El salario es el único ingreso que tienen los trabajadores para enfrentar todas las necesidades de sus familias. Como es ya conocido, este año, el salario mínimo tuvo un incremento del 20 por ciento.
Y será de $248.93 diarios en todo el país, con la excepción de la zona libre de la frontera norte que será de $374.89. Dicho acuerdo fue decretado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), formada por los representantes del sector empresarial, del gobierno y de los trabajadores o mejor dicho de los patrones, del gobierno a su servicio y de los “charros”, al servicio de los patrones también, porque no existe una representación auténtica de los trabajadores a nivel nacional.
Siempre que hay intereses en juego se generan diferentes opiniones. Lo relativo al salario es de lo más polémico. Veamos algunas de las posiciones más importantes.
Primera. La vieja posición del sector empresarial. Los patrones tratan siempre de limitar los aumentos a los salarios —tanto a los mínimos como a los contractuales— argumentando que provocan mayor inflación y cierre de empresas. Pero esto no es cierto, como lo demuestra el hecho de que en muchos países se pagan salarios mucho mejores y no provocan inflación ni cierre de empresas. Los patrones quieren seguir sobreexplotando a los trabajadores y seguir obteniendo jugosas ganancias. Es por ello que los trabajadores tienen derecho a mejores salarios, pues sus jornadas son de las más largas del mundo.
Segunda. La posición del gobierno —que coincide, mucho, con la de los empresarios— considera que estamos ante un aumento muy bueno, extraordinario, que se recupera el poder adquisitivo del salario, que acarrea bienestar para el pueblo, que muestra la buena disposición de los empresarios y su correcta conducción de la economía nacional. Y que, por tanto, a los trabajadores corresponde agradecer a los empresarios y al gobierno de la cuarta transformación por los beneficios recibidos.
Analicemos esta posición que difunde el gobierno. Tomando en cuenta que se da una imagen unilateral, deformada y falsa de un hecho si se le separa de su contexto; se manipula la información si no se incluye lo bueno y lo malo de la medida que se analiza. Pues con cifras y datos parciales, se puede, aparentemente, demostrar cualquier cosa. Solo es verdadera la visión totalizadora e integral, que toma en cuenta las causas y consecuencias de las políticas adoptadas.
Esto es lo que le pasa a la propaganda del gobierno morenista: se presume el aumento al salario mínimo, sin mencionar la inflación del año pasado: detengámonos, por ejemplo, en los aumentos del azúcar que se incrementó el 22.7 por ciento; las galletas, el 20.7 por ciento; el frijol, 16.4 por ciento; el bolillo, 13.1 por ciento. El caso de las frutas y verduras fue más grave: el limón subió el 26.9 por ciento; la papaya, el 22 por ciento; el chile poblano, el 44.9 por ciento; la cebolla, el 32.6 por ciento; la zanahoria, 31.8 por ciento; el tomate verde, 26.2 por ciento, entre otros. Datos tomados del diario La Jornada, del 7 de enero del 2024, que, por cierto, es un periódico incondicional del gobierno de morena.
Tampoco se alude al aumento en los impuestos y al pago de bienes y servicios (bautizados como “ajustes”, para que sean más digeribles). ¿Acaso no subió el predial, el Impuesto Sobre la Renta, la luz, el agua, la gasolina, el transporte, la renta, los servicios de salud, educación, etc.? Se procede como aquel vulgar propagandista engañador que al dar cuenta de que su equipo había perdido declaró: “quedamos subcampeones”, pero omitió decir que solo habían participado dos equipos en la competencia.
¿A quién se aplicará tan celebrado aumento salarial? No a la mayoría de los trabajadores, que se encuentra en la economía informal, y que, por tanto, no está sujeta a ninguna reglamentación oficial. ¿Cuántos son, dónde están, en qué trabajan, cuáles son las condiciones en que laboran los de la economía informal, por qué no pasan a la economía formal?
No es un problema menor. Se trata de una masa gigantesca constituida por más de 30 millones de trabajadores, aproximadamente el 55 por ciento de la fuerza laboral del país. Empleados en diversas actividades: trabajadores del hogar, en la construcción, en actividades del campo, en el comercio (mercados sobre ruedas, ambulantes en todas las ciudades, en tianguis, en miles de “changarros” de todo tipo), etc. Están distribuidos en todo el territorio nacional, siendo los estados con mayor índice de informalidad: Oaxaca el 81.2 por ciento, Guerrero con el 79 por ciento y Chiapas con el 75.2 por ciento; en tanto que los estados con menor informalidad son Coahuila con 34.2 por ciento, Nuevo León con 35.8 por ciento y Baja California con 36.6 por ciento. A mayor informalidad, mayor pobreza.
Por lo general, trabajan en condiciones deplorables: no tienen ninguna estabilidad en el empleo, pueden quedarse sin “chamba” en cualquier momento y no tendrán derecho a indemnización alguna; tampoco disfrutan del pago de horas extras, vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad, etc. No están cubiertos por ningún contrato ni tienen derecho a la sindicalización. Tampoco gozan de seguridad social (servicio médico, incapacidades por enfermedad o riesgo de trabajo o pensión de algún tipo). Es pues un sector particularmente desprotegido; si quienes laboran como informales no pasan al sector formal de la economía, eso se debe a que, simple y sencillamente, no existen los puestos de trabajo que les permita ese tránsito. Esta sí que es una muestra ineludible de que la economía del país está mal, por más que diga lo contrario el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Si bien es cierto que el problema viene desde las anteriores administraciones, eso no libera al actual gobierno de su responsabilidad de atender tan delicado problema. Incluso, hay que decir que el problema se ha agravado: crece más el sector informal que el formal. Hay una tendencia creciente a la informalidad.
Tercera. La posición de quienes defendemos a los trabajadores. Consideramos que el aumento al salario mínimo es un hecho positivo, pero claramente insuficiente (ya se levantan algunos grupos que están pidiendo un aumento salarial de emergencia ante la grave situación que padecen). El salario mínimo, ya con el aumento, no alcanza ni siquiera para comprar la canasta básica alimentaria: no tenemos nada que celebrar y mucho por qué luchar para no dejar a nuestros hijos en la miseria.
El problema está creciendo, antes del 2015 no llegaban al 10 por ciento los trabajadores que ganaban el salario mínimo, ahora rebasan el 30 por ciento. Quienes sí están muy contentos con el desempeño de la economía son los grandes empresarios que han aumentado sus fabulosas fortunas. Por ejemplo, Carlos Slim, gran amigo del presidente, a fin de año volvió a la lista de los hombres más ricos del mundo con más de 100 mil millones de dólares; Germán Larrea tiene más de 30 mil millones de dólares (incrementó su fortuna en 10% en el último año); Ricardo Salinas Pliego reportó más de 12 mil 500 millones de dólares (el Banco Azteca, propiedad de este empresario, fue beneficiado, durante mucho tiempo, con la distribución en exclusiva de los fondos de los programas sociales); además, el Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca, Esteban Moctezuma Barragán, —miembro de este grupo empresarial— primero fue designado como Secretario de Educación Pública y ahora es el Embajador de México en Estados Unidos. ¿Para quién trabaja el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador?
Por último, quiero referirme a personas que —de buena fe— llegan a decir que no vale la pena luchar por aumentar el salario, incluso que es contraproducente, porque todo aumento al salario viene acompañado por un aumento de precios. Partiendo de un hecho real, llegan a una conclusión equivocada. Es cierto que los capitalistas con mucha facilidad anulan cualquier aumento salarial, pero es peor dejarlos con las manos libres para que aumenten los precios sin que les opongamos ninguna resistencia. A pesar de sus efectos limitados, es necesario luchar por mejorar nuestro salario; sin olvidar jamás que la solución definitiva está en organizarse y luchar para tomar el poder político del país, para cambiar el modelo económico que impera en nuestro país, para quitarle a los capitalistas la posibilidad de que nos sigan explotando y enriqueciéndose a nuestras costillas.
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