La cooperativa Gráficos Asociados fue rematada judicialmente. En las Cámaras de Diputados y Senadores, el bloque Cambia Mendoza —que responde al gobernador Cornejo— logró el respaldo legislativo a la iniciativa minera en Uspallata. Mientras, diversas organizaciones, asambleas y referentes socioambientales convocaron a la campaña en defensa de los Glaciares, con una gran Jornada de Acción Plurinacional para el 4 de diciembre bajo la consigna: “La Ley de Glaciares no se toca”.
También, la Coordinadora por el Cambio Social movilizó el jueves 4 a distintos organismos del Estado en reclamo de trabajo y obra pública en los barrios.
La cooperativa Gráficos Asociados, primera empresa recuperada de la provincia con más de 20 años de experiencia ejemplar en trabajo asociativo y producción local, corre el riesgo de cerrar debido a un nuevo intento de remate judicial, con la posibilidad de dejar sin su fuente laboral a 10 familias.
Cintia Mora, técnica que acompaña a la cooperativa desde hace varios años, contó: “Gráficos es la primera empresa recuperada de Mendoza, luego de la quiebra de Litografía Sanz, ellos decidieron tomar el espacio y continuar con su fuente laboral. En todo ese proceso, en estos 20 años, ellos han sido acompañados por el estado provincial”.
También explicó que “todo este proceso venía, ellos siendo siempre muy respetuosos del proceso judicial, siempre han querido que finalice de la mejor forma la quiebra. Y nos encontramos ahora en este momento en el que están tratando por segunda vez un remate, que es precisamente el último inmueble que queda de la quiebra, que es donde ellos producen”.
La técnica manifestó que el trabajo que vienen realizando en estas dos décadas, la hicieron una empresa sustentable desde el punto de vista productivo y social: “Siempre han estado al servicio de la economía social, acompañando, incluso fueron gestores de la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza, han sido activos participantes del Foro de Economía Social, han intervenido para la creación de la Ley de Economía Social y Solidaria de la provincia”.
Por último, Mora finalizó: “No solo se han destacado en su parte productiva, sino que en el ámbito social y siempre acompañando procesos de empresas recuperadas”.
Trabajadores y trabajadoras realizaron una presentación ante la Suprema Corte de la provincia para la suspensión de la subasta y son conscientes de que la realidad reinante y los mezquinos intereses inmobiliarios los ponen en jaque.
La casta política mendocina obedece a las mineras
Mendoza ha sido escenario de una ofensiva sistemática para habilitar la megaminería metalífera en su territorio, a pesar de la firme resistencia social y la existencia de la Ley 7722, que desde 2007 prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el ácido sulfúrico en la actividad extractiva.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la creación de un Fondo de Compensación Ambiental, una Ley de Regalías Mineras —de solo el 3% para la provincia— y las declaraciones de Impacto Ambiental para 27 proyectos de exploración en Malargüe Distrito Minero Occidental II y el Proyecto San Jorge —rechazado en 2011 y renombrado como PSJ Cobre Mendocino— todo indica que el gobernador Alfredo Cornejo —amplio ganador de las legislativas de octubre pasado— logrará instalar la megaminería en la provincia. Esto a pesar de que desde la ciencia advirtieron las falencias de los estudios presentados por las mineras y como consecuencia se censuró el documento del Conicet.
En 2007, a partir del reclamo persistente de organizaciones de General Alvear, el Valle de Uco y el Gran Mendoza, que alertaban sobre los riesgos de la inminente expansión de la megaminería metalífera, la ley 7722 se coló en la política provincial. En un escenario de prolongada crisis hídrica, con el impulso de movimientos ambientalistas —sobre todo las Asambleas por el Agua— y el acompañamiento de algunos sectores políticos y científicos, el 20 de junio de 2007 se aprobó la Ley 7722, popularmente conocida como la “Guardiana del Agua”.
Entre otros puntos, la Ley 7722 consagró la obligación de estudios ambientales rigurosos, el concepto de “cuenca” para delimitar áreas afectadas y la prohibición expresa del uso de sustancias tóxicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en todas las etapas mineras.
En años de apatía política y un largo derrotero de apropiación tierra arriba, la ley ha cumplido sus objetivos de resguardar el agua, en una provincia árida como Mendoza, y restringir las posibilidades extractivas en un contexto de fuerte avance territorial a lo largo y ancho del país. Sin embargo, el intento por modificar la legislación por parte del gobernador radical Rodolfo Suárez (2019-2023) marcó un hito en la historia reciente de las luchas socioambientales, a la vez que reordenó el mapa político provincial: mientras las dirigencias radicales y peronistas avalaban la reforma, desde abajo emergió una movilización multitudinaria que ocupó caminos rurales y avenidas urbanas, entrecruzando identidades políticas y rompiendo la habitual calma mendocina.
Desde entonces, el crecimiento en la capilaridad del poder provincial por parte del gobernador Alfredo Cornejo se ha hecho inabarcable: la incidencia del mandatario sobre el Poder Judicial y los órganos de contralor provincial, sumados a la presión empresarial, han ido confeccionando un desenlace favorable a la gran minería a nivel provincial.
La Unión Cívica Radical, que mantuvo un rol opositor en años en los que el peronismo intentaba aprobar este tipo de proyectos, asumió la tarea de facilitar el ingreso a las grandes corporaciones mineras. En ese camino, tanto el Proyecto San Jorge, como el denominado Malargüe Distrito Minero Occidental han sido las perlas de una estrategia comunicativa eficiente.
En Mendoza, la alianza explícita entre el radicalismo, el gobierno nacional y el fuerte lobby minero dieron impulso a un nuevo marco de flexibilizaciones a favor de las empresas mineras. Con una cancha inclinada por la cantidad de bancas con las que cuenta el oficialismo en las Cámaras de Diputados y Senadores, el bloque Cambia Mendoza —que responde al gobernador Cornejo— logró el respaldo legislativo a la iniciativa minera en Uspallata.
El gobernador Cornejo y la vice, Hebe Casado, afirmaron que la declaración de impacto ambiental (DIA) para la exploración del proyecto minero San Jorge es “clave para la transición energética y para ampliar la matriz productiva”.
Afuera, un gran número de manifestantes negaron el consenso a ese relato de colores. La apuesta oficial aprobada contempló, para matizar, una nueva Ley de Regalías Mineras, hasta la propuesta de un Fondo de Compensación Ambiental. Las regalías aprobadas quedan fijas en el 3%, un canon mínimo que el resto de las provincias mineras recibe desde 1990, una cifra más leonina que la condicionada por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que para ser aprobado en el Congreso en junio pasado tuvo que habilitar a las provincias a aumentar las regalías al 5%.
En tanto, el Fondo de Compensación Ambiental es un instrumento que, bajo el pretexto del resguardo ecológico, opera como un salvataje del Estado hacia los privados, tal como lo expuso el gobernador Cornejo: “Incluso cuando el responsable no pueda ser identificado o sea insolvente, el Estado provincial contará con recursos para actuar de inmediato”. (sic)
La cosa no termina allí. La votación del miércoles pasado además incluyó 27 proyectos que ampliaron Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), dando vía libre a un protocolo para actuar en ambientes periglaciares, ratificando la intención anunciada por el presidente Javier Milei de de avanzar sobre estas reservas de aguas.
En el discurso que dio en Corrientes, otra provincia radical cercana a la Casa Rosada, para anticipar el envío de un proyecto que modifica la Ley de Glaciares, Milei confesó: “La idea ni siquiera es mía, la idea original es del gobernador de Mendoza. Y me parece mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar”.
El próximo paso será el Senado mendocino. En caso que se ratifique la Declaración de Impacto Ambiental, el contenido de este paquete de proyectos que buscan cobre se pondrá en marcha. Entre la acumulación de agua para la producción agropecuaria y la vida de la población y un yacimiento minero, la Legislatura entiende que debe priorizarse el emprendimiento extractivo.
Con 71 proyectos y 87 propiedades bajo evaluación técnica, el imperio minero de Mendoza va acomodando ladrillo por ladrillo. A eso acudió el ingreso del expediente de DIA del proyecto PSJ Cobre Mendocino aprobado. Las 6.000 páginas y múltiples evaluaciones técnicas que se proponen como criterio de autoridad no consiguen matizar una realidad irrefutable: en una provincia donde solo el 3% de la superficie cuenta con derechos de riego y en un contexto de crisis climática irreversible, este conflicto podría convertirse en la puerta de entrada para rediscutir la indulgencia del sistema político provincial.
Sucede que luego de años de estancamiento económico a nivel provincial, en los que la promesa de desarrollo que el cornejismo promete, desde 2016, no llega. Si la caída del 13 % en Ingresos Brutos y el derrumbe de las regalías petroleras explican el apelo a la megaminería, la expectativa que deposita el Gobierno en estas concesiones operan como un reloj de arena en su contra.
«El agua no se negocia»
Hace calor, casi 37 grados a la sombra. Desde las 9:00, las Asambleas por el Agua de Mendoza —ese invertebrado de pequeñas organizaciones vecinales/territoriales que actúan como antídoto popular cada vez que se estrujan las discusiones por el agua en la provincia— han convocado a la Legislatura. Un número masivo de mendocinos y mendocinas, del que no hablan la radio ni la televisión comercial, se agolpan con una consigna: “El agua no se negocia”.
“La mina pretende usar agua del Arroyo El Tigre, declarando requerimientos variables, por ejemplo, en un tramo dicen 97 litros por segundo, en otro 139, pero los estudios hidrológicos conocidos muestran que en promedio el arroyo no tiene caudales suficientes, incluso en años de buena nieve; en inviernos secos sería imposible sostener esa extracción sin comprometer el caudal ecológico”, explica Giraud sobre el Proyecto San Jorge.
A la falta de respuesta en el expediente del Proyecto San Jorge, sobre todo a las decenas de objeciones técnicas presentadas (hidrología, geología, periglaciares, riesgos sísmicos e impacto social, entre otras), Giraud suma la cuestión del empleo prometido. Las cifras declaradas, tanto para construcción como operación, son ostensiblemente menores que las defendidas públicamente. Sin contar en ello, que las regalías comprometidas con la provincia serían mínimas frente al beneficio neto que la empresa obtendría.
Sucede que tanto el PSJ, como estas nuevas concesiones en el sur provincial no cumplirían con los requisitos básicos de la 7722. En especial lo relativo a la Ley 26.639, que protege glaciares y zonas periglaciares, fundamentales para las reservas de agua y el nacimiento de los ríos en el país. Algo similar señaló el diputado Jose Luis Ramón, quien junto a otros tres legisladores presentaron un despacho en minoría y votaron en contra junto con los legisladores del Interbloque del Partido Justicialista, que sí aprobaron los 27 proyectos para MDMO.
Julieta Lavarello, abogada de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y la Asamblea por el Valle de Uspallata, esta votación no solo transgrede aspectos constitucionales de primer orden, sino que infringen los principios ambientales de la Ley General de Ambiente, respecto de los principios preventivo y precautorio.
La provincialización de esta gesta minera apunta a una liberalización que beneficia además de negocios inmobiliarios, a una profundización de la crisis para las familias campesinas e indígenas de Mendoza. La defensa del agua en Mendoza ya no se juega solo en las plazas de la Capital, sino en la árida y vasta geografía del sur, donde comunidades campesinas, asambleas y trabajadores rurales resisten el último eslabón de un modelo extractivo que quiere expandirse, cueste lo que cueste.
Conocido el documento emitido por el Conicet Mendoza, en el que las y los investigadores advierten sobre potenciales riesgos sobre la biodiversidad, bienes arqueológicos no renovables y los efectos sobre las comunidades Huarpe. Además de cuestionar la falta de estudios integrales independientes y de lineamientos claros para evaluar un impacto de semejante magnitud, en el transcurso de la mañana el texto fue borrado de la página oficial del organismo.
Frente al hecho de censura,
la Asamblea de Trabajadorxs de Conicet Mendoza expresó su “máxima
preocupación” por la baja de un comunicado institucional sobre el
Proyecto San Jorge y subrayaron: “Este escrito fue producto de
trabajo de investigación riguroso realizado por investigadores de
nuestra institución. Sin explicaciones, el mismo fue removido de la
web oficial del organismo horas después de su publicación”.
Lo
cierto es que, en tiempos de desafección social y ambiental, la
minería aparece como la solución rápida; la reforma estructural,
como un horizonte lejano.Mendoza: la casta política obedece a las
mineras, la calle defiende el agua y la tierra
Acorralado por los vecinos el intendente de Valle del Uco salió a posicionarse contra San Jorge
El Valle de Uco volvió a ser epicentro de resistencia. A la vera de la ruta, frente a la Terminal de Eugenio Bustos, cientos de vecinos de San Jorge realizaron un cacerolazo en repudio a la media sanción que Diputados otorgó al proyecto minero San Jorge. El lugar elegido no fue casual: desde allí partió en diciembre de 2019 la histórica caminata que culminó con la pueblada frente a Casa de Gobierno, en defensa de la Ley 7722 y del agua.
En ese contexto, el intendente Alejandro Morillas (LUM) salió a respaldar públicamente a sus vecinos. Lo hizo con un posteo en redes sociales donde afirmó: “En nombre del mandato que nos dio nuestro pueblo, reafirmo con el corazón lo que siempre sostuvo esta comunidad: defendemos la 7722. Sin licencia social no hay minería”.
Sin embargo, el gesto no oculta la contradicción política: Morillas llegó a la intendencia de la mano de Jorge Difonso, histórico defensor del agua, pero en octubre le hizo un guiño a Cornejo al convertirse en el primer intendente no radical en unificar las elecciones como pretendía el gobernador. Luego firmó el pase final al Frente Cambia Mendoza.
“San Carlos siempre levantó esta bandera, y hoy la seguimos sosteniendo con la misma convicción y el mismo amor por nuestro lugar”, escribió Morillas. Pero el mensaje, más que reafirmar una postura, expone la fragilidad de un dirigente que intenta gobernar en un municipio donde la licencia social para la minería nunca existió y donde la memoria del “parientazo” de 2019 sigue viva.
La protesta en Eugenio Bustos evocó la memoria de aquella movilización que, en diciembre de 2019, obligó al entonces gobernador Rodolfo Suárez a dar marcha atrás con la reforma de la 7722. “Más o menos así empezó todo en 2019. Mendoza está despierta”, advirtieron los manifestantes, que ya lanzaron un aviso a los senadores, encargados de debatir el proyecto el próximo 9 de diciembre.
Tras la aprobación en Diputados, el Senado provincial se prepara para una sesión clave el 9 de diciembre. Allí se debatirá no solo el proyecto San Jorge, sino también otras iniciativas extractivistas: la ampliación de Malargüe como distrito minero, la creación de un fondo compensador de desastres ambientales y una nueva Ley de Regalías que otorga al Ejecutivo la potestad de reducir los aportes de las empresas en boca de mina.
Multitudinaria movilización contra el proyecto San Jorge
Miles de personas, con una fuerte presencia de jóvenes, trabajadores y estudiantes, coparon el centro de la Capital para rechazar el proyecto minero San Jorge, demostrando una vez más que no hay licencia social para la megaminería contaminante.
Tras el ruidazo, se movilizaron por las calles del centro hacia la Legislatura provincial, con gente que se sumaba en cada esquina con aplausos y ruido.
«Hay olor a 2019», se escucha una y otra vez, en referencia a la histórica lucha que barrió el pacto de la UCR y el PJ para modificar la ley que protege el agua de Mendoza en favor de las mineras.
Cornejo pretende apurar todo y votar la semana que viene la Declaración de Impacto Ambiental en el Senado (ya tiene media sanción de Diputados) para evitar que se desarrolle la movilización popular. Pero cuando decimos que en Mendoza no hay licencia social, no es una frase hueca, miles de personas se movilizaron en casi todos los departamentos de la provincia este fin de semana y la movilización de hoy fue multitudinaria.
En Mendoza, el agua se defiende en las calles. Pese a las provocaciones del Gobierno, las acciones continuarán toda la semana en la provincia y el próximo lunes saldrá una caravana desde Uspallata que recorrerá varios departamentos y llegará a la Ciudad de Mendoza el martes, cuando se estima que se tratará el proyecto.
“La Ley de Glaciares no se toca”
Diversas organizaciones, asambleas y referentes socioambientales —entre ellos el biólogo y filósofo Guillermo Folguera y el abogado ambientalista Enrique Viale— convocan a la campaña en defensa de los Glaciares, con una gran Jornada de Acción Plurinacional para el 4 de diciembre bajo la consigna: “La Ley de Glaciares no se toca”.
La campaña surge como respuesta a los dichos del presidente Javier Milei, que enviaría un proyecto para modificar la Ley 26.639, sancionada en 2010, que protege los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. Las organizaciones denuncian que la iniciativa del gobierno expone a estos ecosistemas fundamentales a un riesgo irreversible: “los glaciares, una vez destruidos, no regresan nunca más”.
Lejos de responder a las necesidades de los sectores empobrecidos la modificación pretende abrir nuevas puertas a la megaminería y satisfacer las demandas de corporaciones como Barrick Gold, Glencore, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y la AmCham. “Buscan beneficiar a quienes ya han ganado millones, sin que jamás se haya cumplido la promesa de empleo estable ni mejoras económicas para las poblaciones locales”, señalaron.
Desde la convocatoria remarcan también la inconstitucionalidad del proyecto por violar el principio de no regresividad en materia ambiental, así como los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de Escazú.
La jornada del 4 de diciembre será parte de un proceso amplio de movilización para frenar lo que consideran un retroceso histórico en la protección de uno de los bienes comunes más estratégicos del país.
Durante la asamblea abierta del 19 de noviembre, Viale presentó un informe que resume el estado de situación: desde su sanción hace 15 años, la Ley de Glaciares fue objetivo permanente del lobby minero. En 2016 hubo un intento formal de modificación, frenado por la movilización social. Más recientemente, durante el debate de la llamada Ley Ómnibus, se intentó incorporar cambios similares pero este primer proyecto fracasó y finalmente las modificaciones a diversas leyes de protección ambiental quedaron fuera del texto de la segunda Ley Bases que fue aprobada. Sin embargo, este ataque regresa de acuerdo a lo anunciado por Milei.
El Ejecutivo busca ahora acelerar la modificación, aprovechando la nueva composición del Congreso desde el 10 de diciembre, trabajando el tema en sesiones extraordinarias durante diciembre y enero, para llegar a una votación en febrero. Incluso podría incluirse en un paquete legislativo más amplio, ya que también está en proceso una reforma laboral regresiva.
Las organizaciones denuncian que la aprobación de una reforma significaría habilitar la minería en zonas actualmente protegidas, poniendo en riesgo ecosistemas claves y reservas de agua estratégicas, especialmente en regiones cordilleranas atravesadas por crisis hídricas.
La campaña buscará amplificar la fuerza de las asambleas y comunidades que llevan años luchando contra proyectos extractivistas en todo el país. Luchar en unidad con todos los sectores atacados, impulsando acciones en común entre trabajadores y poblaciones será clave para fortalecer la pelea en las calles y ponerle un freno a todo el plan regresivo del gobierno de Milei.
También en Santa Cruz
El jueves 4 de diciembre, Santa Cruz también será escenario de movilizaciones en el marco de una Jornada plurinacional en defensa de la Ley 26.639. La iniciativa, impulsada por asambleas socioambientales, comunidades indígenas, docentes, la comunidad científica, artistas y autoconvocad@s, responde al avance del gobierno de Javier Milei y los gobernadores para flexibilizar la protección de glaciares y zonas periglaciares, una jugada al servicio de las multinacionales mineras y el imperialismo.
Declaración de Comunidades Mapuche Tehuelche, Vecinos Autoconvocados y Organizaciones Socioambientales: «Somos Agua»
Desde el Encuentro Pluricultural “Somos Agua”, que se realizó los días 14 y 15 de noviembre, integrantes de las comunidades mapuche tehuelche, vecinos autoconvocados y organizaciones socioambientales y políticas compartieron vivencias, reflexiones, saberes y propuestas, poniendo en palabras lo que el poder oculta y por ende amplios sectores de la sociedad aún no conocen.
Todo se hizo bajo una escucha atenta de quienes denuncian y resisten en diversos territorios la expansión del extractivismo, un modelo de explotación que impacta desde la cordillera hasta el mar.
Reunidos en Comodoro Rivadavia, capital nacional del petróleo, alertaron que la Patagonia puede convertirse en tierra arrasada si no se frenan las técnicas agresivas con el ambiente, tanto en minería como con la actividad hidrocarburífera.
Mientras los gobiernos nacional y provinciales entregan los bienes comunes a transnacionales y países como Estados Unidos, China, Israel y Rusia, éstos se disputan los territorios.
En ese marco, cobran fuerza nuevas formas de colonización, donde los minerales, los hidrocarburos, el agua y los seres humanos somos reducidos a meros recursos en nombre de la engañosa “transición energética”. Más de 100 años de extractivismo nos permiten afirmar desde Comodoro que este avance que observamos es una estafa:
No genera trabajo sostenible en el tiempo y cuando los proyectos finalizan, despiden a miles de personas, lo que significa también un quiebre en las familias.
No implica “progreso”. No brinda servicios públicos básicos nuevos ni eficientes para la población (falta de obras hídricas, aumento de cortes de agua y tarifazos).
Afecta la salud física-mental de las poblaciones.
Desde el Estado no hay control de las actividades extractivistas, ni siquiera los bienes comunes que se exportan.
Externalizan las ganancias y nos dejan sus pasivos ambientales. Ya hemos secado el lago Colhue Huapi, sin embargo, planifican más represas, es decir obras hídricas que serán prioritarias para el uso de petroleras y mineras pero no para el consumo humano.
A la crisis hídrica se le suma la entrega de la gestión del agua a la empresa israelí Mekorot en al menos 12 provincias, y la falta de información respecto a los acuerdos firmados con los gobernadores y el aval de los partidos mayoritarios en las legislaturas.
Por otro lado, asistimos hoy a la muerte de la producción local, sobre todo la alimenticia. Es el caso de ciudades y barrios ligados a la fruticultura, como sucede en Río Negro con el barrio Paso Córdoba, Fiske Menuco (Gral Roca) donde las canillas de las casas arrojan aguas negras y aceitosas, o Allen (primer productor nacional de peras) que se vió invadido por la explotación de pozos de petróleo no convencional y su producción ya no es exportable por la contaminación.
Es inminente la pérdida de las fuentes de agua del Alto Valle con la instalación de 500 pozos de fracking en cercanías del lago Mari Menuco en Neuquén (ya presentó el primer derrame en sus costas y el gobierno provincial no informa sobre el daño), y otros 147 previstos para el lago Pellegrini y el Arroyón en Río Negro.
El mar también está en peligro, la instalación de inmensos barcos licuefactores en el golfo San Matías para exportar el gas de Vaca Muerta, ensombrece aún más el panorama. Las ballenas francas que tienen allí su ruta para procrearse en Madryn, también se convertirán en víctimas, al igual que las cuatro áreas naturales protegidas y el parque nacional involucrados.
En el norte de Santa Cruz, territorio ancestral mapuche-tehuelche el extractivismo de la minería de uranio avanza con el proyecto Sofía, incluso en zonas en que las poblaciones sufren la contaminación del petróleo convencional (pozos sin sellar, residuos peligrosos) y el fracking. Las comunidades son parte de un territorio que desde hace décadas entrega más de lo que recibe y que hoy enfrenta un riesgo irreversible, rodeadas de zonas muertas y sin garantías mínimas de agua para vivir.
Lejos de que los gobernadores tomen medidas económicas que disminuyan la desigualdad, siguen beneficiando a las operadoras con la reducción de regalías, quita de retenciones al petróleo convencional y liberación de la exportación.
No es posible la instalación de este sistema sin la profundización de un marco legal que maximice las ganancias (Ley Bases, RIGI), aliente hasta el hartazgo los discursos de odio, fomente la criminalización de la protesta y silencie y lleve a la cárcel a quienes se atreven a cuestionar el plan trazado por el gobierno de Milei y avalado por los gobiernos provinciales y municipales.
Existe un consenso extractivista en los puestos de decisión, inclusive disolviendo los límites entre los poderes del Estado. Es notable la intromisión del Poder Ejecutivo sobre los fallos de jueces y fiscales, por ejemplo, violando derechos reconocidos internacionalmente, como el Convenio 169 de la OIT que establece la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios ante proyectos que los afecten, y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Todo lo descrito forma parte de las consecuencias que han generado los acuerdos con el FMI, por lo cual es indispensable poner un límite ético a todo aquello que pone en riesgo la soberanía, la democracia y nuestra vida cotidiana en los territorios.
En ese sentido, en tiempos
de crueldad, resulta urgente generar más redes de contención,
empatía, cuidado y protección ante el ataque institucional
sistemático y violento contra quienes desafìan al discurso
dominante
En este marco, planteamos convertir en acción las
siguientes propuestas que tendrán como objetivo fortalecer la
alianza entre los distintos sectores que defienden el territorio para
en un futuro cercano multipliquemos la presencia en las calles y
medidas colectivas contundentes:
Promover a nivel nacional un espacio de solidaridad con los/las presos/as políticos/as, los pueblos originarios, y todos aquellos pueblos que padecen opresiones, con el fin de sostener a las víctimas y establecer protocolos de prevención ante la violencia institucional. Libertad a los presos políticos mapuche.
Recordar y revalorizar a quienes nos precedieron y pusieron el cuerpo en las luchas por el bien común. Para no olvidar y honrar a quienes dieron su vida por su tierra y sus congéneres:
Miguel Webb: pediatra. Dedicó parte de su vida a luchar contra la instalación de la represa Los Monos que hasta el momento no se construyó.
Marcelo Pintihueque: mapuche tehuelche. Amparista.Logró frenar hasta la fecha los pozos de fracking “La Greta” y “El Trébol” en la Cuenca del Golfo San Jorge.
María López: comodorense, luego residente en Caleta Olivia, Santa Cruz. Amparista. Denunció la contaminación del agua con hidrocarburos totales, metales pesados y arsénico. Exigió a las autoridades de Santa Cruz y Chubut una respuesta interjurisdiccional. La Corte Suprema de Justicia después de seis años rechazó su reclamo.
Lautaro Martínez: vecino perseguido y procesado por el Chubutazo de 2021 durante la revuelta que logró la derogación de la Ley de zonificación minera. Durante el juicio fue notable el hostigamiento y la presión pública en todos los medios de parte del gobierno provincial. Lautaro decide suicidarse. Finalmente al día siguiente la justicia lo absuelve.
Llamamos a acompañar presencialmente a los seis vecinos que deben enfrentar una audiencia de apelación al ser condenados por el “Chubutazo” (rebelión popular en contra de la zonificación minera de diciembre de 2021 y que terminó con la derogación de dicha ley).
La audiencia se realizará el 3 de diciembre en tribunales, Av. 9 de julio 261, piso 7, Trelew. Instamos a asambleas y organizaciones a emitir pronunciamientos con el pedido de ABSOLUCION para nuestros vecinos. Basta de criminalizar y perseguir a quienes defienden el derecho a un ambiente sano.
Apoyar toda iniciativa que proteja, recicle el agua en nuestras ciudades y así convertirlas en un lugar vivible para las generaciones que vienen. La agenda del agua se mide en vidas, el agua no es infinita.
Realizar pedidos de información pública respecto a los emprendimientos extractivos y demandar como querellantes a los responsables de los delitos ambientales, haciendo un seguimiento efectivo de su avance.
Y que las vacaciones y el verano no detengan nuestra lucha: vayamos a las playas, costas de ríos, mares, lagos, con música e info: 31 días, 31 artistas en 31 lugares del país y un cronograma nacional compartido por activistas para turistas y locales.
Defendamos la única vida que tenemos y el lugar que nos permite vivir esa vida.
Defendamos el agua “ko”, un ser vivo con dueño, con ngen, con memoria. No es un recurso, es un espíritu que sostiene el itrofillmongen (biodiversidad). Cuando el Estado entrega los ríos y acuíferos, está rompiendo el equilibrio espiritual que nos sostiene como pueblos y como humanidad.
¿Qué le dejaremos a las futuras generaciones?
Foro Ambiental y Social de la Patagonia. Comodoro Rivadavia
XR Chubut
Asamblea Alto Valle Libre de Fracking (Río Negro)
Autoconvocados por el Chubutazo
Comunidad Mapuche Tehuelche Nehuen Mulfuñ personería 166/14 INAI . Pico Truncado.
Red Infancia Robada. Comodoro Rivadavia
Autoconvocados por el Agua de la Cuenca del Senguer
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Carmen de Patagones
Alerta Roja Ambiental Chubut (PTS + independientes en el FITU)
Dirección de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia
Movilizamos por trabajo y obras para nuestros barrios
Desde la Coordinadora por el Cambio Social nos movilizamos este jueves 4 a distintos organismos del Estado provincial con el objetivo que se dé curso y resolución a muchas de las problemáticas que afectan a nuestros compañeros y compañeras, centralmente lo que refiere a la falta de trabajo y de obra pública en los barrios.
La situación crítica de cientos de miles de familias está a la vista y tiene que ser prioridad para quienes nos gobiernan. En ese marco nos vamos a dirigir al Organismo Provincial de Integración Socio Urbana (OPISU), al que le presentamos una serie de propuestas de trabajo en diferentes barrios de la provincia sin recibir respuesta alguna.
Por otra parte, nos vamos a dirigir al ministerio de Infraestructura para reclamar obras en barrios que autogestivamente venimos construyendo y con varias complicaciones a partir de que el gobierno de Javier Milei cerrara la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), así como la reposición de los puestos de trabajo que la gestión Vidal quitó a nuestras organizaciones que se encargaban del saneamiento y mantenimiento de arroyos.
Por último, nos dirigiremos al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano con el objetivo de que se genere una mesa de trabajo para abordar la crisis ambiental que atravesamos en varios territorios y presentar una serie de proyectos tendientes a revertir la contaminación en los barrios populares.
Ante la avanzada de la ultraderecha, entendemos que las organizaciones nos debemos mantener activas en nuestros reclamos y mantenernos en la calle para poder visibilizar las consecuencias del modelo que actualmente gobierna el país y que está sumergiendo a millones en la miseria y la pobreza.
Movilización al Consejo del Salario
En el marco de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, movimientos sociales y sindicatos movilizamos a la secretaria de Trabajo para exigir que el ingreso básico iguale por lo pronto a la canasta básica total, además de un bono de fin de año, actualización y re acople de los programas sociales de trabajo al salario básico y a plantear nuestro desacuerdo con el proyecto de reforma laboral que plantea el gobierno junto a los grandes empresarios y el FMI.
¡Cualquier avance sobre nuestros derechos, encontrará la resistencia del pueblo organizado!
En Madygraf más de 300 trabajadores debatieron cómo enfrentar la reforma laboral de Milei y el FMI
Más de 300 trabajadores, estudiantes y activistas de luchas emblemáticas se congregaron el sábado 15 de noviembre en la fábrica bajo gestión obrera Madygraf para debatir la orientación política ante la nueva fase abierta por el gobierno de Javier Milei.
La asamblea, impulsada por el PTS en el FIT-U, tuvo como ejes la construcción de una alternativa de la clase obrera y la respuesta unitaria para enfrentar la “reforma laboral esclavista”, en el marco de la reciente oficialización de un acuerdo comercial estratégico con Estados Unidos, que es una clara señal de la alineación incondicional del gobierno y de la profundización de la dependencia y el atraso con el imperialismo.
Previo a la asamblea, se organizaron comisiones orientadas en la reforma laboral y la construcción de un partido de trabajadores, género y diversidad, y medio ambiente. Obreros de diferentes sectores, maestras y profesores, estudiantes secundarios y universitarios, así como también vecinos ambientalistas y asambleístas, opinaron sobre el resultado electoral de la izquierda, las próximas reformas que impulsa el gobierno y el FMI, los desafíos del movimiento de mujeres y LGBT, los movimientos que se desarrollan en el mundo por Palestina y contra la ultraderecha, y la destrucción de nuestro ambiente por los capitalistas. Cada comisión desarrolló propuestas para ser votadas en el encuentro.
Con la participación del diputado nacional Nicolás del Caño, los presentes expresaron las luchas que estaban dando en sus lugares de trabajo y estudio. La lucha contra la reforma laboral fue un eje que atravesó todo el encuentro. Partiendo de los conflictos en curso, se hizo mención a la histórica lucha del Hospital Garrahan, los trabajadores del Astillero Río Santiago y los despidos en Georgalos. No son solo ejemplos de resistencia, sino la prueba de la estrategia: la unidad y la coordinación de las luchas es la clave.
Es por esto que las comisiones hicieron propuestas para exigir a la CGT y CTA organizar una huelga general para derrotar la reforma laboral. Sin embargo, con eso no es suficiente.
A mano alzada, los presentes votaron tareas concretas para impulsar la coordinación de quienes quieran enfrentar la reforma, llamar a asambleas y debatir en cada lugar de trabajo e imponer a la burocracia sindical un plan de lucha serio, que empiece con un paro urgente.
La asamblea resolvió impulsar una campaña sostenida contra la reforma laboral, con planes de trabajo por estructuras y sectores. Los volantes serán el eje central de la difusión, junto con todas las iniciativas que puedan surgir. Además, se realizarán volanteos en común y se elaborarán materiales específicos desde Pan y Rosas y desde el sector docente para las escuelas técnicas. En este marco, también se acordó intervenir en el Festival del Garrahan para fortalecer la campaña.
Se convocó al primer encuentro de coordinación de Zona Norte para el 29 de noviembre y se definió organizar planes de verano por zona, que incluirán cursos, fiestas, actividades sociales y, donde sea posible, espacios recreativos como piletas. Asimismo, la asamblea resolvió apoyar activamente las luchas en curso —FATE, Georgalos, Mondelez, ILVA y otras— y promover acciones conjuntas, impulsando encuentros entre obreros y estudiantes para discutir cómo organizar la pelea contra la reforma laboral.
Fuentes: Radio Tierra Campesina / Agencia FARCO, Resumen Latinoamericano, FOB Autónoma, La Izquierda Diario
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.