La resolución de la secretaría de Energía que implica solventar los costos que las empresas petroleras tuvieron por la devaluación a partir del cobro de una cuota a los usuarios, generó una ola de rechazo que va desde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien denunció penalmente al secretario […]
La resolución de la secretaría de Energía que implica solventar los costos que las empresas petroleras tuvieron por la devaluación a partir del cobro de una cuota a los usuarios, generó una ola de rechazo que va desde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien denunció penalmente al secretario Javier Iguacel. Mientras los intendentes llaman a no pagar las nuevas boletas, el CEPIS presentó un amparo colectivo para declarar la inconstitucionalidad de la norma. «Quieren aplicar en términos retroactivos una cuota cuando la gente ya canceló su obligación de pago con su boleta», explican a lavaca. El antecedente del 2016 cuando la Corte frenó el tarifazo de gas. Y quién es Iguacel, el funcionario que renunció a YPF cuando se privatizó y ahora afirma que la sociedad tiene que acostumbrarse a que la «energía cuesta».
«Es una estafa sobre la estafa: esta política es una aspiradora del bolsillo», grafica a lavaca el abogado Mariano Lovelli, titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), la organización que el lunes presentó ante la Justicia Federal de La Plata un amparo colectivo contra la resolución 20/2018 de la secretaría de Energía, que impone un nuevo tarifazo y una compensación a las petroleras por la devaluación registrada entre abril y septiembre a través de un cobro en 24 cuotas con interés a usuarios y usuarias.
El rechazo de la insólita medida se proyectó en todo el arco político, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para derogar la resolución y hasta el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario Javier Iguacel por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La causa recayó en el juzgado de María Servini de Cubría. En ese sentido, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, también inició un amparo colectivo junto a un club de barrio de ese distrito.
Además, el perfil Derecho en zapatillas difundió un modelo de carta de presentación a las empresas que se volvió viral y que argumenta por qué la suba viola principios de irretroactividad y derecho a la propiedad. El texto completo es el siguiente:
- «Por medio de la presente impugno la factura de gas nro. […] de fecha […] en atención a incluir un cargo retroactivo. Las facturas anteriores están pagas, y por ende extinguieron la obligación de pagar la tarifa de ese período, artículo 880 del código civil y comercial y por ende también se viola el principio de irretroactividad (art. 7 del código civil y comercial) y mi derecho de propiedad. Por ese motivo solicito la supresión de ese cargo y desde ya impugno la norma general en que se basa. La presente no es una declaración completa de los hechos y del derecho y mi parte desde ya reserva el derecho de ampliar y promover las demás acciones legales que correspondan en caso de que no se avengan a deducir el cargo citado».
La tormenta Iguacel ya se desató.
La estafa
El CEPIS presentó un amparo colectivo para pedir la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución firmada por Iguacel. «El lunes presentamos la medida, que es de alcance nacional, y en principio incluiría a todos los ciudadanos del país: no solo plantea la inconstitucionalidad de la resolución 20 de la secretaría de Energía del viernes pasado, sino que también pedimos la inconstitucionalidad de la reglamentación del marco regulatorio del gas», explica a lavaca el abogado Mariano Lovelli, titular de la organización. «El macrismo salió a decir que la resolución era legal porque se basaban en unas normas de Menem. ¿Por qué contestamos con esto? Porque afectan derechos constitucionales, a la propiedad, a la garantía de razonabilidad y al interés económico de usuarios y consumidores en su relación de consumo, como prevé el artículo 42 de la Constitución. Esto se suma a un agravante que es que lo quieren aplicar en términos retroactivos cuando la gente ya canceló su obligación de pago con la boleta».
Lovelli explica por qué la medida es de carácter colectivo: «Es una única norma desde un único emisor que tiene efectos comunes sobre un montón de gente, y ese montón de gente tiene intereses que son homogéneos. Vos, yo, todos usamos el gas para lo mismo».
El CEPIS es la misma organización que en 2016 presentó un amparo colectivo y logró frenar los tarifazos luego que la Corte Suprema dictaminara que el Gobierno no podía fijar las tarifas de gas sin una audiencia pública, que estableció de cumplimiento obligatorio. Lovelli: «En esa ocasión, planteamos la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Energía, entonces dirigido por Juan José Aranguren, porque no había cumplido con la obligación constitucional de brindar a usuarios y consumidores la información adecuada y veraz, ni de participar en el procedimiento de formación de la tarifa. Es decir, faltaba la audiencia pública».
El actual amparo, que se suma a un corpus de medidas y de acciones planteadas, está a la espera de que el fiscal federal de La Plata, Guillermo Ferrara, dictamine sobre la viabilidad y la competencia de la denuncia. Luego, se le correrá vistas al Estado para que conteste, aunque ya comenzó a hacerlo a través de los medios. «La mayoría de las quejas por el aumento de gas son de militantes kirchneristas», declaró el secretario Iguacel, desde el ojo de la tormenta.
Quién es
Javier Iguacel es ingeniero petrolero y activo tuitero, en cuyo perfil se presenta como admirador de Nelson Mandela. Nació el 16 de octubre de 1974 en Capital Sarmiento, un municipio de 15 mil habitantes al norte de la provincia de Buenos Aires. Estudió en el Colegio Marista Manuel Belgrano y realizó la carrera de ingeniería en petróleo en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). En una entrevista con El Constructor, dijo que comenzó a trabajar a los 11 años arriba de un tractor de campo: «No por necesidad, porque gracias a Dios mis padres siempre tuvieron para vivir y educarme, pero cualquier cosa adicional a lo que era estudiar y comer lo tenía que sacar de mi propio bolsillo, para eso trabajaba en el campo».
Entró a trabajar a YPF cuando tenía 23 años. Su modelo de ejecutivo era José «Pepe» Estenssoro. Cuenta que en 1999 decidió renunciar cuando la petrolera anunció que sería vendida a la española Repsol. «Soy de los que creen que la energía del país debe generarle riqueza a la gente y no soporté que YPF fuera subsidiaria de Repsol», apuntó Iguacel a iProfesional. Según Lucas Logaldo -exdirector general de Relaciones Institucionales de la Dirección Nacional de Viabilidad, excoordinador de Comunicación del PRO en la provincia de Buenos Aires y jefe de Gabinete en Energía-, en ese entonces Iguacel le escribió una carta a Roberto Monti, presidente de YPF, para comunicarle su renuncia «porque creía que la empresa debía ser estatal».
En ese momento -cuenta- había nacido su primer hijo. «Era una época complicada. Estábamos en Malargüe, dejé todo y nos instalamos en Buenos Aires con mi familia. Fui a ver a profesores mí os de la Facultad, recorrí empresas buscando trabajo y finalmente ingresé en Pérez Companc». Desde ese año hasta 2015, hizo su carrera en el sector privado desde empresas petroleras como Pecom Energía y Pluspetrol. Por eso vivió Mendoza, Neuquén y hasta Angola, entre otros lugares. Tuvo tres hijos: el primero nació en Malargüe (Mendoza), el segundo en Rincón de los Sauces (Neuquén) y la tercera en su pueblo natal, Capitán Sarmiento.
El secretario se jacta en las entrevistas de nunca quedarse quieto. «Siempre fui de tomar decisiones que mucha gente no compartía en su momento, en especial mi familia, que pensaba que estaba loco. No podían entender cómo me quedaba sin trabajo. La última fue la renuncia a la vicepresidencia de Pluspetrol». Un detalle: Pluspetrol es la tercera firma con más terrenos concesionados en Vaca Muerta, detrás de YPF y de Gas y Petróleo de Neuquén (GyP). Tiene el 7,6 por ciento de los 30 mil km cuadrados del proyecto, que no sólo abarca la mayoría de superficie neuquina, sino que se extiende a Mendoza, La Pampa y Río Negro. A mediados de septiembre, la empresa firmó junto con YPF el compromiso con Neuquén para invertir 180 millones de dólares en la etapa piloto para la explotación no convencional de hidrocarburos.
Pero, en 2015, Iguacel rechazó la vicepresidencia para lanzarse a su carrera política. Primero, según especificó, «dándole una mano» a un dirigente peronista: «Pero cuando vi que la corrupción era muy grande, que íbamos camino a ser Venezuela, me decidí y me candidateé en Capitán Sarmiento». Perdió las elecciones a intendente por 200 votos frente a Oscar Ostoich (FpV), quien en ese entonces fue reelecto por quinta vez.
Sin embargo, la derrota no tuvo sabor amargo: durante la campaña cultivó la confianza de diversos funcionarios, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, lo propuso como titular de la Dirección Nacional de Vialidad. Iguacel aceptó, según explicó, «para cambiar el sistema de corrupción que caracterizó la obra pública durante el kirchnerismo». Un área suculenta: según Chequeado, Iguacel pasó así a manejar un presupuesto de 40 mil millones de pesos, es decir, más del 40 por ciento del presupuesto total del Ministerio para 2018.
El secretario cumple con otro de los que parece ser un requisito para el gabinete Cambiemos: aparece en los Paradise Papers vinculado con la petrolera Pluspetrol Angola Corporation en las Islas Caimán. Su nombre figura como abogado para realizar actividades legales, financieras y bancarias en nombre de la offshore. La documentación difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung muestra que la estructura de la petrolera para administrar sus operaciones incluye sociedades en Gibraltar, Bahamas, Holanda, Luxemburgo, Estados Unidos, Antillas Holandesas, Curazao y las Islas Vírgenes Británicas. Logaldo explicó a Página/12: «Todo es legal. Él fue representante legal de la subsidiaria de Pluspetrol en Angola pero jamás apretó un botón para realizar una operación o mover dinero de una empresa de la petrolera en Islas Caimán».
El último poder de abogado de la Petrolera lo recibió en 2014, seis meses antes de dar el salto como precandidato del PRO en Capitán Sarmiento.
Lo que cuesta la energía
Iguacel se ganó el buen visto del Gabinete al denunciar al Grupo Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, por la adjudicación de obras por supuesto sobreprecio, en el que culpó al exministro de Planificación, Julio De Vido, aunque su objetivo era la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. También obtuvo el buen visto por el mejoramiento de las rutas. De todos modos, el camino tuvo sus baches.
Por un lado, la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional lo denunció por el nombramiento de Eduardo Plascencia al frente de la gerencia de Planeamiento y Gestión de Infraestructura Vial ya que, según la entidad, se trataba de un ciudadano estadounidense que no tenía habilitado su título profesional de ingeniero. Por otro, también llegó a los medios cuando Infobae reveló que contrató los servicios de la Escuela de Arte de la actriz Cecilia Maresca para mejorar su oratoria: según la publicación, se desembolsaron facturas por 25 mil pesos a cuenta del organismo. Y en diciembre de 2017 quedó en medio de un escándalo por un error insólito en la obra de un puente ferroviario en Luján para unir la Autopista del Oeste con la Ruta Nacional N°5: la obra tuvo que ser reformada porque las formaciones del ferrocarril eran más anchas y no podían pasar. «En tiempo récord terminamos de poner los cuatro puentes del bypass de Luján», escribió orgulloso en Twitter. «Esto me emociona». La emoción tuvo un costo de 1200 millones de pesos para el Estado.
Iguacel pasó al frente del Ministerio de Energía tras la eyección de Juan José Aranguren, el principal rostro de los tarifazos. Tras la reconversión de los ministerios, hoy ocupa el rol de Secretaría. Desde allí amenazó que si no se respeta el contrato con las productoras de gas, la tarifa podría aumentar hasta el triple. «Tenemos que acostumbrarnos a la realidad de lo que la energía cuesta, tiene este costo para la sociedad», sostuvo en declaraciones radiales.
Según la agencia NA, el cálculo de lo que la «energía cuesta», y que saldrá de los bolsillos de usuarios y usarías directo a las empresas, alcanza los 10 mil millones de pesos.
Fuente: http://www.lavaca.org/notas/retrato-de-la-estafa-por-que-el-nuevo-tarifazo-es-inconstitucional/