Al Dr. Alejandro Hakim que falleció de un infarto mientras marchaba junto a sus compañeros hacia la sede del Gobierno porteño. En el día del médico y en el marco de un paro del personal de salud que se encontraban reclamando por «salarios dignos» y el reconocimiento de la carrera profesional, entre otras demandas.
In memoriam
El Observatorio de la Deuda Social de la UCA publicó que la pobreza subió del 40,8 % al 44,2 %. Se calcula que, entre la población urbana y la población rural, hay 20 millones de pobres.
La indigencia escaló del 8,9 % al 10,1 % y afecta a más de 4,5 millones de personas.
El documento de la UCA señaló que el 64,1 % de los niños/as y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza, y el 16 % vive en la indigencia.
El relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA advirtió que la tasa de desempleo aumentó en el tercer trimestre de 10,6 % a 14,2 %, pero alcanza el 28,5 % si se agrega el “efecto desaliento” a buscar trabajo.
En términos de cantidad de habitantes representa pasar de casi 2,1 millones de desocupados a poco más de 2,7 millones.
La Encuesta de la UCA señala que “sólo el 43,6 % de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos. Mientras que el 14,2% de esta población se encontraba abiertamente desempleada y el 14,8 % sometida a un subempleo inestable (realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación)”.
La CEPAL informó que la región es la más desigual del planeta y que Argentina es uno de los países donde más creció la desigualdad durante la pandemia. Mientras la pobreza y la desigualdad aumentan el Gobierno negoció la reestructuración de la deuda y cedió U$S 17.000 millones adicionales respecto de la oferta inicial de abril. Además, Fernández continúa la negociación con el FMI, un acuerdo que traerá mayores padecimientos para el pueblo trabajador.
Finalmente, el Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas ya es ley. Los detractores del “Aporte Solidario”, que se efectuaría por única vez, tras un año de pandemia, y sobre el patrimonio de poco más de 9.000 personas, sostienen que afectará las inversiones.
Sin embargo, Magdalena Rúa, especialista en sistema tributario, declaró:
“Analizando los datos de la AFIP, uno puede ver que el 70% de los activos que declaran las personas con mayores fortunas son inmuebles y activos financieros, es decir para atesoramiento, no capital empresario. Por lo tanto, el argumento de quienes esbozan que esto podría afectar la inversión es incorrecto.
Por el contrario, la experiencia reciente de los últimos años del gobierno de Cambiemos demuestra que las prebendas al poder económico no alientan la inversión en el país. Como vimos, las facilidades que se les dieron, el libre cambio, las altas tasas de interés, todo lo que ha generado este circuito de especulación financiera favoreció la salida de los capitales al exterior y la reducción del nivel de inversión interna”.
Y agregó: “Si uno analiza la porción de capital que esas personas tienen en el exterior es la mayor parte de su patrimonio. Estas grandes fortunas tienen alrededor del 80% de su patrimonio en el exterior. Por eso es que este proyecto de ley tiene por objetivo desalentar esas inversiones y atraerlas a la Argentina. Estamos hablando de una porción muy escueta, de alrededor del 0,02% de la población argentina, y no alcanza ni al 1% de los contribuyentes que hoy pagan Bienes Personales, es el 0,8%”.
Para continuar: “Un impuesto a los patrimonios y a las riquezas es de los mejores distribuidores de riqueza y de las mejores herramientas para reducir los niveles de desigualdad.
Es fundamental pensar en mejorar el sistema tributario, porque hoy es sumamente regresivo, la mayor parte de los tributos que se recaudan son sumamente regresivos donde las alícuotas que se recaudan son las mismas para los contribuyentes con distintas capacidades contributivas, distintos niveles de ingresos, distintos niveles de riqueza. En cambio, los impuestos progresivos, que son los que tienen diferentes alícuotas y escalas de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes, hoy lamentablemente son los que menos contribuyen con la recaudación.
(…) Si uno hace un análisis, teniendo en cuenta los distintos deciles de ingresos, el 10% más pobre tiene una presión tributaria superior que el 10% más rico. En los últimos cuatro años el gobierno de Cambiemos aumentó la regresividad del sistema tributario. Y esa regresividad favorece a los estratos de mayores ingresos y a las grandes empresas.
(…) Por ejemplo, en el Impuesto a las Ganancias habría que aumentar significativamente las alícuotas para las personas de mayores ingresos y para las grandes empresas y reducirlas para las personas de menores ingresos y las empresas más chicas. Lo mismo con el Impuesto a los Bienes Personales. También hay que hacer toda una revisión de la Legislación tributaria. Hay una serie de medidas en el plano de fiscalidad internacional que se pueden llevar adelante. Retomar el Impuesto a la Herencia, que fue eliminado durante la dictadura cívico-militar, pensar la tributación para las empresas de servicios digitales que se beneficiaron muy fuertemente con la pandemia y son las que menos tributan”.
Para finalizar: “(…) hay algunas estimaciones que nos pueden dar indicios de que los argentinos subdeclaran sus activos. Teniendo en cuenta los datos de las declaraciones juradas de bienes personales, los argentinos declaran en total en el exterior alrededor de 77.000 millones de dólares para 2018. Y, sin embargo, Indec para ese mismo año estima que el sector privado no financiero poseía activos externos de 293.000 millones de dólares. Con los datos de la balanza de pagos, esas estimaciones arrojan alrededor de 390.000 millones de dólares. Estarían declarando un 20% de lo que poseen en el exterior”.
Pagan Ganancias salarios un poco por encima de la canasta de pobreza
Por ejemplo, a agosto, el mínimo no imponible para una persona casada, cónyuge y dos hijos era de $ 73.102 y la canasta básica familiar de $ 45.477. O sea, que representaba el 62,2% del mínimo no imponible. Un par de años atrás representaba el 40%. Esto significa que el mínimo no imponible debería ser de $ 113.692. En consecuencia, se empieza a tributar Ganancias a partir de ingresos reales más bajos.
Otro ejemplo, el mínimo no imponible se ajustó para este año un 44,27%, por debajo del 53,8% de inflación de 2019. Así, con salarios en términos reales más bajos por la pérdida en relación a la suba de precios, el peso de Ganancias en los sueldos de los trabajadores es mayor.
La Dirección de Estadística y Censos de la CABA considera que, a agosto, son “vulnerables” o “sectores frágiles” los matrimonios con dos hijos si tiene ingresos que superan la línea de pobreza, pero son inferiores a $ 71.370. De tal manera, que coincide con el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.
Así el Estado estaría cobrando el impuesto a las Ganancias sin medir adecuadamente la capacidad económica de los contribuyentes, llevándose parte de lo necesario para el sustento de las personas y familias.
El sindicato del neumático le pide por a Fernández que no descuente Ganancias del aguinaldo y vacaciones
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, hizo llegar a la Casa Rosada una carta documento dirigida al presidente de la Nación Alberto Fernández. El motivo radica en un pedido de que se evite el descuento del Impuesto a las Ganancias del aguinaldo y las vacaciones.
Las y los trabajadores registrados en relación de dependencia están próximos a cobrar el medio aguinaldo y el adelanto de las vacaciones pagas. En 2020, pagan Impuesto a las Ganancias los empleados solteros cuyo salario neto mensual supere $55.261. En el caso de los casados, el tope es de $64.145 y para casados con dos hijos se eleva a 73.104 pesos, menos las deducciones que permite la AFIP.
En ese contexto, el SUTNA plantea «la necesidad de que se resuelva con carácter de urgente y en el marco de la grave emergencia sanitaria y laboral, la exclusión del cálculo del impuesto a las ganancias respecto de las sumas que a fin de año se abonarán en concepto de sueldo anual complementario (SAC), vacaciones, haberes por suspensiones, bonificaciones anuales y cifras extraordinarias que los empleadores puedan reconocer en función de la pandemia y sus consecuencias sobre los trabajadores.», explica el texto.
El sindicato remarcó que sostiene el reclamo de la derogación del impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores por considerarlo un impuesto al trabajo. Pero en esta oportunidad, dadas las condiciones de la pandemia «entendemos necesaria una respuesta urgente que siquiera provisoriamente permita evitar aún mayores daños en las economías de las familias trabajadoras.»
Paritarias
El gobierno propuso una recomposición del 22% en cuatro cuotas para las empleadas domésticas, por debajo de la propuesta patronal de un 24%. Ambas lejos de los reclamos gremiales que variaron desde un incremento del 40% hasta alrededor de un 120%, que es lo que se necesita para llevar el básico actual hasta el valor de la Canasta Básica Total que mide la pobreza.
Además, reclamaron la inclusión del sector en los beneficios del programa de ATP, el blanqueo del trabajo y la reincorporación de alrededor de 600.000 despedidas.
A fines de agosto solo un 19% de los asalariados privados había negociado sus paritarias para el período 2020 cuando, en general, la mayoría de los convenios están resueltos en mayo. El salario promedio de los privados acumuló un alza de solo un 4,6% a lo largo del año. Para esa fecha los empleados públicos tampoco habían sellado sus actualizaciones.
Luego vendrían los principales acuerdos que involucraban a los metalúrgicos y comercio, que llevaron el porcentaje de trabajadores con aumento hasta el 40% para principios de octubre. Finalmente, una nueva tanda a fines de ese mes y principios de noviembre con la construcción a la cabeza lo llevaron al 80%. En el camino también negociaron los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales y los docentes de las diferentes provincias y niveles educativos.
Fueron contados los casos que contemplaron un período anual y un incremento porcentual en cuotas. Casi todos partieron de incorporar los $ 4.000 otorgados en diciembre pasado por decreto presidencial, a lo que se sumaron cifras fijas segmentadas en cuotas. La gran mayoría se fijó para períodos semestrales. También los hubo por períodos de diez meses, de nueve y once y trimestrales como los de los empleados públicos. Estas modalidades implicaron cláusulas de revisión al finalizar esos períodos o directamente nuevas aperturas. Así, luego de un período de virtual congelamiento entre abril y agosto, se ingresó en una nueva fase de paritarias.
Según el Observatorio del Derecho Social de la CTA-A en noviembre hubo revisiones o negociaciones por tramos nuevos en UTEDyC (empleados de instituciones deportivas y civiles) que agregaron dos cuotas en diciembre y enero para llegar a un total del 33%; Alimentación sumó al 6,5% cuatro cuotas nuevas para totalizar un 32%; Sanidad, que en laboratorios y droguerías traían un acumulado del 14,3%, sumaron un 8%; SOMU y Flota Petrolera e Hidrocarburífera lograron una cláusula gatillo del actualización por IPC; y el sindicato de carga y descarga agregó dos cuotas para acumular un 31,2%. El gremio bancario pudo mejorar su acuerdo inicial del 26% para llevarlo hasta un 34% a partir de dos cuotas del 4% en noviembre y diciembre.
Loa aceiteros que debieron revisar un acuerdo de abril por un 24% en agosto, no han logrado mover a las patronales de su propuesta de 0%. Reclaman por llevar el básico a $ 84.000, que implica un nuevo incremento del 20 al 25%.
Los desmotadores de algodón tenían pautada una revisión en octubre cuya negociación fue pasada por alto por las patronales. El sindicato del vidrio también tenía una revisión para esa fecha, de la cual tampoco hubo novedades.
Los trabajadores de prensa del interior del país (Fatpren) se encuentran en una negociación para el segundo tramo de su paritaria luego de acordar un 18% por ocho meses y una suma fija de $ 10.000 con revisión en noviembre.
Los camioneros habían conseguido una suba del 27% pero tienen una revisión pautada para febrero, al igual que los químicos que ya habían acordado un 24%.
Los empleados públicos nacionales y los docentes universitarios acaban de sellar acuerdos por un 7% por un período de 3 meses y en los primeros días de diciembre deberían reiniciar las negociaciones para el período siguiente al igual que los judiciales bonaerenses.
Los trabajadores de la salud ya comenzaron medidas de fuerza en todo el país para recomponer sus haberes.
Los salarios crecieron 2,5% en octubre y volvieron a quedar por debajo de la inflación. Según el Indec los salarios acumularon un alza del 21,5% en los primeros nueve meses del año, mientras el costo de vida subió 22,3% en el mismo período.
El índice de salarios total registrado acumula en los últimos 12 meses un aumento del 30,5%: 32,4% subió el sector privado y 27,2% el público.
Los sueldos de la administración pública, que crecieron 3,2% en septiembre respecto de agosto, son los más retrasados respecto de la inflación, ya que desde diciembre crecen 18% y 27,2% interanual.
Los trabajadores registrados del sector privado vieron mejorar sus remuneraciones en septiembre un 2,2%, y crecen 22,3% en los primeros nueve meses del año y 32,4% interanual, ambos por debajo de la inflación en esos períodos.
En el sector informal, los trabajadores en negro mejoraron sus sueldos en septiembre 2,3%, comparados con agosto.
Se perdieron 290.000 empleos privados registrados a pesar del decreto que lo impide
En marzo de este año el gobierno nacional, ante la irrupción de la pandemia y la decisión de avanzar en el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), reforzó la política de regulación del mercado de trabajo con el decreto 267/20 que prohibía los despidos por un período de 60 días.
Esa decisión fue prorrogada en tres oportunidades y regirá hasta el 29 de enero de 2021. La decisión reforzó los mecanismos formales para desalentar los despidos que ya estaban vigentes a partir de diciembre de 2019, cuando la recién ingresada administración de Alberto Fernández dispuso la doble indemnización para las cesantías en el marco de la emergencia existente en el mercado laboral.
Sin embargo, según información oficial publicada el viernes por el Ministerio de Trabajo, en septiembre pasado había 290.000 puestos de trabajo registrado menos que en enero, de los que 221.000 desaparecieron entre marzo y septiembre, durante la vigencia del decreto. Se trata de una caída del 2,4% de todos los empleos registrados, incluidos los estatales, los autónomos y el monotributismo.
El último dato disponible de desempleo sirve de pauta ya que da cuenta de un salto sin precedentes, en el nivel del 29%, si se estimase sobre la población económicamente activa habitual de la Argentina previa al ASPO.
En rigor, si se analizan los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que gestiona la AFIP, surge que la destrucción de los puestos de trabajo en relación de dependencia fue todavía mayor puesto que el padrón general de monotributistas creció en 25.000 entre marzo y septiembre. Así las cosas, es el sector privado, precisamente sobre el que rige la norma, el que aportó la mayor cantidad de bajas de empleo con casi 250.000 puestos menos.
Esta caída, del 4,1% de los puestos de trabajo privados registrados, solo es superada por la situación de las empleadas de casa particulares cuyos puestos de trabajo retrocedieron un 4,2% entre marzo y septiembre, aunque algunos estiman que la caída real es superior ya que el 70% del sector se encuentra sin registrar.
El sector que con mayor radicalidad optó por el despido directo fue el de Hotelería y Restaurantes, donde la nómina de empleados se redujo en casi 62.000 puestos entre marzo y septiembre, lo que representa una caída del 22% de los trabajadores en un sector donde también el trabajo no registrado se encuentra muy extendido.
En la Construcción las empresas destruyeron poco más de 53.000 empleos. Si se analiza la evolución interanual, la cifra escala a 106.000 puestos de trabajo menos. Se trata de una destrucción del 14% de los puestos de trabajo sectoriales entre marzo y septiembre y del 24,6% si se midiera en forma interanual, dando cuenta de un proceso de contracción previo a la llegada del Covid-19.
El único sector privado que incrementó sus dotaciones durante el período, aunque en forma marginal, fue el de la Salud, que creció un 0,8% equivalente a 1.000 puestos.
Según datos de la AFIP, entre marzo y septiembre de este año se redujo un 2,66% la cantidad de firmas que realizaron aportes previsionales y que, se presume, podrían haber cerrado. Se trata de 16.669 razones sociales. La caída es del 3,27% en el sector de servicios y del 0,7% en el de los productores de bienes. El porcentaje se dispara a un 14,7% en hotelería y restaurantes y a un 7% en el caso de entidades deportivas y culturales. Luego, en general, oscila entre el 1% y el 3 %.
Conflictos sindicales
Molinos es una de las principales empresas del Grupo Pérez Companc, que nuclea a parte de sus plantas alimenticias. Sus trabajadores están nucleados en distintos gremios.
Si bien este año recibieron aumentos salariales acordados por las conducciones gremiales (Alimentación, Pasteleros, Molineros), creen que estas no alcanzan. Mucho más cuando tuvieron que trabajar en medio de la pandemia, como «esenciales», con casos de contagios masivos de covid en algunas plantas.
Por eso surgió, de parte de algunas Comisiones internas, la iniciativa de reunirse y reclamar un «bono especial». Según cuentan en un comunicado, “entendemos que somos trabajadores esenciales y que durante la pandemia pusimos el hombro a la situación, para que a cada argentino no les falte alimentos en sus hogares. Merecemos ser reconocidos con un bono navideño para nuestras familias”. Con estos argumentos, se declararon en estado de “alerta y movilización” y comenzaron a discutir acciones.
La primera sería una marcha. Según Ezequiel Barbeito, delegado de la fábrica La Salteña en la localidad de Burzaco, “el bono que estamos reclamando los gremios es de 22.000 pesos, que nos parece un valor acertado a la labor que hicimos en pandemia. Si no tenemos respuestas la semana que viene quizá estemos haciendo una visita a las oficinas de Molinos en Victoria, con todos los delegados».
Los reclamos salariales incluyen, además de La Salteña, plantas de Matarazzo (Villa Adelina), Gallo (Concepción del Uruguay, Entre Ríos), Arlistán (Del Viso), Lucchetti (Tortuguitas), así como repositores de la empresa.
La Salteña tuvo dos paros en agosto, por el contagio de coronavirus de muchos trabajadores, donde la empresa no respetaba protocolos, y por el intento de imponer jornadas de 12 horas.
Molinos Río de La Plata tuvo un balance general correspondiente a los primeros nueve meses del año con ganancia contable de 1.680 millones de pesos.
Ante la falta de cumplimiento en el pago de las deudas salariales desde diciembre de 2019 por parte de la empresa Unión Bus (Jujuy) las y los choferes están de paro hace 14 días.
La empresa a cargo de Rodolfo Severich no solo incumple con el pago de las deudas, también contrató personal que no cuenta con el carnet de conducir colectivos o envía familiares a conducir que tampoco están en regla.
A esto hay que agregar que los colectivos están circulando sin inspecciones, ni mantenimiento del taller que se encuentra de paro.
Sin embargo, ni el secretario de servicios públicos, Guillermo Marenco, ni ninguna otra autoridad del municipio se hace presente ante una irregularidad manifiesta que pone en riesgo a los propios usuarios.
El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de Jujuy resolvió convocar una medida de lucha por 48 horas ante la crisis salarial en diferentes localidades de la provincia. En este marco, en una de las manifestaciones en la localidad de Perico, Santiago Seillant y Ariel Wayar, ambos integrantes de la Comisión directiva del sindicato fueron detenidos de forma arbitraria y violenta.
El sábado 5 de diciembre, trabajadores y trabajadoras autoconvocados de Maestranza, se concentraron en el Obelisco para marchar al ministerio de Trabajo de la calle Alem y hacer escuchar su reclamo de paritaria y un bono como reconocimiento del trabajo esencial que realizaron durante toda la pandemia que atravesaron en condiciones laborales de precarización, sin los elementos de seguridad adecuados, con despidos y retiros, con un sueldo promedio que no llega a los 30.000 pesos en la mayoría de los casos, y con cientos de trabajadores suspendidos que luego de la quita del ATP empresas como Serza pagaron $1.500.
Esta acción surgió luego de la movilización del jueves 26 de noviembre al sindicato, donde llevaban un petitorio para exigir paritarias, el sindicato SOM mandó una patota y apuñaló a un trabajador, que está recuperándose.
El sindicato cerró un mísero 20% en 4 cuotas que cobrarían a partir de diciembre del mes corriente, recibiendo una suma de 5% por mes.
En una jornada con múltiples movilizaciones y acciones de lucha en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el jueves, los y las trabajadoras estatales nucleadas en las Juntas internas de ATE de diferentes sectores, organismos y ministerios del Estado, se concentraron frente a la Secretaría de Gestión Pública (ubicada en Diagonal Norte y Bolívar) con la consigna «La deuda es con las y los estatales y no con el FMI».
«Salimos en unidad con Juntas internas de ATE de distintos sectores del Estado, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados ante una paritaria que continúa el recorte de nuestros salarios», sostuvo la convocatoria, en la cual reclamaron contra el 7% de aumento impuesto porque «es ajuste», «aumento acorde a la inflación y para recuperar lo perdido en los últimos años», un «bono extraordinario de fin de año de $20.000», «reincorporación de todos y todas las compañeras despedidas», «basta de precarización en el Estado» y el «pase a planta permanente ya para todos y todas las contratadas».
Las juntas internas de ATE que convocaron fueron las de Trabajo, INDEC, MECON, CNEA, Cultura, INTI, CONICET, INCAA, ENRE, INTA, CITEDEF, Senasa, Subsecretaría de Trabajo, Justicia, INTA, ENACOM, Educación, Desarrollo Social y SENNAF, PAMI, IOSFA y la CTA Autónoma Capital (Regional Norte).
Los trabajadores de Minerar (abastecedora de Loma Negra) reclaman por salarios bajos y un mal encuadramiento. Las medidas comenzaron en octubre, con trabajo a reglamento. En ese mes también comenzaron las audiencias, en las que llegaron a participar representantes de la propia Loma Negra. Sin embargo, no hubo acuerdo por la intransigencia de la empresa, apoyada por los funcionarios nacionales. El ministerio de Trabajo dictó una conciliación que no fue acatada por el sindicato.
El dirigente sindical Alejandro Santillán (AOMA) dijo que “el Ministerio (de Trabajo) se ha dedicado a cuidar los intereses de Loma Negra” y confirmó que no acatarían la conciliación.
“El Ministerio le vuelve a poner el cuchillo en la panza a los trabajadores”, agregó Santillán, “los trabajadores de Minerar están hasta $ 20.000 más bajos que los empleados de Loma Negra”, por estar encuadrados en el sector “Cal y Piedra”. La decisión gremial de tomar medidas tiene que ver con la fuerte presión de las bases por esa pérdida salarial.
Este viernes una centena de trabajadores de la fábrica Siderca del grupo Tenaris-Techint de Paolo Rocca, se movilizaron por el centro de la localidad de Campana para presentar un petitorio en el sindicato metalúrgico con la firma de más de 700 trabajadores.
Previamente realizaron una asamblea en la Plaza Eduardo Costa en donde debatieron sobre la situación del gremio, de la patronal y del gobierno. Se vienen organizando de esta manera ya que la UOM no viene impulsando asambleas ni congresos de delegados o planes de lucha para enfrentar la situación por la que pasan las familias metalúrgicas. En la asamblea se votó reclamar por la efectivización de los contratados y exigir el pago del bono de producción.
También se definió unificar reclamos con otros sectores en lucha para fomentar la unidad de las filas obreras, como Tenaris Siat que se movilizaron al edificio Catalinas en CABA, donde se encuentran las oficinas del grupo Techint. Reclaman la restitución del recorte salarial que el magnate Paolo Rocca impuso en plena pandemia.
Esta semana fue noticia el 40% de paritarias que hubieran obtenido los metalúrgicos de la rama 17 que no comprende a las siderúrgicas de la rama 21. Una división dentro del mismo sindicato que permite que se negocien distintos salarios por fábrica. Sin embargo, este aumento solo llevaría el salario básico a 200 pesos la hora. La mitad del salario metalúrgico está compuesto por adicionales. Hay suspendidos muchos trabajadores y los ingresos apenas superan los 30.000 pesos.
Desde el SiPreBA realizaron el jueves 3/12 una jornada de paro en las principales redacciones metropolitanas, entre las cuales se encuentran los medios más relevantes del país. El #ParoSiPreBA reclamó una recomposición salarial que alcance la canasta básica y que en el sector #ElSueldoNoAlcanza.
Página/12: “El paro fue contundente y con un alto acatamiento de nuestros compañeres. Fue la ratificación de que la situación no se banca más y de que hay que actuar en unidad. Es una instancia que nos da mucha fuerza para volver a las asambleas de cada redacción y tener impulso para seguir. El respaldo permanente del gremio es fundamental”, aseguró la delegada “Poli” Sabatés.
Clarín: “Con la asamblea de quienes hacemos Clarín, Olé, revistas y portales en AGEA, la editorial del Grupo Clarín, realizamos un paro con alto nivel de adhesión. Demuestra el valor y el empuje que nos da estar con todo el gremio, así como el enorme cansancio que tenemos por el maltrato constante por parte de la empresa, la cual quiso apaciguar nuestra lucha con una mejora irrisoria a la paritaria. Queremos defender nuestros sueldos. La situación es crítica pero lo logrado nos da firmeza para seguir adelante”, sostuvo la delegada Clara Uranga.
Ámbito Financiero: «La unidad en la acción entre el papel y la web de Ámbito Financiero ante la miseria salarial a la que las empresas nos quieren condenar fue clave para estrechar lazos entre compañeres y convencernos de sumarnos a este paro histórico junto con las demás redacciones de prensa escrita», comentó el delegado Héctor Torres.
Perfil: “Llegamos al #ParoSiPreBA luego de 5 meses de conflicto con la patronal por el no pago del aguinaldo de junio. Y en la misma jornada obtuvimos un avance importante ya que la empresa se comprometió a saldar la deuda y a pagar la paritaria. No hubiese sido posible sin lo construido desde SiPreBA. Pero como la paritaria firmada es insuficiente, vamos a seguir reclamando. No vamos a permitir que conviertan nuestro trabajo en un hobbie”, expresó el delegado Matías Cardone.
El Cronista Comercial: “El paro de 24 horas que protagonizó la prensa escrita del gremio es un punto de inflexión para revertir la miseria salarial a la que nos quieren someter, y para romper con el monopolio de la discusión salarial. Las condiciones para parar se consiguen parando. Hay que ir por más, hasta obtener las reivindicaciones por las que peleamos», analizó el delegado, Leo Villafañe.
Diario Popular: “En Diario Popular y Popular Web la asamblea representa al 80% de la redacción. La participación en la medida fue total. Ahora es la paritaria entre FATPREN y ADIRA, pero esto sigue con la participación en la discusión sobre la pauta pública y tiene que terminar con SiPreBA como único representante en el distrito. El paro fue un éxito por el compromiso de los compañeros y compañeras, pero es sólo un comienzo”, expresó el delegado Juan Manuel Lazzarino.
Agencia NA: «El paro fue contundente en Noticias Argentinas. La totalidad de los trabajadores y trabajadoras que integran la asamblea se plegaron a la medida de fuerza para decirle a los empresarios: basta de salarios en cuotas y deudas en los aportes», resumió el delegado Pablo Tallón
Como parte de la jornada y el plan de lucha nacional, también participamos de la Asamblea General Nacional organizada por FATPREN. Entre las reivindicaciones del #ParoSiPreBA incluimos el bono compensación por teletrabajo y el pedido de definir en conjunto “protocolos sanitarios específicos del sector.
¡Queremos al SiPreBA en Paritarias!
Los trabajadores municipales de Luján se encuentran de paro por tiempo indeterminado en reclamo de un aumento del 25 % al sueldo básico y en rechazo del decreto del intendente Leonardo Boto para paliar con bonos el deterioro salarial. La medida de fuerza agrupa a los tres sindicatos con representación entre los empleados y recibe el respaldo de las bases que presionan a los dirigentes del STM, SEM y ATE para sostener la movilización.
En la mañana del martes 1°, después de que el gobierno municipal declarase agotada la negociación y pida a sus funcionarios las nóminas de los huelguistas, cerca de 200 trabajadores se expresaron rotundamente en el hall de la Casa Municipal.
Sostienen los trabajadores que sus salarios están muy por debajo de la línea de pobreza establecida en 50.000 pesos, que los adicionales en negro dejan afuera a los jubilados y también a los integrantes de grupos de riesgo que no pudieron presentarse durante la pandemia.
Replica el gobierno que se ajusta a sus posibilidades, que ya no puede pedir más esfuerzos a los vecinos que pagan sus tasas ni a la Provincia, que los sindicatos pactaron en junio no reclamar aumentos en 2020. Ofrece pasar 5.000 pesos al básico en enero y reabrir la negociación en febrero.
Mientras Alberto Fernández se sienta con la CGT a comer asado hay sectores que están reclamando por mejoras salariales, y por ser reconocidos como trabajadores esenciales que tuvieron que poner el pecho a la pandemia, como los trabajadores de la salud con enormes movilizaciones. Con una pobreza que ya alcanzó un 40,9%, y sumado al acuerdo del Gobierno con el FMI para pagar una deuda millonaria que no generamos los trabajadores, nos obligan a pagar con más pobreza, más despidos, más hambre.
Entrevista a la legisladora (MC) del FIT-IS y docente Laura Marrone
Acuña puso sobre la mesa todas sus cartas: la reforma del estatuto y la carrera docentes
M.H.: Te tengo que recriminar algo, porque hace quince días hablábamos de la ministra de Educación, Acuña, me dijiste que no es docente, que es técnica, pero no me comentaste que era una admiradora de Priebke. Hizo su secundaria en Bariloche y es admiradora de un personaje, que no se si murió o sigue preso, condenado por el asesinato en Italia de las Fosas Ardeatinas. Se ha armado un gran escándalo por una tapa que hizo Página 12 que vincula a la ministra a una ideología afín al nazismo. Pero quien de alguna manera tuvo durante la escuela secundaria una opinión favorable y un referente a un genocida como Priebke, no se tiene que sentir ofendido. Tengo entendido que inclusive ella tenía una relación de admiración.
L.M.: Tanto no sé. Pero lo que dijo la semana pasada pasó la raya. Lo que dijo sobre la docencia tuvo ribetes clasistas, racistas, discriminadores.
M.H.: Es lo que piensa. Se le soltó la cadena.
L.M.: Yo creo que sí.
M.H.: Y creo que tiene que ver con el fracaso de la apertura de las escuelas.
L.M.: Yo también tuve esa percepción a nivel psicológico de su derrape. Ellos tienen toda una hipocresía en su trato. A veces me sorprendía cuando íbamos a las reuniones del Ministerio los Legisladores, yo decía muchas cosas muy fuertes y ella miraba con una sonrisa. Siempre muy cortés y muy hipócrita a la vez. Creo que esta vez se sintió “en casa” con el entrevistador y le dijo lo que pensaba realmente y ha sido un verdadero desastre porque no tienen cómo explicar semejante pronunciamiento y que además le complica su propia propuesta para el funcionamiento de las escuelas en verano.
M.H.: Que ahora quieren abrir en enero.
L.M.: El 4 de enero.
M.H.: ¿Con qué personal?
L.M.: Personal precarizado. Ella piensa en un diseño que pueda incluso servir a largo plazo para empezar a socavar lo que es su gran ambición y plantea en la entrevista. En la entrevista ella tuvo el mérito de haber puesto sobre la mesa todas sus cartas: la reforma del estatuto docente y la reforma de la carrera docente. O sea, el régimen que tenemos por el cual podemos hablar en el aula y que no nos echen. Yo hice una nota donde hablo de manera muy cruda porque hay que hablar de qué quieren decir cuando hablan de “adoctrinamiento ideológico” o “pensamiento crítico” que es lo que nosotros sostenemos que estamos haciendo en el aula y que le preocupa a la ministra. Si vas hoy a una escuela de la Ciudad de Buenos Aires un 24 de marzo, te vas a encontrar con que las escuelas se llenan de pañuelitos blancos que representan el símbolo de las Madres de Plaza de Mayo.
M.H.: Mi hija me invita todos los 24 de marzo a dar una charla a sus alumnos, por ejemplo.
L.M.: Eso para Acuña es adoctrinamiento, porque ella quiere negar que en la historia hay posicionamientos. El posicionamiento que ella tiene, en última instancia, es el de los que gobernaron durante todos estos siglos, y ella cree que es el válido, entonces cree que eso es natural y neutro. Yo señalaba un ejemplo, si hablo del gobierno de facto de 1976, no es lo mismo que si digo “dictadura” o si yo niego que se hable de los desaparecidos estoy haciendo un posicionamiento. Porque es un hecho de la realidad. Se pueden tener diferentes posiciones sobre cómo pasó, pero pasó.
M.H.: Es imposible en la educación ser neutral.
L.M.: Otro hecho que a ella le debe doler mucho porque si viene de Bariloche y estuvo con Priebke, y es amiga de Patricia Bullrich y a todos los Bullrich les duele, es que se hable de los derechos de los pueblos originarios sobre sus tierras. Si yo tomo la historia de la Argentina y hablo de Roca y la Campaña al desierto, tomo una postura y si hablo de que eso fue un genocidio y que hay un derecho original que fue avasallado ¿por qué la primera postura no es adoctrinante y la segunda sí? ¿Qué es adoctrinar? Es dar una sola versión de los hechos, negar el debate o la polémica alrededor de esos aspectos controvertidos de la historia.
La preocupación de Acuña y su clase es que estaban acostumbrados a una escuela que daba como válido, natural y universal la historia oficial de los vencedores, los vencedores de la Campaña del desierto, de la dictadura, etc. Y da la casualidad que en estos últimos años han surgido una camada de docentes que abre las puertas del aula a la vida, a la realidad. Si yo estoy hablando de los agrotóxicos, no es lo mismo que hablar de agroquímicos. Hay todo un debate ambiental que está entrando en las aulas y que si me voy a la pre-cordillera, la Barrick Gold no quiere que las escuelas hablen de la megaminería y los daños ambientales.
Entonces, adoctrinar es afirmar una verdad como única e indiscutible. La verdad rebelada que viene del cielo, como afirma la religión cristiana. La escuela hoy se abre al debate y hay docentes que se posicionan con los puntos que estoy señalando aquí y hay docentes que se posicionan en otro punto. La ventaja es que los pibes reciben distintas campanas, porque hoy no hay selección ideológica de los docentes, está en vigencia mal que le pese a la señora ministra, un régimen de concurso de ingreso a la docencia y ascenso que es por capacitación, por títulos.
Su preocupación, cuando ella dice una y mil veces que hay que cambiar el Estatuto es que hay que cambiar el régimen de ingreso porque quiere controlar el aula, porque hoy el aula no le responde a la reproducción de los valores que ella quiere. Y eso es que el pobre se la tiene que bancar, que el que no tiene tierra ni dónde caerse muerto, es por su culpa. Ese es el mandato de Acuña y el que quiere que el aula reproduzca y no está logrando reproducir. Porque hay una generación de docentes que abre cabezas.
M.H.: Aparte Laura me parece que hay otro problema, vos como diría David Viñas, vas al hueso, pero yo creo que hay un problema más coyuntural, toda esta política que han querido mostrar a la sociedad ha fracasado y no solamente por la resistencia de los docentes sino también de los padres.
L.M.: Si, está muy nerviosa, la “burbuja” se le pinchó.
M.H.: No va nadie a las clases presenciales. Lucía, mi hija, fue al colegio en el que trabaja con alumnos de la Villa 31. Tiene 30 alumnos, fue uno. Uno sólo.
L.M.: Es lo que está pasando en todos los niveles.
M.H.: Y en los encuentros virtuales lo máximo que ha tenido son 7 niñxs. Lo normal son 4.
L.M.: Hay que hacerse eco de que esto no siga ocurriendo, en el sentido de que tenemos que garantizar y exigir los recursos.
M.H.: Yo la preocupación que tengo, con esta política de querer abrir a cualquier costo, es que no están preparando para el porvenir. Porque este problema que estamos viendo en estos días, se va a volver a repetir en marzo.
L.M.: Ese es el tema. Ya estamos en 15 casos de Covid en las escuelas que se abrieron, ayer murió el Director de una de las escuelas de la Ciudad de Covid, un hombre de 60 años, muy querido, defensor de las escuelas nocturnas. Este problema lo tenemos para el año que viene también. La idea de dar una imagen de normalidad tiene que ver con una presión que hay de los empresarios para que la gente trabaje y los niños son un problema. Nosotros tenemos que pensar muy seriamente cómo damos continuidad al gran esfuerzo que se hizo este año a través de las clases virtuales y las distintas propuestas que hubo, en principio, no sabemos qué va a pasar en marzo, es muy difícil superar la crisis que hubo este año. Se perdió mucha matrícula porque hay chicos que no tienen dispositivo individual, porque no tienen conectividad y porque no tienen velocidad de conectividad.
M.H.: Más del 50%.
L.M.: No solamente hay que tener internet, hay que tener velocidad para poder tener una clase sincrónica. Hoy tuvimos una movida en la puerta de la Legislatura con estudiantes de terciarios porque era el segundo aniversario de la Unicaba, que viene al dedillo con la propuesta o con el discurso que se le escapó a la ministra. La Unicaba tiene que ver con esto, con la desesperación que tienen por controlar la formación docente para que no siga siendo independiente. Porque nuestros Profesorados conquistaron un sistema parecido al de la Universidad en la reforma de 1918, los Profesorados de la CABA tienen gobiernos electivos, entre sus docentes que ingresan por concurso, y los alumnos que eligen a sus compañeros. Todo ese gobierno electivo que rota, porque tiene un período para estar, genera un espacio de iguales y de trabajo cooperativo y colectivo que no tiene que ver con lo que la Ministra quiere, que es la bajada de línea desde el Ministerio con las plataformas que no han podido imponer.
Es desesperación la que tiene para que el maestro se convierta en un tutor, un facilitador de la administración de plataformas predeterminadas donde todo el contenido ya está digerido. Resulta que las maestras se rompen el alma, hacen videítos, se filman en su cocina y muestran recetas y la composición química, después hacen un germinador. Se rompen el alma en vez de ponerse a usar los programas enlatados que quieren vender los amigos de Soledad Acuña.
M.H.: Sánchez Ziny, Larreta que está en el negocio también, el Senador que fue ministro de Educación, Bullrich. Y me preocupa un tema que nunca hemos abordado, los funcionarios que participan en el ministerio de Educación actual, ex funcionarios de Macri, junto a Trotta. Porque ahí hay todo un tema. Ojo con eso porque Trotta es un funcionario muy vinculado al Suterh, a Santa María.
L.M.: Y a la educación privada. Trotta tiene junto a Ginés González García, no sé si son cargos directivos, acciones, no sé exactamente, la Universidad de Isalud. Es una universidad privada que forma para distintas carreras de salud.
M.H.: Hoy escuché algo que quiero preguntarte ¿es cierto lo que dice el Ministro Arroyo, que van a construir 800 jardines en la provincia de Buenos Aires?
L.M.: Te prometo estudiar para la próxima el Presupuesto para la CABA. Yo escuché que van a construir jardines, no escuché el número. Lo que yo escuché no son jardines del área de Educación sino del área de Desarrollo Social. Este es el problema que estamos combatiendo, los Centros de Primera Infancia, que no son espacios educativos sino de contención social y es el proyecto en el que Trotta marca tendencia, cuando en lugar de ir a escuelas públicas a inaugurar ciclos lectivos se va a espacios de gestión social, tanto de nivel superior, como hizo en la Villa 31 en un Profesorado que se llama Dora Acosta, uno de estos profesorados que se designan a sí mismos, sin concurso, de organizaciones políticas y lo mismo pasa en los jardines de infantes.
Entonces tenemos un tema muy peligroso de precarización laboral para los trabajadores porque roto el proyecto de esa organización, se rompe el vínculo y el Estado no es responsable, es una tercerización. Precarización laboral y precarización educativa. La próxima hablemos de la nueva crisis de vacantes que se viene.
Entrevista a Guillermo Pacagnini, Secretario General de CICOP
“Somos esenciales, no somos descartables”
M.H.: Van a realizar una medida de fuerza, 80 hospitales públicos en reclamo de mejoras de salario y la vuelta de las licencias de descanso en lo que será el primer paro de la gestión del gobernador Axel Kicillof. ¿Por qué toman esta determinación? Veo muy convulsionada al área de salud, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en CABA y en muchas provincias del interior, Chaco, Misiones, Jujuy. Realmente se ve una actitud muy cínica frente a los trabajadores de la salud, en todo el país.
G.P.: Absolutamente. Se fue construyendo una consigna que dice “somos esenciales, no somos descartables”. Nos consideran esenciales a la hora de los aplausos y elogios hipócritas pero descartables a la hora de dejarnos expuestos al riesgo y del reconocimiento en materia de derechos. Esta es la verdad.
Es el primer paro a Kicillof como bien decís, ha tenido ventaja con relación a todos los gobiernos bonaerenses. Nosotros como gremio autónomo, independiente y democrático, y claramente opositores a todos los gobiernos que han ajustado la salud y todos los servicios públicos, desconocemos la trastienda a todos y todas. Este ha tenido la ventaja de tener una paritaria sin medidas de fuerza, que es nuestra práctica habitual, por la pandemia, por respeto a la gente en un momento de gran preocupación colectiva, por nuestros compañeros y compañeras que estaban con un nivel de presión laboral y psicofísica por estar en el momento de mayor circulación del virus y mayor presión y estrés sobre el sistema de salud, fuimos haciendo otro tipo de medidas de reclamo, medidas locales, asambleas por zoom y plataformas virtuales, con participación que fue creciendo. Hicimos algunas medidas locales callejeras y después empezamos a hacer caravanas, hicimos una caravana muy masiva en La Plata y luego en CABA. Pero si hay un paro que se ha ido construyendo es este, a base de la acumulación de bronca, asambleas, decisiones democráticas y un Congreso que por una mayoría importante lo resolvió.
El gobierno va a tener que tomar nota de este paro, y los reclamos son elementales, primero salario, que nos reabran la paritaria porque nosotros teníamos una cláusula de reapertura en junio que no cumplieron, nos convocaron la tercer semana de octubre, nos hicieron una oferta que no incluyó nada de lo extra salarial y la oferta salarial, para que se den una idea estamos en $ 46.800 de salario de ingreso, por debajo de la línea de la pobreza y casi nos emparejaban con la línea de pobreza con $ 50.000. Una propuesta que fue rechazada de plano. Los demás puntos que estamos reclamando son tan elementales como licencias, por ejemplo.
M.H.: No tienen licencias desde marzo.
G.P.: Claro, las licencias para los grupos de riesgo, como sí tuvieron otros trabajadores y trabajadoras; los mayores de 60, los que tienen comorbilidades, hipertensión, todos a trabajar por el estado de movilización sanitaria. Tuvimos que hacer un escándalo y logramos cosas, logramos elementos de protección, reformas edilicias y un Comité de crisis, que hace un mes que no se reúne, para fijar protocolos con participación de la parte gremial.
M.H.: Y la incorporación de los residentes.
G.P.: Sí, también tuvimos que luchar para que les empiecen a pagar. El tema es que, en ese marco, no logramos que reconozcan de manera universal esto, entonces queda al arbitrio del director del establecimiento y de la relación que pueda tener con el sector gremial y eso no es lo que nosotros buscamos, nosotros rechazamos los arreglos sectoriales, estamos por conquistas universales, por derechos institucionalizados. No tenemos eso.
Y desde marzo, además del desgaste psicofísico de trabajar con la vida y la muerte, le sumamos la pandemia y ni siquiera tenemos las licencias ordinarias. Entonces hemos hecho una demanda clara, queremos períodos de descanso. No vamos a pasar el verano sin eso. También estamos discutiendo refuerzo de personal. Tenemos personal precarizado y tenemos licenciados y licenciadas en Enfermería en momentos en que la Enfermería está dando un proceso de lucha muy grande con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, pero también más general, que están en el escalafón de empleado público, a pesar de haberse capacitado y estudiado no se los ha pasado a la carrera profesional.
A diferencia de CABA, gracias a la lucha de CICOP, hemos logrado que los y las licenciadas en Enfermería sean parte de la carrera profesional, que ganen igual que un médico, tengan los mismos derechos. El problema es que todos los que se capacitaron siendo enfermeros no universitarios, estudiaron y se licenciaron no pueden pasar a la carrera porque necesitan una ley de excepción y el gobierno la está negando. Ya la habíamos logrado una vez, con mucha lucha, pero van a hacer casi diez años ya y se ha acumulado muchísimo tiempo y están cobrando más de un 35% menos de salario y no tienen muchos de los derechos que tenemos el resto de los profesionales de salud. Entonces también ese punto para nosotros es muy importante.
M.H.: Esta medida de fuerza ¿qué alcance tendrá?
G.P.: El paro va a ser importante, por supuesto va a incluir todo lo que es programado, las emergencias se van a mantener por el tema de la pandemia y va a haber movilizaciones locales y regionales, seguro va a haber movilización de la Zona norte frente al hospital Eva Perón de San Martín, que es mi hospital de base, va a haber otra frente al Fiorito de Avellaneda, otra frente al Iriarte de Quilmes, va a haber una caravana en La Plata. Va a haber medidas por todas partes y la medida que va a articular va a ser el paro.
Y estamos anticipando otro punto de reclamo muy importante, que desnuda la política de gobierno Kicillof, este gobierno al cual se le está cayendo el relato, que es el Presupuesto. Si el Presupuesto nacional viene a la medida del FMI, con recorte y ajuste, el de la provincia está moldeado en esa matriz. Nosotros seguimos todo el año con el presupuesto de Vidal, se nos dijo que hasta que no iniciaran las negociaciones por la deuda de la provincia no iba a haber presupuesto y lamentablemente lo cumplieron a rajatabla.
Con Scioli teníamos el 6,5%, con Vidal el 5,5% y ahora el 6,1%. No podemos salir de ese número fatídico, son migajas para salud. Por eso pasan las cosas que pasan, los gravísimos problemas estructurales que no pueden tapar con un barniz con dos o tres contingentes en medio de una tremenda pandemia, que vinieron de China para inyectar un poco de material descartable. Eso no es hacer un plan de salud. Acá no se tocó el sector privado, no se avanzó en el sistema único como nosotros pedimos. La pandemia era una oportunidad para meter mano en salud, hacer un cambio de fondo. Nosotros vamos a seguir reclamando. Creo que si no hay respuesta, seguramente se van a profundizar las medidas.
En 2020 la banca privada ganó $ 450 millones por día
La banca privada sigue siendo uno de los grandes ganadores de la pandemia. De acuerdo al último Informe de Bancos del BCRA, entre enero y septiembre de este año, la rentabilidad neta de la banca privada ascendió a 121.327 millones de pesos. Esto es, una ganancia limpia de 450 millones de pesos por día.
La especulación con instrumentos como las Leliq y los Pases del BCRA, que llevan acumuladas una expansión del 114% en lo que va del año, aportaron casi 401.000 millones de pesos a las ganancias. Mientras que la intermediación financiera (diferencia entre los intereses cobrados por préstamos e intereses pagados por depósitos) rondó los 96.000 millones de pesos, un salto de más del 700% neto respecto al año pasado.
La intermediación financiera se vio favorecida centralmente por las líneas de crédito a tasas subsidiadas que viene impulsando el BCRA para intentar contrarrestar el derrumbe de la economía durante la pandemia. Esto ha dado lugar también a una fuerte expansión de los depósitos. En términos reales los créditos al sector privado subieron un 11,5% interanual, pero los depósitos del sector privado vienen creciendo en más de 20 puntos porcentuales en términos reales.
Aunque las tasas de interés que pagan los instrumentos del BCRA bajaron considerablemente (recordemos que el año pasado, en medio de las corridas cambiarias y el default, las Leliq llegaron a pagar tasas superiores al 80% anual), el volumen emitido durante el gobierno de Alberto Fernández más que se duplicó y las ganancias por títulos del BCRA adicionaron poco más de 28.000 millones de pesos en lo que va del año. Un incremento de 7,5% respecto al año pasado.
En síntesis, los bancos siguen amasando cifras históricamente siderales y son hoy uno de los sectores más beneficiados por la expansión monetaria, los golpes devaluatorios y el saqueo masivo al bolsillo al pueblo trabajador.
La zafra en Ledesma fue 5 % superior, pese al Covid
Logró una producción de 342.000 toneladas de azúcar, 5% superior a la de 2019. Con una extensión de 183 días, solo 3 más que en 2019 y el volumen de azúcar a partir de una tonelada de caña, fue un 9% superior. “Cerramos un año difícil con una buena producción”, sostuvo Vicente Amadeo, jefe de relaciones de Ledesma con la comunidad.
¿Qué hay detrás de este denominado éxito de Ledesma? ¿En quiénes se basa la “sostenibilidad” de la empresa?
“Ledesma armó un comité de emergencias para establecer estrictos protocolos de bioseguridad que garantizaron el aislamiento de todos los colaboradores que fueran potenciales pacientes de riesgo”, afirmó el mismo Vicente Amadeo en una entrevista publicada en El Tribuno. Sin embargo, la empresa, aprovechando las ambigüedades del decreto nacional y la resolución 207/2020 del ministerio de Trabajo, no otorgó licencia a los trabajadores mayores de 60 años, los cuales son parte de los grupos de riesgo. Paralelamente los Gobiernos desestimaron las presentaciones del sindicato azucarero ante los ministerios de Trabajo de Nación y Provincia debido a los incumplimientos de los propios protocolos de seguridad e higiene frente al covid-19 que confeccionó Ledesma. El resultado de este accionar fueron cientos de contagiados y la muerte por coronavirus de 20 obreros, ubicando a Ledesma como la empresa con más trabajadores fallecidos por covid-19 del país.
La sentencia de impunidad la otorgó la Justicia de Jujuy amparada en los decretos del Gobierno nacional, que en su fallo sostiene que “la autoridad sanitaria nacional ha determinado la autorización expresa para operar que es aplicable a la aquí demandada (Ledesma), quien, por lo tanto, tiene derecho a continuar con la actividad productiva que le es propia”.
La pandemia para Ledesma fue una oportunidad de negocios, no solo al momento de continuar con sus actividades declaradas esenciales, también logró sacar ventaja de la crisis sanitaria. Esto fue posible por la ayuda del Gobierno, al cual le hacía donaciones por 2.500 litros de alcohol, mientras le vendía por 30.000 litros.
No obstante, cuando más se necesitaba el alcohol para fabricar productos sanitarios, los ingenios azucareros junto a los productores de maíz y soja, hicieron lobby acompañados de legisladores radicales, del PRO y el PJ para que les aumenten los precios del alcohol transformado en biocombustible.
Retiro de empresas
Un informe de First Capital indica que el éxodo de empresas extranjeras se inició en agosto del 2019, tras las PASO. Desde entonces se registraron al menos 26 operaciones en las que un grupo multinacional decide cerrar o vender su operación o unidad de negocios local en Argentina. Los procesos se concentraron principalmente en aeronáutica, autopartista, textil y retail, que fueron de los más afectados por el Covid-19 y la situación de crisis.
Aeronáutica: Latam (1.700 empleados), Norwegian (vendió su operación doméstica a JetSmart), Qatar Airways, Emirates y Air New Zeland.
Autopartista: Los proveedores de pintura Axalta, Basf y PPG, anunciaron en cierre de sus plantas. Y la francesa Saint Gobain Sekurit cerró su planta de Campana que tenía 150 empleados.
Textil: Nike traspasó su operación local y de otros países de la región a la mexicana Axo. En tanto que VF Co. (Lee y Wrangler) cerró.
Farmacéutica: Gerresheimer, productor alemán de packaging, vendió su operación a la local IMAP. El laboratorio francés Pierre Fabre vendió su planta de Virrey del Pino a Sidus. Hepatalgina, de la japonesa Takeda, fue adquirida por Laboratorios Elea-Phoenix (controlado por las familias Sigman, Gold y Sielecki).
Retail: Walmart suspendió la búsqueda de socios de su operación en la Argentina. Falabella anunció su intención de vender sus activos en el país, que incluye todas sus tiendas y las de Sodimac.
Otros rubros: La aseguradora australiana QBE vendió sus activos en la región y también en Argentina. GE Energy Financial Services vendió su participación a YPF Luz.
En el retiro de empresas se entremezclan cuestiones regionales y no solo de la Argentina. Es el caso de Walmart ya que en 2018 había vendido la parte mayoritaria de su operación en Brasil. Confluyen factores tan diversos como los procesos de reconversión de negocios impactados por el avance del eCommerce (Falabella, Walmart, Nike, Wrangler, Lee) y la crisis de la Argentina. Starbucks y Burger King analizaban la posibilidad de venta pero las ofertas fueron muy bajas. En mayo decidieron el cierre de 13 locales (5 de Burger King y 8 de Starbucks).
La pérdida de empleo es el costado más doloroso de este proceso.
Fuentes: Infogremiales, Clarín, Tiempo Argentino, Anred, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, argentina.indymedia, Laizquierdadiario, APU, “Metrópolis” FM La Boca (90.1), Infobae, SiPreBA