Narvarte los objetivos centrales eran Nadia Vera y Rubén Espinosa, ella defensora de derechos humanos originaria de Comitán, Chiapas, él fotoperiodista que colaboraba entre otros medios, con la revista Proceso, destacaba por cubrir las protestas sociales en Veracruz y denunciar con su trabajo la corrupción desde el poder estatal.

Nadia y Rubén se refugiaron en Ciudad de México huyendo del irrespirable ambiente social militarizado y donde predominaban, y aún hoy, las desapariciones, agresiones y asesinatos contra periodistas y activistas sociales que se atrevieran a denunciar la tiranía del gobierno encabezado por Javier Duarte (hoy procesado por peculado, tráfico de influencias e incumplimiento del deber) La larga y protegida mano del crimen llegó hasta ellos y asesinó a todas las personas que compartían el departamento 401. Sólo un ex policía, Abraham Torres, tiene sentencia condenatoria de 315 años. Se detuvo a otras dos personas que posteriormente consiguieron sus respectivos amparos, en una verdad fabricada y plagada de contradicciones. No se ha investigado a posibles autores intelectuales ni a personas que tuvieron presencia directa de los hechos aquel 31 de julio de 2015.

Las reivindicaciones de Memoria, Verdad y Justicia van a ser muy necesarias en esta etapa política que iniciará el próximo 1 de diciembre, cuando oficialmente Andrés Manuel López Obrador sea ungido con la banda presidencial para los próximos 6 años. Por eso fue muy importante el evento-homenaje que tuvo lugar este 24 de julio en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en la ciudad de San Cristóbal, Chiapas, con la presencia de Mirta Luz Pérez, madre de Nadia Vera y de Patricia Espinosa Becerril, hermana de Rubén Espinosa. Patricia Espinosa destacó en su intervención que 36 meses después de los asesinatos no hay ninguna respuesta de las autoridades. El entonces Jefe del Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera se comprometió durante reuniones privadas con la familia Espinosa, a llegar hasta el fondo en las investigaciones. Algo le distrajo porque ahora ya tiene un lugar seguro en el Senado, y a la fecha no ha dado ninguna explicación sobre el curso de las investigaciones.

El Partido Revolucionario Institucional, PRI, en su decadente ejercicio del abuso de Poder, no ha podido tapar el sol con un dedo y México ya se puso a la cabeza como uno de los países más violentos del mundo y el más violento de América Latina. Los datos más «frescos» del horror y el dolor cotidianos: De enero a Junio de 2018 dos feminicidios por día (datos de la Secretaría de Gobernación). Otro: alrededor de 20 mil familias de tres municipios en el estado de Guerrero se han visto afectadas en su producción de amapola, por enfrentamientos entre bandas rivales. En la sierra de Guerrero las familia enfrentan una crisis a causa de la caída en el precio de la amapola y no tienen ni para comer ( Antonio López Torres, integrante de la Unión de Comisarios Ejidales de la Sierra de Guerrero. Ante diputados electos de MORENA, dijo que más de 100 mil personas bajarán de la Sierra y se establecerán en Acapulco, Iguala, Chilpancingo y Ciudad Altamirano, «porque en la Sierra no hay dinero, no hay para tragar». (Diario Bajo Palabra, de Guerrero 20 de julio).

¿Dónde se situará el límite de tolerancia ante el genocidio que se está viviendo en México? El genocidio es considerado un delito de derecho internacional… ¿Quién se atreverá a juzgar a los genocidas?

Conviene recordar las palabras del filósofo argentino León Rozitchner (1924 – 2011 ): «Es sobre el asesinato, la tortura, la humillación y el despojo que vivimos y pensamos».

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