El Defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, alabó hoy que la Corte Suprema de Justicia declarara en rebeldía al ex gobernante Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado aquí de genocidio, pero exiliado en Estados Unidos. También instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a que solicite al gobierno de George W. Bush la detención del ex […]
El Defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, alabó hoy que la Corte Suprema de Justicia declarara en rebeldía al ex gobernante Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado aquí de genocidio, pero exiliado en Estados Unidos. También instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a que solicite al gobierno de George W. Bush la detención del ex mandatario y sus colaboradores Carlos Sánchez Berzaín (ex ministro de Defensa) y Jorge Berindoague (ex titular de Hidrocarburos). Los tres están implicados en el caso de represión denominado «Octubre Negro», que causó la muerte a 67 bolivianos y heridas a 417, precisó. Según Albarracín, el arresto de los imputados y su deportación es una gestión necesaria, porque el tema ya no es político, sino estrictamente legal. Representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo saludaron igualmente la decisión de la Corte Suprema. El vicepresidente de la República Alvaro García, a nombre del Gobierno, expresó su complacencia porque la justicia «se está poniendo las pilas» para establecer responsabilidades por los sangrientos sucesos de 2003. «El pueblo no pide venganza, pide justicia y compromiso de sus instituciones para resolver los temas que agredieron la voluntad ciudadana en años anteriores», aseguró. Por su parte, el senador por el grupo opositor Poder Democrático Social (Podemos) Carlos Borth señaló que la decisión facilitará el juicio de responsabilidades que se le sigue a Sánchez de Lozada y su equipo de ministros por genocidio. César Navarro, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), felicitó a la Corte por cumplir con la demanda de justicia de los bolivianos y en especial de los pobladores de la aledaña ciudad de El Alto. A su turno, el senador suplente por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Fernando Romero, aseguró que su partido respeta la decisión del poder judicial, y exigió a Sánchez de Lozada, ex jefe de esa agrupación, retornar a Bolivia para asumir su responsabilidad. La solicitud de la Corte Suprema fue extendida al Ministerio Público, por cuanto Sánchez de Lozada y los demás sindicados conocen del proceso, pero lo dificultan desde Estados Unidos, donde residen. Con la declaratoria, el proceso del juicio de responsabilidades continuará en ausencia de los imputados, apunta un informe de esa instancia. Según los ministros interinos de la Corte Suprema, los acusados tendrán oportunidad de personarse y asumir su defensa con todos los derechos y garantías que la Constitución otorga. De hacer caso omiso a la declaratoria de rebeldía, los acusados serían declarados en contumacia e inmediatamente se emitiría un mandamiento de aprehensión para ser detenidos donde estuvieran. Sánchez de Lozada y sus colaboradores están acusados por una decena de delitos, como uso indebido de la fuerza pública y provocación de lesiones graves con muerte.