La victoria de Rodrigo Paz en las elecciones presidenciales bolivianas de 2025 marcó el final formal del ciclo de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó el país durante casi dos décadas. Sin embargo, lejos de constituirse como una nueva dirección política del bloque en el poder el ascenso de Paz revela una paradoja fundamental: un triunfo electoral sin proyección hegemónica.
Apenas dos semanas después de su asunción, el gobierno exhibe fracturas internas agudas: ausencia de dirección intelectual y moral, una reconfiguración institucional que privilegia la restauración conservadora sobre la construcción de consenso. Este artículo sostiene que el gobierno de Paz se inscribe en lo que Antonio Gramsci denominó una crisis de autoridad temprana: un período en el que la clase o coalición dominante accede al aparato estatal sin haber construido previamente una hegemonía política e ideológica necesaria para sostener su autoridad. En este contexto, la restauración oligárquica avanza sin señales de hegemonía.
I. Hegemonía no es victoria electoral
Gramsci insiste en que la hegemonía no se reduce al control institucional ni a la mayoría numérica en las urnas. Implica, antes que nada, la capacidad de una clase o fracciones de clase de liderar ideológica y moralmente a la sociedad, generando un “sentido común” que integre a aliados subalternos y sectores diversos bajo un horizonte histórico compartido. En este sentido, el triunfo de Paz –con un 58% en segunda vuelta– responde al agotamiento del discurso político del MAS y la fragmentación del campo electoralista popular (evistas, arcistas, androniquistas) y quienes prefirieron votar por “el mal menor” antes que por una propuesta sólida.
Por otro lado, Paz no cuenta con intelectuales orgánicos propios al momento de asumir el control del aparato estatal. En lugar de ello, recurrió a cuadros técnicos provenientes de Unidad Nacional (partido de Samuel Doria Medina), cuya visión neoliberal y elitista contrasta abiertamente con las demandas de amplios sectores populares. Esta dependencia externa no sólo revela una carencia estructural, sino también una subordinación a intereses que no fueron centrales en su victoria electoral. Como afirma Gramsci: “un partido debe ser hegemónico antes de llegar al gobierno”. Paz llegó al gobierno sin haberlo sido.
II. Crisis de autoridad: el conflicto Paz–Lara como síntoma estructural
Uno de los primeros y más reveladores signos de la crisis de autoridad en formación es la confrontación abierta entre el presidente Paz y su vicepresidente, Edman Lara, no solo es una mera disputa por cuotas de poder, sino que, expresa una ruptura del consenso interno de la dirección política. La movilización callejera de sectores laristas en La Paz –apenas días después de la toma de posesión– no puede interpretarse únicamente como una manifestación de presión corporativa por “pegas”. En términos gramscianos, cuando aliados del gobierno se movilizan contra el propio jefe de Estado, se desencadena una crisis de autoridad, que puede coadyuvar, dependiendo su grado de agudización, al desarrollo de una crisis de Estado.
La ausencia de una narrativa común, la insubordinación intra-gubernamental y la incapacidad de Paz para articular una dirección moral mínima –Lara ha cuestionado a varios de sus ministros y al mismo Paz– evidencian que no hay proyecto de Estado que pueda perfilarse como un nuevo bloque histórico, revelando ser una coalición táctica, deleznable.
III. Restauración conservadora y legitimidad cuestionada
Otro indicador de esta crisis es la reconfiguración abrupta del campo jurídico-político. La liberación de Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez –figuras centrales de la ruptura del orden constitucional de 2019– no puede leerse como un acto de “reconciliación nacional”, sino como un gesto de restauración oligárquica desde arriba y un intento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para congraciarse con el nuevo gobierno y sus aliados.
La presencia de Añez en la posesión de Rodrigo Paz, no es un hecho casual, sino la expresión de que el nuevo gobierno se suma a la narrativa de que no hubo golpe de Estado y legitima la impunidad contra los responsables de las masacres de Sacaba y Senkata. Esto ha generado un profundo malestar entre sectores populares, indígenas y campesinas, que perciben la medida como una decisión política antes que jurídica, la cual contradice la posición del presidente, durante la inauguración del Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, donde sostuvo que justicia debe dejar de estar sometida al poder político.
Del mismo modo, la devolución de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) a Amparo Carvajal –figura emblemática del campo conservador post-2019– es un acto simbólico de reorientación moral que excluye deliberadamente a los sectores progresistas. Se trata de una “restauración sin pedagogía”, desde arriba, que pretende imponer un nuevo sentido común desde la cúpula, sin mediación orgánica ni diálogo con la sociedad civil. El resultado hacia adelante no se perfila como hegemonía, sino como rechazo pasivo y erosión de la autoridad del Estado.
IV. Exclusión de los movimientos sociales y tecnocracia
La exclusión de representantes de los movimientos sociales del gabinete ministerial es otro rasgo distintivo del giro restaurador oligárquico. Durante el ciclo del MAS (2006–2019 y 2020–2025), los movimientos indígenas, campesinos, obreros y urbano–rurales no solo fueron consultados, sino incorporados corporativamente –sus dirigencias– en la dirección política. Esta inclusión era clave para la construcción de un Estado ampliado y una hegemonía “popular”. En contraste, el gobierno de Paz se configura como un aparato técnico-empresarial, desvinculado de sectores populares y dependiente de expertos externos al partido que lo llevó a la presidencia.
Gramsci subraya que la hegemonía requiere la incorporación activa de los grupos subalternos en la dirección del Estado. Al excluirlos, Paz renuncia a la hegemonía y se limita a gobernar mediante la dominación acumulativa: coerción, gestión burocrática y alianzas elitistas-oligárquicas. Esta fórmula puede sostenerse a corto plazo, pero es profundamente inestable en sociedades con fuertes tradiciones de movilización popular como la boliviana.
Conclusión: Una crisis sintomática
A menos de un mes de su asunción, el gobierno de Rodrigo Paz ya exhibe todos los rasgos de una crisis de gobierno o de autoridad temprana: victoria electoral sin hegemonía, ausencia de intelectuales orgánicos, fractura de la dirección política (en el órgano ejecutivo), restauración oligárquica sin consenso, exclusión de los movimientos sociales y dependencia de técnicos externos al PDC. No se trata aún de una crisis explosiva o masiva, pero su carácter estructural y latente la hace especialmente resbaladiza. Como advierte Gramsci, las crisis no siempre comienzan con las masas en la calle; a menudo se incuban primero en las élites, en las instituciones y en las contradicciones internas de la dirección política.
El gobierno de Paz administra el Estado, pero no lo dirige. Ejerce dominación, pero no construye consenso. Avanza en una restauración oligárquica, pero sin visos de hegemonía. En este vacío, la sociedad civil –históricamente activa en Bolivia– no se ha manifestado masivamente pero tampoco ha dado su aquiescencia post-electoral hasta el momento; sin embargo, ante las medidas que advienen, esta crisis temprana es la expresión de un síntoma/signo, una situación que puede constituirse en algo más crítico.
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