A tres años de la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz el caso permanece en total impunidad, las investigaciones que deben dar con su paradero y con los responsables de este abominable crimen no sólo no avanzan, sino que develan un halo de encubrimiento de las estructuras gubernamentales que denuncian la complicidad interinstitucional. […]
A tres años de la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz el caso permanece en total impunidad, las investigaciones que deben dar con su paradero y con los responsables de este abominable crimen no sólo no avanzan, sino que develan un halo de encubrimiento de las estructuras gubernamentales que denuncian la complicidad interinstitucional.
La desaparición forzada de luchadores sociales, activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas y revolucionarios es una realidad inocultable, es un crimen de lesa humanidad que indica la existencia de la sistematicidad en su cometido. Cada víctima de esta deleznable práctica es un ser humano que lo distingue su condición de clase, su pertenencia a las masas trabajadoras y una vida productiva.
El caso de nuestro compañero expresa la pretensión del Estado mexicano cercenar la solidaridad hacia toda injusticia cometida contra el pueblo, mediante un crimen de naturaleza profascista existe el intento de inhibir la creatividad humana ante tan lacerante situación que enluta millones de hogares proletarios. No es un crimen fortuito, indica toda la perversidad gubernamental en la ejecución del terrorismo de Estado.
Al término de la administración de Enrique Peña Nieto la cifra era escalofriante, más de 350 mil víctimas directas del terrorismo como política de gobierno, de donde se desprende que son más de tres millones las víctimas indirectas. Al inicio del nuevo sexenio la estadística de terror incrementó en sus números, lo que expresa que la violencia emana del Estado independientemente del personero que lo represente.
El compañero Fidencio no es la única víctima de esta execrable situación que vive el país, en su misma condición existen miles de hermanos de clase, madres que soportan el sentimiento taladrante de la ausencia forzada de un hijo, padres, hijos, hermanas que viven en permanente zozobra, esto es porque un crimen de lesa humanidad no sólo persigue lacerar a la víctima directa, sino extender la angustia a todo su entorno social, político y familiar.
El móvil de la desaparición forzada de nuestro compañero es eminentemente político, con su cometido las autoridades de la administración pasada pretendieron callar una voz de denuncia que desenmascaró la existencia del terrorismo de Estado como política gubernamental, la existencia de crímenes de lesa humanidad ejecutados de manera sistemática y transexenal, a su vez, inhibir la solidaridad que brindamos a los familiares de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya en la exigencia de su presentación con vida.
La perversidad del Estado mexicano quedó manifiesta cuando intentó ocultar el cometido de crímenes con la ejecución de otros más atroces, no sólo no hubo respuesta a la exigencia de justicia de los familiares, sino que además existieron los calificativos esbozados por las instancias de procuración de justicia que incriminaban a la víctima y a sus seres queridos, ello conduce ineluctablemente a la revictimización.
La actitud dilatoria, burocrática e indolente de las instancias procuradoras de justicia es común para a la atención de los casos, los avances en las indagatorias son nulos y existe la intentona de sepultar a todos ellos en el anonimato. La represión y el hostigamiento son los eslabones que cierran esta cadena opresiva como respuesta del Estado ante la exigencia de su presentación con vida.
Es ruin mantener el argumento de que todo quien es víctima de la desaparición forzada o ejecución extrajudicial son delincuentes, tales afirmaciones únicamente abonan a la criminalización de la pobreza y protesta popular. El llamado a no «politizar» los casos es un eufemismo que llama a la impunidad, que convoca a la generalización de los crímenes bajo el sofisma de que ninguno es «político».
La espiral de violencia no amaina en sus efectos, ésta aún cobra vidas del pueblo trabajador, lo que de por sí devela la crudeza del régimen, empero, existen aquellos casos en los cuales el vínculo político es inocultable, lo expone a la palestra nacional lo corroído de las instituciones del Estado mexicano que finca el desarrollo económico sobre la sangre del pueblo trabajador.
No es de conservadores denunciar los efectos perniciosos de la política neoliberal, no es intransigencia exigir soluciones plausibles a cada una de las necesidades populares, mucho menos es ultraradicalismo exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, sino el derecho legítimo de los familiares, organizaciones populares y organismos defensores de derechos humanos honestos.
La creación de Comisiones de búsqueda y de la verdad por el caso Ayotzinapa es una medida que atiende el problema a medias, porque en similares condiciones existen en el país cientos de miles, los cuales hasta el momento no han merecido un lugar en la agenda institucional. ¿Por qué empecinarse en «buscar» entre la muerte? ¿A caso es la salida menos dolorosa a la crisis del régimen?
Existen en el país resoluciones judiciales similares a las del caso de los normalistas, recomendaciones que dan testimonio del cometido de un crimen de lesa humanidad con motivaciones eminentemente políticas, sin embargo, son omitidas porque su solución real es dar con su paradero con vida y enjuiciar toda la cadena de mando que planificó y operó la objetivación del terrorismo de Estado.
La solución objetiva pasa inevitablemente por dar un nombre, rostro y apellido a aquellas víctimas de la violencia que se denunció en campaña, no es ético, moral, ni políticamente correcto medrar con el dolor de las familias y las víctimas directas, utilizarlas como chantaje, como moneda de cambio para granjearse simpatía. Hoy son esas familias que exigen justicia real y no llamados moralinos al perdón judeocristiano.
Es el nombre de nuestro compañero Fidencio, de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reye Amaya, de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; de Teodulfo Torres Soriano; Carlos René Román Salazar; Francisco Paredes Ruiz… los 43 de Ayotzinapa; y miles más que reclaman ser reconocidos por las autoridades gubernamentales y presentados con vida.
La responsabilidad jurídica y política recae en el titular del ejecutivo federal, no es una exigencia promovida desde el actuar catártico. El carácter de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad hace que se cometan a cada momento, por ello, la respuesta de las autoridades debe ser puntal y no medidas paliativas que conduzcan a la revictimización.
La justicia en el caso de nuestro compañero pasa por el avance sustancial en el proceso jurídico, existen violaciones claras a los protocolos jurídicos; existe una demanda de amparo indirecto que no ha recibido sentencia, líneas de investigación que señalan al grupo paramilitar «Los Petules» como uno de los artífices de este crimen… sin embargo, ninguna es acatada a cabalidad.
Esa actitud toma cuerpo y dan forma a la dilación y burocratismo como ocurre con el caso de nuestro compañero, el proceder de las instancias procuradoras de justicia es como se objetiva la impunidad como política de gobierno, y en la mayoría de los casos, mediante la violencia institucional.
La impunidad como política gubernamental la sustenta la violencia, un ejemplo es el caso de nuestro compañero Humberto, su ejecución extrajudicial ocurre a casi un año de la desaparición forzada de Fidencio, ese rasgo del fenómeno expresa la sistematicidad con que se ejecutó los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo y en particular contra nuestra organización.
No existe comparación con la exigencia de justicia y la presentación con vida de los detenidos desaparecidos con la intransigencia, mientras no haya respuesta puntual a estas necesidades habrán miles de razones para mantener las acciones políticas de masas, la combatividad como distintivo de organización. Porque todas las víctimas son del pueblo, es el pueblo quien lucha y exige ¡Alto al terrorismo de Estado!
¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!
¡Presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!
¡Por la unidad, obrero, campesino, indígena y popular!