Hace 16 años, el doctor Alvaro López López, experto en estudios sociogeográficos de la UNAM, advertía: «el exorbitante crecimiento de la actividad turística en el extremo sur de la Península de Baja California», atraerá a miles de «inmigrantes trabajadores de niveles socioeconómicos medio o bajo, para los cuales, la red de infraestructura urbana continuará como […]
Hace 16 años, el doctor Alvaro López López, experto en estudios sociogeográficos de la UNAM, advertía: «el exorbitante crecimiento de la actividad turística en el extremo sur de la Península de Baja California», atraerá a miles de «inmigrantes trabajadores de niveles socioeconómicos medio o bajo, para los cuales, la red de infraestructura urbana continuará como una seria carencia»
Y estaba en lo cierto; hoy en día, la afluencia de trabajadores migratorios a Los Cabos ha superado la capacidad de atención del municipio, no sólo en infraestructura urbana (alumbrado público, pavimento, y banquetas), sino en servicios públicos básicos como drenaje, agua potable, recolección de basura y vigilancia. En cambio, una gran cantidad de recursos estatales y federales se han empleado en la urbanización, embellecimiento y servicios de primera en los desarrollos turísticos y zonas hoteleras, para provecho, principalmente, del capital trasnacional.
De acuerdo con cifras de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entre 1980 y el 2010, se habían invertido 7 mil 830 millones de pesos en infraestructura hotelera en Los Cabos (un promedio de 261 mdp anuales).
El desequilibrio que existe entre lo que invierte la federación en la industria turística y lo que destina el municipio para obras y servicios públicos para una población de 306 mil habitantes, es brutal. El año pasado la comuna destinó en esos servicios elementales, 147 millones 746 mil pesos, mientras que Fonatur, la Secretaría de Turismo y el gobierno del estado gastaron 300 millones en infraestructura escénica, mantenimiento y promoción del destino turístico; más del doble para atención del turismo, mientras que el grueso de la población sigue resintiendo las carencias.
Así, los barrios marginales con su pobreza exasperante y su violencia cotidiana, quedan fuera de las miradas indiscretas. Calles polvorientas bordeadas por riachuelos de aguas negras. Perros famélicos que deambulan sin destino. Parvadas de niños ventrudos jugando entre la basura. Mujeres acarreando agua desde una fuente común. «Diablitos» para llevar energía eléctrica a las casuchas construidas con materiales reciclables. Pobreza y desesperación.
Sin embargo en el discurso oficial se afirma que el turismo «es un medio para reducir la pobreza». El secretario de la dependencia, Enrique de la Madrid Cordero, dijo el mes pasado durante una gira por Yucatán, que (el turismo) «se ha convertido en un medio eficaz para contener la pobreza y la marginación, como lo muestra el hecho de que los municipios con vocación turística presentan en general niveles más bajos de marginación y pobreza que el resto». Esto, añadimos, es algo que habría que demostrar con cifras y no con frases que sólo sirven para el aplauso fácil.
Ya encarrilado, el secretario agregó que el valor estratégico del turismo es muy grande y que «no podemos descuidarlo. Debemos hacer del buen momento turístico de México una plataforma firme de prosperidad y desarrollo incluyente, basada en la visión de futuro de un país abierto y en constante progreso»
Sin embargo, las estadísticas oficiales echan por tierra el dicho de que el turismo genera mayores ingresos y un desarrollo «incluyente» para la población local.
Los desarrollistas dicen que el turismo es un motor del desarrollo porque «crea empleo, impulsa otras actividades productivas, aumenta el producto interno bruto, mejora la balanza de pagos y reduce la pobreza». Sin embargo es necesario analizar estas variables desde la perspectiva de los daños al tejido social, al medio ambiente y el costo por las inversiones del estado en infraestructura.
E l «desarrollo» de una región por medio del turismo supone desatender a una parte importante de la población, en beneficio de una iniciativa privada que cada vez exige mayores inversiones. Esto crea un déficit importante en la atención de necesidades sociales del lugar en cuanto al empleo, la educación, la salud o la vivienda.
En el municipio de Los Cabos hay un déficit de 15 mil viviendas; el 21.58 por ciento de los hogares no cuenta con agua potable; el 12.8 por ciento tiene piso de tierra; el 62.6 por ciento no cuentan con computadora; el 6.8 por ciento no tienen energía eléctrica; el 16.1 por ciento no tienen refrigerador; el 30 por ciento de la población no cuenta con servicios de salud y en todo el municipio sólo hay 9 bibliotecas públicas.
Para el doctor Álvaro López el corredor turístico de Los Cabos «es un escenario de recursos físicos y humanos utilizado y controlado en forma vertical a favor de las empresas emplazadas en el suroeste de Estados Unidos de América, cuyo objetivo es maximizar sus ganancias a través de conductos que, aunque largos, son eficientes y dejan fuera la participación regional».
Esto contradice, sostiene, los argumentos que en la década de los 80 esgrimió Fonatur para justificar la inversión en infraestructura en esa zona, en el sentido de que «con el apoyo institucional se incentivarían las empresas productoras (para el turismo) locales y regionales, y en consecuencia, se generaría un desarrollo regional»
Este corredor turístico, agrega, ha creado un nuevo modelo comercial en donde la mayor parte de las mercancías son adquiridas en los Estados Unidos, ya que satisfacen los requerimientos demandados por un turismo estandarizado y con necesidades de consumo que sólo pueden ser satisfechas con productos obtenidos en sus países de origen. Este hecho demuestra que las redes comerciales no apoyan a la economía regional, pero sí generan una fuerte dependencia con el exterior», en lo que ahora se conoce como un turismo sin fronteras.
Un turismo internacional que es también un paradigma de esta colonización moderna y silenciosa enmarcada en la globalización económica. Una dinámica en la que, en última
instancia, los poderes públicos se limitan a regular y desregular, promover e incentivar, facilitar o permitir la diversificación geográfica del negocio y las inversiones y los flujos turísticos masivos internacionales, con una fuerte concentración espacial y temporal y con destacables impactos en los planos social, cultural, económico y ambiental en los territorios anfitriones .
Así la mayor parte de los beneficios económicos derivados del turismo queda en manos de los inversionistas extranjeros y algunos nacionales. Trátese de cadenas hoteleras, líneas aéreas, las promotoras inmobiliarias o las constructoras, las ganancias se concentran en este tipo de actividades, mientras que las poblaciones nativas suelen quedarse sólo con algunos beneficios marginales de la explotación.
Sobreexplotación de los recursos naturales
Lo llaman la «industria sin chimeneas», como si se tratara de una actividad limpia que no contamina, y que además cuida el medio ambiente. Sin embargo para las organizaciones ambientalistas el turismo es un agente depredador de los ecosistemas. Greenpeace asegura que las autoridades de diversas dependencias «se han dedicado a aprobar proyectos que no cumplen normas y criterios ambientales, que agotan los recursos de zonas frágiles y lejos de traer riqueza a las comunidades lo que hacen es empobrecerlas, contaminar, generar presión en los acuíferos, demanda de servicios y economías de corto plazo»
La presión que ejerce el turismo sobre los acuíferos del estado es un aspecto que ya debería haber prendido los focos rojos de las autoridades. Baja California Sur es la entidad con menor disponibilidad de agua potable: sólo 900 metros cúbicos al año por habitante, cuando que el promedio nacional es de 4 mil 500. La precipitación media anual en esta región desértica es de 175 milímetros, casi la cuarta de la media nacional que es de 770.
De acuerdo con indicadores manejados por diversos organismos encargados de la administración del recurso agua, la disponibilidad se considera muy baja cuando es menor a 1.000 m3/hab/año, valor que limita drásticamente las posibilidades de desarrollo de una región.
Sin embargo parecería que se vive en la abundancia. En la página oficial de Fonatur en Internet, se puede leer: «Los Cabos es considerado como la capital del golf en México, ya que cuenta con 9 campos de excelencia, en los que se juegan más de 200 mil rondas al año. Su mercado potencial es enorme: millones de golfistas de la costa oeste y del sureste de los EU. El desarrollo de este deporte ha sido tal, que la revista especializada Golf Digest catalogó a Los Cabos como uno de los 13 mejores destinos en el mundo para practicarlo»
Si se considera que un campo de golf requiere unos 15 mil metros cúbicos de agua por hectárea al año, y la extensión promedio de un campo es de 50 hectáreas, tendríamos un total de 450 hectáreas que necesitan 6 millones 750 mil metros cúbicos de agua. Para verlo en perspectiva, en La Paz, 250 mil habitantes consumen 22 millones de metros cúbicos de agua al año; es decir, los campos de golf de Los Cabos consumen lo mismo que 75 mil habitantes. En baja California Sur, 95 mil personas no cuentan con agua corriente en su domicilio, según datos del INEGI.
En este contexto, dedicar millones de metros cuadrados de suelo y millones de litros de agua para el entretenimiento del turismo, permiten ejemplificar la forma en que el turismo sólo tiene una meta: las ganancias por encima de los intereses de la comunidad.
Blog del autor: latijeretabcs.blogspot.com
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