RED DE ECONOMÍA POLÍTICA
N°14 – Junio 5/2026
La legitimidad de un gobierno no se sostiene únicamente en las urnas. Deviene de la autoridad moral, del respeto y de lo justo que es un presidente con su pueblo. Si el pueblo acepta, reconoce y respalda a su presidente y obedece las directrices políticas y económicas que dicte o proponga, entonces diremos que la autoridad cuenta con legitimidad, que cuenta con el respaldo sino el cariño de los sectores populares. En Bolivia, esas grandes mayorías hoy le exigen ¡que renuncie!!! y con ello, le dieron la espalda a un presidente y a su gestión, que, en solo 6 meses, echó por tierra algún atisbo de que el neoliberalismo no regresaría al país.
Rodrigo Paz ha perdido toda la legitimidad y está en la disyuntiva de aferrarse a un estado de sitio o dejar el poder, evitando mayor sacrificio de vidas.
1. La legitimidad se gana o se pierde.
La pérdida de legitimidad del gobierno de Rodrigo Paz no fue un accidente ni un error de gestión. Es consecuencia de las medidas económicas dictadas contrarias a las postuladas en la campaña electoral; su “programa de centro” con el que llegó al poder, no prometía medidas neoliberales agresivas como las que hoy sostiene y defiende, pese a haber retrocedido en varios intentos. El abismo entre el respaldo popular (mandato) a todas las promesas y las decisiones gubernamentales asumidas al llegar a la Plaza Murillo, convierte a su gestión en un engaño, en una impostura, en un acto político fraudulento, sostenido en la mentira y la demagogia.
Desde la perspectiva de la economía política, la crisis dejada por Arce Catacora -inflada y sobredimensionada por la banca, la oligarquía, la derecha y los medios de comunicación- al no resolverse, desnudó la contradicción entre el relato oficialista de estabilidad y la realidad del pueblo que enfrenta el deterioro de la economía familiar, colas inmensas para comprar gasolina y diésel, inflación, desempleo y precariedad. Las medidas económicas del gobierno de Rodrigo Paz concentran beneficios en los sectores privilegiados y distribuye los costos sociales sobre las mayorías, vulnerando la Constitución y el pacto social que sostiene al Estado Plurinacional. Se hizo todo lo contrario de lo que se prometió y la decepción llegó al límite.
Los bloqueos y marchas son la respuesta popular de rechazo, denuncia, enojo, condena a ese cambio a ese giro, a ese salto al neoliberalismo fracasado. No son simples actos de protesta coyuntural, sino la explicitación de una ruptura, de un abandono y rechazo social a un presidente y gobierno que ya no les representa y al que perdieron todo el respeto. El bloque social popular votó con la esperanza de que Rodrigo Paz podría respetar las grandes conquistas económicas, sociales políticas y culturales logradas por el pueblo en los últimos años frente a las amenazas de la extrema derecha de Tuto Quiroga; seis meses después, han pasado a un desprecio y enojo popular que se mide en los adjetivos más duros y crueles contra el presidente. La legitimidad institucional se vació, cuando el pueblo, en las calles y carreteras, demuestra que la verdadera democracia, se mide en la justicia distributiva y en la defensa de los derechos conquistados.
2. La ruptura con la Constitución y el pacto social
La pérdida de legitimidad del gobierno no se limita a la gestión económica: se profundiza en el terreno político y jurídico. El intento de modificar, vaciar o reinterpretar la Constitución Política del Estado (CPE), convierte al gobierno en un actor que rompe el pacto fundacional del Estado
Plurinacional. No hablamos de errores administrativos, sino de una ofensiva consciente contra los derechos conquistados por el pueblo.
Al debilitar la CPE, se debilitan también los mecanismos de respeto a los derechos humanos, de redistribución de la riqueza, de soberanía, de control social y de participación democrática. El resultado es un Estado que deja de ser garante de derechos para transformarse en administrador de intereses externos y de élites internas.
La legitimidad se fractura porque el pacto social – ese acuerdo que dio origen al Estado Plurinacional – ya no se respeta. La protesta en las calles y carreteras es, entonces, también una defensa de la Constitución: un recordatorio de que la democracia boliviana no puede sobrevivir si se mutila su base jurídica y social, que en Bolivia no se puede gobernar sin la participación del pueblo.
Por eso, las calles y carreteras se han convertido en el verdadero tribunal popular. Allí, sindicatos, comunidades y sectores movilizados reclaman lo que la justicia auto prorrogada les negó: el respeto a la Constitución, la defensa de los derechos conquistados y la recuperación de un pacto social roto. La medida del Estado de Sitio, simplemente traerá luto al país.
3. La legitimidad de las medidas populares
La pérdida de legitimidad del gobierno abre un nuevo escenario: la reorganización popular frente a un poder que ya no les representa. Cuando las instituciones se vacían de dignidad y la justicia se corrompe, es el pueblo quien asume el rol de garante de derechos y memoria. Las calles y carreteras se convierten en espacios de soberanía, dónde la Central Obrera Boliviana (COB), comunidades campesinas y pueblos originarios, transportistas y organizaciones sociales levantan su voz contra un gobierno que los excluye.
La resistencia no es únicamente social: es moral y política. Los bloqueos y marchas expresan la dignidad de sectores que se niegan a aceptar la precariedad como destino. Cada punto de resistencia en las carreteras es también un recordatorio de los derechos arrebatados y de la necesidad de reconstruir un pacto social desde abajo. En este sentido, la movilización popular no solo desafía al gobierno, sino que plantea una alternativa de legitimidad basada en la acción colectiva y en la defensa de la Constitución.
La economía política de la crisis se refleja en este protagonismo popular: mientras el Estado concentra beneficios en las élites y reproduce medidas impuestas desde afuera, el pueblo organiza su propia agenda de justicia distributiva y de soberanía. La legitimidad que nace desde abajo no se mide en indicadores macroeconómicos, sino en la capacidad de resistir, de mantener viva la memoria y de proyectar un futuro donde la democracia se reconstruya en las calles y carreteras.
La legitimidad no se decreta, se construye. Y cuando el gobierno quiebra la Constitución, se sostiene en una justicia corrupta y concentra beneficios para las élites, pierde toda autoridad moral y política. Hoy, las calles y carreteras son el verdadero escenario de la democracia: allí el pueblo recuerda que la justicia no puede ser comprada, que los derechos no se negocian y que la dignidad no se posterga.
La crisis que vivimos es el precio de la corrupción y de la traición al pacto social. Pero también es la oportunidad de reorganizar la fuerza popular, de levantar una legitimidad nueva que nazca desde abajo, desde la resistencia y la memoria. Porque cuando el pueblo habla en las calles y carreteras, ningún poder puede fingir legitimidad.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.