In Memorian De Melisa Bogarin, compañera estatal del Inta Chaco y comunicadora social, que murió mientras intentaba explicar su precaria situación laboral en una asamblea de trabajadores. De Yolanda Mercedes, docente auxiliar bonaerense, quien sufrió un paro cardíaco luego de enterarse de que el gobierno provincial le había descontado casi el 100% de su salario […]
De Melisa Bogarin, compañera estatal del Inta Chaco y comunicadora social, que murió mientras intentaba explicar su precaria situación laboral en una asamblea de trabajadores.
De Yolanda Mercedes, docente auxiliar bonaerense, quien sufrió un paro cardíaco luego de enterarse de que el gobierno provincial le había descontado casi el 100% de su salario por haber adherido a una medida de fuerza.
De Esteban Latorre, empleado de la Biblioteca Nacional que falleció tras ser despedido y reincorporado luego que las autoridades se enteraron de que había sido operado en enero del corazón.
Melisa Bogarin trabajaba en el programa ProHuerta en Chaco, una política pública de autoproducción de alimentos que gestiona el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde hace más de 25 años, con familias en situación de vulnerabilidad social.
Desde hace más de 8 años desempeñaba tareas de comunicación y, con otros compañeros, impulsó una red de radios escolares rurales, en las escuelas en donde asistían los hijos de los huerteros de ProHuerta, de los agricultores familiares y campesinos con los que trabajaba. Esa era su preocupación, cómo la comunicación podía servir a esos sectores para decir, para denunciar la explotación y postergación, para ayudar a organizarlos. Impulsó talleres, formó a niños y adultos, gestionó la instalación de radios escolares, elaboró proyectos con las escuelas y con organizaciones de la agricultura familiar, escribió los procesos para que sirvieran de ejemplo en otros rincones del país, los compartió, se juntó con otros en todo el país. Soñó e hizo lo posible, desde su lugar, por la construcción de la utopía de un país más justo e inclusivo.
Mientras intentaba explicar su situación en una asamblea de trabajadores en Chaco: por decisión del Ministerio de Desarrollo Social su contrato precarizado había sido extendido por tres meses, sin seguridad de renovación (como cerca de 232 trabajadores de ProHuerta en todo el país) y su marido Germán había sido despedido de la Secretaria de Agricultura Familiar. Mientras explicaba sus miedos por la continuidad de sus sueños de trabajo y familia, ya que les había sido otorgado el año pasado un crédito Procrear para la primer vivienda, se descompensó, sufrió un paro cardíaco y murió cuando era trasladada al hospital más cercano para ser atendida.
Melisa Bogarin tenía 30 años y una nena que hace unas semanas cumplió un año.
(Fragmentos de la Carta Abierta de los trabajadores de INTA)
El gremio SOEME denunció a la gobernadora María Eugenia Vidal y al titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, por homicidio culposo, tras la muerte por infarto de una auxiliar docente en Mar del Plata, al momento que se informaba sobre los descuentos operados por el gobierno en su mensualidad.
Se trata de una portera escolar, Yolanda Mercedes, de 60 años que desempeñaba tareas en una escuela especial cuando vio que en su cuenta había $ 40, pues le habían descontado alrededor de $ 6.000.
En medio de la conmoción, el gremio se movilizó el lunes pasado en Bahía Blanca para exigir la devolución de los descuentos (hay un fallo judicial favorable que el gobierno no respeta) y se reabra la paritaria, donde con un operativo de seguridad digno de una gestión antipopular, que restringió el acceso al Palacio Municipal y a la plaza pública -donde paradójicamente se convocó a la comunidad-, la gobernadora María Eugenia Vidal realizó su primera visita a Bahía Blanca.
Trabajadores del Estado nucleados en ATE sur, Lomas de Zamora, Alte. Brown, P. Perón, ocuparon la Dirección de Negociaciones Colectivas en La Plata y reclamaron la devolución de los descuentos en los salarios que el gobierno de Vidal aplicó como respuesta a un paro. «Fue terrible, hay compañeras que recibieron entre 6 mil y 8 mil pesos de descuento, casi todo el salario».
Ya en el edificio, Miguel Garófalo, director de Negociaciones Colectivas de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), se retiró, dejando a su segundo en línea jerárquica para atender los reclamos de las trabajadoras. Sin embargo, frente a la presión de las manifestantes, Garófalo se vio obligado a dar la orden para que carguen los sueldos adeudados y firmó un acta donde se compromete a devolver el sueldo a todos los trabajadores.
En las inmediaciones de la protesta también fueron agredidos dos trabajadores auxiliares por miembros del sindicato de SOEME, quienes según los manifestantes actuaron «como patota del gobierno de Vidal contra los legítimos reclamos».
Tercer paro nacional de estatales
Este lunes 18 de abril se llevó adelante una Conferencia de Prensa en la Sede Nacional de la CTA Autónoma, Lima 609 de la ciudad de Buenos Aires, para detallar las razones de la Jornada Nacional de Lucha que se realizará el martes 19 en todo el país. En Capital Federal, se confluirá con la movilización de los movimientos sociales que marcharán desde el barrio porteño de Liniers.
Entre los ejes más importantes de la jornada de lucha se destacan el cese de los despidos en las dependencias del Estado nacional, provincial y municipal, así como en el sector privado y frenar el ajuste y los tarifazos.
También se reclama por el 82 % móvil para los jubilados; que se derogue el Impuesto al Salario; que las paritarias sean libres y sin techo; aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales, así como que se termine con la criminalización de la protesta social y se derogue la Ley Antiterrorista y el Protocolo Antipiquetes.
Además, se acordó con los movimientos sociales confluir frente al Congreso y marchar juntos hasta Plaza de Mayo en el marco de la gran movilización que realizarán ese día desde el barrio porteño de Liniers.
En Rosario, habrá una movilización a las 10.00 desde el Ministerio de Trabajo (Sarmiento y Rioja) hasta la plaza San Martín, que se acompañará desde temprano con asambleas, volanteadas y otras acciones en los lugares de trabajo. Además, hubo un fuerte repudio al accionar de la dirección santafesina de ATE respecto de la mentira del aumento acordado en la paritaria, que se llevará al próximo Congreso Provincial de ATE, a realizarse el lunes 18. Allí se desnudó la mentira del 31,8%, que en el mejor de los casos llegó sólo a un 18%.
El del 19 será el tercer paro nacional que ATE realiza desde la asunción del gobierno central. Los anteriores fueron el 29 de diciembre y el 24 de febrero, cuando las calles del país desbordaron de trabajadores luchando por sus derechos.
Vale recordar que la huelga del martes fue definida por la Conducción Nacional de ATE junto a los secretarios generales de los Consejos Directivos provinciales (menos el santafesino Jorge Hoffman, que no participó).
También están los pedidos de los municipales, cuya paritaria fue mentirosa y a la baja, y que además son ninguneados por el Consejo Directivo Provincial (CDP). «Hoffman no acata lo que dice el estatuto de ATE, impidiendo la afiliación de municipales al sindicato», denunció Marcelo Cortés, referente del sector en Villa Constitución.
Ante este cúmulo de exigencias y necesidades, el plenario definió participar con fuerza también del Congreso Provincial, para impulsar la adhesión del CDP al paro del 19, la reapertura de la paritaria santafesina y elaborar un plan de lucha que dé respuesta a la acuciante situación de los trabajadores y las trabajadoras del Estado.
También los docentes universitarios realizarán un paro el martes en el marco del Plan de Lucha de la Conadu Histórica. A las 10:30 se concentrarán en la Casa de Tierra del Fuego (Sarmiento 745) en solidaridad con la lucha de los docentes y trabajadores fueguinos contra el ajuste de la gobernadora Bertone.
Al mediodía se desplazarán al Congreso y de allí a Plaza de Mayo, junto a estatales y trabajadores de cooperativas. Serán acompañados por docentes porteños de Ademys, que además convocan a parar.
Docentes de 27 universidades nacionales de todo el país habían realizado un importante paro el pasado 15 de abril en respuesta a la propuesta aumento del 25% por parte del Gobierno, que fue la última medida de la semana programada por las dos Federaciones que agrupan a los docentes universitarios.
Del lunes 25 al sábado 30 sacarán sus reclamos a la calle realizando un nuevo paro con clases públicas y cortes de calle.
La Jornada Nacional de ATE coincide también con Jornadas Nacionales de Lucha Campesina Indígena por Tierra Trabajo y Soberanía Alimentaria que reclaman la reglamentación y asignación del presupuesto nacional de la Ley de Agricultura Familiar, un programa de regularización de tierras y territorios campesinos, rechazo a un proyecto de Ley de Semillas que favorezca a las multinacionales del agronegocio y la propiedad intelectual de las semillas y contra el vaciamiento y desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar, entre otras.
«En contra de la oscuridad de la corrupción K»
El miércoles 13 en Santa Cruz comenzó la séptima jornada de paro y movilizaciones. La provincia vivió una histórica jornada de lucha contra el ajuste de la gobernadora Alicia Kirchner. Cerca de 10.000 personas se movilizaron en Río Gallegos el jueves 14 a pesar del amedrentamiento policial.
Desde el mes de febrero los docentes y trabajadores estatales vienen llevando adelante un plan de lucha activo por sus reivindicaciones salariales. Semanalmente votan y realizan paros y distintas actividades a modo de protesta por la aguda situación económica, que día a día empobrece al pueblo trabajador.
El gobierno de Alicia Kirchner intentó intimidar a las diferentes delegaciones de trabajadores que llegaban a ciudad capital. Esto lo hizo mediante el hostigamiento policial. A cada colectivo que llegaba al paraje de Güer Aike, se obligaba a bajar a los ocupantes y se los sometía a un exhaustivo control.
En las grandes columnas se pudo observar banderas de los diferentes gremios en lucha como ADOSAC (docentes), ATE, CTA Autónoma, APROSA, AMET, SOEM, ADIUNPA, JUDICIALES, trabajadores viales, mineros de Río Turbio, SITRAIC (construcción), trabajadores jubilados, partidos de izquierda, centros de estudiantes y la comunidad en general.
Marcharon cerca de diez cuadras hasta la Casa de Gobierno en donde se encontraba un improvisado palco para los diferentes oradores de cada gremio.
Varios discursos denunciaron los despidos de cerca de 400 empleados estatales en la provincia, aclarando que no tiene nada que envidiar el gobierno de Alicia Kirchner al ajuste que lleva adelante el gobierno nacional de Macri. En el mismo palco algunos gremios aclararon que van a rechazar el miserable aumento de $ 1.500 al básico y remarcaron la consigna de «que ningún trabajador gane menos de $16.500», que es el costo de la canasta básica en la provincia de Santa Cruz. Además, repudiaron la feroz represión que sufrieron los trabajadores estatales de la vecina provincia de Tierra del Fuego.
Las medidas continuaron con una marcha de antorchas el viernes 15 bajo la consigna «en contra de la oscuridad de la corrupción K».
Paro bancario, de judiciales bonaerenses y en el Ministerio de Hacienda
El paro nacional del jueves tuvo un acatamiento casi total y afectó el mantenimiento de los cajeros automáticos y el transporte de caudales. Se extendió hasta el viernes en Banco Provincia de Buenos Aires por el intento de cierre de 42 sucursales que fueron consideradas por las nuevas autoridades como «no rentables».
Los bancos provinciales ofrecieron una mejora del 25% y el resto de las entidades no hizo propuesta alguna.
En el Ministerio de Hacienda se realizó el jueves un paro general de 3 horas en el edificio central en demanda de la reincorporación de 150 despedidos.
Unos 2.000 judiciales marcharon a La Plata en rechazo a una propuesta salarial del gobierno de María Eugenia Vidal, tras cumplir la segunda jornada de paro en toda la provincia que dejó sin actividades a los tribunales bonaerenses.
Frente a la sede de la cartera económica provincial llevaron a cabo un acto del que también participaron integrantes de la Cicop (sanidad) y de ATE (estatales). Advirtieron que si no hay convocatoria del Ejecutivo provincial convocarán a una nueva huelga de 48 horas y a otra marcha a La Plata.
Efectivos policiales bonaerenses enrolados en el Sindicato Policial provincial se manifestaron frente a la sede de la gobernación para exigir un aumento salarial. También se sumaron manifestantes del Sindicato Unico del Servicio Penitenciario.
Mientras tanto, la Policía Metropolitana y Federal de la Ciudad de Buenos Aires recibirán un 10% de aumento salarial retroactivo a enero, en lo que será la primera de las dos cuotas establecidas para ambas fuerzas (11% más en junio).
La UOCRA (construcción) acordó una suba del 22% retroactivo al 1º de abril por 6 meses y en el último trimestre del año volverá a negociar salarios, según la inflación.
En tanto, su seccional porteña realizó una masiva protesta frente a la sede del gobierno de la CABA en el barrio de Parque Patricios para reclamar la reactivación de la obra pública y denunciar la pérdida de 7.000 puestos de trabajo.
El Sindicato de taxistas protestó contra UBER el pasado viernes con 25 cortes de calles que tuvieron lugar entre las 11:00 y las 12:00 en lugares céntricos de la Ciudad. El funcionamiento de UBER fue prohibido por la justicia, pero igual sigue operando.
De vuelta al trabajo
Pasados 6 meses de la quiebra, este lunes volvió a faenar la avícola Cresta Roja en su planta Nº 2 que posee en Esteban Echeverría con el ingreso de sólo una parte de los trabajadores con contratos temporales y una drástica reducción salarial.
La explotación provisoria a manos del consorcio de empresas encabezado por OvoProt apunta a ir reincorporando tandas de trabajadores según evolucione la producción y aumente la cantidad de pollos faenados.
De los casi 3.500 trabajadores directos de la empresa, solo 1.000 entraron en las primeras tandas. A los trabajadores que van ingresando les hacen firmar un contrato por dos meses hasta junio, donde se abre la posibilidad de que OvoProt compre la empresa y ya como dueña de la misma decida a quien quiere renovarle el contrato. En síntesis, contratan a trabajadores con hasta 30 años de antigüedad «a prueba».
Los salarios fueron reducidos dramáticamente, ya que les sacaron premios y plus salariales, lo que constituye un ataque a las conquistas históricas que gozaban en esas plantas.
«Las provincias tienen su economías prácticamente paradas»
Se escuchó en la reunión plenaria del Consejo Federal de Trabajo que se realizó en la ciudad de San Juan la semana pasada.
Ezequiel Sabor, les transmitió a los Ministros de Trabajo provinciales que se mantendrá el Programa de Recuperación Productiva (REPRO). Se trata de un pago de una suma no remunerativa de hasta $ 2.000 mensuales por hasta 12 meses con el compromiso de las empresas de no echar a ningún empleado.
La misma preocupación expusieron los industriales de la provincia de Buenos Aires a través de la Unión Industrial, la Federación Económica y la Asociación de Industriales Bonaerenses por el «aumento de costos» a partir de los incrementos de tarifas y la falta de financiamiento.
Este miércoles está citada la Comisión de Legislación del Trabajo, con una agenda que plantea la declaración de emergencia ocupacional y la creación de una comisión bicameral «para la defensa del trabajo».
Para las centrales sindicales el reclamo a los diputados es por la doble indemnización y la prohibición de despidos. El Impuesto a las Ganancias que grava el salario pasó a segundo plano. El Ministro de Trabajo descartó que el gobierno vaya a aplicar la doble indemnización para evitar despidos, por entender que esa figura «no ayuda a generar empleo».
El problema de Ganancias luce trivial frente a las 127.000 cesantías que contabilizó la consultora Tendencias Económicas en el primer trimestre del año y al 8,5% de desocupación que proyecta para fin de año Contexto, otro think tank en ascenso. Casi dos puntos de aumento en solo 12 meses y al cabo del semestre más inflacionario desde antes de la convertibilidad.
En la reunión que mantuvieron el miércoles pasado las 3 CGTs con Mauricio Macri, el gobierno se comprometió a aumentar los montos del seguro de desempleo, razón por la cual convocó al Consejo del salario para la segunda quincena de mayo, en el que participarían las 5 centrales sindicales.
Allí se definirá la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil, hoy de $ 6.060, que marca una referencia para los trabajadores no registrados. También la actualización del seguro de desempleo que está congelado en $ 400 desde 2006.
El fin de semana, Mauricio Macri anunció la ampliación a los monotributistas de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La medida incluye a 514.000 niños y sus familias. Se enviará al Congreso un proyecto para devolverles el IVA a los beneficiarios de planes sociales y jubilados que cobren la mínima, beneficiando a 8,3 millones de personas. Además, recibirán un pago de $ 500 por única vez.
La Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, también anunció que subirán el tope de facturación de los monotributistas sociales, que pasará de $ 48.000 a $ 72.000 anuales, así como la actualización en un 20% de beneficios correspondientes a los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, dependientes de Desarrollo Social, y de aquellos programas bajo la órbita de la cartera de Jorge Triaca, como el de Trabajo Autogestionado que pasará de $ 1.500 a $ 3.120 a partir de mayo.
Estos anuncios se suman a la inversión en infraestructura que el Presidente lanzó el martes pasado para la provincia de Buenos Aires por $ 150.000 millones y el anuncio que Vidal hizo dos días más tarde sobre mejoras en comedores, hospitales y jubilaciones.
Tras los anuncios, el ex candidato a presidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño, aseguró que «luego de casi cinco meses de juste, Macri y su gabinete se acordaron de anunciar algunas medidas sociales para los sectores más golpeados por su política económica. Parece una burla: a los empresarios les otorgaron enormes beneficios, a horas de asumir y hasta por decreto. Ni hablar de la entrega enorme que significó el pago a los fondos buitres con la ayuda del FPV. Mientras a los trabajadores y al pueblo les aplicó un fuerte ajuste que incluye la pérdida de 100.000 empleos entre el sector público y el privado, tarifazos, recorte de subsidios y una fuerte inflación, que es atacad con un enfriamiento de la economía».
La inflación de abril llegaría al 6%, 4 puntos por la suba tarifaria y 2 por el resto de los precios.
Lo que asusta a Macri es que «la conflictividad social se desmadre», en una Argentina que acumula una larga historia de estallidos populares y huelgas combativas.
Fuentes: Ambito Financiero, Clarín, La Nación, Página 12, Diario Popular, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Prensa ATE Rosario, Prensa Obrera, Red Eco Alternativo, www.anred.org, www.diariobae.com, www.agenciacta.org, www.eltrabajadordelestado.org
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