No se sabe quiénes fueron, pero se está más cerca de saber quiénes quisieron que no se sepa. Parece un juego de palabras, pero sólo es una explicación posible sobre el estado actual de la investigación del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Lo cierto es que no hay aún […]
No se sabe quiénes fueron, pero se está más cerca de saber quiénes quisieron que no se sepa. Parece un juego de palabras, pero sólo es una explicación posible sobre el estado actual de la investigación del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Lo cierto es que no hay aún un solo condenado y ni siquiera procesado por el ataque con coche-bomba perpetrado el 18 de julio de 1994, que mató a 85 personas, dejó otras 300 heridas y destruyó el edificio de la AMIA, ubicado en un barrio céntrico de Buenos Aires.
Hay, sin embargo, ahora varios acusados de cometer irregularidades en la investigación del atentado, entre ellos funcionarios del entonces gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
El juez federal Ariel Lijo procesó el martes, entre otros, a Hugo Anzorreguy, quien fue jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado del gobierno de Menem, a Juan José Galeano, ex juez federal de la causa, a Rubén Beraja, ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, al entonces imputado de participar en el atentado Carlos Telleldín y a su abogado, Víctor Stinfale.
Entre las acusaciones figuran los delitos de peculado, prevaricato, privación ilegítima de la libertad, coacción y falsedad de documento público, cuyas penas van de dos años a más de 20 años de prisión en los casos que se suman cargos.
«Yo creo que los procesamientos están bien, es un avance, pero estamos a más de 12 años del atentado, (y por eso) seamos realistas», dijo a IPS la presidenta de la organización no gubernamental Memoria Activa, Adriana Reisfeld, quien perdió en el derrumbe de la AMIA a su hermana menor, Noemí, entonces de 36 años y con dos hijas pequeñas.
Tanto los familiares de las víctimas del atentado como las organizaciones nacionales defensoras de los derechos humanos saludaron en su mayoría con satisfacción las resoluciones tomadas por el juez.
De hecho, este fallo confirma la denuncia contra el Estado argentino por «denegación de justicia», presentada por Memoria Activa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en el sistema de la Organización de Estados Americanos.
«El procesamiento es un paso en la dirección correcta para cumplir con los compromisos», consignó, por su parte, el no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales.
«Si bien la investigación criminal más importante de la justicia argentina hasta el momento se había mostrado incapaz de arribar a resultados concretos sobre las responsabilidades materiales e intelectuales del atentado, 12 años después este procesamiento repara, en parte, la frustración de la expectativa de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre lo sucedido y obtener justicia», señala el CELS en un documento.
Así, Galeano, Anzorreguy y Beraja fueron imputados del pago de 400.000 dólares al entonces vendedor de automóviles robados Carlos Telleldín a cambio de que éste se confesara culpable y también acusara a un grupo de policías de la oriental Provincia de Buenos Aires de estar involucrados en el atentado a la AMIA.
El proceso contra los oficiales y el propio Telleldín fue anulado en la etapa del juicio oral finalizado en 2004, debido a las graves irregularidades cometidas en la instrucción.
Precisamente, esa «causa madre», por las responsabilidades en el atentado, llegó el miércoles a la Corte Suprema de Justicia, que deberá ahora confirmar o revocar el fallo de anulación de 2004.
«Acá no hubo errores, ni desaciertos: acá hubo una mentira que quisieron imponer, entonces, es mucho peor. Galeano estafó a toda la población, porque «armó» una causa», aseguró Reisfeld.
Las sospechas, sin embargo, sobre las responsabilidades por las maniobras de encubrimiento que se investigan, alcanzan al poder político del momento: Carlos Corach, ministro del Interior de entonces, y al mismo Menem.
«Yo creo que hay que ir para arriba en la cadena (de encubrimientos), hay que ver a quién respondían Galeano y Anzorreguy, que por supuesto no eran independientes, y llegar a Menem y a Corach», afirmó la titular de Memoria Activa.
En tanto, Laura Ginsberg, fundadora de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), se mostró claramente crítica. «Nosotros consideramos que estos procesamientos no son ningún avance», comentó a IPS.
«Lijo no avanza para hacer una acusación política. Tiene sobrados elementos para demostrar que aquí hubo una asociación ilícita, no sólo para cometer irregularidades en la causa, sino para consolidar el encubrimiento, y (en cambio) tratar de exculpar al Estado de su participación encubridora y criminal», fundamentó Ginsberg, cuyo esposo falleció en el atentado.
Al mismo tiempo, la integrante de APEMIA dejó entrever cierto oportunismo en estos pronunciamientos judiciales que, si bien «insuficientes», llegan horas antes de que la senadora Cristina Fernández, esposa del presidente Néstor Kirchner, se reúna en Nueva York con representantes de la poderosa comunidad judía estadounidense.
«Acá se marcha hacia la impunidad. Lo que queda por delante es la prescripción de la causa», denunció Ginsberg al respecto.