La aprobación del nuevo texto constitucional boliviano marca un hito en el mundo e inaugura un nuevo camino hacia una sociedad más equitativa y justa. Sin embargo, la batalla del pueblo por el control de su propio destino no está ganada. Este 25 de enero, el pueblo de Bolivia acudió a las urnas por […]
La aprobación del nuevo texto constitucional boliviano marca un hito en el mundo e inaugura un nuevo camino hacia una sociedad más equitativa y justa. Sin embargo, la batalla del pueblo por el control de su propio destino no está ganada.
Este 25 de enero, el pueblo de Bolivia acudió a las urnas por tercera vez en tantos años. La primera vez, en diciembre del 2005, lo hizo para elegir a un presidente indígena a la cabeza del movimiento al socialismo (MAS). La demanda de cambio que significó su llegada a la presidencia se vio ratificada con un contundente 67 por ciento de apoyo popular en el único referéndum revocatorio de la historia republicana, celebrado en agosto del 2008. El último referéndum ha tenido lugar para aprobar un proyecto de constitución llamado a refundar Bolivia y a descolonizar un país víctima de cinco siglos de opresión.
Aunque las cifras finales no están aun disponibles, el proyecto de nueva constitución recibió el apoyo mayoritario de la población Boliviana con un voto a favor de más del 60 por ciento. Ahora comienza un nuevo proceso de implementación de la nueva carta magna que incluye propuestas para erradicar la exclusión social sufrida por la mayoría indígena del país y que ya por 1990, se movilizó en la gran marcha por el territorio y la dignidad para demandar su inclusión en el estado boliviano, y su reconocimiento como ciudadanos en un país que negaba su existencia.
El camino hacia el reconocimiento de esta mayoría olvidada no ha sino nada fácil. Primero, necesitó su organización y movilización masiva para demandar sus derechos y luego la toma de las instituciones del estado a través del MAS. Más tarde tuvo que soportar con paciencia tres años de espera en los que una oposición minoritaria y cada vez más violenta ha intentado por todos los medios derrocar el estado de derecho y sabotear el proceso más incluyente de debate y consenso para escribir una nueva constitución política del estado jamás visto. Este enero se aprobó por fin la nueva constitución pero en el camino quedan los sueños de aquellos que imaginaron este como un camino fácil así como el recuerdo de aquellos que dieron sus vidas para llegar a este momento histórico.
Un proceso democrático
El mayor desafío que presentaba el país el día de la inauguración de Evo Morales como presidente de la república en enero del 2006 era precisamente la refundación de un país fracturado con problemas crónicos como lo eran (y lo siguen siendo) las instituciones débiles, especialmente en el campo y el oriente, la dominación política y económica del país por una élite oligarca y corrupta, así como la exclusión social y política de una mayoría pobre.
La respuesta del nuevo gobierno no se hizo esperar, ahondando un proceso de apoderamiento de las masas de la realidad social y política del país que en muchos sentidos es anterior a la creación del MAS. La participación de los movimientos sociales en la toma de decisiones a nivel local facilitada por la ley de participación de mediados de los 90 incrementó la calidad del proceso democrático para poder llevar a cabo los cambios estructurales y profundos que necesita el país.
Así pues, el proceso constituyente comenzado en agosto del 2006 incluyó niveles de participación social nunca antes vistos ni en Bolivia ni en ningún otro país, creando espacios deliberativos para asambleístas electos por sufragio universal y que representaban a todas las comunidades. Tenia que ser así pues si el objetivo fundamental era ahondar la democracia, el proceso de refundación del estado tenía que ser lo mas democrático posible.
Así, los 255 asambleístas elegidos para escribir la nueva constitución política del estado incluyó a hombres y mujeres, ciudadanos de clase alta, media y baja, campesinos y profesionales, indígenas, blancos y mestizos, ciudadanos de las zonas rurales y aquellos de las ciudades. El resultado de aquellas discusiones, fue, a pesar de los intentos violentos de una minoría intransigente, una visión colectiva e incluyente del futuro de Bolivia de la que su total diversidad cultural, social y económica es parte y heredera.
¿Un contenido revolucionario?
Parece extraño que la gestión del MAS sea rutinariamente atacada en los medios de comunicación y descrita con adjetivos como ‘revolucionaria’, ‘socialista’ y ‘autoritaria’. Aunque yo no interprete los dos primeros adjetivos como insultos, la verdad es que la constitución no incluye ni la nacionalización de la propiedad privada ni la imposición de un partido único, a pesar de las mentiras que la oposición haya intentado propagar. De hecho, una mirada detallada al nuevo texto nos muestra una visión moderada, incluyente y que respeta la diversidad del país en todos los sentidos. Existen tres pilares que caracterizan a esta constitución.
El primero es el reconocimiento de la plurinacionalidad boliviana que por fin reconoce la diversidad nacional. Así, el país se despoja por fin de su ‘pecado concebido’ como describe el autor Xavier Albó la naturaleza excluyente de la fundación del país en 1825 en la que la población indígena era simplemente invisible. También se revierte el racismo encubierto que alimentó la revolución de 1952 y que pretendía la sumisión de todos los grupos originarios dentro de una ‘clase campesina’ que negaba sus culturas e idiomas individuales. En la nueva constitución se instituye en principio de igualdad – de derechos y obligaciones – dentro de la diversidad que acomoda el país en su seno.
La segunda característica de la nueva constitución es la creación de nuevas instituciones, poderes y formas del estado. Los poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial) se mantienen aunque con reformas. Lo que es nuevo es el concepto de soberanía que se traslada al pueblo, lo cual va acompañado de nuevas instituciones de participación para que el pueblo pueda ejercer un cierto control de los anteriores poderes. Además, se constitucionaliza un estado descentralizado con amplios poderes legislativos así como de uso de costumbres y leyes, para los niveles departamentales, indígena-originarios, y municipales.
La tercera característica es la universalización de derechos fundamentales para todos. Por primera vez en la historia de Bolivia – un país infame por las brutales divisiones socioeconómicas que existen en su interior – el estado se compromete a proveer salud básica y educación para todos los boliviano/as, una renta básica para los pensionistas que otorgue dignidad a la tercera edad, y garantiza el acceso al agua potable, el cual es descrito por primera vez como un derecho humano fundamental. La constitucionalizacion de estos derechos puede sonar a herejía para algunas facciones derechistas y recalcitrantes del mundo pero desde luego que no son ni revolucionarias ni radicales, pues son la base del estado de bienestar que es común en Europa.
Un futuro lleno de desafíos
El futuro del ‘vivir bien’ que todos los bolivianos anhelan sobre el cual se construye esta nueva constitución política del estado, no está garantizado ni mucho menos. La oposición de minoría continuará sin ninguna duda a poner obstáculos a toda costa para descarrilar el proyecto de nueva sociedad deseado por la mayoría de los boliviano/as al igual que lo ha hecho hasta la fecha.
Aunque la línea política seguida por todos los prefectos de oposición al conocerse los resultados provisionales en la noche del 25 de enero fue la de intentar conseguir un pacto de unidad con el gobierno, sabemos que, como en el pasado, estos son perfectamente capaces de volver a utilizar la calumnia y los métodos violentos como arma política para conseguir sus objetivos y acelerar la fragmentación del país entre el oriente y el occidente.
Esta es una posibilidad real y algo que tiene que tener muy en cuenta la comunidad internacional que, como hizo UNASUR en septiembre, puede y debe apoyar el proceso de cambio en democracia que representa el actual gobierno boliviano para ahondar en este proceso de búsqueda de igualdad y justicia social para todos.