La provincia argentina de Santiago del Estero es emblemática del tipo de relaciones políticas y sociales que cristalizaron en determinadas regiones del país desde tiempos de la Organización Nacional. Una Intervención dispuesta por el gobierno nacional intenta acabar con la satrapía de los Juárez, que duró más de medio siglo. Por Raúl Dargoltz, Oscar Gerez […]
La provincia argentina de Santiago del Estero es emblemática del tipo de relaciones políticas y sociales que cristalizaron en determinadas regiones del país desde tiempos de la Organización Nacional. Una Intervención dispuesta por el gobierno nacional intenta acabar con la satrapía de los Juárez, que duró más de medio siglo.
Por Raúl Dargoltz, Oscar Gerez y Horacio Cao Co-autores de «Santiago del Estero: del oprobio a la esperanza». Ediciones Le Monde diplomatique (de próxima aparición).
Como en muchos otros casos de América Latina, la historia de Santiago del Estero es la crónica de una utilización exhaustiva y destructora de sus recursos naturales a través de procesos que, para colmo de males, no son capaces de garantizar un mínimo bienestar a su población.
Desde su fundación, el desarrollo de Santiago estuvo ligado al complejo minero del Potosí, hacia donde enviaba textiles que elaboraba artesanalmente. Todo cambió cuando, al inicio de la independencia, las explotaciones argentíferas quedan fuera del país en formación y las provincias del norte argentino, que habían sabido ser las más dinámicas y pobladas quedaron encajonadas y sin mercados para su producción.
La decadencia del interior queda sellada por el triunfo de la política librecambista de Buenos Aires y la llamada «Organización Nacional» (año 1880), que deja constituídos dos tipos de territorios. Por un lado, un ámbito de amplia modernización y progreso socioeconómico, posicionado sobre la pampa húmeda. Por otro, un espacio periférico que va quedando rezagado, en donde se fortalecen y reproducen elementos tradicionales y semifeudales desde lo económico, social y político.
Pero aún dentro de la periferia no todos tuvieron igual suerte; algunas provincias lograron desarrollar, con el apoyo del gobierno nacional, las llamadas «economías regionales» a partir de las cuales dotaron de un cierto dinamismo a sus sociedades. Pero Santiago del Estero tuvo uno de los peores papeles en el reparto: se especializó en la elaboración de durmientes para el ferrocarril a través de un patrón productivo particularmente destructor de su sistema ecológico.
Así, desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX, los gobiernos provinciales vendieron a precio vil (1) más de nueve millones de hectáreas de tierras fiscales y ciento cincuenta millones de árboles de quebracho colorado fueron destruidos. Esta enorme riqueza natural, de cuyo producto sólo volvían a la provincia los miserables salarios del obraje, dejaba detrás de si campos destruidos, a los cuales resultaba imposible fijar alguna utilidad productiva.
Pobreza social, miseria política
La lógica de un país con dos áreas diferenciadas también tuvo su correlato en el ámbito político, en el que los procesos de incorporación social y modernización política fueron mucho más acotados. El peronismo, por ejemplo, que en las zonas más avanzadas asumió el carácter de un partido laborista similar al de cualquier sociedad industrial, en las zonas periféricas fue movilizador y policlasista, a la manera de los partidos populistas de las sociedades tradicionales.
En este contexto ¿Es tan difícil explicar que surgiera un gobierno como el de Carlos Juárez, un sátrapa que gobernó o controló la provincia durante más de medio siglo? El «juarismo» es la expresión política construida y sostenida sobre la base de un férreo modelo feudal, en el que el progresivo empobrecimiento de las clases populares y el pulcro control sobre la débil clase media provinciana, fueron sus torres fundamentales. Todo un andamiaje monárquico sellado a fuego con la flema autoritaria y astuta de sus hacedor, el abogado Carlos Arturo Juárez.
Tenía 32 años cuando asumió su primer gobierno en Santiago del Estero, en mayo de 1949, después de un año de Intervención federal a la provincia, decretada por Juan Domingo Perón. A partir de ese momento, ya fuera como primer mandatario -lo fue en cinco oportunidades- o como legislador nacional -cuatro veces senador-, nunca dejó el poder en la provincia.
Ejerció como gobernador por 16 años y 11 como senador nacional. Dentro de la llamada «liturgia juarista», se cuenta la designación por parte de la Legislatura provincial como «Protector ilustre del pueblo» y los multitudinarios actos políticos en los que su ejército de jóvenes de la Juventus Peronista o de mujeres de la Rama Femenina utilizaban los vehículos oficiales para acarrear gente de los barrios de la periferia hacia el centro de la ciudad capital santiagueña.
Juárez ha hecho y deshecho a su gusto en Santiago del Estero. Reformó reiteradamente la Constitución de la provincia según la conveniencia de cada momento político; creó junto con su lugarteniente Musa Azar una increíble red de espionaje que persiguió a 40.000 personas opositoras a su gobierno; sustentó un poder económico hegemónico que en sus primeros gobiernos tuvo a las empresas constructoras como base y en los últimos años a las empresas de servicio, y fomentó entre los trabajadores la dependencia del Estado como una forma de mantener ceñido a su puño a una amplia franja del electorado.
«El que no vota al dotor (sic), o pierde, o nunca consigue, un laburo (trabajo)», pregonaban por doquier los punteros adictos. El 16 de diciembre de 1993 hubo un intento por cambiar la historia. Una pueblada sin precedentes (que fue dada en llamar «El santiagueñazo») quemó los edificios de los tres poderes manejados por Juárez, además de su propio domicilio y el de varios convidados del poder. Pero el interventor designado por el gobierno nacional de Carlos Menem, Juan Schiaretti, cerró hábilmente todos los caminos a una posible renovación y la sociedad de Santiago del Estero, imposibilitada para ejercer su libertad, al concluir la Intervención repitió la única huella conocida: el juarismo.
Sin embargo, el obstinado mensaje liberador del obispo Gerardo Sueldo (muerto en sospechosas circunstancias), mantuvo viva la semilla. En 2002, el escándalo provocado por un doble crimen de la localidad de La Dársena (en el que Musa Azar y otros funcionarios juaristas aparecieron vinculados a la muerte de dos jovencitas durante una orgía) y del deterioro del gobierno de la esposa de Juárez, la iracunda Mercedes Aragonés, terminaron por generar la Intervención Federal de la provincia.
Los tiempos habían cambiado: el peronismo menemista había acabado sumido en el descrédito; una pueblada había obligado a renunciar al sucesor de Menem, Fernando de la Rúa, en medio de una crisis financiera y económica sin precedentes y, el nuevo presidente, Néstor Kirchner, no tuvo otro remedio que intervenir la provincia.
La Intervención federal
La Intervención Federal llegó a la provincia gozando de amplio crédito. Por supuesto, nadie esperaba que de un plumazo se resolvieran desgracias centenarias, pero el desgaste del sistema juarista y el perfil del Interventor Pablo Lanusse (padre de familia, católico-apostólico-romano, sin pertenencia partidaria) encajaba perfectamente con las aspiraciones de buena parte de la sociedad provincial.
La respuesta del nuevo gobierno a estas expectativas, luego de superar la prueba de estabilizarse en el poder (2), fue el lanzamiento de una agenda de trabajo centrada en la reforma de las instituciones políticas provinciales.
Alcanzar este objetivo no era un desafío menor. Se enfrentaba a una estructura política que se había retirado intacta y que pervivía en innumerables redes informales de soporte y en mil aliados en la justicia federal, en cargos subalternos del poder ejecutivo, en los municipios, en la prensa.
Pero antes de analizar este tema, conviene mencionar otra batalla que se libra en Santiago del Estero por estas horas: la porfía por desarticular la alianza entre el poder político y el poder económico, representado emblemáticamente por el grupo de empresas de Néstor Ick, que había sabido construir un verdadero imperio bajo el ala del juarismo.
A poco de llegar al gobierno la Intervención Federal se propuso desmontar la articulación parasitaria que el poder económico construyó en su relación con el poder político. Dicho en palabras del ministro de Salud Donato Spaccavento: «Hay que hablar claro, con nombres y apellidos. Aquí (Carlos) Juárez encabezó un régimen que respondió a los sectores económicos más altos, a la concentración económica, y nunca fue un fenómeno a favor de la gente (…) Operaban con esta alianza entre políticos y empresarios. La plata que venía de la Nación para atender los requerimientos más indispensables de la población, la dejaban en un banco donde daba intereses (…) Santiago del Estero fue empobrecida y la mayoría de sus habitantes en el interior padecen enfermedades propias del medioevo» (3).
Dentro de las numerosas medidas que se tomaron en este sentido, deben destacarse algunas particularmente simbólicas. En primer lugar, la nulidad del contrato con el Banco de Santiago del Estero S.A, que poco después de la devaluación de 2001 había convertido las comisiones por diferentes servicios, fijadas en 450.000 en 1995 (cuando un peso era igual a un dólar), en «la cantidad de pesos equivalentes a 450.000 dólares mensuales», según los Decretos provinciales Nº 55 y 87/04. Debe ser éste el primer caso de dolarización automática de un contrato en pesos.
Otra medida a destacar es la revocatoria de las contrataciones de seguros con la Empresas Hamburgo S.A., que esgrimió «razones de urgencia» para realizar una contratación directa por el periodo 1996 – 2012 (Decreto Nº 112/04). Es claro que una vinculación que plantee semejante plazo de duración no puede justificarse en la premura con que se requieren de los servicios.
Por último, se resalta la reformulación de un nuevo sistema de códigos de descuentos sobre el salario de los empleados públicos provinciales. Para quien no vive en estas provincias, es difícil imaginar la importancia que tienen estas operatorias, que se basan en la asignación de créditos a cambio del descuento automático sobre el salario. Con el nuevo régimen sólo permanecerá vigente el sistema automático de débito para las Instituciones sin fines de lucro – Sindicatos, Mutuales y Cooperativa – garantizándose que el trabajador no podrán tener afectado más del 20% de su salario bruto (Ley Nº 6.658).
En esta pelea contra el poder económico, la Intervención Federal inaugura una línea de trabajo que deja en herencia para el próximo gobierno batallas judiciales y políticas. Es mucho lo que se podrá avanzar, pero la continuidad de este proceso está indisolublemente atada al surgimiento de un poder político de base diferente al que primaba hasta la marzo del 2004 (4).
La pelea política
Todos los objetivos, entonces, terminan apuntando sobre el mismo elemento: construir una nueva forma de hacer política en la provincia. Pero aun acordando en este objetivo común, surgieron estrategias con matices diferentes en un gabinete de gobierno que articulaba dos tipos de funcionarios: por un lado, un núcleo más estrechamente ligado al Interventor Federal, de perfil juridicista y sin pasado político-partidario; por otro cuadros políticos con amplia trayectoria en el Partido Justicialista (PJ, peronistas).
El ajuste entre estos dos grupos fue bastante satisfactorio hasta la salida del ministro de Justicia del Gobierno Nacional, Gustavo Béliz, que sacó a la luz la existencia de ideas diferentes sobre la forma en que el gobierno debía actuar en la política provincial. En este aspecto, uno de los puntos de mayor fricción fue el de la relación con los intendentes y los comisionados municipales quienes, en la mayoría de los casos, habían sido el canal por el cual se expresaba el poder territorial del juarismo. Por un lado estaban los que querían intervenir todos los gobiernos locales, con el objetivo de romper los hilos en donde podía sobrevivir o recomponerse la vieja estructura política. Por otro, los que, a partir del mismo diagnóstico, consideraban que la provincia tenía mil maneras de disciplinar estas estructuras, mientras que su intervención sólo lograría que estos aparatos políticos pasaran homogéneamente a la oposición.
Esta última fue la línea adoptada, sobre la que quedan dudas acerca de su eficacia. No tanto respecto a la idea de intervenir todos los municipios (apenas habían funcionarios para el gobierno provincial y era difícil imaginar de dónde saldría el personal de confianza para los veintisiete municipios y el casi medio centenar de comisiones municipales), sino en intervenciones selectivas sobre los jefes comunales más ligados al pasado juarista. El mismo razonamiento se hacía extensivo a la manera en que debía tratarse al PJ, que la caída de Juárez había atomizado.
Estaban los que consideraban que había que sumar abiertamente a aquellos dirigentes que habían sido antijuaristas o a los que, cualquiera fuera su pasado, aceptaban cruzar el Jordán y apoyar los procesos de cambio. Otros, proponían una política de prescindencia: no hacer nada en particular hacia el PJ distinto de lo que se hacía con otros partidos. En distintos momentos, y frente a diferentes cuestiones prevaleció una u otra línea de trabajo.
La Reforma Constitucional
El elemento central alrededor del cual giró la coyuntura política en estos meses fue la reforma constitucional impulsada por el Interventor. Su justificación conceptual no era difícil de armar: existe una obvia relación entre la estructura constitucional vigente y el carácter autoritario del régimen político que motivó la Intervención Federal. El punto neurálgico de la reforma estaba en una serie de disposiciones constitucionales que reducían importancia electoral de las Ciudades de Santiago del Estero y de La Banda -las dos jurisdicciones en donde tenía más peso la oposición- a la vez que garantizaban un piso de diputados a la mayoría. Con esta legislación, una fuerza cuya principal base electoral estuviera en el interior -como era el caso del juarismo- lobtenía el 70% de los diputados provinciales con sólo el 35% de los votos.
Por su parte, diferentes sectores de la sociedad civil reclamaban que la nueva Constitución prohibiera, de una vez y para siempre, la Ley de Lemas. Es que tal instrumento estaba fijado en la historia como la manera en que los partidos políticos -en especial el PJ y la Unión Cívica Radical- habían manipulado en su provecho el sistema electoral.
El llamado a Reforma Constitucional deparó una primera sorpresa cuando el interventor del PJ, el Diputado Nacional por el Chaco Rafael González, consideró que el interventor no tenía potestades para convocarla. Este posicionamiento causó extrañeza ¿A qué jugaba el interventor del partido oficialista? Era claro que para un cuadro que venía del más crudo pragmatismo las cuestiones doctrinarias del Derecho Constitucional no eran precisamente una prioridad.
Los allegados de González justificaron sus posiciones en la necesidad de reunir a un justicialismo totalmente desperdigado, lo que causó más alarma, porque si era así, el aglutinamiento iba a ser contra el gobierno. Más sensatamente, los medios explicaron su accionar a partir de la puja interna entre el presidente Néstor Kirchner y el líder peronista Eduardo Duhalde y sus múltiples derivaciones.
El propio proceso hacia la constituyente sepultó este primer debate. Todo el espectro político, social y cultural – con excepción del aparato del PJ y el Intendente de la Ciudad de La Banda – se pronunció con inusitada energía por la necesidad de la Reforma.
Más significativo aún fue que el proyecto de reforma constitucional recibió el apoyo de los intendentes peronistas, quienes -alineándose con el gobierno- dijeron que se trataba «de una prioridad» y que debía realizarse «antes de las elecciones generales a gobernador, vice, y diputados provinciales». El proyecto de la Reforma Constitucional recibió el explícito respaldo del presidente Néstor Kirchner y de varios de sus ministros. Hacia julio pasado, el interventor del justicialismo no tuvo más remedio que variar su posición e incorporar el partido al proceso reformista.
Pero estos fueron sólo los primeros escarceos. En ocasión del cierre de la presentación de las listas a constituyentes volvieron a surgir tensiones de todo tipo y la lista del peronismo se partió en dos. Por un lado, quedó la lista oficial, con mayoría de los sectores abiertamente opositores al gobierno. Por otro, una lista que, en nombre del kirchnerismo, estaba hegemonizada por los intendentes -la mayoría de ellos de reconocido pasado juarista- y contaba con la participación de Memoria y Movilización, una agrupación ligada a Eduardo Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
La lista disidente fue propiciada por funcionarios del ministerio del Interior llegados a último momento y por algunos funcionarios de la propia Intervención Federal. Los jefes comunales se defendieron de la acusación de «traición» sosteniendo que la iniciativa habría partido desde el propio interventor del PJ, a quien hicieron responsable por incluir a «juaristas» y allegados al poder económico en la lista oficial. Para algunos fue una jugada maestra, pues aislaba al juarismo y sus aliados y los exponía a una catastrófica derrota electoral.
Sin embargo, la operación fue criticada duramente por el propio Lanusse, quien se mostró sorprendido por estas maniobras (estaba en Buenos Aires en ocasión del cierre de listas), a la vez que repitió su discurso de prescindencia electoral: «no avalé, no avalo, ni avalaré ninguna lista».
Para enrarecer más el ambiente, todos estos hechos sucedían cuando la justicia federal de la provincia – reiteradamente acusada de connivencia con el juarismo – excarcelaba al «protector ilustre» y múltiples rumores de renuncias en el gabinete y aún del Interventor Federal recorrían los mentideros políticos.
Un final abierto
En pocas semanas más, el próximo 31 de octubre, habrá elecciones a Convencionales Constituyentes, un hito en la batalla por cambiar el sistema político de la provincia. Hasta el momento, la Intervención ha logrado sortear los embates de una oposición constituida por el juarismo, los principales grupos económicos, el intendente de la Ciudad de La Banda, «Chabay» Ruiz, el diputado José Cantos -aliado de Menem en el 2003 y dueño del «Nuevo Diario» y la radio LV11- el diputado José Figueroa -ex Secretario de Desarrollo Social de Menem – y el senador del radicalismo José Zavalía.
Este poderoso frente, por oportunismo político o porque añora al Santiago de las últimas décadas, recoge lo que todavía queda del sistema político que armaron Juárez y Musa Azar. Haberlo neutralizado hasta ahora, no da seguridades hacia el futuro. La Intervención todavía tiene mucho por hacer, y para ello debe conjurar los fantasmas que surgen de una cultura política acostumbrada al clientelismo y el favor; del escasísimo capital social, político y organizacional que tiene la provincia para enfrentar un proceso de cambio y de una relación con el poder central que se ha enrarecido desde la salida de Béliz.
Notas
1 Al precio de 0,23 centavos la hectárea se vendieron 4 millones de hectáreas, cuando el precio de cada durmiente de quebracho que pagaba el ferrocarril inglés era de aproximadamente de pesos 1,50.
2 A la llegada de la Intervención ocurrieron una serie de disturbios promovidos por el juarismo, cuya expresión más notoria fue una ola de usurpaciones de viviendas construidas por el Estado. Fue un gran desafío para la Intervención superar estos hechos sin recurrir a la violencia, lo que hubiera dañado irremediablemente su perfil defensor de los derechos humanos. 3 El Liberal, Santiago del Estero, 1 y 8-8-04.
4 En este aspecto, cabe mencionar que son muchos los rumores y denuncias sobre dirigentes políticos que se acercan al poder económico a pedir el financiamiento de campañas electorales a cambio de seguridades para cuando sean gobierno…
Edición Cono Sur. Servicio Informe-Dipló 20/09/2004