Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú, plan regional para la protección del ambiente y los defensores de la naturaleza, pero el mismo Gobierno fomenta actividades que arrasan territorios y vulneran derechos humanos. Los límites de la diplomacia ambiental, el doble discurso de Jóvenes por el Clima y el maquillaje verde de funcionarios y empresas.
El Acuerdo de Escazú hoy nos enfrenta a preguntas: ¿Cómo validamos este “acuerdo” cuando los territorios siguen siendo devastados, reprimidos y criminalizados bajo las políticas extractivistas? ¿Cómo lo avalamos sin hacernos eco de la urgencia en el presente frente a una crisis climática socioambiental que no solo no se disipa, sino que crece?
Entre el 19 y el 21 de abril se realizó en Buenos Aires la segunda Conferencia de Partes (COP) de Escazú, que involucra a países de América Latina y el Caribe. Se trata del primer acuerdo regional ambiental en garantizar la protección de les defensores de la naturaleza, la participación informada frente a las iniciativas que tengan efectos sobre el ambiente, el acceso a la justicia y la no-regresividad en materia ambiental.
Lo que resulta en una serie de compromisos a los que los gobiernos y el Poder Judicial deberían supeditarse.
El Acuerdo de Escazú entró en vigencia en Argentina, y en todos los países firmantes, el 22 de abril del 2022. Sin embargo, desde entonces continúan sucediendo hechos de represión y detenciones contra luchadores ambientales en todo el país y por supuesto se sigue avanzando con la explotación de los territorios sin consulta previa; al igual que sucedía previo a la firma.
En mayo del 2022 en Choya (Andalgalá, Catamarca), el gobierno provincial desató una brutal represión y posterior detención arbitraria de les vecinas y vecinos por defender el derecho al agua y oponerse a la instalación del proyecto minero MARA (Agua Rica-Alumbrera)”.
En agosto se modificó, en Río Negro, la Ley 3308 (ley conseguida popularmente en 1999) que protegía del avance de infraestructura petrolera en pos de proteger y preservar la biodiversidad, la actividad pesquera y el turismo. Para octubre, otro supuesto conflicto en la misma provincia terminó con 250 efectivos de un comando unificado de fuerzas federales, creado para esta ocasión, deteniendo a siete mujeres del Pueblo Mapuche con sus hijas e hijos (cuatro de ellas continúan ilegalmente con prisión domiciliaria).
En enero del 2023, tres integrantes de Asamblea Vecinal de Exaltación de la Cruz y un periodista son detenidos por desplegar una bandera frente al Presidente que decía: “Basta de cáncer, Paren de fumigarnos”.
Más explotación petrolera para el calentamiento global
A estos cuatro ejemplos podemos sumar el incorrecto comportamiento institucional con el que se maneja todo lo referido a la exploración y posterior explotación de petróleo en el Mar Argentino, aún con causas judiciales presentadas por diversas organizaciones y sentencias a su favor, miles de personas firmando por su defensa y audiencias públicas con mayoría de «no».
En Neuquén, para validar el oleoducto y la ampliación de la explotación de fracking, las audiencias supuestamente públicas no se informaron ni convocaron previamente. Por otro lado, en 2022 se debatió nuevamente en comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Humedales consensuado. Aún así, durante el plenario de comisiones apareció un nuevo proyecto, presentado por el bloque opositor, que ganó por mayoría para pasar como primera opción al ser tratado en el recinto.
En Córdoba, además de avanzar con una autovía ilegal sobre el monte y criminalizar la protesta, un proyecto pretende trasladar agua desde el Río Paraná hacia la provincia con financiación de fondos árabes. También, sin consulta previa a los pueblos, el tendido de redes de agua de nueve provincias queda en manos de la empresa Israelí Mekorot, denunciada por la ONU por violación de los derechos humanos.
Ya, en paralelo a la apertura de la COP2 del Acuerdo de Escazú, el ministro Sergio Massa anunció ante una cámara de empresarios del rubro de energía que la Argentina iría a la próxima COP28 de cambio climático a dar pelea para que se dé luz verde a la explotación de combustibles fósiles en la región. Un llamado abierto al incumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero acordado por nuestro país. Este compromiso firmado por Alberto Fernández con respecto al acuerdo de la “no regresividad” no le impidió hacer un cuestionamiento al pueblo de Chubut para que deje avanzar la megaminería contaminante, caracterizando de “desierto” a las zonas que se verían afectadas. Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner apoyó el avance de la explotación de litio a gran escala sin consulta previa en las comunidades del norte del país.
Promesas ante el Acuerdo de Escazú, hechos ante el FMI
Todo este panorama da cuenta que el principal compromiso internacional asumido por el Estado Argentino y sus gobernantes no es el Acuerdo de Escazú, sino el pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al servicio del cual son atacados, junto a los derechos democráticos, los cuerpos y los territorios que padecen el saqueo extractivista.
Por eso entendemos y denunciamos que estas conferencias internacionales son utilizadas como formas de “greenwashing” (maquillaje verde) de las verdaderas realidades que se evidencian y se viven a nivel mundial.
Desde la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones (BFS) creemos y ratificamos nuestro compromiso, como parte del movimiento socioambiental, en la construcción y el acompañamiento a cada uno de los territorios en lucha por un mejor vivir. Para lograr esto tenemos reuniones plurinacionales abiertas en las que participan activistas autoconvocados/as, asambleas de diversos territorios y organizaciones, donde consensuamos y definimos las acciones y declaraciones a llevar adelante.
En tal sentido, consensuamos no participar de la movilización convocada por algunas organizaciones en el cierre de la COP2 dado que no se veía el protagonismo de las voces de los territorios, sino de los propios responsables políticos del ecocidio y del avasallamiento de derechos humanos (tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio).
También nos parece importante remarcar que dentro del movimiento ambiental existen diferencias con algunas organizaciones, como por ejemplo Jóvenes por el Clima, que se sientan a hablar, difundir y negociar en nombre de las comunidades sin ser parte de ellas, sin respetar el “no es no” de los territorios, dándoles así la espalda a las asambleas socioambientales, dejando de lado las verdaderas problemáticas y sirviendo de aval para los proyectos extractivos en nombre del “desarrollo” y sin compromiso ético frente a la lucha anti-extractivista.
La Coordinadora BFS viene construyendo desde el 2020 un espacio socioambiental que nos una y encuentre en las distintas luchas; siendo democráticos e independientes de los gobiernos, apostando a la lucha en las calles y en los territorios, articulando siempre desde la diversidad y con las diferentes formas de activismo, en la búsqueda de un objetivo superador que entendemos es colectivo para ponerle un freno al extractivismo, la destrucción de la naturaleza y la persecución y criminalización de quienes ponen el cuerpo en esta defensa.
Cuando decimos “la salida es colectiva”, para nosotras y nosotros no es un eslogan de campaña; es colectiva y la activamos enlazando y colectivizando luchas. Por todo eso, seguiremos exigiendo a los gobiernos y al Poder Judicial la correcta implementación de este y los demás acuerdos para un presente y mejor futuro.