El canje del pasivo en cesación de pagos llegó a su fin. Ahora los bancos están de acuerdo. La deuda sigue siendo impagable. Hay quienes creen que no hay nada que festejar. El FMI siempre aprieta. Con una aceptación del cincuenta por ciento se habrán reestructurado más de las dos terceras partes de la deuda […]
El canje del pasivo en cesación de pagos llegó a su fin. Ahora los bancos están de acuerdo. La deuda sigue siendo impagable. Hay quienes creen que no hay nada que festejar. El FMI siempre aprieta.
Con una aceptación del cincuenta por ciento se habrán reestructurado más de las dos terceras partes de la deuda total». Esta frase categórica fue expresada por el ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, el 12 de enero pasado. Ahora, el titular de Hacienda puede estar más tranquilo: Argentina superó, 48 horas antes del cierre del canje de deuda soberana más grande de la historia, esa simbólica cifra y se espera que, cuando se difundan los datos oficiales la semana que viene, entre el 70 y el 80 por ciento de los títulos en moratoria hayan sido canjeados por nueva deuda.
Como hemos sostenido en este medio desde que Argentina inició esta operación, todo lo que se ha dicho sobre la misma obedeció a globales operaciones de prensa.
Basta repasar las últimas recomendaciones de las instituciones financieras, los «pesos pesado», los cuales tuvieron al principio una posición dura, y hoy ya hablan de explícitamente de ingresar al canje. E incluso, en los mercados donde se comercializan títulos de deuda en cesantía de pagos, ya se ha formado un mercado de compra-venta de los bonos post-default, aunque éstos aún no existan físicamente.
«Recomendamos presentar los bonos en default en la reestructuración», comienza un informe del Credit Suisse First Boston (CSFB). Por su parte, en un documento del mismo tenor, el Deutsche Bank recomendó que «los inversores deberían entrar en el canje».
Ambas instituciones se encuentran entre los grandes beneficiados por las operaciones de deuda externa argentina, realizadas sobre todo durante las dos últimas décadas. Por lo tanto, algunas especialistas sostienen que la reestructuración de la deuda en cesación de pagos no es tan beneficiosa para el país, como sostiene el gobierno de Néstor Kirchner, y esconde grandes posibilidades de negocios para las corporaciones financieras.
Estas ya los hicieron cuando, en vez de responder antes sus clientes por haberles recomendado la compra de títulos de un país en severas dificultades, les vendieron a precio nominal unos papeles que en el mercado financiero internacional ya cotizaban sólo en un 20 por ciento del mismo.
Hubo dos actores que mantuvieron su posición desde el principio: el gobierno argentino y los bonistas organizados en dos grupos principales: dentro del país, la Asociación de Ahorristas Estafados por la Pesificación y el Default, y en el exterior el Comité Global de Tenedores de Bonos, aunque se sospecha que esté siempre fue un sello creado por los bancos para defender sus propios intereses y presionar al gobierno de Buenos Aires.
Para el primer caso, algunos sostienen que la propuesta argentina varió con respecto a la presentada en Doha, Dubai, hace más de un año. Que la quita final no será del 75 por ciento como sostiene el Gobierno, sino que será del 50 por ciento.
A esto debe sumársele que la renegociación no fue por el total de la deuda, que alcanzaba los 174.500 millones de dólares en diciembre de 2001, cuando el efímero gobierno de Adolfo Rodríguez Saa decretó la moratoria unilateral. Las obligaciones en cesantía alcanzan los 81.800 millones de la moneda estadounidense. El resto incluye compromisos con los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo, el Banco Mundial y el BID; y los títulos emitidos con posterioridad al default, usados por el Estado para pagar deudas con proveedores, empleados públicos y jubilados.
A los organismos multilaterales se les deben unos 78.000 millones de dólares, mientras que el resto -unos 36.000 millones de la misma moneda- corresponden a títulos emitidos en el mercado interno con posterioridad a diciembre de 2001.
Tanto estos títulos postdefault como las obligaciones con los organismos oficiales se pagan desde entonces en tiempo y forma. De hecho, el año pasado la Argentina desembolsó más de 10.000 millones de dólares al Fondo y otras instituciones similares.
Entonces, según los cálculos oficiales, la deuda pública total se habrá reducido en más de 40.000 millones de dólares, siempre considerando que la aceptación va a superar el 70 por ciento de adhesión. Así, una vez concluido el proceso se habrá reducido el monto global de 174.500 millones de dólares a unos 134.000 millones. Habrá que esperar los próximos reportes oficiales para determinar si esa apreciación es cierta.
Este año se deben pagar 14.000 millones, el 9 por ciento del PBI. Están presupuestados giros por 4.800 millones. Unos 5.526 millones son compromisos con los organismos multilaterales, a los que se buscará refinanciarlos. Restarían 4.696 millones de dólares más por los títulos postdefault, que también habrá que refinanciar.
Es conocida públicamente la posición de la administración del presidente Néstor Kirchner de «desendeudar» a la Argentina, al menos en relación con el Fondo Monetario Internacional. Para ello, durante todo este período en el cual la Argentina no mantiene ningún acuerdo con el Fondo, se ha cumplido con los pagos sin refinanciación alguna. Es que la estrategia oficial es depender cada vez menos del organismo con sede en Washington -un hecho sin dudas, positivo- pero a costa de pagos altísimos para reducir esta deuda «oficial».
Hubo dos preguntas que acompañaron este proceso. Una se refería al éxito del canje en tanto como porcentaje de aceptación; esto parece hacerse resuelto. La otra gran incógnita -que ningún especialista se animó a siquiera esbozar respuesta- es qué pasaría con los que queden afuera del canje por propia decisión. Se habló de la vía judicial, de embargos de embajadas, de aviones, hasta del buque insignia de la Armada local.
Ambas preguntas van de la mano. A porcentajes bajos de adhesión, la vía judicial cobraría fuerza; con una alta aceptación se haría difícil su concreción.
Algunas voces se animan a decir qué podría pasar. Un vocero de la DSW (entidad financiera alemana) sostuvo que «ahora todo se centra en el papel del Fondo Monetario Internacional. Si el FMI acepta una cuota del 70 o 75 por ciento, no hay nada más que hacer, los jueces indicarán que hubo un acuerdo entre ambas partes y el mercado se olvidará del tema».
Así de sencillo será el final de la lucha de los tenedores de bonos que pretendían cobrar el total de lo adeudado.
Sin embargo, el Fondo aún hace reparos. Rodrigo de Rato, el mandamás de esa institución, aseguró en las últimas horas que la «reestructuración de deuda debe ser amplia, por lo que debe abarcar la mayor parte de la deuda, y además, debe ser realizada de buena fe». Un mensaje fácil de oír pero difícil de comprender en un proceso en el cual la entidad a su cargo fue lentamente desplazada, si se tiene en cuenta que se estarían alcanzando los valores considerados recomendables por la misma entidad.