Si bien con la jornada vivida en el país el pasado domingo 10 ya podemos, en general dar vuelta a una página y pasar a ocuparnos de otros muchos temas, y más importantes, el proceso no está cerrado aún.
Los resultados, como en otros casos de jornadas electorales, son hasta ahora preliminares, en tanto no sean validados por los consejos distritales y el Consejo General del INE y, sobre todo, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual ya se acumulan quejas de partidos y ciudadanos por violaciones a la legislación, violaciones que, por lo demás fueron ostensibles y a la vista de la sociedad entera.
Y en tanto eso se resuelve, muchos ciudadanos tenemos nuestro balance preliminar y aspectos que comentar al respecto. Un punto que, me parece, se ha discutido poco, y del cual dependerán en alguna medida las valoraciones que se hagan del proceso mismo es el de su justificación.
Predominaron dos tipos de fundamentos para realizar la consulta ciudadana. Uno tuvo que ver con el pasado: nunca antes —y es cierto— se había realizado una consulta revocatoria similar; y se llegó a hacer supuestos del tipo “¿qué habría pasado si en los sexenios de Fox, Calderón o Peña Nieto hubiéramos contado con este instrumento revocatorio del presidente?”. Otro estableció supuestos a futuro: ya podremos de ahora en adelante remover a los presidentes y en general a los malos gobernantes; lo cual también es cierto. El mérito del presidente López Obrador y sus legisladores es haber establecido ese derecho ciudadano en la Constitución y las leyes secundarias (leyes que, por cierto, ni él mismo ni muchos de sus partidarios respetaron), no en la forma como se condujo este proceso en particular.
Muy poco se puso, en cambio, en la mesa de discusiones, si existían o no causales reales para revocar el mandato al presidente actual. Porque de eso debió tratarse. De que los promotores que reunieron millones de firmas solicitando el proceso de revocación nos explicaran a todos cuáles eran las motivaciones para la pérdida de confianza en el gobernante y, por tanto, para revocar. ¿Existían?
No se puede ser ingenuo ni cerrar los ojos a lo que este proceso fue en realidad. Se manejó, de principio a fin, no como un proceso de revocación sino como uno de ratificación, algo por completo ajeno a la legislación constitucional o secundaria. Ningún gobernante requiere de una ratificación para concluir el periodo por el que fue electo; no está previsto que sea así. Por tanto, no se puede ver todo lo que convergió en la jornada del 10 de abril sino como un recurso propagandístico y de legitimación política, promovido ilegítima e ilegalmente desde la presidencia y el partido del gobierno, no desde los ciudadanos.
Y en cuanto a los resultados preliminares que tenemos ahora a la vista, también menudearán interpretaciones, ya de quienes, desde luego, justificaron desde el inicio el proceso de consulta y entonan el himno del triunfo, ya de quienes, ante la evidencia de una muy baja participación, no encontramos razón para ese canto triunfal o de quienes de plano lo ven como una derrota del presidente por el electorado. Lo cierto es que había razones (a mi parecer, más abstractas que reales) para promover y participar y razones para no hacerlo; cada quien escogió las suyas.
El primer dato duro es la baja participación de los electores en la consulta, un poco inferior al 17 por ciento del listado nominal nacional, más del doble de los que acudieron a la anterior consulta “por el juicio a los ex presidentes”, pero menos de la mitad del 40 % necesario para hacer vinculante el resultado del proceso de revocación. Lorenzo Córdova advirtió, poco antes de la jornada del 10 de abril, que el proceso podría ser anulado por el tribunal electoral, dada la gran cantidad y la gravedad de las irregularidades y violaciones registradas. Es una posibilidad. Pero en realidad, fueron los ciudadanos los que, con su ausencia de las mesas de votación, lo anularon. Lo acontecido el pasado domingo no tendrá ningún efecto jurídico ni constitucional, aunque lo que no puede pasarse por alto son esas infracciones a múltiples normas por parte de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y de los partidos políticos, todos ellos impedidos de participar en favor o en contra de la revocación.
La inasistencia ciudadana al proceso ha de verse como multifactorial. Nada más obtuso que interpretarla como una victoria de los opositores que promovieron la abstención, cuando está visto por otras fuentes que la oposición político-partidaria no tiene hoy por hoy arraigo ni una presencia suficiente en el conjunto de la sociedad para motivar los movimientos de ésta. En absoluto, tampoco, del resultado de una consulta que muchísimos vieron como intrascendente, se pueden inferir los resultados a futuro de elecciones en las que participen varios partidos y candidatos a cada cargo de elección, es decir, en las que sí habrá competencia y opciones que resolver.
Que el 82 u 83 por ciento de los ciudadanos no haya respondido al llamado de las urnas parece haber sido algo espontáneo y de conciencia. Muchos no encontraron justificación en el proceso de consulta; otros tenían desde luego otras ocupaciones, o sabían que no había nada realmente en juego que la boleta pudiera resolver. Después de todo, constantemente nos dan a conocer sondeos en los que el presidente presenta índices asombrosos de aprobación social. Nada menos que el propio vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, en pleno periodo de veda y muy poco antes de la jornada electoral, difundió en su cuenta de Twitter la encuesta Mitofsky que le daba a AMLO 70 por ciento de respaldo ciudadano a su gobierno.
El oficialismo culpa al INE por no haber cumplido con instalar el mismo número de casillas en el territorio del país que en 2018 o 2021, en elecciones regulares. De más está insistir en que la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda fueron las que restringieron al instituto el presupuesto y le negaron la ampliación que solicitó, sin contemplar la posible realización de este proceso, que no era segura pero sí probable. Se sabe bien que en los años en que se efectúan procesos de elección el órgano electoral contrata personal adicional, como capacitadores y auxiliares entre otros, que participa necesariamente en la preparación y ejecución de la elección. Pero el argumento de la insuficiencia de casillas fue desmentido por los propios resultados de la consulta en el territorio concreto.
Los datos de participación son más ilógicos que sorprendentes. Las entidades con mayores niveles de asistencia a las urnas fueron Tabasco (el bastión natural del lopezobradorismo, con un 30 %), Oaxaca (26.7 %), Tlaxcala (25.6 %), Chiapas (25 %), Veracruz (24.4) y Campeche (22.8 %). Se trata de las entidades con menores niveles de urbanización, con mayores dificultades para la comunicación y una población más dispersa. En el otro extremo, con los índices inferiores de asistencia a las casillas, se encuentran, en cambio, los Estados más urbanizados, con más fácil movilidad y mayor acceso a la información: Guanajuato (bastión del PAN, aunque López Obrador se jactó de que, por primera vez “ganó” ahí, con sólo 8.6 %), Aguascalientes (8.6 %), Jalisco (9.2) Querétaro (9.7), Chihuahua (9.8 %), Durango (10.1), Baja California (10.8 %) y Nuevo León (10.9 %).
Mención aparte merece Ciudad de México, considerada también baluarte del lopezobradorismo, en la cual apenas se rebasó el promedio nacional, con un 18.5 % de asistentes a la jornada electiva. Una tendencia parecería confirmarse: un creciente divorcio entre el gobierno de López Obrador y las clases medias urbanas, que en 2018 votaron masivamente por él y en esta ocasión no acudieron a respaldar su llamado.
En cambio, quizá un estudio más detallado, por distrito y sección, podría confirmar o no que la afluencia mayor de votantes tuvo algún nivel de correlación con las zonas más deprimidas, y en las que hay mayor número de beneficiarios de los programas sociales de Bienestar. En principio, no sería asombroso, ni siquiera excepcional. Una cultura política providencial, que ha servido a la legitimación de los gobernantes desde hace mucho tiempo, convierte en el imaginario social las funciones institucionales del Estado en atributos personificados en la figura del gobernante mismo. Pero grave sería que se encuentre que los operadores de dichos programas intervinieron en la promoción, bajo cualquier forma, de la consulta. Entre las irregularidades detectadas y seguramente denunciadas, está el que la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría de Hacienda haya difundido, la jornada misma de la consulta, un llamado a participar; y en la respectiva de la Secretaría de Bienestar varios funcionarios insertaron sus fotografías en las casillas de votación.
Mención aparte merece la enigmática asociación civil Que siga al democracia, de la que no se conocen con claridad los antecedentes pero que en muy breve tiempo no sólo fue la organización que recabó la mayor cantidad de firmas para solicitar el proceso de revocación, sino además tuvo recursos para desplegar una campaña nacional en espectaculares, volantes, bardas y mantas por la ratificación de López Obrador, usando incluso en su propaganda el color guinda que el Morena tiene registrado ante el INE para su emblema.
Pero lo más grave es la tragedia ocurrida en el municipio de San Fernando, Chiapas, donde la volcadura de un vehículo que transportaba votantes a la casilla en la cabecera municipal costó la vida a dos mujeres y dejó muy grave a una niña, entre otros lesionados más. El camión que se volcó es propiedad del ayuntamiento, gobernado, como muchos otros de ese Estado, por el PVEM, hoy aliado del lopezobradorismo. Hoy, los familiares de las víctimas y la comunidad de La Victoria piden justicia e indemnizaciones y denuncian que los presionaron para llevarlos a la urna y les ofrecieron pollos y unos kilos de arroz y de Maseca.
Sería de esperarse que esa y otras denuncias de coacción y compra de votos sean investigadas y sancionadas conforme a la ley por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Pocas esperanzas se pueden poner en ello, si esa dependencia está encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti, quien ha sido un colaborador directo de López Obrador desde que éste fue jefe de Gobierno del Distrito Federal y actualmente es militante del Morena. Se trata, para él, de un verdadero desafío el investigar, entre otros, al secretario de Gobernación y la actual jefa de Gobierno, dos de los posibles candidatos morenistas para el 2024, que abiertamente desafiaron a la ley y al INE para promover la ratificación de su líder.
La conclusión más inmediata que se puede sacar del aún no concluido proceso de ratificación convocado como de revocación, es que la lucha de fondo para los sectores progresistas no es meramente partidaria, contra el PRI, el PAN y sus complementos electorales o legislativos, sino contra la cultura del clientelismo, la manipulación y el fraude que éstos crearon y que hoy se mantiene plenamente vigente, pese a los cambios y reciclamientos en los grupos gobernantes.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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