Nunca los titulares de los periódicos se habían llenado de tanto clamor por justicia y tanta rabia contra los que la administran que el mes pasado cuando se ventiló una grabación en la que una jueza ebria admitía que habían condenado por violación a un joven médico, solo porque había que «encontrar un culpable», porque […]
Nunca los titulares de los periódicos se habían llenado de tanto clamor por justicia y tanta rabia contra los que la administran que el mes pasado cuando se ventiló una grabación en la que una jueza ebria admitía que habían condenado por violación a un joven médico, solo porque había que «encontrar un culpable», porque es «labor de la justicia el encontrar culpables para mostrar como Estado que se cumple con lo encomendado al Órgano Judicial». La prensa y los políticos en general procedieron a rasgarse las vestiduras ante tal caso que ponía en evidencia, una vez más la corrupción institucionalizada de la justicia. Vinieron recursos jurídicos, para excarcelar al joven médico, los jueces se ratificaron en su sentencia, los fiscales intentaron «ratificar sus contundentes pruebas», algunos fugaron de la escena; pero en definitiva hubo un «terremoto controlado» en la institucionalidad de la justicia.
Antes de este episodio, hubo una cumbre de justicia que fue el resultado de una interpelación estructural de la sociedad boliviana a la situación de justicia en el país. En ella se puso de manifiesto que la situación de los poderes del Derecho, son parte fundamental de las estructuras de poder del Estado; que son expresión legitimadora de la manera en que se ha organizado las jerarquías y en definitiva la estructura de clases en nuestra sociedad desde la colonia, en la que entender lo que los jueces dictaminaban era asumir el poder de quienes lo sostenían como expresión del «poder divino» encomendado a quienes podían sentenciar o liberar de culpas. Sin embargo, siempre tras los discursos ideológicos de la justicia y el derecho que establecen la equidad y el equilibrio basados en la «verdad», estuvieron los intereses de clase que definían quienes son los culpables y los inocentes, según estuvieran en juego los intereses del sistema al que responde la justicia institucional.
Por eso en el Estado Aparente, la justicia siempre fue una ficción, inventada para representar los intereses señoriales de quienes lo constituían. A lo largo de la República, con jueces que eran parte de las familias del poder y en definitiva que se sostenían en leyes establecidas por los intereses que defendían; la justicia radicaba en legitimar el castigo sobre los más excluidos, desde leyes contra la ociosidad, hasta las del trabajo obligatorio en el mitanaje, pasando por la legalidad que tenían los patrones de asesinar a sus peones y pongos. Por eso la justicia nunca construyó una institucionalidad creíble como aparato de estado, porque lo único que necesitaban era legitimar el poder vigente. Por eso las cárceles siempre estuvieron llenas de pobres e indios rebeldes para quienes la defensa «no existía» pues el sistema ya los había sentenciado sin juicio.
Esa fue la justicia republicana y luego mutada a neoliberal, donde a pesar del pronto acceso a la modernidad del discurso las inversiones demandaban una apariencia de equidad en la justicia que dieran certeza a las inversiones, junto a una cada vez mayor presencia internacional de organismos de DDHH que ponían en evidencia el estado lamentable del sistema de justicia, donde los presos purgaban condenas perpetuas por deuda, llevaban años sin juicio por presuntas acusaciones o, en definitiva, eran condenados sin sentencia en calidad de detenidos preventivos durante años, en cárceles improvisadas con decenas de años de construcción sin que un mínimo de sus derechos fueran respetados.
El Estado neoliberal urgió y construyó un escenario de modernización con un tinte democrático de participación ciudadana. Se puso límites a la detención preventiva, se puso fin al encierro indefinido por deuda; se incluyó a los llamados jueces ciudadanos en el proceso de juzgar, se buscó transparentar el proceso, además creando una escuela de jueces para mejorar la situación de la justicia: en definitiva junto a estos aspectos se buscaba maquillar un sistema de justicia que en esencia conservaba su tinte colonial, pero además que fue adquiriendo cada vez en mayor medida las condiciones del mercado que privilegiaba no sólo las condiciones de clase de las sentencias, sino también del precio al que podían comprarse. Es el auge neoliberal de la carrera universitaria del Derecho, pues además de poder tener siempre un ingreso en un país que se encuentra atiborrado de leyes y de pleitos que tienen de mediadores a los abogados, heredamos un sistema que siempre abre la posibilidad de la negociación, con jueces y fiscales y donde los mediadores son los profesionales del derecho.
Mientras la sociedad vive la constatación de que la justicia existe según el precio que se ponga, que se fabrica el culpable o inocente según el mercado disponible o la presión política que se disponga; las cárceles se atiborran de pobres, culpables e inocentes, porque en definitiva su juzgamiento con la verdad es una ficción. Lamentablemente, tampoco, hasta ahora el Proceso de Cambio ha creado las condiciones para la transformación de la justicia, más aún en estos años el número de presos se ha triplicado, por cuanto leyes como las de anticorrupción han generado que los jueces encarcelen prontamente a los acusados para después recién proceder a la negociación de su libertad. Seguimos siendo un Estado Aparente en la justicia ordinaria que demandan las mayorías, todavía no hemos generado las posibilidades para la interculturalidad con la justicia indígena expresada en la CPE, que podría enseñarnos mucho; pero sobre todo no hemos descolonizado el sistema de justicia y a sus operadores, que impunemente fabrican inocentes y culpables a discreción según intereses políticos o de mercado. De esta manera, en el sistema penitenciario se encuentran miles como en el sonado caso del médico culpado como chivo expiatorio, que se encuentran expiando penas sin juicio, sin sentencia y demasiadas veces sin culpa; mientras el sistema de justicia sigue consumiendo vidas humanas y enriqueciendo ilícitamente a quienes la administran, con la complicidad estructural de quienes aún no asumen la tarea estratégica de revolucionar la justicia.
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