Santiago Xanica: Caravana de resistencia contra la marginación de los pueblos indios de Oaxaca

Los días 5 y 8 de agosto de 2007, la «Caravana de salud y resistencia contra la represión y marginación de los pueblos indios de Oaxaca» visitó el pueblo de Santiago Xanica. Promovida por el Colectivo Autónomo Magonista (CAMA) y el Colectivo Salud Autogestiva en colaboración con el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) y las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), la iniciativa contó con la participación de unas cuarenta personas, miembros de diferentes organizaciones sociales, además de algunos observadores internacionales procedentes de España e Italia. Xanica es una comunidad indígena que como muchas otras en México sufre el acoso de los poderes locales y federales, particularmente desde 1998, cuando inicia un proceso de lucha para recuperar sus formas tradicionales de gobierno. Desde entonces, ha sido sitiada por el ejército federal y la policía estatal (ministerial y preventiva) mientras que sus habitantes han sido objeto de toda clase de atropellos y violaciones a los derechos humanos.

Bendito momento aquel en que un pueblo se yergue. Ya no es el rebaño de lomos tostados por el sol, ya no es la muchedumbre sórdida de resignados y de sumisos, sino la hueste de rebeldes que se lanza a la conquista de la tierra ennoblecida porque al fin la pisan hombres.
Ricardo Flores Magón

CODEDI es una organización integrante de la Alianza Magonista Zapatista (AMZ), de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA), adherente a la Otra Campaña y también fundadora de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Con el objetivo de aliviar la presión ejercida por las autoridades contra CODEDI y teniendo como base el apoyo mutuo, la solidaridad, el respeto y la fraternidad, la Caravana llevó a cabo consultas médicas, entrega de libros autoproducidos por el colectivo «Hormiga libertaria» y una variedad de talleres sobre salud reproductiva, sexualidad, cultura, recreación y derechos humanos. A nuestra llegada fuimos recibidos por la banda del pueblo y durante tres días intercambiamos puntos de vista e impresiones en una atmósfera de solidaridad y trabajo intenso.

Una delegación de la caravana se entrevistó en el penal de Pochutla con Abraham Ramírez Vázquez y los hermanos Juventino y Noel García Cruz, todos injustamente acusados de homicidio, secuestro y lesiones calificadas y detenidos desde enero 2005. Lo que sigue es un resumen de los testimonios recabados los días 6, 7 y 8 de agosto en el contexto del taller sobre derechos humanos.

Marginación y despojo

Entre los 16° 00′ de latitud norte y los 96° 13′ de longitud oeste, a una altura de 1,240 metros sobre el nivel del mar, se encuentra Santiago Xanica, pueblo zapoteco arrinconado en las escarpadas laderas de la Sierra Sur de Oaxaca. El clima es templado, la vegetación lujuriosa y, de acuerdo al Segundo Conteo de Población y Vivienda realizado en el 2005, el municipio cuenta con un total de 2,829 habitantes de los cuales por lo menos la mitad residen fuera de la comunidad. La principal vía de acceso es la precaria brecha que, arrancando de Santa María Huatulco, llega a la comunidad después de un fatigoso viaje de duración variable, pero no inferior a las dos horas.

Narra César Luís Díaz -consejal de APPO por la región Costa, fundador del CODEDI y ex preso político- que los primeros moradores de Xanica -del zapoteco xa-ni-ca «lugar debajo de la piedra»- llegaron a la región hacia finales del siglo XVIII, procedentes de Mitla, en los valles centrales. En un primer momento, se establecieron en el lugar conocido como «El sitio del templo» -dos kilómetros cuesta arriba- para, unas décadas después, trasladarse a la actual ubicación.

César explica que un documento virreinal conocido como «Título de Xanica», asignaba a la comunidad la vasta región que desde la Sierra se extiende hasta las bahías de lo que hoy es la región turística de Huatulco. Sin embargo, con el paso del tiempo, la comunidad fue paulatinamente despojada de ese territorio y reducida a la actual superficie de unos180 kilómetros cuadrados.

Hoy, la única relación que los habitantes de Xanica tienen con Huatulco es la explotación que padecen trabajando en casas particulares, restaurantes y hoteles que emplean aproximadamente a un treinta por ciento de la población económicamente activa. Un treinta por ciento más se dedica a actividades agrícolas, mientras que los demás trabajan fuera de la comunidad ya sea en México, Oaxaca o Estados Unidos.

Los principales cultivos son maíz, frijol y chile para autoconsumo. Desde la década 1930, se introdujo el café como cultivo comercial y, más o menos en la misma época, desapareció la propiedad comunal. «La tierra es lo principal para un pueblo indígena. Con la introducción de la pequeña propiedad, muchos perdieron sus parcelas por desconocer las leyes y el idioma español», explica Abel Ramírez Vázquez, hermano de Abraham y también integrante de CODEDI. «Además, la gente se volvió un poco individualista», observa César con cierta amargura. «Sin embargo, añade, el tequio se mantuvo vigente hasta bien entrados los noventa y estamos trabajando para revivirlo».[1]

En la actualidad, la riqueza principal de la comunidad es el agua, abundante en la sierra, pero escasa en la costa. Los hoteleros de Huatulco pretenden entubar las aguas del río Copalita y de su tributario, el San Jerónimo, ambos situados en la jurisdicción de la comunidad. «Ahora mismo, están llevando a cabo nuevas mediciones para traer agua de más arriba, algo que no podemos permitir porque afectaría aun más a nuestros recursos. Por si fuera poco, los hoteleros también contaminan los ríos paseando a los turistas en lanchas de motor», explica César.

«Otra riqueza importante son las plantas medicinales, muy codiciadas por la industria farmacéutica nacional e internacional entre las que destaca el botonchihuite, una hierba que se emplea para curar la disentería y el paludismo». Recientemente, el gobernador Ulises Ruiz realizó sendas visitas a la comunidad acompañado por empresarios del sector, lo cual apunta a un renovado interés en el rubro de la biopiratería, última frontera del capitalismo posmoderno.

Por otra parte, Xanica posee importantes yacimientos de uranio, mismos que, aun cuando en la actualidad no se encuentran explotados, la convierten en lugar estratégico tanto para la iniciativa privada como para el estado.

Entre la agresión y el olvido

Durante mucho tiempo, la comunidad permaneció relativamente aislada, siempre en aprietos, pero sin padecer graves conflictos. «En los años cincuenta del siglo pasado, h ubo problemas similares a los de ahorita», comenta Abel. «Con el auge del café, se establecieron negocios de gente proveniente de la cabecera de Miahuatlán que pronto intentaron imponer a sus propias autoridades sobreponiéndose al marco tradicional de usos y costumbres. Entonces estaba muy viva la tradición de la asamblea comunitaria. Sin embargo, el consejo de ancianos se opuso, se organizó la resistencia y llegó el ejército. Hubo muertos en ambos bandos y unos paisanos estuvieron en la cárcel porque mataron a un militar. Pero, al final, los fuereños tuvieron que irse».

Xanica ganó aquella batalla sustrayéndos un rato más al abrazo mortal de la sociedad nacional. Esto se debe a que, aun cuando ya no existía la propiedad colectiva, la comunidad se regía por una suerte de autogobierno, de hecho, si no de derecho. Los candidatos a la alcaldía y a los puestos del cabildo quedaban automáticamente inscritos en las listas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero en realidad el municipio se gobernaba a sí mismo según el tradicional sistema de cargos.

Como en otras partes, esta estructura organizativa articulaba procesos políticos, sociales, económicos, religiosos y étnicos de manera autogestiva. La autoridad máxima era la asamblea general que poseía la facultad de otorgar el poder a las personas nombradas para dar su servicio anual. Poco a poco, éstas iban ascendiendo según los servicios prestados y la aprobación de que gozaban en la comunidad, hasta desempeñar el cargo de presidente municipal.

El 4 de junio de 1998, el Congreso del estado de Oaxaca acordó una reforma constitucional que otorgaba a los pueblos indígenas la facultad de elegir sus autoridades según el sistema llamado de «usos y costumbres», es decir directamente a partir de la asamblea del pueblo y sin la mediación de los partidos políticos que prevalece a nivel federal.

La reforma no hizo más que legalizar una situación de hecho. Parecía una victoria, pero no fue así. «Es una paradoja -nos dice César- que en Xanica la tan cacareada legalización del sistema por «usos y costumbres» haya coincidido con la llegada masiva de los partidos políticos nacionales (PAN y PRD, además de PRI) y una nueva ofensiva contra nuestra comunidad».

A partir de entonces, se fue perdiendo el tequio ya que los partidos prometían meter maquinaria para arreglar los problemas de la comunidad (por ejemplo lo caminos y los espacios públicos) a cambio de lealtad incondicional.

A este proceso de naturaleza más bien política se sumó el auge del proyecto turístico Bahías de Huatulco, inaugurado a mediados de los ochenta en una región en donde se asentaban alrededor de 70,000 personas pertenecientes a diferentes grupos indígenas. El megaproyecto provocó un ciclo pernicioso de especulación e inversión que aceleró el proceso de polarización social, marginando a la población local y aumentando las tensiones en toda la región.

Así las cosas, la ley indígena acabó siendo una simulación. «En el papel, insiste Abel, tal pareciera que Oaxaca está más avanzado con respecto a los derechos indígenas, pero la verdad es que las reformas sólo sirvieron para que el ex-gobernador priista Diódoro Carrasco (hoy diputado del PAN, nda ) se lavara la conciencia. La ley indígena se mira muy bonita, pero en el fondo es pura propaganda porque resulta que ahora los derechos son menos respetados que antes. No nos dejan desarrollar nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra forma de trabajar colectivamente».

La senda de la autonomía

La situación empeoró en diciembre de 1998 cuando se celebraron elecciones para la presidencia municipal. Por primera vez se votaba bajo la nueva ley de «usos y costumbres» y ganó Alejandro Díaz Ramírez, una persona cercana al pueblo. Sin embargo, el primero de enero de 1999, el nuevo gobernador, José Murat, impuso a un allegado suyo, Juan Cruz López, aduciendo que la asamblea se había llevado a cabo de manera ilegal.

Una parte de la comunidad se inconformó y es así como nació el CODEDI, animado desde un principio por los hermanos Ramírez Vázquez, Gerardo Froylán González Cruz y César Luís Díaz. Ninguno de ellos tenía militancia previa en partidos políticos: Froylán había tenido alguna participación anterior en OIDHO, mientras que Abraham y César habían sido instructores de Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Empezaba así un largo proceso de lucha para devolver el poder a la asamblea del pueblo y rescatar el auténtico sentido de los «usos y costumbres».

Es de enfatizar el papel que asumieron las mujeres al emprender un importante proceso de concientización de sus propios derechos que las llevó a cuestionar el machismo. En palabras de Carolina Cruz García: «si un hombre lastima a su esposa no podemos callar.»

El 5 de septiembre de 1999, el pueblo de Xanica tomó el palacio municipal estableciendo un ayuntamiento popular y expulsando a Juan Cruz quien, en adelante, despacharía en su domicilio particular y sin la mejor legitimidad. Empezó, al mismo tiempo, el sitio de la comunidad por parte del ejército federal y la policía estatal. El gobierno intentó vincular a los militantes del CODEDI con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), organización guerrillera que el 28 de agosto de 1996 había atacado el cuartel de los marinos de la VI Región Naval Militar en La Crucecita, Huatulco, dejando un saldo 12 muertos.

Con todo y esto, el ayuntamiento popular logró una aceptación tal que Murat tuvo que negociar. «En mayo de 2001 -explica Froylán- llegamos a un acuerdo: el ayuntamiento renunciaría y entregaría el gobierno a cambio de celebrar nuevas elecciones en tres meses en las que se respetara el veredicto de la asamblea». Así se hizo y nuevamente ganó la elección Alejandro Díaz Ramírez. Esta vez, Murat no tuvo más remedio que reconocerlo legalmente y su periodo transcurrió sin problemas ni violencia.

«La gestión de Alejandro fue altamente positiva», explica Froylán. «Transparentó las cuentas públicas y disminuyó su sueldo a 50 pesos diarios (en lugar de 5000 mensuales) ganando igual que los topiles, para recalcar la función de servicio que tienen los cargos públicos.[2] Además, abrió una farmacia comunitaria y gestionó con el gobierno del estado los fondos para la construcción de una biblioteca, un centro de computo comunitario y una preescolar. Lo más importante es que impulsó el rescate del tequio. Asimismo, la asamblea comunitaria decidió que para elegirse, un Presidente Municipal debe cumplir primero con 4 años de servicio a la comunidad como parte del ayuntamiento».

En agosto de 2004, nuevamente se celebraron elecciones por usos y costumbres, pero otra vez el gobierno del estado hizo triquiñuelas al imponer al actual presidente, Sergio García Cruz. Además de tener antecedentes penales, este sujeto no cumplía con los requisitos de la asamblea. A la postre, lo sostuvieron los tres partidos mayoritarios nacionales: Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Acción Nacional (PAN). Hay que recalcar que este proceso coincidió a nivel estatal con la elección y toma de posesión del nuevo gobernador, Ulises Ruiz Ortiz (URO) quien, como es sabido, llegó al poder mediante un fraude.

La pesadilla de Abraham, Noel y Juventino

La imposición de García Cruz fue el primer acto de gobierno de URO y una anticipación de lo que vendría después a nivel estatal. En diciembre de 2004, al empezar su gestión el gobernador espurio y en vísperas de la toma de posesión de García Cruz, una vez más el ejército federal sitió la comunidad con el pretexto de buscar marihuana y amapola. Pronto, se instalaron también la policía ministerial y preventiva.

La tensión subió y, a partir del primero de enero de 2005, el CODEDI optó por no cumplir con los servicios comunitarios, ni asistir a los tequios convocados por García Cruz. El 15 de enero, convocó a su propio tequio para apoyar a una viuda que necesitaba arreglar su casa. Ese día -que la comunidad no olvidará por largo tiempo- empezaron las tribulaciones de Abraham, Noel y Juventino.

He aquí la reconstrucción de Abel:

«Hacia las diez de la mañana, mientras descargábamos un camión de ladrillos, llegó una patrulla de la policía. Debido a que el camino es muy estrecho, cabía un sólo carro. Se les pidió esperar unos minutos, pues estábamos por terminar, pero los agentes no entendieron razón y pidieron refuerzos a las dos patrullas que se hallaban en la presidencia. Cuando éstas llegaron, comprendimos que tenían la instrucción de armar un pleito. Abraham intentó dialogar con ellos, pero los agentes cortaron cartuchos y uno le colocó el rifle en el estómago. Al intentar apartarlo, el compañero recibió un disparo en la pierna desplomándose en el acto. Los compañeros respondieron aventando los ladrillos que tenían en la mano. En la trifulca, Juventino y Noel también resultaron lastimados, aunque no tan gravemente. Al cabo de unos veinte minutos de combate, la policía se retiró hacia Huatulco. Nosotros llevamos a Abraham, Noel y Juventino a la clínica del pueblo en donde les pusieron suero y les dieron unas pastillas, pero Abraham necesitaba de un cuidado intensivo, pues se hallaba herido de gravedad. Después de varios intentos fallidos, ya en la noche, logramos que una ambulancia se llevara a los heridos. Los acompañaba Alejandro Díaz Cruz (hijo del ex presidente municipal) pero, a medio kilómetro, la interceptó un retén de la policía. Sin la menor consideración por su estado, los agentes arrojaron a Abraham a un coche y se encaminaron hacia Huatulco tardando muchas horas pues se pararon a cenar. Así que nuestro hermano no recibió atención médica durante 36 horas corriendo el riesgo de desangrarse o de perder la pierna. A Alejandro también lo torturaron».

Hay más. La comunidad entera fue humillada. Los policías se metieron a casas particulares sin orden de cateo robando pertenencias y encañonando a todos, incluso a los niños. Angelina Jerónimo García denuncia: «usaron mi mantel para limpiarse del baño. Se llevaron ollas, manteles y dinero en efectivo».

«En el mismo momento en que librábamos el enfrentamiento -añade Celerino Jaime Martínez López-, un policía era asesinado en otro paraje del pueblo. Nunca supimos por qué, ni cómo, pero sospechamos que fue un crimen sembrado , pues se lo adjudicaron a Abraham, Noel y Juventino. En realidad, es materialmente imposible que ellos sean los culpables porque no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo». Las otras dos acusaciones -secuestro y lesiones calificadas- se reducen a la ocupación de oficinas gubernamentales en Oaxaca ocurrida años atrás. Cabe añadir que ese mismo delito se le imputa sistemáticamente a los activistas de la APPO que el gobierno quiere detener.

Para los presos, mientras tanto, seguía la pesadilla. En Pochutla, unos «médicos» dictaminaron que había que cortarle la pierna a Abraham. «Por suerte -sigue Abel- la COMPA tiene presencia en la región. Ellos se movilizaron y lograron que el compañero fuera trasladado a un hospital de Oaxaca en avioneta, custodiado por la policía. Noel y Juventino, que no estaban graves, fueron llevados en ambulancia sufriendo en el trayecto toda clase de vejaciones. Al llegar al hospital, Abraham permaneció dos meses encadenado a su cama con dos policías que lo controlaban día y noche».

Todavía convalecientes, Noel y Juventino fueron traslados al penal de Ixcotel donde serían alcanzados por Abraham que, afortunadamente, se recuperó de la herida y salvó su pierna. Sucesivamente, los tres fueron llevados al penal de Pochutla en donde siguen presos. «No pudimos visitarlos durante varias semanas», añade Ángela Vázquez García, madre de Abraham. «Para lograr su liberación, intentamos todas las vías», concluye Abel. «No podíamos acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque estaba controlada por la gente de Ulises, pero hicimos una denuncia a la Comisión Nacional (CNDH). Nadie nos hizo caso. En 2005, hicimos un plantón de 3 meses en la ciudad del México. En 2006, nos integramos al plantón magisterial y somos fundadores de APPO».

Rehenes de URO

Lo que pasó en Xanica es una muestra de la situación de injusticia, discriminación y opresión que viven las comunidades indígenas México. El estado saquea sus recursos naturales (especialmente agua y biodiversidad) y reprime sus formas de organización porque remiten a una sociabilidad considerada incompatible con los valores dominantes.

El CODEDI surgió ante la necesidad de defender el derecho a elegir las autoridades por «usos y costumbres», preservar el entorno ecológico y protegerse de los abusos de los caciques. La respuesta de los gobiernos estatal y federal fue sangrienta. Durante seis meses, entre enero y agosto de 2005, Xanica permaneció sitiada por cientos de elementos del ejército federal y diferentes corporaciones policiales del estado. Los campesinos, tenían que pasar retenes en donde se les exigía una identificación y a veces se les encañonaba: «¿por qué sales tan temprano? ¿Por qué regresas tarde? ¿Con quién fuiste? ¿A dónde?» Incluso les quitaban su instrumento de trabajo, el machete, por considerarlo «un arma (¡!)».

La situación jurídica de Abraham, Noel y Juventino proporciona un paradigma del uso faccioso de la ley que impera en el país. La ilegalidad de su detención y las injusticias de que han sido objeto queda como un trauma que marca la vida de la comunidad y vuelve una y otra vez en los testimonios que recogimos. Es claro que, al no poderse comprobar las acusaciones, los tres compañeros permanecen en calidad de rehenes, como sucede también con los presos de Atenco y de la APPO.

«Nosotros somos un estorbo porque nuestra comunidad se encuentra cerca de una región turística» nos dijo Abraham en el curso de la breve visita que le hicimos en el penal de Pochutla.

La situación económica de los presos es, por demás, lamentable. Por falta de recursos, la esposa de Abraham, Graciela Merced Cruz, vive en el penal con sus tres hijos sosteniéndose vendiendo los llaveros que elaboran los tres compañeros. «Los policías me amenazan continuamente», nos reportó. Cristóbal -avispado hijo de Abraham y Graciela- cuenta: «hace unos días agarraron a mi papá en frente de mí y de mis hermanos y lo metieron a una celda de castigo que mide 3 x 3 metros con otros 10 presos».

Mientras tanto, continúa el estado de sitio, aunque de manera un poco más discreta. Al llevar a cabo las consultas médicas, los compañeros de Salud autogestiva detectaron traumas sicológicos entre las mujeres y los niños de Xanica por haber estado expuestos a situaciones de violencia y a la desitegraciòn familiar por la detención de uno o más miembros de la misma.

«Cuando vino la caravana de La Otra Campaña -reporta Sergio Ramírez Vázquez- los policías nos impidieron pegar carteles. Yo les dije: soy de aquí; tengo el derecho. Como respuesta, me torturaron colgándome durante 3 horas al barandal de la iglesia».

Carolina Cruz García reporta ser objeto de hostigamiento constante por parte de las autoridades municipales. Además, cuando sale a Oaxaca la siguen personas desconocidas. «Es una guerra sicológica», nos dice. «En el pueblo, hay un policía en el café de internet plantado ahí para ver cuáles páginas visitamos. Repetidas veces, he recibido amenazas por internet. Quieren intimidarme para que renuncie».

Hace algunos meses, César fue secuestrado por paramilitares del PRI que lo colgaron en el plaza de Xanica y sólo la intervención de las mujeres y niños del pueblo lo salvó de morir ahorcado. El 18 de junio, fue detenido por la policía preventiva y torturado durante el traslado a Huatulco. Para justificar la detención, le sembraron una pistola acusándolo falsamente de los delitos de homicidio calificado, amenazas y resistencia a particulares. El 26, obtuvo su libertad mediante el pago de una fianza de 30 mil pesos que aportaron organizaciones solidarias. «Es una venganza política porque somos parte de la APPO y nos mantenemos firmes con nuestra lucha política en contra del régimen represor de Ulises Ruiz Ortiz», concluye César.

Por si fuera poco, la procuraduría del estado acaba de emitir 8 nuevas órdenes de aprensión contra otros tantos activistas. Los crímenes imputados son los de siempre: despojo, secuestro, uso de armas exclusivas del ejército, etc. Evidentemente, no hay nada de esto y las acusaciones únicamente sirven como chantaje e instrumento de presión.

En conclusión, los testimonios recogidos pintan un cuadro sumamente preocupante. La comunidad está dividida. El aspecto más grave es la escalada de violencia propiciada por las propias autoridades al emplear la ley de manera discrecional. Así las cosas, nuestra Caravana considera necesario que se multipliquen las visitas de organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Es muy importante garantizar un acompañamiento el 26 de agosto próximo, día en que se celebran las elecciones municipales por «usos y costumbres». Los paramilitares y las fuerzas represivas tienen que saber que el CODEDI no está solo. Únicamente la solidaridad nacional e internacional puede lograr la liberación de los presos políticos y evitar que la violencia regrese a Xanica.

Santiago Xanica, 6,7 y 8 de agosto de 2007.

(Testimonios de Abraham, Abel y Sergio Ramírez Vázquez, Cristóbal Ramírez Cruz, César Luís Díaz, Carolina García Cruz, Froylán González Cruz, Gildardo García Martínez, Celerino Jaime Martínez López, Galino Castro Hernández, Esther Morales Acevedo, Angelina Jerónimo García, Ángela Vázquez García, Telésfora Cruz Cruz, Graciela Merced Cruz. Síntesis y redacción a cargo de Claudio Albertani)

Notas:

http://www.eutsi.org/kea/content/view/458/90/lang,es/