Los profesores de investigación y docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por acuerdo de su Asamblea General, entregaron recientemente a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, un expediente con los documentos probatorios de las acciones y omisiones constitutivas de violaciones al corpus legal vigente en materia de zonas y monumentos […]
Los profesores de investigación y docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por acuerdo de su Asamblea General, entregaron recientemente a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, un expediente con los documentos probatorios de las acciones y omisiones constitutivas de violaciones al corpus legal vigente en materia de zonas y monumentos arqueológicos en que ha incurrido el actual director general del instituto, Alfonso de Maria y Campos.
Este expediente sustenta la exigencia -a la que me adhiero- de destituir al director y sus colaboradores principales, quienes son corresponsables de las transgresiones legales y de los daños provocados a los monumentos arqueológicos e históricos, que siendo bienes nacionales -por ley- son de utilidad pública e interés social. Se considera que las destituciones lograrían hacer recobrar la certidumbre jurídica y legal de la institución, seriamente quebrantada durante la dirección De Maria y Campos.
Los investigadores del INAH documentan cuatro casos, empezando por Teotihuacán, que ha concitado el agravio no sólo de los trabajadores de esta institución, sino también de amplios sectores de la sociedad mexicana que se oponen a la enajenación por particulares de los bienes de todos los mexicanos.
Se especifica que en diciembre de 2007 se firmó un convenio marco entre el INAH y el gobierno del estado de México para llevar a cabo las acciones que contribuyan a la protección, conservación, restauración, recuperación y difusión del patrimonio cultural, arqueológico e histórico localizado en su territorio. Sin embargo, ninguna de sus cláusulas abre la posibilidad de establecer un espectáculo de luz y sonido, como el de Resplandor teotihuacano, que constituye una explotación comercial de los monumentos arqueológicos, con fines de lucro para inversionistas privados y el gobierno del estado de México, y que ha ocasionado la afectación, daños y alteraciones tanto físicas como visuales a las pirámides del Sol y de La Luna.
De Maria y Campos y su equipo también son responsables de violaciones a la ley en la Zona de Monumentos Arqueológicos de Chichen Itzá. Los investigadores del centro regional del INAH en Yucatán denunciaron en su momento el uso comercial de la zona para llevar a cabo un concierto del tenor-empresario Plácido Domingo sin la autorización correspondiente. De las ganancias de esa presentación, 2 millones de pesos fueron entregados a las autoridades del instituto, como si se tratase de la renta de un salón de fiestas, y su director, generosa y discrecionalmente, donó
dicha cantidad a la Universidad Autónoma de Yucatán. Favorecer a un particular, por más tenor y famoso que sea, para utilizar una zona de monumentos con fines comerciales, viola el artículo 30 de la Ley de Bienes Nacionales, así como la Ley Federal de Zonas de Monumentos Arqueológicos e Históricos en los artículos 1 y 2. Aquí también las autoridades han permitido la instalación de dos puestos comerciales fijos, un transformador y cableado eléctrico sobre monumentos arqueológicos adyacentes al templo de Kukulkán y al Observatorio.
El tercer caso que presentan en su denuncia los investigadores y docentes es la omisión y negligencia de De Maria y Campos y sus colaboradores en la expropiación y demolición sin licencia del INAH, de seis monumentos históricos de la ciudad de México por parte del Gobierno del Distrito Federal, para ocupar sus terrenos en áreas comerciales de personas dedicadas al comercio ambulante. En este caso, De Maria y Campos se reunió con autoridades superiores
y decidió no intervenir en el momento de la flagrante demolición de los monumentos, sino hasta su conclusión. Los monumentos estaban declarados y catalogados por el instituto y se localizaban en el perímetro A
de la Zona de Monumentos Históricos incluidos por la UNESCO en la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Los funcionarios del INAH actuaron tardía y negligentemente, cometiendo omisiones y comisiones a numerosos artículos de las leyes referidas.
El cuarto caso presentado en la denuncia es gravísimo por el costo en vidas humanas y ocurrió por la toma, el 8 de septiembre de 2008, de la zona arqueológica de Chinkultik, en el estado de Chiapas, por parte de los habitantes de la vecina colonia Miguel Hidalgo.
Poco después de la toma, se iniciaron negociaciones entre una representación de los pobladores indígenas, el gobierno estatal y el propio INAH, en representación del gobierno federal. Sin embargo, el 3 de octubre centenares de elementos de las policías Federal Preventiva y Estatal sorprendieron a los colonos en un violento operativo de desalojo de la zona y en contra de la colonia misma, resultando 10 heridos de gravedad y seis indígenas muertos.
Los investigadores y docentes consideran que los funcionarios del instituto, en particular, su titular, estaban obligados a actuar con respeto y consideración a las necesidades de las comunidades a su derecho a participar en la protección del patrimonio arqueológico. No obstante, fueron estos funcionarios quienes insistieron en la realización del desalojo por la represiva fuerza estatal y federal, traicionando las negociaciones en curso.
Las denuncias presentadas refieren a probadas violaciones a las leyes por parte de De Maria y Campos y sus colaboradores, quienes seguramente seguirán en sus cargos como corresponde a un Estado sin derecho y a la deriva de la impunidad de los delincuentes poderosos. Estamos seguros que Vázquez Mota no tomará en cuenta las exigencias de la comunidad académica del INAH, y el patrimonio cultural de la nación seguirá en renta al mejor postor.
¡No al espectáculo Resplandor teotihuacano!