Repsol comete etnocidio invadiendo áreas protegidas

La petrolera española manipula sus informes de Impacto Ambiental y carece de una política de respeto a la vida indígena en las tierras comunitarias donde opera ilegalmente. La Asamblea del Pueblo Guaraní exige su expulsión de Bolivia si esta empresa persiste en realizar sus actividades en condiciones que no admitiría ningún país europeo.

La empresa REPSOL YPF aprovechó al máximo las facilidades otorgadas por la leyes de Sánchez de Lozada y Tuto Quiroga, y se apropió de concesiones petroleras sin considerar para ello que las mismas se encuentran en territorios indígenas que en Bolivia tienen la categoría de Tierras Comunitarias de Origen (TCO’s) normadas por la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria del 18 de octubre 1996 (conocida como Ley INRA), ni que sus concesiones se encuentren en áreas que por su sensibilidad ecológica y social están protegidas por el Estado a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).

Tal es la conclusión de un Informe Técnico emitido por la Asamblea del Pueblo Guaraní, al cual Datos & Análisis tuvo acceso en la víspera.

Según el informe guaraní, las actividades de exploración y explotación petrolera de REPSOL YPF en Bolivia afectan de manera directa e indirecta a un total de 16 territorios indígenas y siete áreas protegidas (parques nacionales y reservas de vida silvestre).

Entre las transgresiones sociales y ecológicas perpetradas por esta trasnacional, y que están sujetas a sanciones desde la vigencia de la nueva Ley de Hidrocarburos sancionada el 17 de mayo del 2005, se estableció que REPSOL opera invadiendo áreas protegidas del territorio amazónico boliviano «sin contar con estudios que partan del principio de precaución», y realiza sus trabajos en la TCO Itika Guasu con sesgados Estudios de Impacto Ambiental «sin considerar los aspectos sociales y culturales, ocasionando por ello impactos negativos en el pueblo guaraní cercanos al etnocidio».

Amparada en las leyes expoliadoras del gonismo, dice el informe del Pueblo Guaraní, el accionar de REPSOL YPF en Bolivia se desarrolla con estándares por debajo de los establecidos en el ámbito internacional y «se puede afirmar que REPSOL YPF hace en Bolivia lo que no está permitido hacer en ningún país europeo».

El monitoreo indígena que fue la base del Informe Técnico de los guaraníes arrojó, entre otras, las siguientes conclusiones:

1. Se ha evidenciado que las operaciones de REPSOL YPF en las Tierras Comunitarias de Origen «Itika Guasu» y «Tentayape», así como en el Parque Nacional «Serranías del Aguaragüe», están provocando impactos negativos tanto a nivel ambiental, social, cultural y económico, los mismos, no han sido contemplados en sus estudios de Impacto Ambiental, por lo que no cuentan con acciones que puedan evitar, mitigar, prevenir o restaurar tales impactos.
   REPSOL YPF no cuenta con una política dirigida salvaguardar los derechos de las poblaciones indígenas, lo cual viene ocasionando que su presencia en las Tierras Comunitarias de Origen sean de un alto impacto cultural, semejante al etnocidio.

2. Su accionar en Bolivia es falto de transparencia, las operaciones de la empresa en las TCO’s faltan a la ética, produciéndose acciones de abuso a las comunidades indígenas. Su política ambiental que establece el «principio de precaución» no está reflejada en los estudios de Impacto Ambiental que le han permitido obtener las licencias ambientales, ni siquiera cumple a cabalidad los compromisos que ha asumido en dichos estudios.
   Al no contar con un política de relacionamiento con los pueblos indígenas que salvaguarde sus derechos, REPSOL YPF en Bolivia, atenta los derechos humanos de las comunidades indígenas, atenta también los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecidos en tratados internacionales y leyes nacionales por lo que está comprobado que REPSOL YPF no ha respetado el derecho a la consulta y el derecho a la compensación justa.
   En Bolivia REPSOL YPF incumple las leyes nacionales como lo es el Convenio 169 de la OIT que es ley de la República desde 1991. También a la fecha se está resistiendo a cumplir la nueva Ley de Hidrocarburos donde se han establecido de manera más precisa cómo debe ser el comportamiento de las empresas petroleras en territorios indígenas y áreas protegidas.
   Para obtener sus permisos ambientales, REPSOL YPF no ha actuado con la rigurosidad científica necesaria que garantice que su accionar no va a ser nocivo al medo ambiente, interviene áreas protegidas como el Aguaragüe sin realizar de manera previa, los estudios científicos pertinentes que permitan garantizar la integridad de los ecosistemas.
   

INTRERPELACIÓN INDÍGENA AL ESTADO

La ostensible falta de transparencia en las acciones de REPSOL YPF dentro del territorio boliviano abre la necesidad de que el Estado bajo el gobierno indígena de Evo Morales considere las siguientes recomendaciones que plantea el Pueblo Guaraní:

1. REPSOL YPF no puede seguir operando en el país, afectando a 16 territorios indígenas, sin contar con una política dirigida a salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas. En el marco del respeto de los derechos de los pueblos indígenas, la política deberá ser elaborada en consulta y con participación de las organizaciones representativas de las comunidades y pueblos indígenas afectados.
   REPSOL YPF recibe financiamiento del Banco Mundial, se ha adscrito a los principios de la ONU de Responsabilidad Social, es miembro del EITI, estos organismos cuentan con principios claros respecto a las prácticas que deben asumir las empresas en relación a las poblaciones indígenas. Es necesario que todos los personeros de REPSOL YPF que trabajan en nuestro país, sean capacitados para que modifiquen conductas discriminatorias que se vienen sucediendo en los territorios indígenas. No puede ser posible que en pleno Siglo XXI, REPSOL YPF siga actuando como en la época colonial, pretendiendo imponer su lógica cultural a poblaciones indígenas.
   Confundir la buena vecindad con el derecho de las comunidades a recibir una compensación justa por los impactos ambientales, sociales y culturales, como pretende hacerlo REPSOL YPF en emprendimientos como el Gasoducto Yacuiba Río Grande GASYRG o el propio aprovechamiento del Campo Margarita, es una práctica irresponsable e ilegal. Por ello, REPSOL YPF deberá revisar todos los convenios que ha realizado con los pueblos indígenas de Bolivia y, encaminarse al respeto de la ley. Donde practica la «buena vecindad» deberá también practicar el respeto a la compensación justa, por los impactos directos, acumulados y de largo plazo tal como lo establece la Ley 3058.

2. REPSOL YPF debe aplicar estándares sociales y ambientales acordes con el sistema internacional. Es sabido que en países como el nuestro, los estándares ambientales y sociales están por debajo de los exigidos por la Unión Europea. Como muestra de su adscripción a los derechos humanos, que son universales, Repsol YPF deberá regirse por los estándares más exigentes y las prácticas socialmente más adecuadas, no puede ser posible que REPSOL YPF considere y aplique estándares mínimos con poblaciones indígenas y se rija por estándares más elevados con poblaciones europeas.
   REPSOL YPF no puede seguir interviniendo áreas protegidas sin considerar su fragilidad. Por principio de prevención debiera renunciar a dichas concesiones y exigir al Estado la protección de dichas áreas.
   En caso de que considere que su accionar no va a ser pernicioso, debiera realizar estudios independientes previos a realizar cualquier tipo de operación; dichos estudios ambientales – sociales independientes, debieran ser de conocimiento público y en caso de que estén cercanos a los pueblos indígenas, deberán proceder a su difusión adecuándola al contexto sociocultural. REPSOL YPF tiene que aprender a relacionarse con las comunidades locales en el marco de la interculturalidad y el respeto a los derechos humanos.

El Informe Guaraní fue difundido desde Tarija, Bolivia.