Es el prefecto de Chuquisaca, cuya capital es Sucre. Estaba clandestino desde que su casa en esa ciudad fue incendiada, durante los choques el mes pasado. En una carta, ayer denunció ser «un perseguido político».
El gobernador de Chuquisaca, David Sánchez, renunció ayer a su cargo y, sorpresivamente, se conoció que solicitó asilo en Perú, donde se encontraría desde el 4 de diciembre por sentirse «perseguido político».
El encargado de presentar la dimisión fue el senador Roger Pinto, del derechista partido Podemos. «Mi casa fue saqueada y quemada el 22 de noviembre, se realiza una emboscada en contra de mi vida. Me veo obligado a permanecer en la clandestinidad porque se evidenció desprotección de las autoridades locales y nacionales», dice el renunciatne en su «mensaje al pueblo boliviano», que Pinto difundió junto con copias de las notas que la ex autoridad envió a las autoridades, exteriorizando su preocupación por «una inminente confrontación entre bolivianos».
De fe evangelista, Sánchez fue elegido gobernador por el Movimiento al Socialismo (MAS) en diciembre de 2005 y se encontraba entre los «invitados» de clase media con buena imagen urbana que postularon por este partido de base campesina. Pero la crisis cada vez más violenta en Sucre -capital de Chuquisaca y sede de la Asamblea Constituyente- fue erosionando su posición y el equilibrio inestable que intentó entre las presiones locales y nacionales acabó enemistándolo con ambos bandos en lucha.
En el oficialismo creen el pedido de asilo es una maniobra opositora para mostrar que en Bolivia no hay garantías constitucionales en el marco de la pelea entre el gobierno central y cuatro provincias que se declararon autónomas el sábado. «Cómo es posible que pueda declararse perseguido político cuando se lo ha estado protegiendo. (El partido) Podemos está usando este hecho para mostrar intolerancia por parte del gobierno nacional, cuando esa intolerancia se da en grupos radicales y discriminadores de Santa Cruz», respondió el diputado del MAS Gustavo Torrico. Una fuente consultada por este diario sostuvo que la casa quemada era de propiedad de Sánchez, pero que éste vivía en otro inmueble.
El 31 de agosto, el entonces gobernador de Chuquisaca presentó por primera vez su dimisión y Morales le pidió que siguiera en el cargo, lo que acató al costo de quedar en un limbo político que intentó superar con un referéndum que no prosperó. Pero con los enfrentamientos en Sucre a fines de noviembre, en el marco de la aprobación de la nueva Carta Magna en un liceo militar, su situación llegó a un punto de no retorno. En esa oportunidad, tres manifestantes murieron en el intento de tomar el cónclave y locales policiales, dos de ellos por heridas de balas. Ahora uniformados y fiscales (muchos de estos últimos defensores de la demanda de Sucre de volver a ser capital plena del país) se acusan de «parcialidad» frente a una investigación que amenaza con quedar en la nada. Después de rescatar a los constituyentes, la policía se replegó a la vecina Potosí hasta que obtuvo «garantías» de que no sería agredida en la «ciudad blanca», sede del Poder Judicial.
Sánchez escribió el 7 de diciembre una carta desde la clandestinidad donde aseguraba haber recibido «un mensaje de Cristo, de que no es necesario derramar más sangre, sembrar más odio, porque el precio ya fue pagado por él y, segundo, porque él no vino para matar, mentir y destruir». «Su verdadero partido era la iglesia evangélica, no el MAS», comentó a Clarín un periodista que cubrió un año de sesiones de la Asamblea Constituyente en Sucre. Ahora Lima le dio un asilo temporario mientras el ex gobernador busca un destino definitivo a través de la Organización de Naciones Unidas.