Una semana atrás desde esta misma sección el colega José Castillo comentando el impacto nacional de la crisis económica internacional se preguntaba quién pagará los platos rotos. Y es ésta una pregunta bien pertinente porque no hay muchas alternativas cuando se trata de una crisis de la magnitud que nos atraviesa. O la salida es […]
Una semana atrás desde esta misma sección el colega José Castillo comentando el impacto nacional de la crisis económica internacional se preguntaba quién pagará los platos rotos.
Y es ésta una pregunta bien pertinente porque no hay muchas alternativas cuando se trata de una crisis de la magnitud que nos atraviesa. O la salida es la «normal» para estos casos y el esfuerzo lo ponen los trabajadores y sectores populares, los pequeños propietarios y productores, o el Estado impone políticas para que el esfuerzo lo hagan los capitalistas, absorbiendo los costos con las enormes ganancias que han acumulados en los años pasados.
La salida del capital
Las salidas capitalistas presuponen siempre fuertes incrementos de productividad, que como contrapartida generan pérdidas de empleo y caída del salario. Es así porque el capital no puede resolver al mismo tiempo crisis, su crisis, y desempleo, desnuda entonces su doble y contradictoria tendencia: apoderarse de la mayor cantidad de trabajo vivo para convertir un porcentaje cada vez mayor de su parte necesaria en excedente a los fines de la acumulación. Podemos prever entonces una fuerte ofensiva del capital sobre el trabajo, haciendo lo que saben de memoria: un «uso de la crisis» ya que los primeros momentos siempre hay temores y desorganización entre los trabajadores.
Esto es lo que ya está pasando, las primeras manifestaciones de la crisis a nivel mundial han sido el colapso financiero, baja en la actividad económica y las inversiones y su consecuencia directa: caída del empleo, que amenaza con transformarse en desocupación de masas. La OIT acaba de pronosticar que solo en el 2009 la destrucción de empleos puede oscilar entre 18 y 30 millones de puestos de trabajo, pero si la crisis se profundiza su pronóstico asciende a 50 millones(1). América latina está inserta en este proceso, como lo muestra la desocupación creciente en Brasil y en México.
El impacto en el país
En Argentina, combinada con problemas estructurales no resueltos de la economía local, la crisis ha llegado, no ha tenido mayores repercusiones en el sector financiero porque este se ajustó en 2001/2002 pero ya impacta directamente en el productivo.
La menor demanda externa, la caída de los saldos exportables y los precios en baja afectaron las exportaciones agrarias, mientras que la pérdida de competitividad cambiaria frente a las devaluaciones de otros países, reduce las exportaciones industriales y favorece las importaciones, al mismo tiempo se verifica una reducción del consumo interno, acentuado porque las grandes corporaciones internacionales han avanzado en sus ajustes preventivos.
Así los sectores agrario, construcción, automotriz, siderometalúrgico, petrolero, textil, plástico, calzado, juguetero, electrodomésticos, son los primeros afectados y comenzaron ya recortes de contratos, despidos y suspensiones con reducción de salarios en un 20 al 30 por ciento, adelantos de vacaciones y tareas de mantenimiento, comenzando por los trabajadores precarizados.
De acentuarse el deterioro de los saldos del comercio exterior y la baja en la recaudación impositiva se verá comprometido el superávit fiscal, esto puede ser decisivo para los trabajadores del sector público que, salvo en el caso de los contratados, no verían en riesgo su estabilidad laboral pero si un posible deterioro de sus salarios y de las condiciones de trabajo.
Un «tsunami» laboral
Fiel a su estrategia de moverse sólo en las coyunturas el gobierno nacional parece haber asumido que la crisis se manifestará con una fuerte desaceleración de ciclo corto, que se resolverá sobre fines de este año.
La estrategia entonces no es otra que subsidiar a las empresas, para que mejoren la oferta, garantizar el consumo de los que ya consumían y proteger las ganancias de los capitalistas, pero hasta ahora nada significativo para los sectores de menores ingresos, o para los doce millones de pobres y casi cuatro de indigentes. Esta estrategia necesita mantener el superávit fiscal, por lo tanto se reducen los subsidios a las empresas de servicios públicos privatizados pero la contrapartida es la autorización de incrementos tarifarios (luz, gas, transporte) lo que recae sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y los sectores populares
Al mismo tiempo busca demorar todo lo posible el inevitable ajuste empresarial. Esta es la razón por la cual sanciona «conciliación obligatoria» cada vez que se presenta un conflicto laboral; incrementa controles burocráticos para la presentación empresaria de los «procedimientos de crisis»; hace acuerdos con los empresarios para mantener los planteles; promueve, y algunos sindicatos han aceptado, frenar los despidos a cambio de congelamientos salariales y exige moderación en las paritarias. En numerosos casos el Estado contribuye con subsidios al pago de los salarios del sector privado a través del llamado Programa de Recuperación Productiva (REPRO).
Pero es insuficiente, hay despidos, suspensiones con rebajas salariales y la demanda de empleo es prácticamente nula. Así lo confirma un reciente informe del Observatorio Jurídico de la CTA que da cuenta de que «…en los meses de noviembre y diciembre pasados se perdieron 47.000 puestos de trabajo y que hubo 14.700 empleos en riesgo por amenazas de despidos, suspensiones y modificaciones de las condiciones de trabajo».
En Tierra del Fuego, las empresas agrupadas en AFARTE no renovaron los contratos de 2.000 trabajadores y la UOM provincial denuncia que el programa implica reducir los planteles en un 50%. En las provincias petroleras están en riesgo más de 2000 puestos de trabajo. En Córdoba IVECO despidió a 270 trabajadores. En la industria de la construcción; en lo que va del año despidos y suspensiones suman más de 40.000 puestos en esta rama.
Según el Misterio de Trabajo los procedimientos de crisis presentados por las empresas en enero de este año involucraban a 8.700 trabajadores.
Un boletín que está circulando por la ciudad de La Plata y alrededores informa que en una decena de empresas de la zona se han producido recientemente despidos, suspensiones y rebajas salariales que involucran a unos 1000 trabajadores. Por estos días en Capital Federal y el conurbano cercano una media docena de empresas (graficas, papeleras, alimenticias, textil) han sido ocupadas por sus trabajadores frente al abandono de sus patrones. Se conocen además muchos despidos «hormiga» en pequeñas y medianas empresas de servicios, que no tienen mayor repercusión pública.
Una respuesta a la medida de la crisis
Esta es la medida de la crisis que se va perfilando en el mundo del trabajo y que necesita una respuesta equivalente para prevenir lo que puede ser una catástrofe social. Se requieren políticas públicas que pongan en el centro la emergencia laboral, que prohíban despidos y suspensiones por el tiempo que dure la crisis; que reduzcan la jornada de trabajo para crear mas empleos; que promuevan apoyos estatales para sostener las empresas recuperadas y los emprendimientos productivos; que protejan el poder adquisitivo de los ingresos populares, ajustando los salarios según la inflación, incrementando los planes y subsidios a los desempleados y eliminando el IVA a los artículos de primera necesidad; que favorezcan la producción local, que bloqueen la salida de capitales, y pongan en manos del Estado los resortes necesarios para un verdadera política crediticia.
Se avecinan tiempos riesgosos pero también está presente la oportunidad de salir de la crisis por medio de una política que culmine en una efectiva redistribución de la riqueza.
Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI -Economistas de Izquierda.