Represión, torturas y asesinatos siguen siendo una práctica común en nuestro país. A manos de la Policía Federal, fuerzas de seguridad provinciales o nacionales (Gendarmería, por ejemplo), patotas sindicales, o «civiles» armados, mueren cientos de argentinos y argentinas todos los años. Lo cierto es que, a pesar de la intención de desligarse de sus responsabilidades, […]
Represión, torturas y asesinatos siguen siendo una práctica común en nuestro país. A manos de la Policía Federal, fuerzas de seguridad provinciales o nacionales (Gendarmería, por ejemplo), patotas sindicales, o «civiles» armados, mueren cientos de argentinos y argentinas todos los años. Lo cierto es que, a pesar de la intención de desligarse de sus responsabilidades, el gobierno nacional debe hacerse cargo de que es quien comanda, gobierna y debería controlar a los que perpetran esta cacería contra el pueblo; sobre todo, teniendo en cuenta que dice ser un Estado defensor de los derechos humanos.
«Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.» Rodolfo Walsh, carta a la Junta Militar.
A la decena de luchadores sociales asesinados en las calles o rutas del país en el último año, se suman más de doscientos casos de gatillo fácil en el transcurso del 2010 y centenares de personas privadas de su libertad muertas en condiciones dudosas o, cuando no, explícitamente a causa de las torturas aplicadas por la Policía.
Además, no podemos olvidar la desaparición de Julio López y Luciano Arruga, el asesinato de Silvia Suppo y los múltiples casos de militantes sociales detenidos y procesados por distintas causas. Todo esto durante los ocho años de gobierno kirchnerista.
Por otra parte, todos los años desaparecen decenas de mujeres y niñas a causa de la trata de personas; las secuestran, obligan a prostituirse y las condenan a vivir en pésimas condiciones, alejándolas de sus familiares, sus casas, sus seres queridos.
Para completar el panorama, habría que referirse también a la violación sistemática de los derechos de los pueblos originarios, bastardeados y vulnerados en reiteradas ocasiones por las policías provinciales, militares, gendarmes o civiles, privados, propietarios, etc.
Por último, cabe recordar el violento accionar de los dueños de los grandes campos de cultivos que expulsan a los pobladores a lugares recónditos y cada vez más pequeños, someten a los campesinos a las fumigaciones con agrotóxicos, los que producen múltiples consecuencias a la salud: malformaciones, cáncer y problemas reproductivos, entre otros.
La sangre derramada
Desde julio del año pasado a la actualidad, más de diez personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, en distintas manifestaciones sociales.
El 17 de julio del 2010, Diego Bonefoi fue fusilado por un policía en el ciudad de Bariloche, en lo que constituyó un nuevo caso de gatillo fácil. Horas después de conocerse la noticia de la muerte de Diego, decenas de jóvenes salieron de los barrios más pobres de la turística ciudad de Bariloche a reclamar justicia a la puerta de la comisaría. Los manifestantes se enfrentaron con los uniformados locales y con la policía especial de Río Negro, el grupo BORA. En medio de la represión, dos jóvenes fueron asesinados.
Como consecuencia de estos hechos, el cabo Sergio Colombil fue condenado a veinte años de prisión tras encontrarlo culpable del homicidio, agravado por ser efectivo de una fuerza de seguridad, de Diego Bonefoi. En tanto que los asesinatos de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, los dos jóvenes muertos en la represión, quedaron impunes.
Sin embargo, ningún funcionario público del gobierno municipal, provincial ni nacional se hizo cargo de estos asesinatos. Tampoco se tomaron medidas para modificar este sistema macabro que les quitó la vida.
En Buenos Aires, tres meses después, un 20 de octubre, en una manifestación de los trabajadores tercerizados de la línea de trenes que, dicho sea de paso, lleva el nombre del mayor genocida de la historia argentina: el gral. Roca, un militante del Partido Obrero que estaba apoyando el conflicto fue asesinado por la patota sindical de la Unión Ferroviaria.
Una bala le pegó en el abdomen. Según los médicos que lo recibieron, pareció que le dispararon a quemarropa. El PO denunció que la zona había sido liberada por las fuerzas de seguridad, por lo que responsabilizó a la patota sindical y al gobierno nacional, a quienes acusaron de complicidad.
A pesar de esto, las máximas autoridades desligaron si vínculo con la Unión Ferroviaria y sostuvieron que la seguridad de ese lugar debía estar a cargo de la administración de la ciudad de Buenos Aires.
Pasado poco más de un mes, el 23 de noviembre otra represión causó la muerte de dos luchadores. Esta vez fue en Formosa, en tierras de la comunidad qom La Primavera. Sus integrantes venían sosteniendo cuatro meses de corte de ruta para exigir que no se realicen negocios en su territorio.
Ese día, primero se hizo presente una familia de propietarios que quiso expulsarlos con una balacera. Como no lo lograron, aparecieron más tarde junto a la Policía provincial; destrozaron las precarias viviendas, quemaron los documentos y las pertenecías, golpearon salvajemente a los manifestantes y fueron asesinados dos qom.
A pesar de ello, decidieron redoblar la lucha por sus tierras y se instalaron en Capital Federal, donde tuvieron que acampar al costado de la 9 de julio durante 5 meses hasta que, luego de que la Policía Federal los desalojara, regresaron a Formosa con algunos acuerdos firmados con representantes del Ejecutivo.
Sin embargo, nuevamente el gobierno nacional se distanció de lo ocurrido, sostuvo el discurso de que era un problema de la provincia de Formosa, aunque el gobernador es abiertamente kirchnerista, y continuó hasta último momento haciendo oídos sordos de los reclamos.
Como dice Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional: «Es un gobierno que acomoda su discurso a los acontecimientos. Si la policía mata en Neuquén o Río Negro; o si la gendarmería reprime desocupados en Salta, regionaliza el discurso. Y envía a cada rincón del país un delegado de la Secretaría de DDHH para controlar a la víctima, modo progresista de tirar la piedra y esconder la mano».
A principios de diciembre otro hecho vinculado con la lucha por la tierra se cobró la vida de tres personas. Esta vez fue en Villa Soldatti, ciudad de Buenos Aires. Cientos de familias habían tomado tierras semi abandonadas, linderas al Parque Indoamericano, para intentar allí construir sus casas.
El operativo policial, comandado por la Policía Federal, Gendarmería y la Policía Metropolitana, produjo la muerte de Rosemary Chura Puña, boliviana, y Bernardo Salgueiro, paraguayo. La represión se desató con balas de plomo, balas de goma y gases lacrimógenos.
Luego, otro hombre perdió la vida cuando barras bravas de algunos equipos de fútbol y punteros políticos se hicieron eco de las palabras xenófogas de Mauricio Macri contra los inmigrantes y desataran una batalla contra los ocupantes. Una vez más, la victima resultó ser boliviano, Juan Quispe Castañares.
Nuevamente, el gobierno nacional trató de desligarse de la violencia cometida por la Policía Federal y sólo trató de culpar a la Metropolitana, fuerza armada creada por el Ejecutivo de la Capital Federal.
Hace apenas unos días, otro hecho sacudió la supuesta defensa de los derechos humanos cuando, de nuevo, una toma de tierras fue resuelta con muertes, asfixia y represión. Tres ocupantes y un policía fueron asesinados en Libertador Gral. San Martín, Jujuy, en tierras de la empresa Ledesma, brazo industrial de la dictadura cívico-militar del 76.
La policía provincial negó haber utilizado balas de plomo y, entonces, recayó la responsabilidad en la seguridad privada del Ingenio Ledesma. Sin embargo, la Corriente Clasista y Combativa, organización que sostenía la toma de tierras en busca de una solución a la problemática habitacional, denunció que fueron ambas fuerzas las que sostuvieron el violento desalojo.
Una vez más el gobierno nacional desconoce sus responsabilidades.
No es un policía, es toda la institución
Según el informe que realiza todos los años la Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, en el 2010 hubieron 220 casos de muertes por el gatillo fácil. Desde la vuelta a la democracia a la actualidad suman 3.093 personadas asesinadas por la fuerzas de seguridad del Estado; más de la mitad, 1.634, ocurrieron durante los gobiernos de los Kirchner.
«Cualquier pibe morocho y «con pinta de sospechoso» puede ser levantado por un patrullero en una esquina, ser llevado a una comisaría y ser golpeado o torturado hasta la muerte. O también puede ser encarcelado por las dudas, por tener cara de delincuente y comerse 4 ó 5 años en cana esperando el juicio. Más del 70% de la población carcelaria son personas inocentes, porque no han sido juzgados ni condenados», dice Correpi.
Ejemplos sobran. El 3 de junio de 2010, Camilo Pérez estaba con un amigo en la puerta de la remisería donde trabajaba, en Laferrere. De pronto, apareció un policía de civil, Ernesto Bencardino, perteneciente al grupo Halcón, quien los acusó de molestar a su hijo y, tirándolos boca abajo en el piso, fusiló a Camilo de un tiro en la espalda.
El 3 de febrero de este año, el descarrilamiento de un tren en José León Suárez terminó con dos muertes. Según se dijo en ese momento, la gente del barrio se apresuró a robar las mercaderías que llevaban los vagones. La policía entró al barrio La Cárcova y asesinó a dos jóvenes que se jugaban la vida todos los días yendo a juntar desechos en el Ceamse.
Tres pibes menos.
«Esta represión, la que está velada, la que se cobra una vida diaria en los sectores más golpeados del pueblo, es lo que nosotros llamamos «REPRESIÓN PREVENTIVA». Es la represión que el estado ejerce sobre el pueblo, a diario, como forma de disciplinamiento. Es la impunidad garantizada por los jueces y fiscales para que las fuerzas represivas actúen en los barrios en forma sistemática persiguiendo, torturando y matando. Así marcan a fuego el destino de los sectores más explotados, enseñando con el palo y la bala que la vida sólo vale para aquellos que la explotan», sostiene Correpi.
Centros de concentración en democracia
Para terminar esta mirada de lo que significan los derechos humanos en nuestro país, es necesario mencionar la continua violación a la integridad física y psíquica de las personas privadas de su libertad.
Los números de presos y presas muertas en condiciones por lo menos dudosas, a causa de los tormentos explícitos, torturas y vejaciones a los que son sometidos todos los días en todas las cárceles del país, no se conocen con fidelidad.
Sin embargo, desde los casos que ha registrado esta agencia el año pasado, podemos hablar de que en Santa Fe hubieron 24 personas asesinadas en centros de detención y 133 en la Provincia de Buenos Aires. Una muestra más de que la violencia perpetrada desde el Estado no distingue fronteras políticas: da lo mismo que sea en una provincia manejada por un gobierno k, que por una comandada por el socialismo de Binner.
Dichos tormentos, son denunciados por esta agencia y reflejados en el balance (anti)carcelario realizado a principios de este año donde, desde el Boletín Para La Libertad denunciábamos: «Las cifras oficiales dicen que durante la gestión de esta corriente política del peronismo se triplicaron a más de 66 mil la cantidad de hombres y mujeres encerrados, también superó con holgura a todos sus antecesores post tiranía en recluir a presos por luchar, como Roberto Martino y La Galle, y expulsó para su escarnio en sus respectivos países a compañeros paraguayos y chilenos».