La larga guerra por la posesión de la tierra en Bolivia tendrá nuevos episodios. El gobierno anunció que para fin de mes estará lista una nueva reforma agraria, anuncio que despertó preocupación entre los empresarios que anunciaron resistencia a reformas en temas vinculados a la tierra, los recursos forestales y mineros. Según informes oficiales del […]
La larga guerra por la posesión de la tierra en Bolivia tendrá nuevos episodios. El gobierno anunció que para fin de mes estará lista una nueva reforma agraria, anuncio que despertó preocupación entre los empresarios que anunciaron resistencia a reformas en temas vinculados a la tierra, los recursos forestales y mineros.
Según informes oficiales del año 2003, en Bolivia el 87 por ciento de las tierras está en manos solamente del 7 por ciento de propietarios de dotaciones agrícolas. Los campesinos tienen solamente 4 millones de hectáreas 13 por ciento.
Sobre esos datos, y sobre todo por su experiencia como dirigente de los productores de coca, el presidente Evo Morales no duda en afirmar que en el oriente boliviano persiste el latifundio, prohibido por la ley, y que existen propiedades que no cumplen con una función económica o social, aquella que según las leyes permiten detentar las tierras.
Según los anuncios oficiales, se revertirán al Estado de más del 10% de los 106.700 millones de hectáreas del país, las mismas que son consideradas «improductivas» por parte del gobierno.
«Son unos ochos decretos y un proyecto de ley que tienen la finalidad de revertir al Estado todas las tierras que no cumplen función social o cuyos títulos de propiedad hayan sido obtenidos de forma fraudulenta», dijo el ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente de Bolivia, Hugo Salvatierra.
Por ahora, la ley INRA señala que como causal para la reversión de la tierra el no pago de impuestos, algo que las autoridades consideran un argumento poco válido, debido a que los impuestos son bajos y por tanto son pocos los propietarios que no cumplen con el compromiso. Por esta razón, el gobierno elabora un nuevo reglamento para relacionar la reversión de tierra con la improductividad.
Preocupación
Muy rápido después del anuncio gubernamental, la influyente Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) anunció resistencia a las propuestas del gobierno, porque consideran que la mayor parte pertenece a los productores del país.
«Lo más peligroso que pueda haber en estos momentos en el país, cuando se aproxima a una Asamblea Constituyente y el Referéndum autonómico, es que el Gobierno caiga en la tentación de hacer proselitismo con la tierra privada. Consideramos que no debe, a simple apreciación de las autoridades, juzgar a los productores y condenarlos por un simple revanchismo político», dijo el vicepresidente del CAO, Mauricio Roca, en declaraciones citadas por Los Tiempos.
«Los derechos adquiridos con esfuerzo y trabajo a través de varias generaciones no son negociables para el sector agropecuario», agregó, aunque sin referirse a los casos en los que los empresarios se apropiaron de tierras en procesos viciados de corrupción o favorecidos por las dictaduras.
«Lo que le exigimos al Gobierno es transparencia en el desarrollo de sus medidas. No podemos quedarnos tranquilos cuando permanentemente se nos está agrediendo y lanzando consignas. Se nos dice que somos latifundistas, terratenientes y oligarcas, cuando nuestra condición de productores no está siendo respetada», sostuvo.
Con un tono de avertencia, el editorial del matutino La Prensa recuerda que la reforma agraria impulsada por el presidente venezolano Hugo Chávez, provocó el golpe de Estado que lo alejó de la presidencia por 48 horas. Los accionistas de La Prensa están vinculados a los terratenientes cruceños.
Como para curarse en sano, el prefecto cruceño, Rubén Costas, planteó en la víspera un plan para mejorar el acceso a la tierra. Costas llegó a ese cargo con el apoyo de los terratenientes cruceños.
Sin embargo, la propuesta de Costas fue rechazada por el gobierno que explicó que la instancia llamada por ley a cumplir con esta misión es la Comisión Agraria Nacional.
«Queremos aclarar: la tierra, los recursos naturales son patrimonio de la nación, es del Estado boliviano. Las políticas que tiene que ejercerse sobre la tierra, sobre los recursos naturales es tarea del Estado boliviano, y estas diferencias, pequeñas diferencias, en todo caso, hay que resolverlas mediante el diálogo», dijo Morales.
Los campesinos fueron despojados de sus tierras en 1860 por el gobierno de Mariano Melgarejo, que actuó en complicidad con los terratenientes de la época, a través de un decreto llamado de exvinculación. El primer gobierno que sucedió a la revolución nacional de 1953, impulsó una reforma agraria, que buscaba redistribuir las tierras, pero los posteriores gobiernos impulsaron la formación de nuevos latifundios en el oriente boliviano, la mayoría de ellos en medio de bullados casos de corrupción. Son precisamente los empresarios vinculados a esos sectores los que manejaron al país y consolidaron las actuales estructuras de la sociedad en la que la mayoría de la población está marginada.
Fueron esas denuncias que llevaron a la intervención del Servicio Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización, y luego a la promulgación de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA, impulsada por el primer gobierno del fugado Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque luego apareció el movimiento de los llamados campesinos sin tierra con casi un millón de integrantes.
Desde junio de 2000, cuando se produjo la primera ocupación de tierras en Panati, son frecuentes las ocupaciones de propiedades agrícolas. La ocupación de Pananti fue reprimida con violencia con un saldo de 7 muertos y un indeterminado número de heridos.